19:02 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 07-10-2024 / 11:10

A PESAR DE LA BRONCA, EL EXPRESIDENTE FIJÓ POSICIÓN A FAVOR DEL BRUTAL AJUSTE

Mauricio Macri, cómplice del Loco Milei en el desfinanciamiento y cierre de las universidades

A través de un posteo en Twitter, el neoliberal Mauricio Macri se subió al delirante discurso libertario y acusó a las universidades de una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos, que fue desmentida por la UBA. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, le recordó que las auditorías las hace la AGN y lo acusó de mentiroso. Los diputados amarillos apoyarían el veto presidencial, pero el poroteo está abierto y podrían definir los ausentes. Javier “el Loco” Milei se prepara para judicializar un fracaso.

A través de un posteo en Twitter, el neoliberal Mauricio Macri se subió al delirante discurso libertario y acusó a las universidades de una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos, que fue desmentida por la UBA. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, le recordó que las auditorías las hace la AGN y lo acusó de mentiroso. Los diputados amarillos apoyarían el veto presidencial, pero el poroteo está abierto y podrían definir los ausentes. Javier "el Loco" Milei se prepara para judicializar un fracaso.

Por más desencuentros que tenga en su relación con Milei, Macri se mantiene alineado con el gobierno libertario. Todo indica que el líder del PRO volverá a servirle en bandeja al oficialismo el apoyo indispensable de su bloque de diputados para blindar en la sesión de este miércoles el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Macri había enviado señales contradictorias al respecto durante todo el fin de semana, pero finalmente este domingo fijó públicamente su posición.

Lo hizo a través de un largo posteo en Twitter, en el que acusó a las universidades de "desviar fondos" hacia "la política", entre otros malabares discursivos para justificar el ajuste en marcha en los salarios del sector. De todos modos, el poroteo es incierto y aún no está claro que La Libertad Avanza consiga reunir el tercio necesario para evitar el rechazo. Si bien en el oficialismo están confiados en sostener el tercio de los "héroes ensobrados" que ya salvaron el veto a la movilidad jubilatoria, esta vez la pelota puede pegar en el fleje y salir. "Se puede definir por uno o dos votos, muy justo", confiaron desde el riñón de uno de los bloques aliados.

Según el caradura Macri, "no se está discutiendo la autonomía universitaria", ni los salarios docentes o no docentes que garantizan el "funcionamiento" de la universidad pública, sino que "lo que realmente está en disputa es la suya: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política", dijo. "No presentaron una sola factura desde 2015", fruteó.

Ese argumento mentiroso, que apunta a una supuesta corruptela y a "la ausencia de auditorías" se inscribe en la misma línea discursiva que adoptó Milei para deslegitimar el reclamo de la comunidad educativa que el miércoles pasado volvió a marchar masivamente en todo el país para rechazar el veto y reclamar mayores fondos para las casas de estudio.

Milei ya recibió un nuevo golpe de la calle: fue masiva la movilización de este miércoles en todo el país que volvió a reclamar por el financiamiento a las universidades y en defensa de la educación pública y gratuita. Además de la protesta frente al Congreso que pasó por encima del "protocolo antipiquetes" de la ministra Patricia Bullrich, también fue masiva en Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná y Tucumán. Provincias que se pintaron de violeta en el ballotage, se destiñen con una oposición que se hace escuchar en la calle.

Puertas adentro del Congreso las especulaciones y negociaciones están a la orden del día. Pero no solo entre los que apoyaron la primera votación de la ley de financiamiento universitario. También hay dudosos entre los aliados del gobierno. Los motivos son variados. La presión social que mostró la movilización es un factor decisivo. También juega el debate del presupuesto 2025 que es una prenda de negociación para muchos gobernadores que definen el voto de sus bloques provinciales, como Misiones y Rio Negro. El caso del PRO es particular: también se cruza con su propia interna con el gobierno, que tiene a Macri como protagonista de la disputa de poder.

La Opinión Popular

EL LÍDER DEL PRO FIJÓ POSICIÓN A FAVOR DEL AJUSTE

A pesar de la bronca con Javier Milei, Mauricio Macri apuesta a blindar el veto al presupuesto universitario

A través de un posteo en Twitter, el expresidente se subió al discurso libertario y acusó a las universidades de una supuesta falta de transparencia en el manejo de los recursos. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, le recordó que las auditorías las hace la AGN y lo acusó de mentiroso. Los diputados amarillos cerraron filas en favor del Gobierno y apoyarán el veto presidencial el miércoles, cuando se debata en la Cámara baja. El poroteo está abierto y podrían definir los ausentes. La Rosada se prepara para judicializar un fracaso.

Desde la Universidad de Buenos Aires salieron rápidamente a desmentirlo. "O tiene un profundo desconocimiento o falta groseramente a la verdad", le contestaron mediante un comunicado oficial con la firma del rector Ricardo Gelpi. El rector, básicamente, mandó a Macri a estudiar.

"Las Universidades Nacionales son auditadas dentro del marco normativo vigente por la Auditoría General de la Nación (AGN), que audita a todo el Estado Nacional y no solo a las universidades. En el caso particular de la UBA, la última auditoría que la AGN realizó, finalizó en el año 2023, tal cual se desprende de la propia página web del organismo", le espetó.

