03:43 | Lunes 20 de Enero de 2013 | Entre Ríos

Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar

“Discutir con la ultraderecha es como jugar al ajedrez con una paloma: la paloma derribará las piezas, se cagará en el tablero y luego saldrá volando, atribuyéndose orgullosa la victoria y dejándote a ti la tarea de tener que limpiar la mierda”. Ece Temelkurán

Entre Ríos - 27-09-2024 / 12:09

REVÉS JUDICIAL PARA UNA MANIOBRA DEL CONDENADO EXGOBERNADOR

Urribarri, Báez y Aguilera fueron intimados a depositar $20 millones cada uno en 48 horas

El exgobernador Sergio Urribarri; su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, fueron intimados por la Justicia a que efectivicen un depósito de 20 millones de pesos (cada uno) en un plazo de 48 horas, a los efectos de garantizar el seguro de caución que se les impuso.

Así lo decidió el Tribunal de Juicios y Apelaciones compuesto por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón. Los jueces constituyen la sala que atendió el pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que Urribarri, Báez y Aguilera comiencen a cumplir las condenas confirmadas a 8 y 6 años y medio (respectivamente), producto del "megajuicio por corrupción".

Después de la confirmación de Casación a la sentencia condenatoria de primera instancia, en abril de 2022, los fiscales Ignacio Aramberry, Juan Francisco Ramírez Montrull, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, pidieron que comiencen a cumplir las condenas. La solicitud de la acusación pública, en lo medular, fue descartada por el tribunal (en una composición mayoritaria), aunque los jueces sí entendieron necesario aplicar restricciones a la libertad de los tres. En ese sentido, les impusieron un seguro de caución de 20 millones de pesos a cada uno; el reporte semanal a Fiscalía y la prohibición de salir del país.

Los defensores Leopoldo Cappa por Urribarri, Miguel Cullen por Aguilera, e Ignacio Díaz por Báez, apelaron la caución impuesta. Ofrecieron a los jueces tres vehículos como modo de sustitución al pago del dinero. Pero no consiguieron el cometido. Este jueves, los vocales de la sala resolvieron no hacer lugar al reclamo de los defensores e intimaron a los tres condenados a que, en 48 horas, efectivicen los tres depósitos de dinero.

Sobre el ofrecimiento de Urribarri, Báez y Aguilera

Los tres condenados se negaron a depositar de primera mano el seguro reclamado por los jueces y, en cambio, ofrecieron entregar tres vehículos de los cuales ni siquiera ostentan la propiedad y, encima, tienen menor valor al que pretenden sustituir. Es decir, Urribarri ofreció un vehículo que es de su hijo Franco; Báez ofreció uno que es propiedad de Juana Labarba (hija del publicista del urribarrismo, Rosario Ignacio Labarba) y Aguilera ofreció una camioneta que es de su hermano.

En la resolución, Castagno sostuvo que "la pretensión de las Defensas no puede tener favorable acogida. En efecto, deviene en improcedente un nuevo tratamiento de la cuestión, en particular respecto de las solicitudes formuladas por las defensas de los encausados, Pedro Ángel BÁEZ y Sergio Daniel URRIBARRI, pues no se advierte en lo sustancial que haya variado la situación que motivo el rechazo de las primigenias solicitudes de sustitución de caución real por ellas promovidas, conforme resolución adoptada por el Tribunal en fecha 13.09.2024". Y agregó: "Ello así, por cuanto, en definitiva los bienes que ofrecen (vehículos automotores) no vienen acompañados de la garantía real correspondiente, tan solo se limitan sin más a solicitar que el Tribunal inscriba las prendas sobre los mismos, no respetando el procedimiento de generación e inscripción de prenda con registro regulado en el Decreto-Ley N° 15.348/46, ratificado por ley N°12.962, desatendiendo por completo que el trámite es cargo del interesado, no de éste Tribunal, tal como de modo correcto lo destacan los representantes de la Fiscalía; que evidencia de modo palmario la absoluta inviabilidad de los pedimentos formulados".

"Más allá de lo expuesto, pertinente es memorar que la viabildad de la sustitución propuesta por las Defensas exige como extremo ineludible, ponderar con suma prudencia que los bienes ofrecidos en sustitución de la caución real fijada, garanticen igual o en mejor forma aquello que se pretende cautelar con la misma, a saber, que los encausados cumplan las obligaciones establecidas en el proceso y no se sustraigan a la ejecución de las medidas de coerción impuestas; demostración que se encuentra a cargo de los interesados", manifestó la jueza.

Y luego puntualizó: "En el caso, el ofrecimiento que realizan las defensas se evidencia insuficiente para el aseguramiento de los fines que a través de la caución real se procura garantizar, en tanto se pretende la sustitución de la suma dineraria - PESOS VEINTE MILONES ($20.00.00), por una pretensa prenda, no efectivizada, sobre vehículos que siquiera son de titularidad de los encausados, BÁEZ y URRIBARRI, y un embargo sobre un vehículo tampoco de titularidad de AGUILERA, más allá que la legislación aplicable autoriza que la caución sea prestada por una tercera persona".

"En efecto, la Defensa de URRIBARRI oferta el automotor Volkswagen, modelo Taos, año 2022, de titularidad de su hijo, Franco Daniel URRIBARRI; la de BÁEZ, el vehículo Toyota Corola XEI 1.8 CVT, año 2015, de titularidad de Juana LABARBA, desconociéndose el vínculo que la une al imputado; y la de AGUILERA, si bien en principio ofreció el automotor de su titularidad, Peugeot 308 Sport, posteriormente fue sustituido por el de su hermano, Aníbal Edgardo AGUILERA, a saber, Fiat, Tipo Pick Up".

"De la documental acompañada por la Defensa de BÁEZ, surge que el vehículo ofertado" tiene "un valor inferior a la suma dineraria fijada en concepto de caución real, a saber $ 1.809.1; amén de no haber acompañado informe de estado de dominio; a diferencia de las defensas de URRIBARRI y AGUILERA que si lo agregan", añadió Castagno.

"Ahora bien, lo cierto es que ninguna de las defensas ha acreditado cuáles son las condiciones de uso y funcionamiento de los vehículos ofertados en sustitución, ni las condiciones con sujeción a las cuales habrían sido asegurados, en definitiva, no han acreditado su real estado de conservación, a los fines de evaluar, con la máxima prudencia que se exige, si pueden cumplir la función asegurativa para los cuales se los ofrece", dijo la jueza en la resolución de este jueves. "Como es sabido, los automotores se desvalorizan con el uso y el transcurso del tiempo, el valor se va depreciando, más alá del incremento del precio en términos nominales por efecto del proceso inflacionario; amén del riesgo a que se halla sujeto el bien como consecuencia del uso y del riesgo que implica su circulación en la vía pública con la posibilidad de sufrir deterioros o daños que afecten su valor como garantía".

Más adelante la jueza sostuvo que "deviene evidente, que los bienes ofrecidos (vehículos) en sustitución de la suma dineraria - PESOS VEINTE MILONES ($20.00.00), fijada en concepto de caución real, no alcanzan a satisfacer cabalmente la finalidad impuesta por la legislación adjetiva de ofrecer una garantía equivalente (art. 352 C.P.P.), al no surgir con claridad que el eventual valor de realización de los citados rodados en una ejecución judicial garantice el monto cautelado; propiciando en consecuencia, no se haga lugar a la sustitución interesada por las defensas".

"Atento la conclusión arribada, el tiempo transcurrido desde el dictado de la resolución que ordenó la imposición de la caución real a los encausados, Pedro Ángel BÁEZ, Sergio Daniel URRIBARRI y Juan Pablo AGUILERA (05.09.2024), corresponde intimar a los mismos, para que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, integren la suma fijada de PESOS VEINTE MILONES ($20.00.00) a la orden de las actuaciones principales", cerró.

Fuente: Análisis Digital

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Frigerio: ¿Con Milei o con los intendentes entrerrianos?

Desde hace tiempo, las elecciones de medio término son la piedra en el zapato de los oficialismos provinciales. Las del 2025 no serán la excepción: el gobernador Rogelio Frigerio da por hecho que la lista que cuente con el aval de Los Hermanos Milei ganará las elecciones en Entre Ríos. Pero el año que comienza contiene tantos desafíos que los comicios legislativos son uno más de esos frentes. Además de sectores populares empobrecidos, hay tensiones con la pequeña y mediana empresa y con los productores y exportadores de granos cuyo negocio se arruinó con el dólar barato. Es cada vez más evidente la decepción del agro con Milei que se siente en el interior y Frigerio lo sabe: potencia el reclamo histórico de eliminación de las retenciones. El peronismo entrerriano perdió en ese sector en 2023 y se dispone a recuperar el terreno.

Al cabo de estos 12 meses que acaban de comenzar, quedará en claro si la oposición provincial peronista continuará amalgamada. Y también se sabrá si La Libertad Avanza confía en Juntos por Entre Ríos a nivel provincial; si opta por un sector de esa alianza y produce un quiebre desechando a los radicales o si apuesta a una construcción "pura" propia. La decisión de Karina Milei es la que determinará el resto de los movimientos que se avecinan en el tablero provincial.

En 2025 también se podrá constatar si Frigerio contiene a todos los sectores que lo apoyaron en 2023. Y además quedarán expuestas sus dotes de administrador: el ajuste neoliberal nacional -que promete profundizarse- someterá a la provincia a una prueba cotidiana de sustentabilidad fiscal y financiera. Estos dos desafíos fueron sorteados con dificultad en el primer año de gobierno frigerista. El 2025 le exigirá mucho más. Milei prometió para el año que está comenzando "motosierra profunda" y dejó entrever que la responsabilidad de profundizar el ajuste en los gastos del Estado corre por cuenta de los mandatarios provinciales.

Frigerio requiere solvencia fiscal para afrontar el 2025 electoral, y en el país de Los Hermanos Milei no hay siquiera presupuesto nacional. Las provincias están sujetas a la discrecionalidad presidencial como nunca en las últimas décadas. La Corte Suprema de Justicia ignora desde hace un año los incumplimientos de la Nación con las cajas previsionales de las provincias, y las jubilaciones ya están entre los principales problemas de 13 gobernadores. Y mucho peores son los problemas de los jubilados.

Para complicar aún más el panorama, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, salió a imponer a las provincias que deroguen las tasas municipales al considerarlas arbitrarias y sin contraprestación. La iniciativa desató la ira de intendentes, que salieron a defender su capacidad de recaudar fondos para financiar obras y servicios esenciales. Caputo exige a los gobernadores que presionen a los intendentes en ese sentido y también incluye acciones judiciales, como una presentación en la Suprema Corte contra la Tasa Vial.

Con el respaldo de abogados libertarios, el ministro busca litigar en múltiples distritos para desmantelar los tributos locales. Además, pidió a los gobernadores que intimen a los municipios para que, en el caso de que no cumplan con lo señalado, se los suspenda en su participación de la masa coparticipable. En un escenario de confrontación, los intendentes advirtieron que seguirán defendiendo sus tasas como herramientas fundamentales para sostener la infraestructura de obras y los servicios que el Estado nacional ha dejado de atender. Frigerio, de qué lado se colocará: ¿Con Milei o con los intendentes entrerrianos?

Pero, la orden de Caputo de eliminar tributos "ilegales y arbitrarios" no vino acompañada de un instructivo sobre cómo reemplazar esos fondos. ¿Que los municipios se las arreglen solos? En su cruzada por el ajuste fiscal, el "Toto" no tiene tiempo para sutilezas como financiar obras paradas o explicar de dónde sacarán plata los municipios. Problema de ellos, ¿no? Que los intendentes rebusquen otros métodos para sostener sus gastos. ¿Venta de rifas? ¿Festival de empanadas? En resumen, Caputo exige recortar tasas locales pero no ofrece soluciones. Eso sí, mientras se pelea con intendentes por unos pesos, mantiene intactos los impuestos nacionales que se recaudan en el interior pero que no vuelven a los vecinos.

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