15:13 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 17-09-2024 / 16:09

LE DECLARÓ LA GUERRA A LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y GRATUITA

El Loco Milei quiere un pueblo bruto para que lo siga votando: suspendió el 6% del PBI para la educación en el Presupuesto 2025

El presupuesto presentado por Javier “el Loco” Milei prevé más recortes en 2025. La motosierra ya tiene una hoja de ruta para destruir a la educación pública y la ciencia. A través de uno de los artículos, se propone incumplir con leyes de financiamiento que aseguraban los fondos necesarios para el funcionamiento de esas áreas. “Esto es un hecho gravísimo, significa un retroceso enorme”, sostienen referentes del área.

Este domingo, Javier "el Loco" Milei presentó el Presupuesto 2025, donde anunció que todo el plan económico del año que viene estará en función de alcanzar el déficit cero, exigido por el FMI. Ante los peligros de un nuevo default de la deuda, el libertario anunció un blindaje fiscal en plena crisis económica. Un brutal recorte del gasto público sobre jubilaciones, universidades, prestaciones sociales y obra pública. Esta vez, Milei ofreció el financiamiento de la educación pública para garantizar el pago a los buitres del FMI.

En el artículo 27 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025 presentado, se indica la suspensión del cumplimiento del artículo 9º de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional. Este ítem estipula un piso mínimo de financiamiento para educación, estipulado en el 6% del PBI. Un supuesto base, o de mínima elemental, ante la profunda crisis que atraviesa el sistema educativo en Argentina.

En el mismo sentido, el Presupuesto presentado suspende los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que estipula un piso de financiamiento estipulado del 0,39% del PBI para 2024 y asegura, por un lado, que los recursos del presupuesto nacional para ciencia y técnica nunca podrán ser inferiores, en términos absolutos, a los del presupuesto del año anterior; y por otro lado, que esta partida deberá ir creciendo hasta alcanzar un financiamiento igual al 1% del PBI para el año 2032.

Además el proyecto de Presupuesto 2025, suspende el artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional, eliminando la obligación de cumplir con el piso de financiamiento del 0,2% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional.

En su discurso, el desquiciado Milei dejó en claro que la educación no le interesa: "Lo fundamental que tiene que hacer un Estado Nacional es asegurar la estabilidad macroeconómica, las relaciones exteriores y el imperio de la ley. Punto", "cualquier otra cuestión puede resolverse a través del mercado o es competencia de los gobiernos subnacionales" o sea las provincias. Las grandes necesidades sociales y el desarrollo a través de la educación y la ciencia, afuera.

Milei avanza en un grave ataque al desconocer ya directamente el cumplimiento de la Ley que estipula un piso mínimo de financiamiento para la educación. Así las partidas estipuladas para Educación y Cultura implican $6,6 billones, un 0,87% del PBI y Ciencia, Tecnología e Innovación $1,7 billones, un 0,22% del PBI, mientras tanto los Servicios para la Deuda Pública implican más de $10 billones, un 1,31% del PBI.

El resultado de la desinversión educativa será evidente: escuelas destruidas, cursos superpoblados, servicios alimentarios escolares insuficientes y poco nutritivos, becas insuficientes, falta de material didáctico y libros, personal insuficiente y de equipos interdisciplinarios que son vitales en las escuelas. Salarios de pobreza y precarización laboral completarán un cuadro que miles de docentes y estudiantes a lo largo y a lo ancho del país vienen denunciando.

El 23 de abril pasado, los universitarios demostraron su capacidad de convocar masivamente a las calles en la gran Marcha Universitaria. Si esta sensibilidad se une a la sensibilidad social y disposición a luchar que demuestran los jubilados y el poder de fuego de los trabajadores aeronáuticos, los planes del gobierno están en problemas. Milei habló en un Congreso semi vacío y con muy baja audiencia televisiva. Demostró que se junta con lo peor de la casta para robarles a los jubilados. Ante un presupuesto de brutal ajuste, con recetas que ya fracasaron, hay que enfrentarlo con la más amplia movilización en la calles, para tirar abajo el plan neoliberal.

La Opinión Popular

EL PRESUPUESTO PRESENTADO POR MILEI PREVÉ MÁS RECORTES EN 2025

La motosierra ya tiene una hoja de ruta para destruir a la educación y la ciencia

A través de uno de los artículos, se propone incumplir con leyes de financiamiento que aseguraban los fondos necesarios para el funcionamiento de esas áreas. "Esto es un hecho gravísimo, significa un retroceso enorme", sostienen referentes del área.

