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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 28-09-2024 / 10:09
LOS GREMIOS ALERTAN POR LA SUERTE DE 65.000 TRABAJADORES, CUYOS CONTRATOS VENCEN A FIN DE MES

Efecto Milei: más de la mitad del país es pobre y arrancó la tercera ola de despidos

Efecto Milei: más de la mitad del país es pobre y arrancó la tercera ola de despidos
El gobierno de Milei ya anunció a los gremios estatales que no habría aumento para los trabajadores públicos en los meses de noviembre y diciembre. También se conoció que la Secretaría de Trabajo no homologaría más paritarias privadas que superen el 2% mensual. La libertad que pregona el Gobierno es solo para los grandes empresarios ricachones, mientras licua los salarios. Es evidente que Milei gobierna para favorecer solo a los ricos. Un ejemplo claro es la mayor facilidad para despedir personal sin justa causa. Como expresó Milei en su discurso reciente a los empresarios en la UIA: “Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes”.
Parece que "las fuerzas del cielo" no están ayudando. Apenas se conoció el catastrófico índice de pobreza, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei retomó su agenda de despidos de estatales. Ya suman 500 y los gremios alertan por la suerte de 65.000, cuyos contratos vencen a fin de mes. Una de las áreas más afectadas es Capital Humano, donde se encuentran los trabajadores que atienden a los más pobres. La otra es Derechos Humanos, casi desmantelada en estos meses.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) indicó que hay 65.000 contratos que vencen a fin de mes, por lo que están en alerta por una nueva tanda de despidos. Según le confirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, hasta el viernes por la noche se registraron 500 despidos en organismos de todo el país, que se suman a los de marzo y junio.

"Esto dejó de ser solo una tragedia individual, se ha transformado en una tragedia colectiva. No solo por la masividad que tienen los despidos, sino porque cuando se destruye un puesto de empleo en el Estado, hay una política pública que se desmantela y un derecho que se pierde", afirmó el dirigente sindical.

En medio de una pobreza creciente, el decreto 847/24, de Milei y Sturzenegger quieren facilitar las condiciones para que las patronales puedan despedir sin problemas a trabajadores privados. Con la reforma laboral que ataca indemnizaciones y derecho a protestar quieren mano de obra semiesclava. Hay que enfrentar este ataque.

El aspecto más brutal del ataque anarco capitalista tiene que ver con facilitar los despidos. El nuevrégimen de indemnización por despido pasa a depender de la negociación colectiva sin ningún piso mínimo. El gobierno de Milei se desentiende por completo de su obligación de garantizar el derecho constitucional a la protección contra el despido arbitrario (art. 14 bis CN).

En el actual sistema indemnizatorio, el trabajador despedido sin causa cobra un salario por año de antigüedad. El nuevo proyecto elimina eso, habilitando cambiar montos, plazos y forma de cobro. Con Milei las indemnizaciones por despido que pueden ser reducidas a la nada e incluso ser financiadas con aportes de los trabajadores, mediante descuentos del los míseros sueldo.
 
Esta pérdida del poder adquisitivo de los salarios se debió al salto de la inflación de diciembre producto de la brutal devaluación del 118% de Luis "Toto" Caputo significó un zarpazo al bolsillo de trabajadores y jubilados lo quw provocó un salto de la pobreza en el primer semestre del año.
 
El gobierno de Milei ya anunció a los gremios estatales que no habría aumento para los trabajadores públicos en los meses de noviembre y diciembre. También se conoció que la Secretaría de Trabajo no homologaría más paritarias privadas que superen el 2% mensual. La libertad que pregona el Gobierno es solo para los grandes empresarios ricachones, mientras licua los salarios. Es evidente que Milei gobierna para favorecer solo a los ricos. Un ejemplo claro es la mayor facilidad para despedir personal sin justa causa. Como expresó Milei en su discurso reciente a los empresarios en la UIA: "Vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes".
 
La Opinión Popular

 
YA SUMAN 500 Y LOS GREMIOS ALERTAN POR LA SUERTE DE 65.000
 
El Gobierno arrancó la tercera ola de despidos y se esperan más para los próximos días
 
Apenas se conoció el catastrófico índice de pobreza, el Gobierno echó a cientos de estatales. Una de las áreas más afectadas es Capital Humano.
 
El Gobierno de Javier Milei comenzó su tercera ola de despidos. Hasta el momento, en estos últimos días al menos 500 trabajadores del Estado fueron echados, pero se sabe que hay 65.000 en riesgo de perder su trabajo. Se trata de contratos que vencen el 30 septiembre y que podrían sumarse a la lista. Desde que Javier Milei es presidente, casi 31.000 estatales quedaron desempleados.
 
La mayoría de las desvinculaciones de esta semana se dieron en el Ministerio de Capital Humano y en la Secretaría de Derechos Humanos, e incluyen áreas sensibles como las de Emergencia o Asistencia Crítica, encargadas de atender situaciones como las de incendios, además de oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo.
 
Hasta el momento, el sector más afectado es el ministerio Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, con más de 200 despidos en las distintas subsecretarías. En Desarrollo Social, hay al menos 80 trabajadores y trabajadoras afectados de áreas que tienen que ver con asistencia en situaciones de catástrofes o complejas como Ayudas Urgentes y Emergencias.
 
"Hay un nivel de cinismo enorme, Córdoba está ardiendo, se prende fuego, y ellos despiden a personas formadas, con más de 20 años de trabajo que han integrado comités de crisis, que participaron en terremotos y en inundaciones, que asisten en situaciones de vulnerabilidad", dijo a este diario Ingrid Manfred, delegada general en ese organismo.
 
Desde diciembre hasta hoy, Desarrollo Social tiene 1600 trabajadores menos en un contexto de crisis económica creciente. "El mismo día en que se conoce que el 52% de los argentinos viven en la pobreza, despiden a los trabajadores de las áreas que se dedican a trabajar con esa población. Responsabilizamos también a Yanina Nano Lembo (directora del Consejo de Políticas Sociales) de esto", agregó Manfred.
 
En la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), que depende de Capital Humano, fueron desvinculadas 80 personas y ya son 600 los despidos en nueve meses. "Esta decisión pone en riesgo la continuidad de la Dirección Nacional del Sistema de Protección, que tiene entre sus funciones la de fortalecer los sistemas de protección en cada jurisdicción para que que garanticen los derechos de los niños, niñas y adolescentes", explicó Adolfo González Dardik, referente gremial del ATE en el Senaf.
 
También echaron personal que trabajaba en programas de prevención. "Muchos de los despedidos estaban abocados a la protección del embarazo forzado en las adolescencias, línea de acción que ha sido desmembrada y paralizada desde que asumió Milei. Con las nuevas cesantías le dan dado el último golpe de gracia", alertó Dardik.
 
Desde la asunción de Milei hasta julio de este año se contabilizaron más 30.000 despidos en toda la Administración Pública Nacional y en las empresas del Estado. Según el Monitor de desempleo de ATE, a fines de marzo 11.713 estatales fueron echados, una cifra que ascendió a 30.936 en julio. La mayoría en los ministerios de Capital Humano, Economía, Salud y Jefatura de Gabinete. A principios de este año, el Presidente anticipó que los despidos llegarían a 70.000.
 
Otra de las secretarías atacadas es la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; allí se contabilizaron 30 despidos, sobre todo en las delegaciones de provincias, donde el impacto es mayor por tratarse de lugares de trabajo más pequeños. Las despedidas eran personas que se dedicaban a la fiscalización del trabajo no registrado y a la supervisión de programas de empleo, además del fomento a la formalización laboral.
 
"La mayoría son de las oficinas de la secretaría en el territorio, en cada una de las provincias y compromete la inserción territorial, afecta directamente a las políticas de fiscalización del trabajo", dijo Daniela Frencia, delegada gremial en Trabajo. Además, allí también despidieron a personas trans, que habían sido contratadas a través de la Ley de Cupo Laboral Trans que obliga al Estado a que el 1% del personal sea de ese comunidad.
 
Los próximos días serán de tensión en los diversos organismos del Estado Nacional, ya que el 30 de septiembre se vencen 65.000 contratos trimestrales y el Gobierno ya anticipó que serán revisados. "Trimestralmente se sigue evaluando el comportamiento, las funciones y la necesidad de ese recurso, y el 30 de septiembre todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura, como puede ser mi caso", expuso el vocero presidencia Manuel Adorni.
 
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también sufrió varias bajas, alrededor de 80 trabajadores fueron notificados de sus despidos a principio de esta semana. Algunos de ellas trabajan en sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura, como la ex ESMA, el Club Atlético o el Hospital Posadas. 
 
Son sitios de memoria cuya conservación tiene una función pedagógica, pero también tiene un rol importante para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. Además, echaron a psicólogas y personal que se encargaba de cumplir con las leyes reparatorias. El Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la ex Esma, también fue afectado.
 
"Entendemos que están vaciando Derechos Humanos porque no les interesa. Ya perdimos muchos compañeros", dijo a este diario Octavio "Pilo" Rampoldi, secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna en el Ministerio de Justicia. En diciembre de 2023, el organismo tenía alrededor de 1000 empleados, hoy son poco más de 800. El resto de los 200 fueron despedidos, jubilados o aceptaron el retiro voluntario.
 
La mayoría de los desvinculados de este mes eran contratados por entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), que por ley debe hacerse cargo de los sueldos de organismos públicos. Existen rumores de que el Gobierno dará de baja esos convenios. "Están buscando generar pánico y desesperación entre los trabajadores. Mariano Cúneo Libarona y su secretario, Sebastián Amerio, están diciendo que en enero Acara va a dejar de ser empleador, y hay 2500 contratos por ese sistema", agregó Rampoldi.
 
La mayoría de los nuevos despidos tienen que ver con la Ley de Contrato de Trabajo, una modalidad de contratación a plazo fijo o plazo determinado. Los números oficiales indican que en el Estado hay alrededor de 123.000 personas contratadas de manera permanente (a través del artículo 8 de la Ley Marco de Empleo Público) o de manera transitoria (por el célebre "artículo 9"). A diferencia de lo que sucedió en las dos tandas de despidos anteriores, ahora la mayor cantidad de personas afectadas son de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, fueron las regionales provinciales de los organismos las desmanteladas, ahora les tocó a las casas centrales.
 
Desde ATE indicaron que realizarán medidas de fuerza para denunciar esta situación, desde paros hasta movilizaciones a los ministerios afectados. "Este gobierno mata, Milei mata. Si a los jubilados que necesitan cuatro pastillas, le das dos, los matás. Si desmantelás el Estado, hay millones de personas que se quedan sin contención, abandonadas", denunció Aguiar.
 
Por Celeste del Bianco
 
Fuente: Página 12
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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