La Opinión Popular
                  07:49  |  Jueves 20 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 04-10-2024 / 10:10
¡LO QUE FALTABA!: UN FONDO SOLICITÓ A LA JUSTICIA DE NUEVA YORK QUE EL BANCO CENTRAL REVELE LA CANTIDAD Y DESTINO DE SU ORO EN EL EXTERIOR

Más cipayo y entreguista no se consigue: Por Milei, un fondo buitre yanqui podría embargar el oro del Banco Central

Más cipayo y entreguista no se consigue: Por Milei, un fondo buitre yanqui podría embargar el oro del Banco Central
Un fondo buitre solicitó a una jueza de Manhattan conocer destino y volumen enviado al exterior. El fondo buitre Bainbridge quiere embargar el oro que Caputo envió al exterior. Ya le pidió a la jueza de Wall Street que lo obligue a revelar dónde lo depositó. El ministro había ignorado todas las advertencias sobre los riesgos que implicaba mandar 4800 millones de dólares en lingotes a Londres y Basilea. Bainbridge reclama 95,6 millones, pero otros fondos buitre también podrían aspirar a ese botín.
Un fondo buitre de inversión estadounidense solicitó a la justicia de Nueva York que el Banco Central revele la cantidad y destino de su oro en el exterior, en lo que sería un paso previo a un posible embargo de esos activos. La presentación fue realizada por el Bainbridge Fund ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, y tiene como objetivo obtener información sobre las reservas de oro de la entidad monetaria argentina.
 
Este fondo ya había solicitado previamente que Argentina entregara su participación en YPF como garantía de pago de una deuda firme con el Tesoro Nacional. La nueva demanda, denominada "discovery", busca conocer detalles sobre el volumen y valor del oro en las reservas internacionales y su ubicación tras haber sido enviado fuera del país.
 
El pedido de embargo podría avanzar si se argumenta que el Banco Central y el Tesoro Nacional, deudor de la emisión de títulos impagos, no son entidades independientes. Esta tesis podría encontrar sustento en la vinculación entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el ministro Luis Caputo, lo que debilitaría la defensa argentina de proteger sus activos.
 
En 2016, el Bainbridge Fund inició una demanda contra Argentina por bonos en default desde 2001, y ya obtuvo un fallo favorable por 95 millones de dólares más intereses. La instancia de "discovery" permite identificar activos del deudor en el extranjero, abriendo la puerta a futuros embargos.
 
La postura histórica de Argentina ha sido defender la autonomía del Banco Central frente al Tesoro, como ocurrió en 2015, cuando el país ganó una demanda similar del fondo Elliot. Sin embargo, la relación entre ambas entidades ha sido cuestionada durante los gobiernos de Mauricio Macri y Javier Milei, quienes, según los críticos, debilitaron las barreras legales que protegían al Banco Central de posibles embargos.
 
El traslado reciente de oro desde las reservas del Banco Central, en cinco envíos estimados entre 1.400 y 1.500 millones de dólares, es uno de los motivos que impulsó la nueva ofensiva de Bainbridge. Aunque oficialmente se señaló que el oro fue enviado a Londres, se especula que podría haber sido trasladado a Suiza, al Banco de Ajustes de Basilea.
 
Expertos advierten que si el oro permanece en Londres, existe un alto riesgo de embargo, ya que en el pasado se han confiscado activos oficiales de países como Venezuela, Rusia e incluso Islandia en 2008. Bainbridge argumenta que, al considerar al Banco Central como una extensión del Tesoro Nacional, las reservas podrían estar sujetas a embargo para acelerar el pago de la deuda.
 
Aunque el antecedente de 2015 favorece a Argentina, las declaraciones del presidente Milei y del ministro Caputo, que refieren al Banco Central como un órgano dependiente de su gobierno, han debilitado la defensa del país ante posibles embargos.
 
La Opinión Popular
 

 
SOLICITÓ A UNA JUEZA DE MANHATTAN CONOCER DESTINO Y VOLUMEN ENVIADO AL EXTERIOR
 
Un fondo buitre vuela tras el oro del Banco Central
 
Es el paso previo a un pedido de embargo. Se trata de un fondo administrador de capitales privados que ya tiene sentencia firme a favor en juicios contra Argentina. Los errores de Luis Caputo que habrían dejado sin protección a activos que deberían considerarse inembargables
 
El mismo fondo buitre que semanas atrás pidió que la Argentina entregue su participación accionaria en YPF como garantía de pago de la deuda en firme que el Tesoro Nacional tiene a favor del primero, ahora presentó un recurso judicial denominado discovery ante el mismo tribunal de Nueva York para que se reclame al Banco Central que informe sobre el volumen y valor del oro que tiene en sus reservas internacionales, y cuál ha sido se destino físico al sacarlo del país. Se trata del Bainbridge Fund y el recurso presentado ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Manhattan, debe interpretarse como un paso previo al pedido de embargo de esos activos.
 
