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Nacionales - 04-10-2024 / 10:10
¡LO QUE FALTABA!: UN FONDO SOLICITÓ A LA JUSTICIA DE NUEVA YORK QUE EL BANCO CENTRAL REVELE LA CANTIDAD Y DESTINO DE SU ORO EN EL EXTERIOR

Más cipayo y entreguista no se consigue: Por Milei, un fondo buitre yanqui podría embargar el oro del Banco Central

Más cipayo y entreguista no se consigue: Por Milei, un fondo buitre yanqui podría embargar el oro del Banco Central
Un fondo buitre solicitó a una jueza de Manhattan conocer destino y volumen enviado al exterior. El fondo buitre Bainbridge quiere embargar el oro que Caputo envió al exterior. Ya le pidió a la jueza de Wall Street que lo obligue a revelar dónde lo depositó. El ministro había ignorado todas las advertencias sobre los riesgos que implicaba mandar 4800 millones de dólares en lingotes a Londres y Basilea. Bainbridge reclama 95,6 millones, pero otros fondos buitre también podrían aspirar a ese botín.
Un fondo buitre de inversión estadounidense solicitó a la justicia de Nueva York que el Banco Central revele la cantidad y destino de su oro en el exterior, en lo que sería un paso previo a un posible embargo de esos activos. La presentación fue realizada por el Bainbridge Fund ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, y tiene como objetivo obtener información sobre las reservas de oro de la entidad monetaria argentina.
 
Este fondo ya había solicitado previamente que Argentina entregara su participación en YPF como garantía de pago de una deuda firme con el Tesoro Nacional. La nueva demanda, denominada "discovery", busca conocer detalles sobre el volumen y valor del oro en las reservas internacionales y su ubicación tras haber sido enviado fuera del país.
 
El pedido de embargo podría avanzar si se argumenta que el Banco Central y el Tesoro Nacional, deudor de la emisión de títulos impagos, no son entidades independientes. Esta tesis podría encontrar sustento en la vinculación entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el ministro Luis Caputo, lo que debilitaría la defensa argentina de proteger sus activos.
 
En 2016, el Bainbridge Fund inició una demanda contra Argentina por bonos en default desde 2001, y ya obtuvo un fallo favorable por 95 millones de dólares más intereses. La instancia de "discovery" permite identificar activos del deudor en el extranjero, abriendo la puerta a futuros embargos.
 
La postura histórica de Argentina ha sido defender la autonomía del Banco Central frente al Tesoro, como ocurrió en 2015, cuando el país ganó una demanda similar del fondo Elliot. Sin embargo, la relación entre ambas entidades ha sido cuestionada durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, quienes, según los críticos, debilitaron las barreras legales que protegían al Banco Central de posibles embargos.
 
El traslado reciente de oro desde las reservas del Banco Central, en cinco envíos estimados entre 1.400 y 1.500 millones de dólares, es uno de los motivos que impulsó la nueva ofensiva de Bainbridge. Aunque oficialmente se señaló que el oro fue enviado a Londres, se especula que podría haber sido trasladado a Suiza, al Banco de Ajustes de Basilea.
 
Expertos advierten que si el oro permanece en Londres, existe un alto riesgo de embargo, ya que en el pasado se han confiscado activos oficiales de países como Venezuela, Rusia e incluso Islandia en 2008. Bainbridge argumenta que, al considerar al Banco Central como una extensión del Tesoro Nacional, las reservas podrían estar sujetas a embargo para acelerar el pago de la deuda.
 
Aunque el antecedente de 2015 favorece a Argentina, las declaraciones del presidente Milei y del ministro Caputo, que refieren al Banco Central como un órgano dependiente de su gobierno, han debilitado la defensa del país ante posibles embargos.
 
La Opinión Popular
 

 
SOLICITÓ A UNA JUEZA DE MANHATTAN CONOCER DESTINO Y VOLUMEN ENVIADO AL EXTERIOR
 
Un fondo buitre vuela tras el oro del Banco Central
 
Es el paso previo a un pedido de embargo. Se trata de un fondo administrador de capitales privados que ya tiene sentencia firme a favor en juicios contra Argentina. Los errores de Luis Caputo que habrían dejado sin protección a activos que deberían considerarse inembargables
 
El mismo fondo buitre que semanas atrás pidió que la Argentina entregue su participación accionaria en YPF como garantía de pago de la deuda en firme que el Tesoro Nacional tiene a favor del primero, ahora presentó un recurso judicial denominado discovery ante el mismo tribunal de Nueva York para que se reclame al Banco Central que informe sobre el volumen y valor del oro que tiene en sus reservas internacionales, y cuál ha sido se destino físico al sacarlo del país. Se trata del Bainbridge Fund y el recurso presentado ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, debe interpretarse como un paso previo al pedido de embargo de esos activos.
 
La causa carecería de sustento si se considerase que el Banco Central (poseedor del oro) y el Tesoro Nacional (responsable de la deuda) son personas jurídicas independientes y, por lo tanto, las reservas serían inembargables. Pero la irresponsabilidad que han mostrado a lo largo de estos nueve meses tanto el ministro Luis Caputo como el presidente Javier Milei, en relación al rol del Banco Central, refiriéndolo permanentemente como una herramienta central de su propia política económica, le han hecho perder hasta la última pátina de independencia.
 
Por el contrario, lo ubican en el lugar de alter ego del Ejecutivo y de su política. Por otra parte, el vínculo profesional y económico de Santiago Bausili, presidente del BCRA, con Luis Caputo (son socios), es bien conocido en Nueva York y podría jugar en contra del interés argentino de proteger sus activos de un eventual intento de embargo.
 
El fondo Bainbridge lo solicitó a la jueza Preska que fuerce al país a detallar sus tenencias de oro y su lugar de custodia. Este fondo es acreedor por títulos públicos en default a fines de 2001, que no entraron en ninguno de los canjes posteriores (2006, 2010 y, el más reciente, 2020). Abrieron el juicio contra la Argentina en 2016 y, a la fecha, tienen un fallo en firme a favor por un monto de 95 milones de dólares más intereses.
 
Un fallo anterior de la jueza Prieska les habilitó el recurso de discovery, por el cual se abre una instancia de detección de activos de propiedad del deudor en el mundo para su posible embargo, en caso de que no se abone la deuda.
 
Históricamente, Argentina defendió el criterio de independencia del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional, el deudor por la emisión de los títulos impagos. Incluso en el año 2015, aún con Cristina Fernández como presidenta, Argentina ganó en segunda instancia de los tribunales de Nueva York un juicio al fondo Elliot, que reconocía esa independencia entre ambas instituciones públicas.
 
Pero, tanto durante el gobierno de Macri (cuando Marcos Peña, jefe de gabinete, se presentaba en conferencia de prensa con Federico Sturzennegger, titular del BCRA, anunciando los cambios a introducir en la política monetaria), como en el actual de Javier Milei, la actitud de los gobernantes debilitó la estructuras de defensa del Estado y fortaleció los argumentos de los fondos buitres como demandantes.
 
El hecho que motivó el nuevo impulso que tomó el fondo buitre Bainbridge para arrojarse sobre la presa, el oro del Banco Central, fue el intrigante traslado de oro de las reservas al exterior, en cinco envíos por un valor estimado de 1400 a 1500 millones de dólares. Se señaló extroficialmente que su destino inicial fue Londres, pero se estima que podría haber sido una escala para llegar luego a Suiza. Más precisamente, al Banco de Ajustes de Basilea.
 
"Si parte del oro quedó en Londres, el riesgo de embargo es muy alto, porque hay precedentes horribles en esa materia", indicó a Página/12 una fuente de primer nivel en el conocimiento del manejo de reservas internacionales. "Se han embargado fondos oficiales en Londres no sólo de Venezuela y de Rusia, que alguien podría explicar por el fuerte peso de la confrontación política con esos países; pero también se embargaron reservas de Islandia en 2008, por demandas privadas de depósitos no devueltos en el marco de la crisis financiera de ese año".
 
Está claro que el fondo buitre acreedor intentará volver sobre la teoría del "alter ego". Las reservas son del Banco Central, la deuda es del Tesoro Nacional, el demandado en la causa. Pero "el BCRA es la extensión de la política del Tesoro Nacional, y por lo tanto le cabe al acreedor el derecho de embargar reservas para apurar el pago de la deuda", expondrá sus razones, con estas u otras palabras, Bainbridge.
 
¿Valdrá para la defensa del país el antecedente del fallo de 2015 contra la demanda del fondo buitre Elliot? Debería ser así, aunque las constantes expresiones de Milei y de Caputo considerando al BCRA como si fuera una subsecretaría bajo su mando, debilitan las defensas del país.
 
"Fue totalmente irresponsable dar conferencias de prensa conjuntas de Caputo y Bausili, para hacer anuncios vagos pero en los que el segundo se mostraba como dependiente del primero", recordó la misma fuente. Fue Caputo quien salió a justificar la "conveniencia" de mandar las reservas al exterior. Fue el Ejecutivo el que dejó trascender la intención de utilizar el metálico como garantía de un préstamo (modalidad "Repo") que ayudaría a pagar los vencimientos de la deuda en divisas del Tesoro.
 
El gobierno de Milei sigue esperando el auxilio del crédito externo. Por ahora, lo único que llega con ese origen son dolores de cabeza.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página 12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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