01:18 | Sabado 21 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 28-09-2024 / 10:09

LOS GREMIOS ALERTAN POR LA SUERTE DE 65.000 TRABAJADORES, CUYOS CONTRATOS VENCEN A FIN DE MES

Efecto Milei: más de la mitad del país es pobre y arrancó la tercera ola de despidos

El gobierno de Milei ya anunció a los gremios estatales que no habría aumento para los trabajadores públicos en los meses de noviembre y diciembre. También se conoció que la Secretaría de Trabajo no homologaría más paritarias privadas que superen el 2% mensual. La libertad que pregona el Gobierno es solo para los grandes empresarios ricachones, mientras licua los salarios. Es evidente que Milei gobierna para favorecer solo a los ricos. Un ejemplo claro es la mayor facilidad para despedir personal sin justa causa. Como expresó Milei en su discurso reciente a los empresarios en la UIA: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”.

Parece que "las fuerzas del cielo" no están ayudando. Apenas se conoció el catastrófico índice de pobreza, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei retomó su agenda de despidos de estatales. Ya suman 500 y los gremios alertan por la suerte de 65.000, cuyos contratos vencen a fin de mes. Una de las áreas más afectadas es Capital Humano, donde se encuentran los trabajadores que atienden a los más pobres. La otra es Derechos Humanos, casi desmantelada en estos meses.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que hay 65.000 contratos que vencen a fin de mes, por lo que están en alerta por una nueva tanda de despidos. Según le confirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, hasta el viernes por la noche se registraron 500 despidos en organismos de todo el país, que se suman a los de marzo y junio.

"Esto dejó de ser solo una tragedia individual, se ha transformado en una tragedia colectiva. No solo por la masividad que tienen los despidos, sino porque cuando se destruye un puesto de empleo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde", afirmó el dirigente sindical.

En medio de una pobreza creciente, el decreto 847/24, de Milei y Sturzenegger quieren facilitar las condiciones para que las patronales puedan despedir sin problemas a trabajadores privados. Con la reforma laboral que ataca indemnizaciones y derecho a protestar quieren mano de obra semiesclava. Hay que enfrentar este ataque.

El aspecto más brutal del ataque anarco capitalista tiene que ver con facilitar los despidos. El nuevrégimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El gobierno de Milei se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis CN).

En el actual sistema indemnizatorio, el trabajador despedido sin causa cobra un salario por año de antigüedad. El nuevo proyecto elimina eso, habilitando cambiar montos, plazos y forma de cobro. Con Milei las indemnizaciones por despido que pueden ser reducidas a la nada e incluso ser financiadas con aportes de los trabajadores, mediante descuentos del los míseros sueldo.

Esta pérdida del poder adquisitivo de los salarios se debió al salto de la inflación de diciembre producto de la brutal devaluación del 118% de Luis "Toto" Caputo significó un zarpazo al bolsillo de trabajadores y jubilados lo quw provocó un salto de la pobreza en el primer semestre del año.

El gobierno de Milei ya anunció a los gremios estatales que no habría aumento para los trabajadores públicos en los meses de noviembre y diciembre. También se conoció que la Secretaría de Trabajo no homologaría más paritarias privadas que superen el 2% mensual. La libertad que pregona el Gobierno es solo para los grandes empresarios ricachones, mientras licua los salarios. Es evidente que Milei gobierna para favorecer solo a los ricos. Un ejemplo claro es la mayor facilidad para despedir personal sin justa causa. Como expresó Milei en su discurso reciente a los empresarios en la UIA: "Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes".

La Opinión Popular

YA SUMAN 500 Y LOS GREMIOS ALERTAN POR LA SUERTE DE 65.000

El Gobierno arrancó la tercera ola de despidos y se esperan más para los próximos días

Apenas se conoció el catastrófico índice de pobreza, el Gobierno echó a cientos de estatales. Una de las áreas más afectadas es Capital Humano.

El Gobierno de Javier Milei comenzó su tercera ola de despidos. Hasta el momento, en estos últimos días al menos 500 trabajadores del Estado fueron echados, pero se sabe que hay 65.000 en riesgo de perder su trabajo. Se trata de contratos que vencen el 30 septiembre y que podrían sumarse a la lista. Desde que Javier Milei es presidente, casi 31.000 estatales quedaron desempleados.

La mayoría de las desvinculaciones de esta semana se dieron en el Ministerio de Capital Humano y en la Secretaría de Derechos Humanos, e incluyen áreas sensibles como las de Emergencia o Asistencia Crítica, encargadas de atender situaciones como las de incendios, además de oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo.

Hasta el momento, el sector más afectado es el ministerio Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, con más de 200 despidos en las distintas subsecretarías. En Desarrollo Social, hay al menos 80 trabajadores y trabajadoras afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias.

"Hay un nivel de cinismo enorme, Córdoba está ardiendo, se prende fuego, y ellos despiden a personas formadas, con más de 20 años de trabajo que han integrado comités de crisis, que participaron en terremotos y en inundaciones, que asisten en situaciones de vulnerabilidad", dijo a este diario Ingrid Manfred, delegada general en ese organismo.