La causa carecería de sustento si se considerase que el Banco Central (poseedor del oro) y el Tesoro Nacional (responsable de la deuda) son personas jurídicas independientes y, por lo tanto, las reservas serían inembargables. Pero la irresponsabilidad que han mostrado a lo largo de estos nueve meses tanto el ministro Luis Caputo como el presidente Javier Milei, en relación al rol del Banco Central, refiriéndolo permanentemente como una herramienta central de su propia política económica, le han hecho perder hasta la última pátina de independencia.
 
Por el contrario, lo ubican en el lugar de alter ego del Ejecutivo y de su política. Por otra parte, el vínculo profesional y económico de Santiago Bausili, presidente del BCRA, con Luis Caputo (son socios), es bien conocido en Nueva York y podría jugar en contra del interés argentino de proteger sus activos de un eventual intento de embargo.
 
El fondo Bainbridge lo solicitó a la jueza Preska que fuerce al país a detallar sus tenencias de oro y su lugar de custodia. Este fondo es acreedor por títulos públicos en default a fines de 2001, que no entraron en ninguno de los canjes posteriores (2006, 2010 y, el más reciente, 2020). Abrieron el juicio contra la Argentina en 2016 y, a la fecha, tienen un fallo en firme a favor por un monto de 95 milones de dólares más intereses.
 
Un fallo anterior de la jueza Prieska les habilitó el recurso de discovery, por el cual se abre una instancia de detección de activos de propiedad del deudor en el mundo para su posible embargo, en caso de que no se abone la deuda.
 
Históricamente, Argentina defendió el criterio de independencia del Banco Central con respecto al Tesoro Nacional, el deudor por la emisión de los títulos impagos. Incluso en el año 2015, aún con Cristina Fernández como presidenta, Argentina ganó en segunda instancia de los tribunales de Nueva York un juicio al fondo Elliot, que reconocía esa independencia entre ambas instituciones públicas.
 
Pero, tanto durante el gobierno de Macri (cuando Marcos Peña, jefe de gabinete, se presentaba en conferencia de prensa con Federico Sturzennegger, titular del BCRA, anunciando los cambios a introducir en la política monetaria), como en el actual de Javier Milei, la actitud de los gobernantes debilitó la estructuras de defensa del Estado y fortaleció los argumentos de los fondos buitres como demandantes.
 
El hecho que motivó el nuevo impulso que tomó el fondo buitre Bainbridge para arrojarse sobre la presa, el oro del Banco Central, fue el intrigante traslado de oro de las reservas al exterior, en cinco envíos por un valor estimado de 1400 a 1500 millones de dólares. Se señaló extroficialmente que su destino inicial fue Londres, pero se estima que podría haber sido una escala para llegar luego a Suiza. Más precisamente, al Banco de Ajustes de Basilea.
 
"Si parte del oro quedó en Londres, el riesgo de embargo es muy alto, porque hay precedentes horribles en esa materia", indicó a Página/12 una fuente de primer nivel en el conocimiento del manejo de reservas internacionales. "Se han embargado fondos oficiales en Londres no sólo de Venezuela y de Rusia, que alguien podría explicar por el fuerte peso de la confrontación política con esos países; pero también se embargaron reservas de Islandia en 2008, por demandas privadas de depósitos no devueltos en el marco de la crisis financiera de ese año".
 
Está claro que el fondo buitre acreedor intentará volver sobre la teoría del "alter ego". Las reservas son del Banco Central, la deuda es del Tesoro Nacional, el demandado en la causa. Pero "el BCRA es la extensión de la política del Tesoro Nacional, y por lo tanto le cabe al acreedor el derecho de embargar reservas para apurar el pago de la deuda", expondrá sus razones, con estas u otras palabras, Bainbridge.
 
¿Valdrá para la defensa del país el antecedente del fallo de 2015 contra la demanda del fondo buitre Elliot? Debería ser así, aunque las constantes expresiones de Milei y de Caputo considerando al BCRA como si fuera una subsecretaría bajo su mando, debilitan las defensas del país.
 
"Fue totalmente irresponsable dar conferencias de prensa conjuntas de Caputo y Bausili, para hacer anuncios vagos pero en los que el segundo se mostraba como dependiente del primero", recordó la misma fuente. Fue Caputo quien salió a justificar la "conveniencia" de mandar las reservas al exterior. Fue el Ejecutivo el que dejó trascender la intención de utilizar el metálico como garantía de un préstamo (modalidad "Repo") que ayudaría a pagar los vencimientos de la deuda en divisas del Tesoro.
 
El gobierno de Milei sigue esperando el auxilio del crédito externo. Por ahora, lo único que llega con ese origen son dolores de cabeza.
 
Por Raúl Dellatorre
 
Fuente: Página 12
 

Agreganos como amigo a Facebook
19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar