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Entre Ríos - 23-10-2024 / 12:10
CONDENADO EN EL MEGAJUICIO

Causa de corrupción: La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia habilitó a Sergio Urribarri a recurrir a la Corte

Causa de corrupción: La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia habilitó a Sergio Urribarri a recurrir a la Corte
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia habilitó a los condenados a llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. El alto cuerpo revirtió lo antes resuelto: la vocal Gisela Schumacher había votado el rechazo del recurso en primera instancia y ahora lo hizo por la positiva. Su voto adhirió al de Germán Carlomagno. Miguel Giorgio quedó en minoría.
 
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia habilitó a los condenados a llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. El alto cuerpo revirtió lo antes resuelto: la vocal Gisela Schumacher había votado el rechazo del recurso en primera instancia y ahora lo hizo por la positiva. Su voto adhirió al de Germán Carlomagno. Miguel Giorgio quedó en minoría. 
 
 
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo un guiño al ex gobernador Sergio Urribarri al conceder el recurso extraordinario federal en la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por el desvío de fondos públicos para promocionar su figura como candidato presidencial en 2015.
 
La medida también beneficia al ex ministro Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex gobernador, entre otros condenados por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública.
 
Los jueces Germán Carlomagno y Gisela Schumacher habilitaron el camino a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una causal de arbitrariedad por la falta de conformación de mayoría al momento de rechazar el recurso de queja ante el STJ. ¿Qué significa esto? Los jueces tienen la obligación de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones, para evitar el riesgo de que, para impugnar una resolución judicial, sean los defensores quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión. Lo que están diciendo ambos es que en su momento Schumacher y Miguel Ángel Giorgio apelaron a distintos fundamentos para rechazar el recurso de queja de las defensas.
 
Por su parte, Giorgio votó distinto de la mayoría, es decir, propuso rechazar los planteos defensistas y cerrar definitivamente el camino a la Corte Suprema.
 
Esto le abre también el camino a la Corte Suprema al empresario Gerardo Daniel Caruso, dueño de El juego en que andamos, la firma que tuvo a su cargo la instalación del parador en la playa de Mar del Plata que se utilizó para promocionar la figura de Urribarri en el verano de 2015 y condenado a tres años de prisión condicional.
 
Del mismo modo podrán llevar el caso ante el máximo tribunal Luciana Almada -pareja de Aguilera- y Emiliano Giacopussi, señalados como testaferros en la empresa TEP SRL; y la contadora de la firma, Corina Cargnel. En su caso recibieron penas de prisión condicional (no efectiva).
 
Por su parte, el tribunal también concedió el recurso extraordinario federal al ex ministro Pedro Báez en cuanto a la denuncia de exceso ritual manifiesto. Esto es porque su defensa había omitido incluir su nombre en la apelación.
 
En tanto, el tribunal resolvió por unanimidad denegar los recursos extraordinarios federales interpuestos por el empresario pizzero Germán Buffa y el ex funcionario Gustavo Rubén Tamay, ambos condenados.
 
También denegó los recursos extraordinarios federales interpuestos por Sergio Urribarri, Caruso, Aguilera, Almada, Giacopussi y Cargnel por las causales invocadas en relación con lo decidido en las sentencias anteriores y por los supuestos vicios en la conformación del tribunal que resolvió el recurso de queja.
 
Fuente: Página Política
 

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09-12-2025 / 09:12
08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


08-12-2025 / 10:12
08-12-2025 / 09:12
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