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                  16:33  |  Viernes 19 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-10-2024 / 10:10
AGUSTÍN SALVIA: "UN CUARTO DE LA SOCIEDAD DEJÓ DE SER DE CLASE MEDIA Y CAYÓ EN LA POBREZA"

En poco tiempo, al país de clase media el Loco Milei lo transformó en un país de pobres

En poco tiempo, al país de clase media el Loco Milei lo transformó en un país de pobres
Las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei no van a revertir la tendencia sino, más bien, a profundizarla. Sólo el 8% de los encuestados opina que sus políticas benefician a la clase media y a la clase baja, mientras que el 50% cree que benefician a los más ricos. Las políticas impulsadas por la actual administración libertaria perjudican la posibilidad de progreso. En poco tiempo, el país de clase media se transformó en un país de pobres.
Uno de los relatos más potentes que alimenta el imaginario colectivo nacional es que Argentina es "un país de clase media". Este concepto se fue gestando lentamente a medida que el país se consolidó como estado-nación y fue desarrollando un modelo económico, político y social. La inmigración, la educación pública, la industrialización y la urbanización del país fueron factores clave en la formación de una subjetividad de clase que se transformó en un atributo diferencial de la identidad nacional.
 
La existencia y expansión de la clase media ha contribuido a la cohesión social funcionando como un factor estabilizador, evitando la polarización extrema entre ricos y pobres, pero al mismo tiempo, al concebirse como un grupo separado de los sectores de menores ingresos, ha dificultado la posibilidad de tejer redes solidarias políticas más amplias entre ciudadanos que comparten más intereses de los que reconocen.
 
A pesar de las recurrentes crisis políticas, económicas y sociales, muchos argentinos han mantenido su autoidentificación como integrantes de la clase media. Incluso cuando las condiciones económicas empeoraron, la aspiración a pertenecer a la clase media se mantuvo vigente, lo que demostraba la resiliencia de esta identidad. Sin embargo, luego de décadas de inestabilidad económica, una parte importante de la identidad nacional, asociada al valor simbólico de pertenencia a la clase media, esté cambiando.
 
El gobierno de Juan Perón implementó una serie de políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, incluyendo la construcción de viviendas, barrios y ciudades obreras que posibilitó que muchos trabajadores accedieran a la propiedad de la vivienda, un factor clave en la consolidación de una identidad de clase media.
 
Sin embargo, la ausencia de un horizonte claro, la incapacidad de producir una síntesis que conjugara el modelo agroexportador con el industrial, los cambios pendulares en la política económica y el fracaso de los gobiernos para gestionar de manera eficiente los recursos del Estado, produjeron un colapso del sistema económico en Argentina que se manifestó en el cierre de muchas fábricas, precarización del empleo, pauperización, inseguridad, exclusión y nulo o escaso acceso al crédito.
 
Las encuestas indican que sólo el 18% se reconoce como "clase media", mientras que el 37% de las personas se autopercibe de "clase media-baja" y el 41% de "clase baja". Sin embargo, el 81% de las personas que se define de clase "media baja" tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza, fijada por el INDEC en $939.887 para una familia tipo. Esto significa que eligen identificarse con la clase media aunque técnicamente sean pobres.
 
Durante los gobiernos radicales de principios del siglo XX, se promovió la educación como un medio para igualar oportunidades, pero fue durante el período peronista, que la industrialización y la expansión del sector de servicios generaron una gran demanda de mano de obra calificada y semicalificada que permitió a muchos trabajadores acceder a mejores salarios y condiciones laborales, favoreciendo la formación de una clase media trabajadora asalariada.
 
El 22 de noviembre de 1949, Perón suspendió el cobro de los aranceles universitarios y logró que la educación superior dejara de ser un privilegio para transformarse en un derecho. Esta medida, interrumpida por los gobiernos de facto y reinstaurada por el de Raúl Alfonsín, fue determinante para que pudieran acceder a la universidad los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
 
Sin embargo, en las últimas décadas, la educación pública fue perdiendo su valor integrador. Las escuelas de nivel primario y secundario de gestión estatal dejaron de ser el ámbito donde se cruza el hijo del médico con el del obrero para transformarse en ámbitos segregados donde muchas familias envían a sus hijos simplemente porque no cuentan con los recursos suficientes para pagar una escuela de gestión privada.
 
Otra variable clave en la percepción de clase es la propiedad de una vivienda. Los programas de vivienda y el acceso al crédito fueron fundamentales para que sectores previamente excluidos del acceso a la propiedad pudieran mejorar sus condiciones de vida, contribuyendo a la percepción de pertenencia a la clase media. La inestabilidad económica y la inflación han dificultado la implementación de estos programas. Los datos de la encuesta revelan que el 58% de las personas no cree que vaya a poder acceder a una vivienda propia en el futuro.
 
Hace varias décadas primaba la idea de que Argentina era un país de clase media, idea vinculada, entre otros factores mencionados, a la fuerte presencia del Estado, tanto en la prestación de servicios básicos gratuitos como salud y educación, como en su rol de administrador de las relaciones de poder en la sociedad. La degradación de la calidad de esos servicios y la ausencia del Estado en algunas zonas del país fueron menoscabando la confianza de la población en las instituciones que debían velar por su interés.
 
Las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei no van a revertir la tendencia sino, más bien, a profundizarla. Sólo el 8% de los encuestados opina que sus políticas benefician a la clase media y a la clase baja, mientras que el 50% cree que benefician a los más ricos. Las políticas impulsadas por la actual administración libertaria perjudican la posibilidad de progreso. En poco tiempo, el país de clase media se transformó en un país de pobres.
 
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Agustín Salvia: "Un cuarto de la sociedad dejó de ser de clase media y cayó en la pobreza"
 
Impacto social y político del naufragio de los sectores medios. CFK, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei. De la grieta al rescate de la democracia.
 
Por Marcelo Falak
 
El índice de pobreza al segundo semestre, un escalofriante 52,9%, cayó pesadamente sobre el gobierno de Javier Milei y sobre el ánimo social. El número impacta por su propia magnitud y por exponer lo que el especialista Agustín Salvia define como el hundimiento de un cuarto de la población que ha dejado de ser y de sentirse de clase media. ¿Adiós a un rasgo constitutivo de la Argentina?
 
La tendencia no es nueva y remite a un nudo macroeconómico denso, dado por una inflación que no ha dejado de crecer desde hace 15 años y al agotamiento de un ciclo incapaz desde hace tiempo de generar crecimiento, inversión, ganancias de productividad y empleo formal y bien remunerado.
 
Salvia es sociólogo, doctor en Ciencias Sociales e investigador principal del Conicet. Como director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), ha sido atacado por sucesivos gobiernos que eligieron pelearse con la realidad que ese organismo medía -especialmente cuando las estadísticas oficiales no resultaban creíbles- antes que abocarse a resolver el problema. A continuación, los principales tramos de la entrevista que concedió a Letra P.
 
-¿Cómo llegó el país a la actual crisis social?
 
-El cambio que viene experimentando la sociedad es una de mis preocupaciones académicas desde hace tiempo, pero aún no se ve el final de ese proceso. En términos históricos, hubo una recuperación rápida desde 2003-2004, que benefició a sectores como los pequeños comerciantes, trabajadores con oficios y por cuenta propia, y a los calificados y semicalificados de las actividades productivas más dinámicas y competitivas. Sin embargo, el país no llegó a perforar el piso del 30% de pobreza y de economía informal, que quedó cristalizado entre 2011 y 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y luego nuevamente en 2017, con Mauricio Macri. Estamos hablando de prácticamente un tercio de la sociedad que vive en un contexto de pobreza crónica, estructural.
 
Clase media y pobreza: historia de un naufragio
-Si se observa que Macri salió del poder, tras la crisis de 2018 y 2019, con una pobreza del 35,5%, que Alberto Fernández se fue con 41,7% y que la última medición, con Milei, fue de 52,9%, surge que a ese núcleo duro se sumaron sectores que cayeron desde la clase media.
 
-Claro. Hay un sector medio que atravesó las crisis de los años 80, 90 y la primera década de este siglo, y que se recuperó, pero otro comenzó a entrar y salir de la pobreza en cada una de esas coyunturas. Desde 2010 o 2011, después de la burbuja de consumo de esos años, ya se advertía que esa parte de la clase media no podía reproducirse por contar con empleos de baja productividad y porque, en esas condiciones, la inflación dificultaba un aumento de sus ingresos. Desde 2013 y 2014, más allá de rebotes de la actividad, quedó claro que ya se había dejado de generar inversión y empleo de calidad de modo consistente. Un tercio de la sociedad, de extracción media y que estaba compuesta por jubilados, pequeños comerciantes, empleados de restaurantes o comercios y obreros de sectores dinámicos, entre otros, empieza a perder ingresos en términos reales (contra la inflación). Ese tercio es muy vulnerable en la situación actual.
 
-¿De allí proviene el cuarto de la sociedad que constituye la capa de nuevos pobres?
 
-Desde fines de 2014, con Cristina Fernández de Kirchner, queda un piso de 30% de pobreza y con el sector mencionado de la clase media en una situación que ya era de vulnerabilidad, del que surge un cuarto más de la población que cayó en esa condición. O más precisamente un 23% si hacemos el promedio del primer trimestre de año con el segundo. Es interesante que la fracción de personas que lograron recuperarse entre dichos períodos está conformada, en verdad, por personas que emergieron de la pobreza estructural; no son las que habían caído desde la clase media. Esto es así porque es la que recibió planes de asistencia, un apoyo que los sectores medios no tienen ni quieren tener.
 
 
El efecto corrosivo de la inflación
  
-¿La clave es la caída de los ingresos frente a la inflación, reforzada por el ajuste y la recesión más recientes?
 
-De acuerdo con las estadísticas del INDEC, la media de los ingresos indica que el 50% de los trabajadores gana menos de 550.000 pesos por mes, pero ojo: el proceso había empezado antes, aunque se lo ocultaba con burbujas de consumo como las mencionadas o como la de 2017, las que llevaron a las devaluaciones de 2014 y de 2018-2019, respectivamente.
 
-En términos laborales, ¿cuáles son los antecedentes de la situación actual?
 
-Sin inversiones de la magnitud suficiente ni creación de empleo de mejor calidad en el sector privado, sólo el Estado absorbía a esa parte vulnerable de la clase media. En paralelo, fue creciendo el sector informal dentro de esa clase media baja, compuesto por personas con trabajo precario y por cuenta propia. Esos argentinos son los que comenzaron a trabajar mucha más cantidad de horas porque el dinero no les alcanzaba.
 
-¿Para qué no les alcanzaba?
 
-Cuándo se habla de dinero que no alcanza, no se habla solamente de pobreza estadística o de la posibilidad de cambiar un auto o de hacerle arreglos a la casa familiar. Desde el punto de vista social, se invierte cada vez menos en capital simbólico, en educación, salud, recreación, deporte, vacaciones... Lo mismo pasa con el deseo de ayudar a los hijos a abrirse camino. Hablamos de sectores que se van empobreciendo estructuralmente, de familias que tal vez cambiaron a sus hijos de escuela o que cancelaron sus seguros de medicina prepaga para comenzar a concurrir a hospitales públicos; familias que mantienen su auto viejo u otros bienes que se van depreciando.
 
-Es un caída sostenida...
 
-Cada ciclo de crisis las acorrala más y les demanda cada vez más tiempo de trabajo por algo que no les rinde debido a la inflación, a la falta de productividad de los ramas en las que se desempeñan y a la dificultad para reconvertirse en actividades más productivas.
 
 
Una clase media partida en dos
  
-¿Qué tendencia observa en el tramo superior de la clase media?
 
-El tercio superior de la población, en el que hay un sector de clase media, no experimenta esos problemas: se va alejando de la línea de pobreza por contar con una relativa protección sindical en las actividades más competitivas en las que se desempeña o por tener acceso a herramientas financieras que le permiten preservar sus ahorros. En eso se diferencia del tercio inferior que entra y sale de la pobreza.
 
-¿Qué efectos provoca este proceso en términos de autoestima y relación con la política sobre el tercio vulnerable que menciona, parte del cual pasó a engrosar el sector pobre de la Argentina?
 
-Para quienes se enfrentan a dificultades, es obvio que se va asentando un cierto resentimiento. Esto ocurrió primero en forma de rechazo al kirchnerismo, algo que se venía acumulando pero que encontró una vía de representación en Macri. Era el sector que entonces se llamaba clase media aspiracional, que tal vez en ese momento no era tal por ingresos, pero que mantenía esa autopercepción. Luego, tras la crisis de 2018 y 2019, fue recuperado por Alberto Fernández, pero esa nueva decepción lo convirtió en una fuente de apoyo a Milei.
 
 
Sociedad y política: la fractura hace ruido
  
-El desafío para la dirigencia política es fenomenal...
 
-Mi tesis es que el actual proceso social está en una fase de agotamiento. Los sectores populares se venían alejando de la política, el pacto político-social se venía resquebrajando y la clase media pasó a acumular una carga similar de resentimiento. Estamos en una fase de crisis de la representación política. Las dirigencias necesitan reestructurar el sistema político a través de una reconfiguración de alianzas, pero, incluso si lo lograran, los nuevos consensos seguirían siendo frágiles.
 
-¿De qué dependen esos consensos?
 
-Aun con esas limitaciones, la única manera de generar un nuevo consenso es la superación de la grieta, del péndulo permanente. En ese sentido, Milei sería parte de lo viejo, no de lo nuevo.
 
-¿Eso significa que el Presidente tendría el rol histórico de ponerle punto final a una etapa y no el de inaugurar una nueva?
 
-Sí, este es el fin de un ciclo de crisis, algo que que era necesario. Se trata de un líder desbordado, desubicado, pero con una energía importante para enfrentar la tormenta. Por eso la sociedad expresó que era el indicado para desarmar lo anterior. Sin embargo, eso no garantiza la promesa de crecimiento con inclusión.
 
-¿Eso sería así incluso si lograra reducir la inflación de modo duradero, como promete?
 
-Porque los segmentos con potencial para dinamizar la actividad económica, según se ve, son los vinculados a la minería, la energía, la agroindustria y otros que no generan empleo a gran escala y tampoco inclusión social. Un proceso diferente requeriría, por ejemplo, el desarrollo de las pymes.
 
Fuente: Letra P
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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