Desde diciembre hasta hoy, Desarrollo Social tiene 1600 trabajadores menos en un contexto de crisis económica creciente. "El mismo día en que se conoce que el 52% de los argentinos viven en la pobreza, despiden a los trabajadores de las áreas que se dedican a trabajar con esa población. Responsabilizamos también a Yanina Nano Lembo (directora del Consejo de Políticas Sociales) de esto", agregó Manfred.

En la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses. "Esta decisión pone en riesgo la continuidad de la Dirección Nacional del Sistema de Protección, que tiene entre sus funciones la de fortalecer los sistemas de protección en cada jurisdicción para que que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes", explicó Adolfo González Dardik, referente gremial del ATE en el Senaf.

También echaron personal que trabajaba en programas de prevención. "Muchos de los despedidos estaban abocados a la protección del embarazo forzado en las adolescencias, línea de acción que ha sido desmembrada y paralizada desde que asumió Milei. Con las nuevas cesantías le dan dado el último golpe de gracia", alertó Dardik.

Desde la asunción de Milei hasta julio de este año se contabilizaron más 30.000 despidos en toda la Administración Pública Nacional y en las empresas del Estado. Según el Monitor de desempleo de ATE, a fines de marzo 11.713 estatales fueron echados, una cifra que ascendió a 30.936 en julio. La mayoría en los ministerios de Capital Humano, Economía, Salud y Jefatura de Gabinete. A principios de este año, el Presidente anticipó que los despidos llegarían a 70.000.

Otra de las secretarías atacadas es la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; allí se contabilizaron 30 despidos, sobre todo en las delegaciones de provincias, donde el impacto es mayor por tratarse de lugares de trabajo más pequeños. Las despedidas eran personas que se dedicaban a la fiscalización del trabajo no registrado y a la supervisión de programas de empleo, además del fomento a la formalización laboral.

"La mayoría son de las oficinas de la secretaría en el territorio, en cada una de las provincias y compromete la inserción territorial, afecta directamente a las políticas de fiscalización del trabajo", dijo Daniela Frencia, delegada gremial en Trabajo. Además, allí también despidieron a personas trans, que habían sido contratadas a través de la Ley de Cupo Laboral Trans que obliga al Estado a que el 1% del personal sea de ese comunidad.

Los próximos días serán de tensión en los diversos organismos del Estado Nacional, ya que el 30 de septiembre se vencen 65.000 contratos trimestrales y el Gobierno ya anticipó que serán revisados. "Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso", expuso el vocero presidencia Manuel Adorni.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también sufrió varias bajas, alrededor de 80 trabajadores fueron notificados de sus despidos a principio de esta semana. Algunos de ellas trabajan en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura, como la ex ESMA, el Club Atlético o el Hospital Posadas.

Son sitios de memoria cuya conservación tiene una función pedagógica, pero también tiene un rol importante para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, echaron a psicólogas y personal que se encargaba de cumplir con las leyes reparatorias. El Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex Esma, también fue afectado.

"Entendemos que están vaciando Derechos Humanos porque no les interesa. Ya perdimos muchos compañeros", dijo a este diario Octavio "Pilo" Rampoldi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna en el Ministerio de Justicia. En diciembre de 2023, el organismo tenía alrededor de 1000 empleados, hoy son poco más de 800. El resto de los 200 fueron despedidos, jubilados o aceptaron el retiro voluntario.

La mayoría de los desvinculados de este mes eran contratados por entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que por ley debe hacerse cargo de los sueldos de organismos públicos. Existen rumores de que el Gobierno dará de baja esos convenios. "Están buscando generar pánico y desesperación entre los trabajadores. Mariano Cúneo Libarona y su secretario, Sebastián Amerio, están diciendo que en enero Acara va a dejar de ser empleador, y hay 2500 contratos por ese sistema", agregó Rampoldi.

La mayoría de los nuevos despidos tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, una modalidad de contratación a plazo fijo o plazo determinado. Los números oficiales indican que en el Estado hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el célebre "artículo 9"). A diferencia de lo que sucedió en las dos tandas de despidos anteriores, ahora la mayor cantidad de personas afectadas son de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, fueron las regionales provinciales de los organismos las desmanteladas, ahora les tocó a las casas centrales.

Desde ATE indicaron que realizarán medidas de fuerza para denunciar esta situación, desde paros hasta movilizaciones a los ministerios afectados. "Este gobierno mata, Milei mata. Si a los jubilados que necesitan cuatro pastillas, le das dos, los matás. Si desmantelás el Estado, hay millones de personas que se quedan sin contención, abandonadas", denunció Aguiar.

Por Celeste del Bianco

Fuente: Página 12

20-02-2026 / 10:02

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.

El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.

La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.

Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.

Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.

Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.

Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.

La Opinión Popular

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.