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Nacionales - 02-10-2024 / 11:10
LA CRUELDAD AVANZA

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad

Una nueva marcha universitaria desafía al veto del Loco Milei, que ataca con mentiras a la educación pública, gratuita y de calidad
El país todo marchará en contra del veto de Javier “el Loco” Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.
El país todo marchará en contra del veto de Javier "el Loco" Milei al financiamiento universitario. Toda la comunidad universitaria, junto a los sindicatos, los movimientos sociales y gran parte de la sociedad civil, marchará en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, amenazada por el asedio al que la somete el Gobierno anarco capitalista, que siguió provocando e insultando hasta el último momento. La convocatoria central es ante el Congreso, para reclamar el rechazo al veto del desquiciado Milei a la Ley de Financiamiento.
 
Como ocurrió meses atrás, el sector universitario no estará solo en las calles que rodean al Congreso: contará con el respaldo de CGT y de buena parte del arco opositor. Desde la política partidaria ya confirmaron su presencia integrantes de ambas cámaras, parte de la dirigencia de la UCR, del peronismo, de la Coalición Cívica y de Encuentro Federal, otrora aliado sistemático de La Libertad Avanza. Además del simbolismo de la clase media que fue derrumbada y vive en carne propia la terrible estadística oficial que reveló que el 53% vive por debajo de la línea de la pobreza.
 
Cada vez se advierte con más claridad que el objetivo del cruel Milei es hacer desaparecer la clase media en la Argentina y a la Universidad como una forma de ascenso social. Milei quiere tener una sociedad con un 90% de pobres y un 10% de ricos. Y gobernar para ellos. Los millones de personas que se movilizarán quieren que nuestro país priorice la educación como plataforma de desarrollo, como vector de movilidad social ascendente y cómo eje central de las políticas públicas.
 
La defensa de la ley de Financiamiento Universitario que el Congreso sancionó semanas atrás es la consigna central de la protesta. La norma prevé un incremento en las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las casas de altos estudios, al tiempo de una actualización en los salarios de los docentes y no docentes. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría "un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI".
 
Esta vez, y con la amenaza del veto a la ley que garantizaría los fondos, la manifestación buscará enviar un mensaje a la oposición en el Congreso, que deberá revisar y refrendar esa decisión anunciada por Milei. La administración libertaria, por otro lado, admite que esta vez el panorama asoma más complicado para lograr blindar el rechazo presidencial en la Cámara de Diputados, tal como pudo hacer con el veto a la reforma previsional que fue respaldado por un grupo de radicales que se pintaron de violeta. Una de las banderas de la UCR es la educación universitaria pública.
 
Los radicales violetas empezaron a dudar. El PRO está dividido y un sector pide garantías de evitar una derrota. Milei no tiene asegurados los votos para sostener un veto. Todos a las marchas en las distintas ciudades del país para frenarlo al trastornado.
 
La Opinión Popular
 

 
EL GOBIERNO RATIFICÓ QUE VETARÁ LA LEY DE FINANCIAMIENTO
 
Se viene una nueva marcha masiva en defensa de las universidades
 
Rectorados, gremios y alumnos convocan a la movilización frente al Congreso a las 17 horas. Se suman sindicatos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. En la previa, Página|12 habló con referentes del centro de estudiantes de todas las fuerzas políticas.
 
"Toda la vida soñé con ser veterinaria de la UBA y hoy tengo la sensación de que me pueden arrebatar ese sueño", dice Camila Silveira, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires. Hoy estará en la Segunda Marcha Federal Universitaria en contra del anunciado veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento, que declara la emergencia presupuestaria.
 
Al igual que Camila, miles de estudiantes llegarán al Congreso Nacional a las 17 horas junto a rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. Se espera una movilización masiva que replique lo que sucedió en abril. A pesar de que el Gobierno ratificó que vetará la ley, la concentración apuesta a que diputados y senadores rechacen el veto.
 
El vocero presidencial, Manuel Adorni, reiteró la decisión del Gobierno y en conferencia de prensa dijo que "el veto sigue firme" y que seguramente se publique este miércoles en el Boletín Oficial. En ese marco, la concentración también es un mensaje para los legisladores y legisladoras que deberán confirmar la decisión del Ejecutivo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la ley es del 0,14 por ciento del PBI, un número ínfimo para las cuentas nacionales.
 
"Luchar es ahora, que no nos veten el futuro. La que habla es Pilar López Barcala, presidenta electa del Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), que con su triunfo logró que el peronismo retome el control de ese espacio después de cincuenta años. "La situación de los docentes y no docentes es desastrosa y ellos son pilares para que la universidad pública siga funcionando. Es algo único que tenemos", describe.
 
"Nos parece una atrocidad el recorte, nunca se vio algo de estas magnitudes. Hablamos con docentes que estaban en 2001 y en la década del 90 y nunca sucedió algo así. Me genera preocupación, pero también ganas de organizarse y empezar a sumar a más pibas al reclamo estudiantil.", agrega López Barcala.
 
Además del Frente Sindical (que agrupa a gremios docentes y no docentes), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que organizan la marcha, se suman la CGT, las dos CTA, la UTEP y diversas organizaciones sociales. "La defensa de la universidad no es un reclamo salarial.
 
Es la educación de los hijos de los trabajadores", afirmó ayer Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT. Según declaró, la crisis universitaria fue uno de los temas de la reunión del lunes con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Además, la central obrera confirmó que se suman las 72 regionales que hay en el país.
 
 
Movilizaciones en todo el país
  
Todos, por segunda vez a la calle en defensa de la educación pública como fue el 23 de abril. Si bien la movilización multitudinaria será en la Ciudad de Buenos Aires, también habrá concentraciones en todas las provincias. "El Gobierno muestra una falta de visión estratégica que la formación de los jóvenes es el futuro de la Argentina", dice Constance Keegan, titular del Centro de Estudiantes de la facultad de Derecho Universidad Nacional de Córdoba.
 
Además, subraya el impacto que el ajuste tiene en la vida de los estudiantes: "Exigimos que se puedan actualizar los montos de las becas nacionales y los gastos de funcionamiento ya que cada institución puede generar sus propias becas a través de los fondos que dispone".
 
Ayer, el Presidente usó las redes sociales para deslegitimar la movilización. Entre varios retuits en la red social X, se destaca uno en el que cita al diputado libertario José Luis Espert. "DESENMASCARANDO MENTIROSOS", escribió Milei sobre los sueldos docentes y compartió el mensaje que sostiene que "los docentes tiempo completo cobran cerca de $2M (mes). Los no docentes con antigüedad andan cerca de $1M. Todos muy arriba de una CBT de $300.000 (adulto equivalente) (...) Muestren los datos".
 
Hace meses que los gremios muestran los datos: los salarios tuvieron una pérdida del 50% del poder adquisitivo y más de la mitad está por debajo de la línea de pobreza. Así lo confirmó el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, que dijo que "más del 60% de los trabajadores universitarios son pobres".
 
Las consecuencias de los salarios desactualizados se empiezan a notar en las aulas. "En Veterinaria ya renunciaron 48 docentes en lo que va del año, que es un 10% del plantel de docentes. Quizás hoy no lo vemos reflejado pero se va a ir viendo cuando falten docentes en las cursadas.", sostiene Camila Silveira.
 
"Me genera bronca, quisiera darle una definición más elegante, con marco teórico, pero no lo hay. Es un ataque, una declaración de guerra a algo que es un orgullo de nuestro país", agrega la joven de 29 años que cursa quinto año.
 
 
Los argumentos falaces del Gobierno
  
En los últimos días, funcionarios del Gobierno buscaron debilitar la convocatoria. Uno de ellos fue el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de "inventar alumnos" para cobrar fondos.
 
Ayer, el ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que sostiene que "la marcha es política". Además, desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello indicaron que se ha transferido todo en tiempo récord, priorizando siempre la mejora del sistema educativo. Es fundamental que la ciudadanía entienda que los paros responden a decisiones políticas y no a un genuino déficit de recursos".
 
En contraposición con la versión gubernamental, Priscila Vitale, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Psicología de la UBA explica los motivos: "Vamos a marchar para dar el mensaje a los diputados del Congreso, para mostrarle que tienen el deber de frenar el veto, para que le pongan fin al mensaje de desprecio a la universidad pública que el gobierno viene dando".
 
Y además agrega: "Yo no caí en la universidad pública, yo la elegí. Vengo de padres trabajadores y siempre soñé con la UBA. Creía que iba poder progresar en mi vida. Mis viejos siempre me dijeron que tenía que estudiar para salir adelante"
 
Mientras tanto, rectores de todo el país mantienen conversaciones con los diputados de sus provincias para evitar que el Congreso ratifique el futuro veto. Ayer, representantes de treinta centros de estudiantes se reunieron con senadores y senadoras del interbloque de Unión por la Patria.
 
Estuvieron el presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Eduardo "Wado" de Pedro, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio, entre otros. "Es fundamental que el Congreso pueda sostener esta ley, por eso salimos a la calle", afirma Gustavo Leyes, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
 
"Nuestras familias también va a estar en las calles, muchos somos primera generación universitaria. Es la familia que sueña con un futuro mejor, con la posibilidad de ascender socialmente. Marchamos con los abuelos y los padres que sueñan con ver a sus hijos en la universidad pública", agrega el estudiante de Sociología.
 
Una de las actividades complementarias será el "Trenazo", una convocatoria de los gremios para llegar a la marcha en tren desde distintos puntos: el Ferrocarril Roca, que sale desde Cañuelas, el San Martín, que inicia en Pilar y el Sarmiento desde Moreno. Las universidades del conurbano bonaerense también estarán en la marcha.
 
Desde Los Polvorines, saldrán estudiantes y docentes de la Universidad de General Sarmiento. Ahí estará Franco Herrera, presidente del Centro de Estudiantes de esa casa de estudios. "No es solo un conflicto salarial, va en contra de los estudiantes que tienen becas y herramientas que están atadas a las paritarias docentes. La universidad es el futuro y la posibilidad del ascenso social", afirma.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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