02:42 | Lunes 09 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 02-10-2024 / 11:10

LA CRUELDAD AVANZA

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad

El país todo marchará en contra del veto de Javier “el Loco” Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.

El país todo marchará en contra del veto de Javier "el Loco" Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.

Como ocurrió meses atrás, el sector universitario no estará solo en las calles que rodean al Congreso: contará con el respaldo de CGT y de buena parte del arco opositor. Desde la política partidaria ya confirmaron su presencia integrantes de ambas cámaras, parte de la dirigencia de la UCR, del peronismo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, otrora aliado sistemático de La Libertad Avanza. Además del simbolismo de la clase media que fue derrumbada y vive en carne propia la terrible estadística oficial que reveló que el 53% vive por debajo de la línea de la pobreza.

Cada vez se advierte con más claridad que el objetivo del cruel Milei es hacer desaparecer la clase media en la Argentina y a la Universidad como una forma de ascenso social. Milei quiere tener una sociedad con un 90% de pobres y un 10% de ricos. Y gobernar para ellos. Los millones de personas que se movilizarán quieren que nuestro país priorice la educación como plataforma de desarrollo, como vector de movilidad social ascendente y cómo eje central de las políticas públicas.

La defensa de la ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó semanas atrás es la consigna central de la protesta. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".

Esta vez, y con la amenaza del veto a la ley que garantizaría los fondos, la manifestación buscará enviar un mensaje a la oposición en el Congreso, que deberá revisar y refrendar esa decisión anunciada por Milei. La administración libertaria, por otro lado, admite que esta vez el panorama asoma más complicado para lograr blindar el rechazo presidencial en la Cámara de Diputados, tal como pudo hacer con el veto a la reforma previsional que fue respaldado por un grupo de radicales que se pintaron de violeta. Una de las banderas de la UCR es la educación universitaria pública.

Los radicales violetas empezaron a dudar. El PRO está dividido y un sector pide garantías de evitar una derrota. Milei no tiene asegurados los votos para sostener un veto. Todos a las marchas en las distintas ciudades del país para frenarlo al trastornado.

La Opinión Popular

EL GOBIERNO RATIFICÓ QUE VETARÁ LA LEY DE FINANCIAMIENTO

Se viene una nueva marcha masiva en defensa de las universidades

Rectorados, gremios y alumnos convocan a la movilización frente al Congreso a las 17 horas. Se suman sindicatos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. En la previa, Página|12 habló con referentes del centro de estudiantes de todas las fuerzas políticas.

"Toda la vida soñé con ser veterinaria de la UBA y hoy tengo la sensación de que me pueden arrebatar ese sueño", dice Camila Silveira, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estará en la Segunda Marcha Federal Universitaria en contra del anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento, que declara la emergencia presupuestaria.

Al igual que Camila, miles de estudiantes llegarán al Congreso Nacional a las 17 horas junto a rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Se espera una movilización masiva que replique lo que sucedió en abril. A pesar de que el Gobierno ratificó que vetará la ley, la concentración apuesta a que diputados y senadores rechacen el veto.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la decisión del Gobierno y en conferencia de prensa dijo que "el veto sigue firme" y que seguramente se publique este miércoles en el Boletín Oficial. En ese marco, la concentración también es un mensaje para los legisladores y legisladoras que deberán confirmar la decisión del Ejecutivo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo para las cuentas nacionales.

"Luchar es ahora, que no nos veten el futuro. La que habla es Pilar López Barcala, presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que con su triunfo logró que el peronismo retome el control de ese espacio después de cincuenta años. "La situación de los docentes y no docentes es desastrosa y ellos son pilares para que la universidad pública siga funcionando. Es algo único que tenemos", describe.

"Nos parece una atrocidad el recorte, nunca se vio algo de estas magnitudes. Hablamos con docentes que estaban en 2001 y en la década del 90 y nunca sucedió algo así. Me genera preocupación, pero también ganas de organizarse y empezar a sumar a más pibas al reclamo estudiantil.", agrega López Barcala.

Además del Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que organizan la marcha, se suman la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. "La defensa de la universidad no es un reclamo salarial.

