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Entre Ríos - 21-10-2024 / 10:10
VOCAL GREMIAL OPINÓ SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS

Susana Cogno afirmó que el CGE profundiza el conflicto y adelantó nuevas instancias

Susana Cogno afirmó que el CGE profundiza el conflicto y adelantó nuevas instancias
La vocal gremial del CGE, Susana Cogno, que no había participado de la discusión de la resolución, presentó un recurso de revocatoria para suspender la medida, pero esa acción fue rechazada en un documento que firmaron la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y los tres vocales políticos, Santiago Laumann, Elsa Chapuis y Carla Duré.
 
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) anunció que recurrirá "a todas las instancias necesarias para que se desestime esta normativa que atenta directamente contra los derechos de las y los docentes de nuestra provincia". Lo dijo en relación a la aplicación de la resolución Nº 2.771, del 24 de septiembre, a través de la cual el Consejo General de Educación (CGE) estableció las declaraciones juradas en las escuelas, un mecanismo que busca relevar qué docentes cumplen con su obligación y cuáles no y por qué motivos.
  
Este sábado se conocieron declaraciones de la vocal gremial. "Actitudes como esta -que delante de los micrófonos de la prensa y en actos públicos dicen fomentar el diálogo, pero apagadas las cámaras persiguen, aprietan e intentan amedrentar- en vez de allanar el camino a posibles soluciones al conflicto con las y los trabajadores, lo único que logran es alejar aún más la posibilidad de una salida acordada del mismo", dijo Cogno.
 
Ahora se sabe que no sólo la vocal gremial accionó contra aquella disposición del CGE: hubo por lo menos 1.500 recursos de revocatoria presentados por docentes de toda la provincia.
 
"En el marco de la lucha docente por garantizar nuestros derechos como trabajadores y defender el derecho social y político a la educación, consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, la Ley Provincial de Educación y el Estatuto del Docente Entrerriano, este es solo un paso administrativo", indicó la dirigente.
 
Y agregó: "Frente a la definición de la patronal del CGE de continuar profundizando el conflicto, vamos a garantizar todas las instancias y tiempos previstos en las normativas".
 
"El rol que represento le pertenece a toda la docencia en lucha por el respeto a la carrera docente, al escalafón y el salario digno", sostuvo y añadió: "Cada vocal gremial, representa al conjunto de la docencia y es electo en forma directa, siendo docente, cumpliendo los requisitos previstos y requiriendo el acuerdo del Senado para ejercer el rol.
 
"Ante tanta incertidumbre y una profunda crisis educativa, el camino es la defensa del sistema público, cada escuela, cada trabajador, cada estudiante y cada comunidad conoce el sacrificio y el respeto a la tarea", finalizó Cogno.
 
La vocal gremial del CGE, Susana Cogno, que no había participado de la discusión de la resolución, presentó un recurso de revocatoria para suspender la medida, pero esa acción fue rechazada en un documento que firmaron la presidenta del Consejo de Educación, Alicia Fregonese, y los tres vocales políticos, Santiago Laumann, Elsa Chapuis y Carla Duré.
 
A través de la resolución N° 3.031, emitida el miércoles 16 del actual, Educación rechazó la solicitud de suspensión que había planteado Cogno. Un dictamen del área jurídica del CGE dispuso el rechazo "por improcedente" del recurso de revocatoria que había presentado Cogno. En vez de eso, se dispuso "reconducir" el trámite como un "reclamo administrativo".
 
Cuando el CGE analizó el planteo resolvió de plano "desestimar la solicitud de suspensión" por cuanto no se desarrollaron "las razones o motivos que dieren lugar a que la norma legal que sea nula o pueda producir un daño grave si apareciera la misma como anulable". Además, "que la señora Cogno no expone razones o argumentos destinados a criticar los elementos esenciales del acto administrativo general y de contenido abstracto".
 
Fuente: Prensa Agmer - Entre Ríos Ahora
 
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Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.
 
La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).
 
Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.
 
Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:
 
- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.
 
- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.
 
- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.
 
Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias. 
 

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