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Nacionales - 02-10-2024 / 11:10
LA CRUELDAD AVANZA

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad
El país todo marchará en contra del veto de Javier “el Loco” Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.
El país todo marchará en contra del veto de Javier "el Loco" Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.
 
Como ocurrió meses atrás, el sector universitario no estará solo en las calles que rodean al Congreso: contará con el respaldo de CGT y de buena parte del arco opositor. Desde la política partidaria ya confirmaron su presencia integrantes de ambas cámaras, parte de la dirigencia de la UCR, del peronismo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, otrora aliado sistemático de La Libertad Avanza. Además del simbolismo de la clase media que fue derrumbada y vive en carne propia la terrible estadística oficial que reveló que el 53% vive por debajo de la línea de la pobreza.
 
Cada vez se advierte con más claridad que el objetivo del cruel Milei es hacer desaparecer la clase media en la Argentina y a la Universidad como una forma de ascenso social. Milei quiere tener una sociedad con un 90% de pobres y un 10% de ricos. Y gobernar para ellos. Los millones de personas que se movilizarán quieren que nuestro país priorice la educación como plataforma de desarrollo, como vector de movilidad social ascendente y cómo eje central de las políticas públicas.
 
La defensa de la ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó semanas atrás es la consigna central de la protesta. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".
 
Esta vez, y con la amenaza del veto a la ley que garantizaría los fondos, la manifestación buscará enviar un mensaje a la oposición en el Congreso, que deberá revisar y refrendar esa decisión anunciada por Milei. La administración libertaria, por otro lado, admite que esta vez el panorama asoma más complicado para lograr blindar el rechazo presidencial en la Cámara de Diputados, tal como pudo hacer con el veto a la reforma previsional que fue respaldado por un grupo de radicales que se pintaron de violeta. Una de las banderas de la UCR es la educación universitaria pública.
 
Los radicales violetas empezaron a dudar. El PRO está dividido y un sector pide garantías de evitar una derrota. Milei no tiene asegurados los votos para sostener un veto. Todos a las marchas en las distintas ciudades del país para frenarlo al trastornado.
 
La Opinión Popular
 

 
EL GOBIERNO RATIFICÓ QUE VETARÁ LA LEY DE FINANCIAMIENTO
 
Se viene una nueva marcha masiva en defensa de las universidades
 
Rectorados, gremios y alumnos convocan a la movilización frente al Congreso a las 17 horas. Se suman sindicatos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. En la previa, Página|12 habló con referentes del centro de estudiantes de todas las fuerzas políticas.
 
"Toda la vida soñé con ser veterinaria de la UBA y hoy tengo la sensación de que me pueden arrebatar ese sueño", dice Camila Silveira, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estará en la Segunda Marcha Federal Universitaria en contra del anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento, que declara la emergencia presupuestaria.
 
Al igual que Camila, miles de estudiantes llegarán al Congreso Nacional a las 17 horas junto a rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Se espera una movilización masiva que replique lo que sucedió en abril. A pesar de que el Gobierno ratificó que vetará la ley, la concentración apuesta a que diputados y senadores rechacen el veto.
 
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la decisión del Gobierno y en conferencia de prensa dijo que "el veto sigue firme" y que seguramente se publique este miércoles en el Boletín Oficial. En ese marco, la concentración también es un mensaje para los legisladores y legisladoras que deberán confirmar la decisión del Ejecutivo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo para las cuentas nacionales.
 
"Luchar es ahora, que no nos veten el futuro. La que habla es Pilar López Barcala, presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que con su triunfo logró que el peronismo retome el control de ese espacio después de cincuenta años. "La situación de los docentes y no docentes es desastrosa y ellos son pilares para que la universidad pública siga funcionando. Es algo único que tenemos", describe.
 
"Nos parece una atrocidad el recorte, nunca se vio algo de estas magnitudes. Hablamos con docentes que estaban en 2001 y en la década del 90 y nunca sucedió algo así. Me genera preocupación, pero también ganas de organizarse y empezar a sumar a más pibas al reclamo estudiantil.", agrega López Barcala.
 
Además del Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que organizan la marcha, se suman la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. "La defensa de la universidad no es un reclamo salarial.
 
Es la educación de los hijos de los trabajadores", afirmó ayer Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT. Según declaró, la crisis universitaria fue uno de los temas de la reunión del lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, la central obrera confirmó que se suman las 72 regionales que hay en el país.
 
 
Movilizaciones en todo el país
  
Todos, por segunda vez a la calle en defensa de la educación pública como fue el 23 de abril. Si bien la movilización multitudinaria será en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá concentraciones en todas las provincias. "El Gobierno muestra una falta de visión estratégica que la formación de los jóvenes es el futuro de la Argentina", dice Constance Keegan, titular del Centro de Estudiantes de la facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba.
 
Además, subraya el impacto que el ajuste tiene en la vida de los estudiantes: "Exigimos que se puedan actualizar los montos de las becas nacionales y los gastos de funcionamiento ya que cada institución puede generar sus propias becas a través de los fondos que dispone".
 
Ayer, el Presidente usó las redes sociales para deslegitimar la movilización. Entre varios retuits en la red social X, se destaca uno en el que cita al diputado libertario José Luis Espert. "DESENMASCARANDO MENTIROSOS", escribió Milei sobre los sueldos docentes y compartió el mensaje que sostiene que "los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT de $300.000 (adulto equivalente) (...) Muestren los datos".
 
Hace meses que los gremios muestran los datos: los salarios tuvieron una pérdida del 50% del poder adquisitivo y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza. Así lo confirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que dijo que "más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres".
 
Las consecuencias de los salarios desactualizados se empiezan a notar en las aulas. "En Veterinaria ya renunciaron 48 docentes en lo que va del año, que es un 10% del plantel de docentes. Quizás hoy no lo vemos reflejado pero se va a ir viendo cuando falten docentes en las cursadas.", sostiene Camila Silveira.
 
"Me genera bronca, quisiera darle una definición más elegante, con marco teórico, pero no lo hay. Es un ataque, una declaración de guerra a algo que es un orgullo de nuestro país", agrega la joven de 29 años que cursa quinto año.
 
 
Los argumentos falaces del Gobierno
  
En los últimos días, funcionarios del Gobierno buscaron debilitar la convocatoria. Uno de ellos fue el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos.
 
Ayer, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que sostiene que "la marcha es política". Además, desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicaron que se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos".
 
En contraposición con la versión gubernamental, Priscila Vitale, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA explica los motivos: "Vamos a marchar para dar el mensaje a los diputados del Congreso, para mostrarle que tienen el deber de frenar el veto, para que le pongan fin al mensaje de desprecio a la universidad pública que el gobierno viene dando".
 
Y además agrega: "Yo no caí en la universidad pública, yo la elegí. Vengo de padres trabajadores y siempre soñé con la UBA. Creía que iba poder progresar en mi vida. Mis viejos siempre me dijeron que tenía que estudiar para salir adelante"
 
Mientras tanto, rectores de todo el país mantienen conversaciones con los diputados de sus provincias para evitar que el Congreso ratifique el futuro veto. Ayer, representantes de treinta centros de estudiantes se reunieron con senadores y senadoras del interbloque de Unión por la Patria.
 
Estuvieron el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Eduardo "Wado" de Pedro, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, entre otros. "Es fundamental que el Congreso pueda sostener esta ley, por eso salimos a la calle", afirma Gustavo Leyes, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
 
"Nuestras familias también va a estar en las calles, muchos somos primera generación universitaria. Es la familia que sueña con un futuro mejor, con la posibilidad de ascender socialmente. Marchamos con los abuelos y los padres que sueñan con ver a sus hijos en la universidad pública", agrega el estudiante de Sociología.
 
Una de las actividades complementarias será el "Trenazo", una convocatoria de los gremios para llegar a la marcha en tren desde distintos puntos: el Ferrocarril Roca, que sale desde Cañuelas, el San Martín, que inicia en Pilar y el Sarmiento desde Moreno. Las universidades del conurbano bonaerense también estarán en la marcha.
 
Desde Los Polvorines, saldrán estudiantes y docentes de la Universidad de General Sarmiento. Ahí estará Franco Herrera, presidente del Centro de Estudiantes de esa casa de estudios. "No es solo un conflicto salarial, va en contra de los estudiantes que tienen becas y herramientas que están atadas a las paritarias docentes. La universidad es el futuro y la posibilidad del ascenso social", afirma.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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