Es la educación de los hijos de los trabajadores", afirmó ayer Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT. Según declaró, la crisis universitaria fue uno de los temas de la reunión del lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, la central obrera confirmó que se suman las 72 regionales que hay en el país.

Movilizaciones en todo el país

Todos, por segunda vez a la calle en defensa de la educación pública como fue el 23 de abril. Si bien la movilización multitudinaria será en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá concentraciones en todas las provincias. "El Gobierno muestra una falta de visión estratégica que la formación de los jóvenes es el futuro de la Argentina", dice Constance Keegan, titular del Centro de Estudiantes de la facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba.

Además, subraya el impacto que el ajuste tiene en la vida de los estudiantes: "Exigimos que se puedan actualizar los montos de las becas nacionales y los gastos de funcionamiento ya que cada institución puede generar sus propias becas a través de los fondos que dispone".

Ayer, el Presidente usó las redes sociales para deslegitimar la movilización. Entre varios retuits en la red social X, se destaca uno en el que cita al diputado libertario José Luis Espert. "DESENMASCARANDO MENTIROSOS", escribió Milei sobre los sueldos docentes y compartió el mensaje que sostiene que "los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT de $300.000 (adulto equivalente) (...) Muestren los datos".

Hace meses que los gremios muestran los datos: los salarios tuvieron una pérdida del 50% del poder adquisitivo y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza. Así lo confirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que dijo que "más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres".

Las consecuencias de los salarios desactualizados se empiezan a notar en las aulas. "En Veterinaria ya renunciaron 48 docentes en lo que va del año, que es un 10% del plantel de docentes. Quizás hoy no lo vemos reflejado pero se va a ir viendo cuando falten docentes en las cursadas.", sostiene Camila Silveira.

"Me genera bronca, quisiera darle una definición más elegante, con marco teórico, pero no lo hay. Es un ataque, una declaración de guerra a algo que es un orgullo de nuestro país", agrega la joven de 29 años que cursa quinto año.

Los argumentos falaces del Gobierno

En los últimos días, funcionarios del Gobierno buscaron debilitar la convocatoria. Uno de ellos fue el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos.

Ayer, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que sostiene que "la marcha es política". Además, desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicaron que se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos".

En contraposición con la versión gubernamental, Priscila Vitale, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA explica los motivos: "Vamos a marchar para dar el mensaje a los diputados del Congreso, para mostrarle que tienen el deber de frenar el veto, para que le pongan fin al mensaje de desprecio a la universidad pública que el gobierno viene dando".

Y además agrega: "Yo no caí en la universidad pública, yo la elegí. Vengo de padres trabajadores y siempre soñé con la UBA. Creía que iba poder progresar en mi vida. Mis viejos siempre me dijeron que tenía que estudiar para salir adelante"

Mientras tanto, rectores de todo el país mantienen conversaciones con los diputados de sus provincias para evitar que el Congreso ratifique el futuro veto. Ayer, representantes de treinta centros de estudiantes se reunieron con senadores y senadoras del interbloque de Unión por la Patria.

Estuvieron el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Eduardo "Wado" de Pedro, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, entre otros. "Es fundamental que el Congreso pueda sostener esta ley, por eso salimos a la calle", afirma Gustavo Leyes, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.

"Nuestras familias también va a estar en las calles, muchos somos primera generación universitaria. Es la familia que sueña con un futuro mejor, con la posibilidad de ascender socialmente. Marchamos con los abuelos y los padres que sueñan con ver a sus hijos en la universidad pública", agrega el estudiante de Sociología.

Una de las actividades complementarias será el "Trenazo", una convocatoria de los gremios para llegar a la marcha en tren desde distintos puntos: el Ferrocarril Roca, que sale desde Cañuelas, el San Martín, que inicia en Pilar y el Sarmiento desde Moreno. Las universidades del conurbano bonaerense también estarán en la marcha.

Desde Los Polvorines, saldrán estudiantes y docentes de la Universidad de General Sarmiento. Ahí estará Franco Herrera, presidente del Centro de Estudiantes de esa casa de estudios. "No es solo un conflicto salarial, va en contra de los estudiantes que tienen becas y herramientas que están atadas a las paritarias docentes. La universidad es el futuro y la posibilidad del ascenso social", afirma.

Por Celeste del Bianco

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular