18:35 | Martes 03 de Febrero de 2013 | Entre Ríos
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Nacionales - 17-09-2024 / 16:09
LE DECLARÓ LA GUERRA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA
El Loco Milei quiere un pueblo bruto para que lo siga votando: suspendió el 6% del PBI para la educación en el Presupuesto 2025
El presupuesto presentado por Javier “el Loco” Milei prevé más recortes en 2025. La motosierra ya tiene una hoja de ruta para destruir a la educación pública y la ciencia. A través de uno de los artículos, se propone incumplir con leyes de financiamiento que aseguraban los fondos necesarios para el funcionamiento de esas áreas. “Esto es un hecho gravísimo, significa un retroceso enorme”, sostienen referentes del área.
Este domingo, Javier "el Loco" Milei presentó el Presupuesto 2025, donde anunció que todo el plan económico del año que viene estará en función de alcanzar el déficit cero, exigido por el FMI. Ante los peligros de un nuevo default de la deuda, el libertario anunció un blindaje fiscal en plena crisis económica. Un brutal recorte del gasto público sobre jubilaciones, universidades, prestaciones sociales y obra pública. Esta vez, Milei ofreció el financiamiento de la educación pública para garantizar el pago a los buitres del FMI.
En el artículo 27 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado, se indica la suspensión del cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Este ítem estipula un piso mínimo de financiamiento para educación, estipulado en el 6% del PBI. Un supuesto base, o de mínima elemental, ante la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo en Argentina.
En el mismo sentido, el Presupuesto presentado suspende los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que estipula un piso de financiamiento estipulado del 0,39% del PBI para 2024 y asegura, por un lado, que los recursos del presupuesto nacional para ciencia y técnica nunca podrán ser inferiores, en términos absolutos, a los del presupuesto del año anterior; y por otro lado, que esta partida deberá ir creciendo hasta alcanzar un financiamiento igual al 1% del PBI para el año 2032.
Además el proyecto de Presupuesto 2025, suspende el artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, eliminando la obligación de cumplir con el piso de financiamiento del 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
En su discurso, el desquiciado Milei dejó en claro que la educación no le interesa: "Lo fundamental que tiene que hacer un Estado Nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto", "cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales" o sea las provincias. Las grandes necesidades sociales y el desarrollo a través de la educación y la ciencia, afuera.
Milei avanza en un grave ataque al desconocer ya directamente el cumplimiento de la Ley que estipula un piso mínimo de financiamiento para la educación. Así las partidas estipuladas para Educación y Cultura implican $6,6 billones, un 0,87% del PBI y Ciencia, Tecnología e Innovación $1,7 billones, un 0,22% del PBI, mientras tanto los Servicios para la Deuda Pública implican más de $10 billones, un 1,31% del PBI.
El resultado de la desinversión educativa será evidente: escuelas destruidas, cursos superpoblados, servicios alimentarios escolares insuficientes y poco nutritivos, becas insuficientes, falta de material didáctico y libros, personal insuficiente y de equipos interdisciplinarios que son vitales en las escuelas. Salarios de pobreza y precarización laboral completarán un cuadro que miles de docentes y estudiantes a lo largo y a lo ancho del país vienen denunciando.
El 23 de abril pasado, los universitarios demostraron su capacidad de convocar masivamente a las calles en la gran Marcha Universitaria. Si esta sensibilidad se une a la sensibilidad social y disposición a luchar que demuestran los jubilados y el poder de fuego de los trabajadores aeronáuticos, los planes del gobierno están en problemas. Milei habló en un Congreso semi vacío y con muy baja audiencia televisiva. Demostró que se junta con lo peor de la casta para robarles a los jubilados. Ante un presupuesto de brutal ajuste, con recetas que ya fracasaron, hay que enfrentarlo con la más amplia movilización en la calles, para tirar abajo el plan neoliberal.
La Opinión Popular
En el artículo 27 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado, se indica la suspensión del cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Este ítem estipula un piso mínimo de financiamiento para educación, estipulado en el 6% del PBI. Un supuesto base, o de mínima elemental, ante la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo en Argentina.
En el mismo sentido, el Presupuesto presentado suspende los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que estipula un piso de financiamiento estipulado del 0,39% del PBI para 2024 y asegura, por un lado, que los recursos del presupuesto nacional para ciencia y técnica nunca podrán ser inferiores, en términos absolutos, a los del presupuesto del año anterior; y por otro lado, que esta partida deberá ir creciendo hasta alcanzar un financiamiento igual al 1% del PBI para el año 2032.
Además el proyecto de Presupuesto 2025, suspende el artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, eliminando la obligación de cumplir con el piso de financiamiento del 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.
En su discurso, el desquiciado Milei dejó en claro que la educación no le interesa: "Lo fundamental que tiene que hacer un Estado Nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto", "cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales" o sea las provincias. Las grandes necesidades sociales y el desarrollo a través de la educación y la ciencia, afuera.
Milei avanza en un grave ataque al desconocer ya directamente el cumplimiento de la Ley que estipula un piso mínimo de financiamiento para la educación. Así las partidas estipuladas para Educación y Cultura implican $6,6 billones, un 0,87% del PBI y Ciencia, Tecnología e Innovación $1,7 billones, un 0,22% del PBI, mientras tanto los Servicios para la Deuda Pública implican más de $10 billones, un 1,31% del PBI.
El resultado de la desinversión educativa será evidente: escuelas destruidas, cursos superpoblados, servicios alimentarios escolares insuficientes y poco nutritivos, becas insuficientes, falta de material didáctico y libros, personal insuficiente y de equipos interdisciplinarios que son vitales en las escuelas. Salarios de pobreza y precarización laboral completarán un cuadro que miles de docentes y estudiantes a lo largo y a lo ancho del país vienen denunciando.
El 23 de abril pasado, los universitarios demostraron su capacidad de convocar masivamente a las calles en la gran Marcha Universitaria. Si esta sensibilidad se une a la sensibilidad social y disposición a luchar que demuestran los jubilados y el poder de fuego de los trabajadores aeronáuticos, los planes del gobierno están en problemas. Milei habló en un Congreso semi vacío y con muy baja audiencia televisiva. Demostró que se junta con lo peor de la casta para robarles a los jubilados. Ante un presupuesto de brutal ajuste, con recetas que ya fracasaron, hay que enfrentarlo con la más amplia movilización en la calles, para tirar abajo el plan neoliberal.
La Opinión Popular
EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR MILEI PREVÉ MÁS RECORTES EN 2025
La motosierra ya tiene una hoja de ruta para destruir a la educación y la ciencia
A través de uno de los artículos, se propone incumplir con leyes de financiamiento que aseguraban los fondos necesarios para el funcionamiento de esas áreas. "Esto es un hecho gravísimo, significa un retroceso enorme", sostienen referentes del área.
Javier Milei realizó la presentación del proyecto de presupuesto 2025 y, como cualquiera a esta altura podría aventurar, ni la educación ni la ciencia y la tecnología tienen un lugar de preponderancia. A contramano de la percepción social positiva sobre las universidades, sus docentes y los científicos, el texto que detalla la proyección económica que realiza el gobierno se propone la suspensión de leyes de financiamiento que, precisamente, aseguran el desarrollo de las actividades en los rubros comprometidos con la producción de conocimiento en Argentina.
El gobierno prevé incumplir normas vitales para la supervivencia del sector educativo y científico, apenas unos días después de que el Senado haya sancionado por una amplia mayoría una nueva Ley de financiamiento para las universidades. ¿El argumento oficial? La necesidad de un "déficit cero" que le ponga "un cepo al Estado" como justificación ante todos los recortes.
De manera específica, el artículo 27 del texto presentado por Milei plantea, "en el marco de la emergencia pública" declarada en la Ley Bases, la suspensión para el ejercicio 2025 del "cumplimiento del artículo n° 9 de la Ley n° 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos n° 5, n° 6 y n° 7 de la Ley n° 27.614 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo n° 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional". ¿Qué implica, en concreto, este cambio?
En diálogo con Página 12, Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, desmenuza: "Hay tres leyes de financiamiento de educación, ciencia y tecnología. Las tres están suspendidas por el presupuesto que mandó Milei. Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025".
Luego continúa con el detalle: "Esto significa que caerá un 33.5 por ciento el presupuesto de ciencia a nivel nacional y un 45.1 por ciento el presupuesto educativo". De este último, la mayor parte se vincula con el desfinanciamiento de universidades y el incentivo salarial docente que se transfiere a las provincias.
Este artículo incluido en el proyecto, sin embargo, es la cristalización de una situación que ya sucede de hecho. El presidente solicita formalmente autorización para dejar de cumplir algo que, en la práctica, el gobierno no cumple.
La Ley de financiamiento del sistema CyT, por caso, preveía un incremento plurianual en la inversión que el Estado debía realizar en el sector. Así, hacia 2032, el objetivo era conquistar el 1 por ciento del PBI. Sin embargo, en el presente, el gobierno subejecuta los fondos comprometidos por ley para este 2024 (0.39 por ciento del PBI).
Roberto Salvarezza, actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, señala: "Si se aprueba la propuesta del gobierno nacional, se dejarán sin efecto aquellos artículos que implicaban el incremento progresivo en el sector. En última instancia, es un reconocimiento implícito de que en el 2024 la ley está vigente y los actuales funcionarios no la están cumpliendo.
De hecho, al día de hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene ejecutado el 3 por ciento de los 79 mil millones que tiene disponibles". Y agrega: "Es bueno recordarles a los funcionarios públicos que ellos deben velar por el cumplimiento de las leyes y que si no lo hacen son pasibles de ser denunciados por incumplimiento de sus funciones".
De esta manera, de aprobarse el texto y sancionarse con fuerza de ley en el Congreso podrían incumplirse leyes que fueron votadas por amplias mayorías parlamentarias. Precisamente, fueron votadas por un amplio abanico de partidos políticos porque se consideraban políticas de Estado.
Filmus advierte: "No estamos ante una política pendular de ajuste, como históricamente fueron las políticas neoliberales, sino de tipo anarcocapitalista. El planteo de la escuela económica austriaca apunta directamente que el Estado no se tiene que hacer cargo de estas áreas. Afrontamos un peligro de destrucción de la educación, la ciencia y la tecnología".
La motosierra, que durante 2024 no demostró racionalidad para discriminar rubros, promete afilarse --y enceguecerse-- aún más durante el año que viene. Su accionar, en efecto, choca de frente con las aspiraciones de instituciones que, por el contrario, pretenden resguardar la promoción de la educación y la ciencia.
A fines del mes pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y rectoras de todas las universidades nacional del país, elevó una planilla que estipula un total de 7.19 billones de pesos para poder funcionar en 2025. Sin embargo, el gobierno se propone asignarles tan solo 3.8 billones. Las universidades tienen su ley, pero también tendrán su veto. ¿La sociedad tendrá su megamarcha?
Por Pablo Esteban
Fuente: Página 12
La motosierra ya tiene una hoja de ruta para destruir a la educación y la ciencia
A través de uno de los artículos, se propone incumplir con leyes de financiamiento que aseguraban los fondos necesarios para el funcionamiento de esas áreas. "Esto es un hecho gravísimo, significa un retroceso enorme", sostienen referentes del área.
Javier Milei realizó la presentación del proyecto de presupuesto 2025 y, como cualquiera a esta altura podría aventurar, ni la educación ni la ciencia y la tecnología tienen un lugar de preponderancia. A contramano de la percepción social positiva sobre las universidades, sus docentes y los científicos, el texto que detalla la proyección económica que realiza el gobierno se propone la suspensión de leyes de financiamiento que, precisamente, aseguran el desarrollo de las actividades en los rubros comprometidos con la producción de conocimiento en Argentina.
El gobierno prevé incumplir normas vitales para la supervivencia del sector educativo y científico, apenas unos días después de que el Senado haya sancionado por una amplia mayoría una nueva Ley de financiamiento para las universidades. ¿El argumento oficial? La necesidad de un "déficit cero" que le ponga "un cepo al Estado" como justificación ante todos los recortes.
De manera específica, el artículo 27 del texto presentado por Milei plantea, "en el marco de la emergencia pública" declarada en la Ley Bases, la suspensión para el ejercicio 2025 del "cumplimiento del artículo n° 9 de la Ley n° 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos n° 5, n° 6 y n° 7 de la Ley n° 27.614 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo n° 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional". ¿Qué implica, en concreto, este cambio?
En diálogo con Página 12, Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, desmenuza: "Hay tres leyes de financiamiento de educación, ciencia y tecnología. Las tres están suspendidas por el presupuesto que mandó Milei. Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025".
Luego continúa con el detalle: "Esto significa que caerá un 33.5 por ciento el presupuesto de ciencia a nivel nacional y un 45.1 por ciento el presupuesto educativo". De este último, la mayor parte se vincula con el desfinanciamiento de universidades y el incentivo salarial docente que se transfiere a las provincias.
Este artículo incluido en el proyecto, sin embargo, es la cristalización de una situación que ya sucede de hecho. El presidente solicita formalmente autorización para dejar de cumplir algo que, en la práctica, el gobierno no cumple.
La Ley de financiamiento del sistema CyT, por caso, preveía un incremento plurianual en la inversión que el Estado debía realizar en el sector. Así, hacia 2032, el objetivo era conquistar el 1 por ciento del PBI. Sin embargo, en el presente, el gobierno subejecuta los fondos comprometidos por ley para este 2024 (0.39 por ciento del PBI).
Roberto Salvarezza, actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, señala: "Si se aprueba la propuesta del gobierno nacional, se dejarán sin efecto aquellos artículos que implicaban el incremento progresivo en el sector. En última instancia, es un reconocimiento implícito de que en el 2024 la ley está vigente y los actuales funcionarios no la están cumpliendo.
De hecho, al día de hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene ejecutado el 3 por ciento de los 79 mil millones que tiene disponibles". Y agrega: "Es bueno recordarles a los funcionarios públicos que ellos deben velar por el cumplimiento de las leyes y que si no lo hacen son pasibles de ser denunciados por incumplimiento de sus funciones".
De esta manera, de aprobarse el texto y sancionarse con fuerza de ley en el Congreso podrían incumplirse leyes que fueron votadas por amplias mayorías parlamentarias. Precisamente, fueron votadas por un amplio abanico de partidos políticos porque se consideraban políticas de Estado.
Filmus advierte: "No estamos ante una política pendular de ajuste, como históricamente fueron las políticas neoliberales, sino de tipo anarcocapitalista. El planteo de la escuela económica austriaca apunta directamente que el Estado no se tiene que hacer cargo de estas áreas. Afrontamos un peligro de destrucción de la educación, la ciencia y la tecnología".
La motosierra, que durante 2024 no demostró racionalidad para discriminar rubros, promete afilarse --y enceguecerse-- aún más durante el año que viene. Su accionar, en efecto, choca de frente con las aspiraciones de instituciones que, por el contrario, pretenden resguardar la promoción de la educación y la ciencia.
A fines del mes pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y rectoras de todas las universidades nacional del país, elevó una planilla que estipula un total de 7.19 billones de pesos para poder funcionar en 2025. Sin embargo, el gobierno se propone asignarles tan solo 3.8 billones. Las universidades tienen su ley, pero también tendrán su veto. ¿La sociedad tendrá su megamarcha?
Por Pablo Esteban
Fuente: Página 12
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