"Queremos una universidad pública a la altura de la formación e investigación que nuestra sociedad necesita y expresidentes que estén a la altura de lo que el debate público necesita: que no falten a la verdad, que no desconozcan lo que administraron", finaliza la carta.

Aún con sus torpezas, el posteo en Twitter fue la forma que encontró el expresidente de hacer pública la posición suya y la que tomarán los diputados que le responden respecto del debate que deberán afrontar esta semana. En el PRO están incómodos: fuera de los micrófonos reconocen que el conflicto con la comunidad educativa es innecesario y que el Gobierno se ganó un enemigo muy poderoso que podría haber evitado.

De ahí las dificultades para mantener un discurso coherente, e incluso para sostener la cohesión interna: al menos dos diputados amarillos, el larretista Álvaro González y el díscolo Héctor Baldassi ya manifestaron que votarían en contra del veto.

En ese marco, todavía falta conocer qué harán los tristemente célebres "radicales con peluca" que apoyaron en su momento el veto a la movilidad jubilatoria y fueron premiados con un asado en Olivos y el mote de "héroes fiscales" que les puso el Presidente.

Uno de ellos, el tucumano Mariano Campero, le pidió públicamente a Milei que esta vez les ahorre el papelón: "El Gobierno tiene que hacer una nueva oferta para mejorar la situación de los docentes", suplicó. Esa sería una tesis intermedia, que también apoya el PRO: que la Rosada desactive el conflicto ofreciendo fondos en una mesa de negociación con las universidades y así evitar que la sesión tenga la relevancia política que busca imprimirle la oposición.

La opción final, que ya adelantaron desde la Rosada, sería apelar a la vía judicial. En diálogo con LN+, el propio ministro de Economía Luis Caputo confirmó que el Gobierno irá a la Justicia si el Congreso rechaza el veto a la ley de financiamiento universitario. "Nosotros obviamente vamos a apelar a eso, probablemente por la vía de la Justicia, siempre dentro del marco de la ley", dijo Caputo y sorpresivamente, remarcó que "a las universidades les hemos dado todo".

Del malestar al apoyo

Hasta que publicó el hilo de Twitter, Macri había dejado trascender su enojo con Milei, el mismo que viene acumulando desde hace meses, no sólo por cargos, sino también por el rumbo general de la gestión política. En la Rosada le bajan el precio a su poder de daño y se niegan a abrirle la puerta a un acuerdo conjunto de gobernabilidad.

No es nada nuevo: desde el inicio del gobierno libertario que el macrismo pide mayor injerencia en la toma de decisiones y avanzar en una suerte de proyecto político común que exceda la alianza parlamentaria vigente. Esa puerta se la vienen cerrando en la cara tanto Santiago Caputo como Karina Milei.

"Como el escorpión que mata a la rana que lo está ayudando a cruzar el río, no pueden resistirse, está en su naturaleza", había tuiteado el viernes Fernando De Andreis, mano derecha de Macri. Fue más que una indirecta sobre cómo venía de tensionada la relación. La cercanía de una sesión como la de este miércoles en la que el oficialismo podría sufrir una derrota brutal con más de dos tercios del sistema político votándole en contra forzó al Gobierno a acercar posiciones. Según trascendió, el propio Santiago Caputo estuvo al frente de la reunión en la que se negoció una reducción de daños.

En el macrismo dicen que, más allá de lo que se discuta en el Congreso, su postura seguirá siendo la de sostener la gobernabilidad. "Les vamos a dar una oportunidad, pero esta en la última", advirtió una de las espadas legislativas del expresidente.

Más allá del apoyo, el malestar en el PRO por cómo se desarrolló el conflicto universitario es total. Y le facturan al Gobierno falta de muñeca política: entienden que no midieron la capacidad de movilización política de las universidades y que, básicamente, se subestimó la capacidad de daño del sector.

¿Definen los ausentes?

Durante la marcha universitaria, algunos referentes de la UCR, como Martín Tetaz, aseguraron que el bloque de 33 diputados del partido centenario se mantendría unido para rechazar el veto a los fondos universitarios, pero con el correr de las horas esa ilusión se desvaneció.

En el oficialismo están confiados en que los "héroes" radicales con peluca que bancaron con las jubilaciones volverán a hacerlo con las universidades. Y apuestan a que algunos diputados que responden a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Corrientes, Carlos Rovira, y de San Juan, Manuel Orrego, hagan su aporte.

El número es muy finito y el éxito o fracaso del Gobierno puede depender de los que peguen el faltazo: si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley (con la movilidad jubilatoria consiguió 87); pero ese número disminuye a medida que haya ausentes, dado que se necesitan dos tercios de los presentes el miércoles para voltear el veto.

El problema para el oficialismo es que enfrente, en la oposición, dicen tener 150 votos consolidados que se sentarán en sus bancas para votar contra Milei. Están a diez del número mágico, pero si hay ausentes, podrían imponerse. "Hay una mayoría en el Congreso dispuesta a rechazar el veto", dijo al respecto el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

"Claramente hay una mayoría en el Congreso que está dispuesta a rechazar el veto, pero hay que ver si llegamos a los dos tercios. Para eso se necesita una cantidad de diputados importante, arriba de los 160, depende el número de presentes que tengamos. Estamos trabajando para eso, para poder rechazar el veto", dijo Martínez en declaraciones radiales.

Por Matías Ferrari

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".