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Entre Ríos - 21-10-2024 / 10:10
VOCAL GREMIAL OPINÓ SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS

Susana Cogno afirmó que el CGE profundiza el conflicto y adelantó nuevas instancias

Susana Cogno afirmó que el CGE profundiza el conflicto y adelantó nuevas instancias
La vocal gremial del CGE, Susana Cogno, que no había participado de la discusión de la resolución, presentó un recurso de revocatoria para suspender la medida, pero esa acción fue rechazada en un documento que firmaron la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y los tres vocales políticos, Santiago Laumann, Elsa Chapuis y Carla Duré.
 
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció que recurrirá "a todas las instancias necesarias para que se desestime esta normativa que atenta directamente contra los derechos de las y los docentes de nuestra provincia". Lo dijo en relación a la aplicación de la resolución Nº 2.771, del 24 de septiembre, a través de la cual el Consejo General de Educación (CGE) estableció las declaraciones juradas en las escuelas, un mecanismo que busca relevar qué docentes cumplen con su obligación y cuáles no y por qué motivos.
  
Este sábado se conocieron declaraciones de la vocal gremial. "Actitudes como esta -que delante de los micrófonos de la prensa y en actos públicos dicen fomentar el diálogo, pero apagadas las cámaras persiguen, aprietan e intentan amedrentar- en vez de allanar el camino a posibles soluciones al conflicto con las y los trabajadores, lo único que logran es alejar aún más la posibilidad de una salida acordada del mismo", dijo Cogno.
 
Ahora se sabe que no sólo la vocal gremial accionó contra aquella disposición del CGE: hubo por lo menos 1.500 recursos de revocatoria presentados por docentes de toda la provincia.
 
"En el marco de la lucha docente por garantizar nuestros derechos como trabajadores y defender el derecho social y político a la educación, consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, la Ley Provincial de Educación y el Estatuto del Docente Entrerriano, este es solo un paso administrativo", indicó la dirigente.
 
Y agregó: "Frente a la definición de la patronal del CGE de continuar profundizando el conflicto, vamos a garantizar todas las instancias y tiempos previstos en las normativas".
 
"El rol que represento le pertenece a toda la docencia en lucha por el respeto a la carrera docente, al escalafón y el salario digno", sostuvo y añadió: "Cada vocal gremial, representa al conjunto de la docencia y es electo en forma directa, siendo docente, cumpliendo los requisitos previstos y requiriendo el acuerdo del Senado para ejercer el rol.
 
"Ante tanta incertidumbre y una profunda crisis educativa, el camino es la defensa del sistema público, cada escuela, cada trabajador, cada estudiante y cada comunidad conoce el sacrificio y el respeto a la tarea", finalizó Cogno.
 
La vocal gremial del CGE, Susana Cogno, que no había participado de la discusión de la resolución, presentó un recurso de revocatoria para suspender la medida, pero esa acción fue rechazada en un documento que firmaron la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y los tres vocales políticos, Santiago Laumann, Elsa Chapuis y Carla Duré.
 
A través de la resolución N° 3.031, emitida el miércoles 16 del actual, Educación rechazó la solicitud de suspensión que había planteado Cogno. Un dictamen del área jurídica del CGE dispuso el rechazo "por improcedente" del recurso de revocatoria que había presentado Cogno. En vez de eso, se dispuso "reconducir" el trámite como un "reclamo administrativo".
 
Cuando el CGE analizó el planteo resolvió de plano "desestimar la solicitud de suspensión" por cuanto no se desarrollaron "las razones o motivos que dieren lugar a que la norma legal que sea nula o pueda producir un daño grave si apareciera la misma como anulable". Además, "que la señora Cogno no expone razones o argumentos destinados a criticar los elementos esenciales del acto administrativo general y de contenido abstracto".
 
Fuente: Prensa Agmer - Entre Ríos Ahora
 
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28-12-2025 / 20:12
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El Presupuesto Nacional 2026, sancionado por el Senado en diciembre de 2025, ha generado un fuerte debate sobre la transferencia del feroz ajuste fiscal libertario hacia las provincias. Aunque Javier Milei lo define como un "hito histórico" para consolidar el déficit cero, y el gobernador Rogelio Frigerio lo apoya totalmente, el texto aprobado contiene disposiciones que impactan negativamente en las arcas y responsabilidades provinciales. El senador peronista por Entre Ríos, Adán Bahl, afirmó que, con el Presupuesto 2026, se perdió la posibilidad de aprobar una Ley "que tienda al desarrollo federal y equilibrado de la Argentina", y advirtió: "Tiene inconsistencias, asigna facultades discrecionales y transfiere a las provincias un ajuste brutal". Nada para celebrar.
 
¿Cuáles son los puntos clave de cómo este presupuesto traslada el ajuste a las provincias? El principal es la eliminación de Pisos de Inversión (Artículo 30). Hasta la aprobación de este presupuesto, diversas leyes blindaban el presupuesto de sectores estratégicos, obligando a que la inversión subiera si la economía crecía. Con el Artículo 30, estos montos dejan de ser obligatorios y pasan a depender de la discrecionalidad de Milei y de la disponibilidad de recursos bajo la regla de déficit cero. Esto suspende los pisos mínimos de inversión que el Estado Nacional debía garantizar por ley en áreas sensibles. Esto obliga a las provincias a cubrir el bache financiero si desean mantener los estándares previos.
 
Bahl apuntó que el artículo 30, que sacó recursos del ámbito educativo "elimina una garantía que el Estado le asignó a la Educación. Justamente porque no puede ser la variable de ajuste para un Presupuesto. No fue de un partido, no son montos ideológicos, fue una construcción de más de 20 años para lograr un piso de financiamiento".
 
En Educación se eliminó la obligación de invertir el 6%$ del PBI, afectando el financiamiento de escuelas técnicas y programas de infraestructura escolar. En Ciencia y Tecnología, se suspenden las metas de incremento progresivo de recursos, dejando estos fondos sujetos a la discrecionalidad de Milei.
 
Durante las negociaciones, Milei ratificó, y Frigerio aceptó, que, ante la vigencia de ciertas leyes de gasto (como el financiamiento universitario que la oposición logró defender), el Ministerio de Economía deberá reasignar o recortar aproximadamente 7 billones de pesos (0,7%$ del PBI). Gran parte de este ahorro se obtendrá mediante el recorte de transferencias discrecionales (fondos no coparticipables) que la Nación enviaba históricamente a las provincias para obras públicas o asistencia financiera.
 
En la sesión en el Senado, Bahl explicó: "Nosotros que somos los senadores que representamos a las provincias tenemos que advertir que transfiere a las provincias un ajuste brutal". En ese marco, apuntó: "Cuando se habla del cálculo de recursos. Se incorpora un 5% de crecimiento del PBI, que está representado por el consumo, que explica el 70% de la demanda. Y todos vemos como el consumo está por el piso. El otro elemento es la inversión pública, en un presupuesto sin obras. El otro es la inversión privada, que está ausente en todo el país. El cuarto es el sector externo, que hoy está afectado por el tipo de cambio", indicó. Y agregó: "Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado". Y no dibujado.
 
Además, el Presupuesto 2026 mantiene la presión sobre las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, como Entre Ríos, limitando los giros de fondos para cubrir sus déficits. A lo que se agrega la Regla del "Déficit Cero". El presupuesto 2026 está diseñado bajo una premisa rígida: cualquier caída en la recaudación debe compensarse con una baja automática del gasto. Esto significa que si las proyecciones de crecimiento (estimado en 5%) no se cumplen, las provincias serán las primeras en ver recortados los fondos que aún dependen de la firma de Milei.
 

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