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Nacionales - 28-09-2024 / 10:09
LOS GREMIOS ALERTAN POR LA SUERTE DE 65.000 TRABAJADORES, CUYOS CONTRATOS VENCEN A FIN DE MES

Efecto Milei: más de la mitad del país es pobre y arrancó la tercera ola de despidos

Efecto Milei: más de la mitad del país es pobre y arrancó la tercera ola de despidos
El gobierno de Milei ya anunció a los gremios estatales que no habría aumento para los trabajadores públicos en los meses de noviembre y diciembre. También se conoció que la Secretaría de Trabajo no homologaría más paritarias privadas que superen el 2% mensual. La libertad que pregona el Gobierno es solo para los grandes empresarios ricachones, mientras licua los salarios. Es evidente que Milei gobierna para favorecer solo a los ricos. Un ejemplo claro es la mayor facilidad para despedir personal sin justa causa. Como expresó Milei en su discurso reciente a los empresarios en la UIA: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”.
Parece que "las fuerzas del cielo" no están ayudando. Apenas se conoció el catastrófico índice de pobreza, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei retomó su agenda de despidos de estatales. Ya suman 500 y los gremios alertan por la suerte de 65.000, cuyos contratos vencen a fin de mes. Una de las áreas más afectadas es Capital Humano, donde se encuentran los trabajadores que atienden a los más pobres. La otra es Derechos Humanos, casi desmantelada en estos meses.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que hay 65.000 contratos que vencen a fin de mes, por lo que están en alerta por una nueva tanda de despidos. Según le confirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, hasta el viernes por la noche se registraron 500 despidos en organismos de todo el país, que se suman a los de marzo y junio.

"Esto dejó de ser solo una tragedia individual, se ha transformado en una tragedia colectiva. No solo por la masividad que tienen los despidos, sino porque cuando se destruye un puesto de empleo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde", afirmó el dirigente sindical.

En medio de una pobreza creciente, el decreto 847/24, de Milei y Sturzenegger quieren facilitar las condiciones para que las patronales puedan despedir sin problemas a trabajadores privados. Con la reforma laboral que ataca indemnizaciones y derecho a protestar quieren mano de obra semiesclava. Hay que enfrentar este ataque.

El aspecto más brutal del ataque anarco capitalista tiene que ver con facilitar los despidos. El nuevrégimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El gobierno de Milei se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis CN).

En el actual sistema indemnizatorio, el trabajador despedido sin causa cobra un salario por año de antigüedad. El nuevo proyecto elimina eso, habilitando cambiar montos, plazos y forma de cobro. Con Milei las indemnizaciones por despido que pueden ser reducidas a la nada e incluso ser financiadas con aportes de los trabajadores, mediante descuentos del los míseros sueldo.
 
Esta pérdida del poder adquisitivo de los salarios se debió al salto de la inflación de diciembre producto de la brutal devaluación del 118% de Luis "Toto" Caputo significó un zarpazo al bolsillo de trabajadores y jubilados lo quw provocó un salto de la pobreza en el primer semestre del año.
 
El gobierno de Milei ya anunció a los gremios estatales que no habría aumento para los trabajadores públicos en los meses de noviembre y diciembre. También se conoció que la Secretaría de Trabajo no homologaría más paritarias privadas que superen el 2% mensual. La libertad que pregona el Gobierno es solo para los grandes empresarios ricachones, mientras licua los salarios. Es evidente que Milei gobierna para favorecer solo a los ricos. Un ejemplo claro es la mayor facilidad para despedir personal sin justa causa. Como expresó Milei en su discurso reciente a los empresarios en la UIA: "Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes".
 
La Opinión Popular

 
YA SUMAN 500 Y LOS GREMIOS ALERTAN POR LA SUERTE DE 65.000
 
El Gobierno arrancó la tercera ola de despidos y se esperan más para los próximos días
 
Apenas se conoció el catastrófico índice de pobreza, el Gobierno echó a cientos de estatales. Una de las áreas más afectadas es Capital Humano.
 
El Gobierno de Javier Milei comenzó su tercera ola de despidos. Hasta el momento, en estos últimos días al menos 500 trabajadores del Estado fueron echados, pero se sabe que hay 65.000 en riesgo de perder su trabajo. Se trata de contratos que vencen el 30 septiembre y que podrían sumarse a la lista. Desde que Javier Milei es presidente, casi 31.000 estatales quedaron desempleados.
 
La mayoría de las desvinculaciones de esta semana se dieron en el Ministerio de Capital Humano y en la Secretaría de Derechos Humanos, e incluyen áreas sensibles como las de Emergencia o Asistencia Crítica, encargadas de atender situaciones como las de incendios, además de oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo.
 
Hasta el momento, el sector más afectado es el ministerio Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, con más de 200 despidos en las distintas subsecretarías. En Desarrollo Social, hay al menos 80 trabajadores y trabajadoras afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias.
 
"Hay un nivel de cinismo enorme, Córdoba está ardiendo, se prende fuego, y ellos despiden a personas formadas, con más de 20 años de trabajo que han integrado comités de crisis, que participaron en terremotos y en inundaciones, que asisten en situaciones de vulnerabilidad", dijo a este diario Ingrid Manfred, delegada general en ese organismo.
 
Desde diciembre hasta hoy, Desarrollo Social tiene 1600 trabajadores menos en un contexto de crisis económica creciente. "El mismo día en que se conoce que el 52% de los argentinos viven en la pobreza, despiden a los trabajadores de las áreas que se dedican a trabajar con esa población. Responsabilizamos también a Yanina Nano Lembo (directora del Consejo de Políticas Sociales) de esto", agregó Manfred.
 
En la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses. "Esta decisión pone en riesgo la continuidad de la Dirección Nacional del Sistema de Protección, que tiene entre sus funciones la de fortalecer los sistemas de protección en cada jurisdicción para que que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes", explicó Adolfo González Dardik, referente gremial del ATE en el Senaf.
 
También echaron personal que trabajaba en programas de prevención. "Muchos de los despedidos estaban abocados a la protección del embarazo forzado en las adolescencias, línea de acción que ha sido desmembrada y paralizada desde que asumió Milei. Con las nuevas cesantías le dan dado el último golpe de gracia", alertó Dardik.
 
Desde la asunción de Milei hasta julio de este año se contabilizaron más 30.000 despidos en toda la Administración Pública Nacional y en las empresas del Estado. Según el Monitor de desempleo de ATE, a fines de marzo 11.713 estatales fueron echados, una cifra que ascendió a 30.936 en julio. La mayoría en los ministerios de Capital Humano, Economía, Salud y Jefatura de Gabinete. A principios de este año, el Presidente anticipó que los despidos llegarían a 70.000.
 
Otra de las secretarías atacadas es la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; allí se contabilizaron 30 despidos, sobre todo en las delegaciones de provincias, donde el impacto es mayor por tratarse de lugares de trabajo más pequeños. Las despedidas eran personas que se dedicaban a la fiscalización del trabajo no registrado y a la supervisión de programas de empleo, además del fomento a la formalización laboral.
 
"La mayoría son de las oficinas de la secretaría en el territorio, en cada una de las provincias y compromete la inserción territorial, afecta directamente a las políticas de fiscalización del trabajo", dijo Daniela Frencia, delegada gremial en Trabajo. Además, allí también despidieron a personas trans, que habían sido contratadas a través de la Ley de Cupo Laboral Trans que obliga al Estado a que el 1% del personal sea de ese comunidad.
 
Los próximos días serán de tensión en los diversos organismos del Estado Nacional, ya que el 30 de septiembre se vencen 65.000 contratos trimestrales y el Gobierno ya anticipó que serán revisados. "Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso", expuso el vocero presidencia Manuel Adorni.
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también sufrió varias bajas, alrededor de 80 trabajadores fueron notificados de sus despidos a principio de esta semana. Algunos de ellas trabajan en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura, como la ex ESMA, el Club Atlético o el Hospital Posadas. 
 
Son sitios de memoria cuya conservación tiene una función pedagógica, pero también tiene un rol importante para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, echaron a psicólogas y personal que se encargaba de cumplir con las leyes reparatorias. El Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex Esma, también fue afectado.
 
"Entendemos que están vaciando Derechos Humanos porque no les interesa. Ya perdimos muchos compañeros", dijo a este diario Octavio "Pilo" Rampoldi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna en el Ministerio de Justicia. En diciembre de 2023, el organismo tenía alrededor de 1000 empleados, hoy son poco más de 800. El resto de los 200 fueron despedidos, jubilados o aceptaron el retiro voluntario.
 
La mayoría de los desvinculados de este mes eran contratados por entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que por ley debe hacerse cargo de los sueldos de organismos públicos. Existen rumores de que el Gobierno dará de baja esos convenios. "Están buscando generar pánico y desesperación entre los trabajadores. Mariano Cúneo Libarona y su secretario, Sebastián Amerio, están diciendo que en enero Acara va a dejar de ser empleador, y hay 2500 contratos por ese sistema", agregó Rampoldi.
 
La mayoría de los nuevos despidos tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, una modalidad de contratación a plazo fijo o plazo determinado. Los números oficiales indican que en el Estado hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el célebre "artículo 9"). A diferencia de lo que sucedió en las dos tandas de despidos anteriores, ahora la mayor cantidad de personas afectadas son de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, fueron las regionales provinciales de los organismos las desmanteladas, ahora les tocó a las casas centrales.
 
Desde ATE indicaron que realizarán medidas de fuerza para denunciar esta situación, desde paros hasta movilizaciones a los ministerios afectados. "Este gobierno mata, Milei mata. Si a los jubilados que necesitan cuatro pastillas, le das dos, los matás. Si desmantelás el Estado, hay millones de personas que se quedan sin contención, abandonadas", denunció Aguiar.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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