15:33 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 17-09-2024 / 10:09

AIRADA REACCIÓN DE LOS GOBERNADORES “COLABORACIONISTAS” DE LA UCR Y EL PRO POR LA EXIGENCIA DEL MONARCA LIBERTARIO

La orden del Loco Milei, de un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares en las provincias, significaría paralizarlas y destruirlas

Fuerte desesperanza y bronca es el sentimiento que prevalecía entre los gobernadores "colaboracionistas" del la UCR y el PRO luego de escuchar la presentación de Javier "el Loco" Milei, donde no sólo les exigía más ajuste sino que tiró una cifra desorbitada, fuera de toda dimensión. "A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares", lanzó el desquiciado Presidente. Esa cifra representa el 57% del gasto total de las provincias. Significaría paralizar todas las administraciones del interior y destruir los Estados provinciales.

Fuerte desesperanza y bronca es el sentimiento que prevalecía entre los gobernadores "colaboracionistas" del la UCR y el PRO luego de escuchar la presentación de Javier "el Loco" Milei, donde no sólo les exigía más ajuste sino que tiró una cifra desorbitada, fuera de toda dimensión. "A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares", lanzó el desquiciado Presidente. Esa cifra representa el 57% del gasto total de las provincias. Significaría paralizar todas las administraciones del interior y destruir los Estados provinciales.

El trastornado mandatario, que acusó al kirchnerismo de no saber sumar, se habría equivocado con la cifra que vociferó en el Congreso y este lunes, ante las críticas de gran parte de gobernadores que pusieron el grito en el cielo por lo delirante del número, desde Casa Rosada tuvieron que convocar a los gobernadores a una reunión que encabezaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, para decir que ese número no era real, e intentar bajar el tono a las palabras del jefe de Estado.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, en tanto, salió a aclarar que el recorte del gasto provincial debería ser de "20 mil millones de dólares", no 60 mil millones como dijo Milei, y que, para cumplir con esa meta, no hay un plazo establecido. "Intentaron apagar el incendio que prendió Milei anoche porque si llega a cortar la cifra que mencionó, directamente nos funde a todos", explicaron desde las provincias.

En un intento de arreglar los graves traspiés que el Presidente cometió con los números, Espert explicó que el gasto público total del gobierno nacional --sumado al de las provincias y al de los municipios-- alcanzaría al 33 por ciento del PBI, estimado --según el presidente de la comisión de Presupuesto-- en "600 mil millones de dólares". "De ese total, 14 por ciento lo gastan las provincias, es decir, 64 mil millones de dólares y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser 20 mil millones de dólares", intentó aclarar, aunque sin poner plazos.

Desde las provincias respondieron a los funcionarios que la mayoría de ellas no tienen déficit fiscal y que, por ende, no tienen de dónde más ajustar. Por otro lado, aclararon que, si Nación les devuelve todos los fondos que les corresponden y que fueron cortados de manera arbitraria desde que Milei asumió la presidencia--como el Fonid, el Fondo Compensador del Transporte, la obra pública, entre otros--, ellos funcionarían sin problemas.

Según el Presupuesto 2025 delirante del gobierno anarco capitalista: la inflación se derrumba, la cotización del dólar se congela y la economía crece en un 2025 fantaseado por Milei, de acuerdo a las estimaciones trastornada presentadas en el proyecto de presupuesto. Aun en ese escenario pretenden recortar el presupuesto para las provincias, para subsidios en energía y la partida para vivienda más de un 40 %.

Además prevén mantener el ajuste ya realizado este año en jubilaciones y educación. Y como afirmó Milei en el Congreso, si la recaudación cae, el ajuste será mayor para pagar la deuda externa. Con ese panorama, el 2025 no repuntará en nada, queda claro que la promesa de bajar los impuestos no es para todos, solo para los más ricos y el electorado ya está decepcionado de esta gestión.

La Opinión Popular

Cómo apagar el fuego

"Los gobernadores tendrán que hacer un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares". Más allá de todo lo que ajustó a las provincias en menos de diez meses de gestión, el presidente Javier Milei disparó esta orden parado sobre su atril, ante un grupo de legisladores que lo escuchaban presentar el Presupuesto 2025.