Javier Milei realizó la presentación del proyecto de presupuesto 2025 y, como cualquiera a esta altura podría aventurar, ni la educación ni la ciencia y la tecnología tienen un lugar de preponderancia. A contramano de la percepción social positiva sobre las universidades, sus docentes y los científicos, el texto que detalla la proyección económica que realiza el gobierno se propone la suspensión de leyes de financiamiento que, precisamente, aseguran el desarrollo de las actividades en los rubros comprometidos con la producción de conocimiento en Argentina.

El gobierno prevé incumplir normas vitales para la supervivencia del sector educativo y científico, apenas unos días después de que el Senado haya sancionado por una amplia mayoría una nueva Ley de financiamiento para las universidades. ¿El argumento oficial? La necesidad de un "déficit cero" que le ponga "un cepo al Estado" como justificación ante todos los recortes.

De manera específica, el artículo 27 del texto presentado por Milei plantea, "en el marco de la emergencia pública" declarada en la Ley Bases, la suspensión para el ejercicio 2025 del "cumplimiento del artículo n° 9 de la Ley n° 26.206 de Educación Nacional y sus modificatorias; de los artículos n° 5, n° 6 y n° 7 de la Ley n° 27.614 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; del artículo n° 52 de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional". ¿Qué implica, en concreto, este cambio?

En diálogo con Página 12, Daniel Filmus, exministro de Educación, Ciencia y Tecnología, desmenuza: "Hay tres leyes de financiamiento de educación, ciencia y tecnología. Las tres están suspendidas por el presupuesto que mandó Milei. Eso es un hecho gravísimo, que significará un retroceso enorme. No se va a cumplir con el 0.2 por ciento del presupuesto que en el 2005 dictó la Ley de educación técnica; no se va a cumplir con el 6 por ciento del PBI que en el 2006 incluye la Ley de financiamiento educativo; ni tampoco se va a cumplir con el 0.45 que la Ley de financiamiento de ciencia preveía para 2025".

Luego continúa con el detalle: "Esto significa que caerá un 33.5 por ciento el presupuesto de ciencia a nivel nacional y un 45.1 por ciento el presupuesto educativo". De este último, la mayor parte se vincula con el desfinanciamiento de universidades y el incentivo salarial docente que se transfiere a las provincias.

Este artículo incluido en el proyecto, sin embargo, es la cristalización de una situación que ya sucede de hecho. El presidente solicita formalmente autorización para dejar de cumplir algo que, en la práctica, el gobierno no cumple.

La Ley de financiamiento del sistema CyT, por caso, preveía un incremento plurianual en la inversión que el Estado debía realizar en el sector. Así, hacia 2032, el objetivo era conquistar el 1 por ciento del PBI. Sin embargo, en el presente, el gobierno subejecuta los fondos comprometidos por ley para este 2024 (0.39 por ciento del PBI).

Roberto Salvarezza, actual presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, señala: "Si se aprueba la propuesta del gobierno nacional, se dejarán sin efecto aquellos artículos que implicaban el incremento progresivo en el sector. En última instancia, es un reconocimiento implícito de que en el 2024 la ley está vigente y los actuales funcionarios no la están cumpliendo.

De hecho, al día de hoy la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tiene ejecutado el 3 por ciento de los 79 mil millones que tiene disponibles". Y agrega: "Es bueno recordarles a los funcionarios públicos que ellos deben velar por el cumplimiento de las leyes y que si no lo hacen son pasibles de ser denunciados por incumplimiento de sus funciones".

De esta manera, de aprobarse el texto y sancionarse con fuerza de ley en el Congreso podrían incumplirse leyes que fueron votadas por amplias mayorías parlamentarias. Precisamente, fueron votadas por un amplio abanico de partidos políticos porque se consideraban políticas de Estado.

Filmus advierte: "No estamos ante una política pendular de ajuste, como históricamente fueron las políticas neoliberales, sino de tipo anarcocapitalista. El planteo de la escuela económica austriaca apunta directamente que el Estado no se tiene que hacer cargo de estas áreas. Afrontamos un peligro de destrucción de la educación, la ciencia y la tecnología".

La motosierra, que durante 2024 no demostró racionalidad para discriminar rubros, promete afilarse --y enceguecerse-- aún más durante el año que viene. Su accionar, en efecto, choca de frente con las aspiraciones de instituciones que, por el contrario, pretenden resguardar la promoción de la educación y la ciencia.

A fines del mes pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores y rectoras de todas las universidades nacional del país, elevó una planilla que estipula un total de 7.19 billones de pesos para poder funcionar en 2025. Sin embargo, el gobierno se propone asignarles tan solo 3.8 billones. Las universidades tienen su ley, pero también tendrán su veto. ¿La sociedad tendrá su megamarcha?

Por Pablo Esteban

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular