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Entre Ríos - 21-09-2024 / 08:09
AGMER RECHAZÓ LA OFERTA SALARIAL Y CONCRETARÁ LAS MEDIDAS DE FUERZA

El gobierno de Frigerio ofreció nuevamente un monto anticonstitucional y culminó la conciliación obligatoria

El gobierno de Frigerio ofreció nuevamente un monto anticonstitucional y culminó la conciliación obligatoria
Luego de concluir la última audiencia de conciliación obligatoria, desde Agmer informaron que rechazaron la propuesta. “El gobierno ofreció nuevamente un monto anticonstitucional y culminó la conciliación obligatoria”, sostuvieron desde el gremio mayoritario docente, y ratificó las medidas de fuerza.
 
En horas de la tarde de este viernes 20 se llevó a cabo en Tribunales de la capital provincial la quinta audiencia de Conciliación Obligatoria. Compartimos lo allí tratado y llamamos a todas y todos los docentes a colmar de contenido y firmeza nuestras medidas de lucha.
 
Por la tarde de este viernes 20 de septiembre tuvo lugar la quinta audiencia de Conciliación Obligatoria -dispuesta por la jueza María Alejandra Abud a solicitud de la patronal-.
 
En la misma, se le notificó a la jueza lo resuelto en 207 Congreso Extraordinario realizado el día de ayer, jueves 19 de septiembre, en la ciudad de Villaguay, a saber:
 
» Rechazar la propuesta salarial presentada el pasado martes 17 de septiembre, declarándola insuficiente y distorsiva.
 
» Exigir al gobierno de Entre Ríos una pauta salarial que repare la pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación.
 
Por su parte, la patronal ofreció, además de la propuesta anterior, el pago de $32.000 no remunerativos ni bonificables para los meses de octubre, noviembre y diciembre en concepto de compensación de pérdida por Fondo Nacional de Incentivo Docente y Conectividad, a pagar con los mismos criterios.
 
Tal ofrecimiento fue rechazado por nuestras y nuestros representantes sindicales en la misma audiencia, ya que solo agregaba un monto "en negro" a la propuesta anteriormente rechazada.
 
De esta manera, las y los trabajadores de la educación nos encontraremos llevando adelante en los próximos días lo resuelto por el Congreso.
 
Al encuentro asistieron las representaciones sindicales e integrantes del ejecutivo provincial. Por nuestro sindicato participaron el Secretario General, Marcelo Pagani; la Secretaria de Defensa de los Bienes Naturales Comunes, Verónica Veik; el Secretario de Formación Pedagógica Política y Sindical, Mario Bernasconi, el Secretario de Administración y Actas, Alberto Díaz y la asesora legal, Verónica Fischbach.
 
AGMER - Comisión Directiva Central
 

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08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.
 
Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.
 
El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.
 
Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.
 
La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.
 
Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.
 
En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.
 
El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

08-12-2025 / 10:12
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