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Entre Ríos - 21-10-2024 / 10:10
VOCAL GREMIAL OPINÓ SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS

Susana Cogno afirmó que el CGE profundiza el conflicto y adelantó nuevas instancias

Susana Cogno afirmó que el CGE profundiza el conflicto y adelantó nuevas instancias
La vocal gremial del CGE, Susana Cogno, que no había participado de la discusión de la resolución, presentó un recurso de revocatoria para suspender la medida, pero esa acción fue rechazada en un documento que firmaron la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y los tres vocales políticos, Santiago Laumann, Elsa Chapuis y Carla Duré.
 
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció que recurrirá "a todas las instancias necesarias para que se desestime esta normativa que atenta directamente contra los derechos de las y los docentes de nuestra provincia". Lo dijo en relación a la aplicación de la resolución Nº 2.771, del 24 de septiembre, a través de la cual el Consejo General de Educación (CGE) estableció las declaraciones juradas en las escuelas, un mecanismo que busca relevar qué docentes cumplen con su obligación y cuáles no y por qué motivos.
  
Este sábado se conocieron declaraciones de la vocal gremial. "Actitudes como esta -que delante de los micrófonos de la prensa y en actos públicos dicen fomentar el diálogo, pero apagadas las cámaras persiguen, aprietan e intentan amedrentar- en vez de allanar el camino a posibles soluciones al conflicto con las y los trabajadores, lo único que logran es alejar aún más la posibilidad de una salida acordada del mismo", dijo Cogno.
 
Ahora se sabe que no sólo la vocal gremial accionó contra aquella disposición del CGE: hubo por lo menos 1.500 recursos de revocatoria presentados por docentes de toda la provincia.
 
"En el marco de la lucha docente por garantizar nuestros derechos como trabajadores y defender el derecho social y político a la educación, consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, la Ley Provincial de Educación y el Estatuto del Docente Entrerriano, este es solo un paso administrativo", indicó la dirigente.
 
Y agregó: "Frente a la definición de la patronal del CGE de continuar profundizando el conflicto, vamos a garantizar todas las instancias y tiempos previstos en las normativas".
 
"El rol que represento le pertenece a toda la docencia en lucha por el respeto a la carrera docente, al escalafón y el salario digno", sostuvo y añadió: "Cada vocal gremial, representa al conjunto de la docencia y es electo en forma directa, siendo docente, cumpliendo los requisitos previstos y requiriendo el acuerdo del Senado para ejercer el rol.
 
"Ante tanta incertidumbre y una profunda crisis educativa, el camino es la defensa del sistema público, cada escuela, cada trabajador, cada estudiante y cada comunidad conoce el sacrificio y el respeto a la tarea", finalizó Cogno.
 
La vocal gremial del CGE, Susana Cogno, que no había participado de la discusión de la resolución, presentó un recurso de revocatoria para suspender la medida, pero esa acción fue rechazada en un documento que firmaron la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y los tres vocales políticos, Santiago Laumann, Elsa Chapuis y Carla Duré.
 
A través de la resolución N° 3.031, emitida el miércoles 16 del actual, Educación rechazó la solicitud de suspensión que había planteado Cogno. Un dictamen del área jurídica del CGE dispuso el rechazo "por improcedente" del recurso de revocatoria que había presentado Cogno. En vez de eso, se dispuso "reconducir" el trámite como un "reclamo administrativo".
 
Cuando el CGE analizó el planteo resolvió de plano "desestimar la solicitud de suspensión" por cuanto no se desarrollaron "las razones o motivos que dieren lugar a que la norma legal que sea nula o pueda producir un daño grave si apareciera la misma como anulable". Además, "que la señora Cogno no expone razones o argumentos destinados a criticar los elementos esenciales del acto administrativo general y de contenido abstracto".
 
Fuente: Prensa Agmer - Entre Ríos Ahora
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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