En Casa Rosada, en tanto, la reunión que este lunes encabezaron Francos y Caputo fue en la misma línea: "Trataron de desdramatizar lo de los 60 mil millones de dólares. Dijeron que la cifra no es tal, y que fue un modo que Milei encontró para graficar que va a hacer un ajuste muy grande", contó uno de los gobernadores presentes a este diario.

Otro de ellos agregó: "Lo de los 60 mil millones nadie sabe de dónde sale. En la reunión por Zoom los funcionarios relativizaron ese planteo del Presidente porque, incluso, en el Presupuesto no hay nada de eso escrito", indicó.

Mientras Espert decía que en realidad el ajuste de las provincias tendrá que ser de "20 mil millones de dólares", --como si fuese poca cosa y como si fuera un detalle confundirse con 40 mil millones de dólares--, en Casa Rosada preferían no dar más números y decían: "Es una meta a alcanzar. Tal cual lo dijo el Presidente. No es para hacerlo en un año".

"Si no nos sacan los recursos que nos corresponden nosotros funcionamos. ¿Cómo quieren que achiquemos si no tenemos déficit?", se quejaron. Espert, en tanto, opinó que "lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios", y que "sin la colaboración de ellos no se llega ni en motoneta al gasto de 25 puntos del producto en lugar del 33 en el que estamos hoy". Desde las provincias respondieron que eso sería imposible porque tres de cada cuatro empleados públicos prestan servicios esenciales. Es decir, son médicos, policías, enfermeros o médicos.

Desde Córdoba, en tanto, salieron a decir que están de acuerdo y apoyan "el ordenamiento macroeconómico", y que consideran importante que la Argentina tenga Presupuesto, por lo cuál "van a colaborar para que salga". Aclaran que cumplieron "ampliamente las metas de superávit", y que mantienen "bien en alto los reclamos por los fondos que nos corresponden por ley, como los de la Caja de Jubilaciones o las obras públicas comprometidas mediante convenios".

El grito en el cielo de los gobernadores

Después de los dichos de Milei ante un Congreso semivacío, desde la provincia de Buenos Aires salieron a responder. "En Buenos Aires no vamos a hacer el ajuste que pide", dijo el ministro de gobierno Carlos Bianco y añadió que el ajuste implementado por el Gobierno nacional es "totalmente inútil e innecesario".

"Quieren que nosotros emulemos esa práctica, pero veamos los resultados que tuvieron a nivel nacional por llevar adelante ese ajuste brutal", añadió y puntualizó: "La gente no pide que le pongamos cepo al Estado o que hagamos ajuste. Piden patrulleros, más insumos médicos, que agrandemos las escuelas, los productores, piden más caminos rurales, es decir, piden más Estado".

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también fue uno de los primeros que salió a repudiar los dichos de Milei. "Preocupa que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias", dijo sobre el pedido del Presidente para que los Estados provinciales hagan un "ajuste adicional" de 60 mil millones de dólares.

Luego indicó: "Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno nacional". En esa línea, Pullaro expresó que "a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es realmente una frase grandilocuente, pero que está muy lejos de la realidad".

Y disparó: "Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia". "Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe", indicó.

La respuesta de Casa Rosada

Francos y Caputo recibieron en la planta baja de la Casa de Gobierno a algunos gobernadores de manera presencial (estuvieron Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Hugo Passalacqua, de Misiones) y a otros por zoom --Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa) y representantes de CABA, Córdoba, Corrientes y Neuquén.

Mientras eso ocurría, por los pasillos de la Casa Rosada --y muy cerca del "triángulo de hierro"--, se encargaban de aclarar que no van a modificar nada del Presupuesto enviado al Congreso y que, si los legisladores --muchos de ellos responden a los gobernadores-- no lo querían aprobar, ese escenario será "el mejor" para el gobierno porque van a poder seguir ejecutando el Presupuesto de 2023 a su antojo. Dicen que en la Ley de Leyes que enviaron al Congreso "hay 3600 palos para obras", y que no negociarán para que la ley salga, como sí hicieron, por ejemplo, durante el tratamiento de la ley Bases.

En esa línea, algunos gobernadores aceptan que en el Presupuesto se incorporaron varias "obras clave", y entienden que eso lo habrían hecho desde la Casa Rosada para conseguir votos. Sin embargo, desde las provincias advierten: "Lo que prima hoy es el enojo y no sabemos si esta vez al gobierno le va a alcanzar con las promesas".

Por Melisa Molina

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".