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Nacionales - 02-10-2024 / 11:10
LA CRUELDAD AVANZA

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad
El país todo marchará en contra del veto de Javier “el Loco” Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.
El país todo marchará en contra del veto de Javier "el Loco" Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.
 
Como ocurrió meses atrás, el sector universitario no estará solo en las calles que rodean al Congreso: contará con el respaldo de CGT y de buena parte del arco opositor. Desde la política partidaria ya confirmaron su presencia integrantes de ambas cámaras, parte de la dirigencia de la UCR, del peronismo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, otrora aliado sistemático de La Libertad Avanza. Además del simbolismo de la clase media que fue derrumbada y vive en carne propia la terrible estadística oficial que reveló que el 53% vive por debajo de la línea de la pobreza.
 
Cada vez se advierte con más claridad que el objetivo del cruel Milei es hacer desaparecer la clase media en la Argentina y a la Universidad como una forma de ascenso social. Milei quiere tener una sociedad con un 90% de pobres y un 10% de ricos. Y gobernar para ellos. Los millones de personas que se movilizarán quieren que nuestro país priorice la educación como plataforma de desarrollo, como vector de movilidad social ascendente y cómo eje central de las políticas públicas.
 
La defensa de la ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó semanas atrás es la consigna central de la protesta. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".
 
Esta vez, y con la amenaza del veto a la ley que garantizaría los fondos, la manifestación buscará enviar un mensaje a la oposición en el Congreso, que deberá revisar y refrendar esa decisión anunciada por Milei. La administración libertaria, por otro lado, admite que esta vez el panorama asoma más complicado para lograr blindar el rechazo presidencial en la Cámara de Diputados, tal como pudo hacer con el veto a la reforma previsional que fue respaldado por un grupo de radicales que se pintaron de violeta. Una de las banderas de la UCR es la educación universitaria pública.
 
Los radicales violetas empezaron a dudar. El PRO está dividido y un sector pide garantías de evitar una derrota. Milei no tiene asegurados los votos para sostener un veto. Todos a las marchas en las distintas ciudades del país para frenarlo al trastornado.
 
La Opinión Popular
 

 
EL GOBIERNO RATIFICÓ QUE VETARÁ LA LEY DE FINANCIAMIENTO
 
Se viene una nueva marcha masiva en defensa de las universidades
 
Rectorados, gremios y alumnos convocan a la movilización frente al Congreso a las 17 horas. Se suman sindicatos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. En la previa, Página|12 habló con referentes del centro de estudiantes de todas las fuerzas políticas.
 
"Toda la vida soñé con ser veterinaria de la UBA y hoy tengo la sensación de que me pueden arrebatar ese sueño", dice Camila Silveira, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estará en la Segunda Marcha Federal Universitaria en contra del anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento, que declara la emergencia presupuestaria.
 
Al igual que Camila, miles de estudiantes llegarán al Congreso Nacional a las 17 horas junto a rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Se espera una movilización masiva que replique lo que sucedió en abril. A pesar de que el Gobierno ratificó que vetará la ley, la concentración apuesta a que diputados y senadores rechacen el veto.
 
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la decisión del Gobierno y en conferencia de prensa dijo que "el veto sigue firme" y que seguramente se publique este miércoles en el Boletín Oficial. En ese marco, la concentración también es un mensaje para los legisladores y legisladoras que deberán confirmar la decisión del Ejecutivo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo para las cuentas nacionales.
 
"Luchar es ahora, que no nos veten el futuro. La que habla es Pilar López Barcala, presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que con su triunfo logró que el peronismo retome el control de ese espacio después de cincuenta años. "La situación de los docentes y no docentes es desastrosa y ellos son pilares para que la universidad pública siga funcionando. Es algo único que tenemos", describe.
 
"Nos parece una atrocidad el recorte, nunca se vio algo de estas magnitudes. Hablamos con docentes que estaban en 2001 y en la década del 90 y nunca sucedió algo así. Me genera preocupación, pero también ganas de organizarse y empezar a sumar a más pibas al reclamo estudiantil.", agrega López Barcala.
 
Además del Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que organizan la marcha, se suman la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. "La defensa de la universidad no es un reclamo salarial.
 
Es la educación de los hijos de los trabajadores", afirmó ayer Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT. Según declaró, la crisis universitaria fue uno de los temas de la reunión del lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, la central obrera confirmó que se suman las 72 regionales que hay en el país.
 
 
Movilizaciones en todo el país
  
Todos, por segunda vez a la calle en defensa de la educación pública como fue el 23 de abril. Si bien la movilización multitudinaria será en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá concentraciones en todas las provincias. "El Gobierno muestra una falta de visión estratégica que la formación de los jóvenes es el futuro de la Argentina", dice Constance Keegan, titular del Centro de Estudiantes de la facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba.
 
Además, subraya el impacto que el ajuste tiene en la vida de los estudiantes: "Exigimos que se puedan actualizar los montos de las becas nacionales y los gastos de funcionamiento ya que cada institución puede generar sus propias becas a través de los fondos que dispone".
 
Ayer, el Presidente usó las redes sociales para deslegitimar la movilización. Entre varios retuits en la red social X, se destaca uno en el que cita al diputado libertario José Luis Espert. "DESENMASCARANDO MENTIROSOS", escribió Milei sobre los sueldos docentes y compartió el mensaje que sostiene que "los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT de $300.000 (adulto equivalente) (...) Muestren los datos".
 
Hace meses que los gremios muestran los datos: los salarios tuvieron una pérdida del 50% del poder adquisitivo y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza. Así lo confirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que dijo que "más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres".
 
Las consecuencias de los salarios desactualizados se empiezan a notar en las aulas. "En Veterinaria ya renunciaron 48 docentes en lo que va del año, que es un 10% del plantel de docentes. Quizás hoy no lo vemos reflejado pero se va a ir viendo cuando falten docentes en las cursadas.", sostiene Camila Silveira.
 
"Me genera bronca, quisiera darle una definición más elegante, con marco teórico, pero no lo hay. Es un ataque, una declaración de guerra a algo que es un orgullo de nuestro país", agrega la joven de 29 años que cursa quinto año.
 
 
Los argumentos falaces del Gobierno
  
En los últimos días, funcionarios del Gobierno buscaron debilitar la convocatoria. Uno de ellos fue el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos.
 
Ayer, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que sostiene que "la marcha es política". Además, desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicaron que se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos".
 
En contraposición con la versión gubernamental, Priscila Vitale, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA explica los motivos: "Vamos a marchar para dar el mensaje a los diputados del Congreso, para mostrarle que tienen el deber de frenar el veto, para que le pongan fin al mensaje de desprecio a la universidad pública que el gobierno viene dando".
 
Y además agrega: "Yo no caí en la universidad pública, yo la elegí. Vengo de padres trabajadores y siempre soñé con la UBA. Creía que iba poder progresar en mi vida. Mis viejos siempre me dijeron que tenía que estudiar para salir adelante"
 
Mientras tanto, rectores de todo el país mantienen conversaciones con los diputados de sus provincias para evitar que el Congreso ratifique el futuro veto. Ayer, representantes de treinta centros de estudiantes se reunieron con senadores y senadoras del interbloque de Unión por la Patria.
 
Estuvieron el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Eduardo "Wado" de Pedro, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, entre otros. "Es fundamental que el Congreso pueda sostener esta ley, por eso salimos a la calle", afirma Gustavo Leyes, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
 
"Nuestras familias también va a estar en las calles, muchos somos primera generación universitaria. Es la familia que sueña con un futuro mejor, con la posibilidad de ascender socialmente. Marchamos con los abuelos y los padres que sueñan con ver a sus hijos en la universidad pública", agrega el estudiante de Sociología.
 
Una de las actividades complementarias será el "Trenazo", una convocatoria de los gremios para llegar a la marcha en tren desde distintos puntos: el Ferrocarril Roca, que sale desde Cañuelas, el San Martín, que inicia en Pilar y el Sarmiento desde Moreno. Las universidades del conurbano bonaerense también estarán en la marcha.
 
Desde Los Polvorines, saldrán estudiantes y docentes de la Universidad de General Sarmiento. Ahí estará Franco Herrera, presidente del Centro de Estudiantes de esa casa de estudios. "No es solo un conflicto salarial, va en contra de los estudiantes que tienen becas y herramientas que están atadas a las paritarias docentes. La universidad es el futuro y la posibilidad del ascenso social", afirma.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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