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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 17-09-2024 / 10:09
AIRADA REACCIÓN DE LOS GOBERNADORES “COLABORACIONISTAS” DE LA UCR Y EL PRO POR LA EXIGENCIA DEL MONARCA LIBERTARIO

La orden del Loco Milei, de un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares en las provincias, significaría paralizarlas y destruirlas

La orden del Loco Milei, de un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares en las provincias, significaría paralizarlas y destruirlas
Fuerte desesperanza y bronca es el sentimiento que prevalecía entre los gobernadores "colaboracionistas" del la UCR y el PRO luego de escuchar la presentación de Javier "el Loco" Milei, donde no sólo les exigía más ajuste sino que tiró una cifra desorbitada, fuera de toda dimensión. "A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares", lanzó el desquiciado Presidente. Esa cifra representa el 57% del gasto total de las provincias. Significaría paralizar todas las administraciones del interior y destruir los Estados provinciales.
Fuerte desesperanza y bronca es el sentimiento que prevalecía entre los gobernadores "colaboracionistas" del la UCR y el PRO luego de escuchar la presentación de Javier "el Loco" Milei, donde no sólo les exigía más ajuste sino que tiró una cifra desorbitada, fuera de toda dimensión. "A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares", lanzó el desquiciado Presidente. Esa cifra representa el 57% del gasto total de las provincias. Significaría paralizar todas las administraciones del interior y destruir los Estados provinciales.
 
El trastornado mandatario, que acusó al kirchnerismo de no saber sumar, se habría equivocado con la cifra que vociferó en el Congreso y este lunes, ante las críticas de gran parte de gobernadores que pusieron el grito en el cielo por lo delirante del número, desde Casa Rosada tuvieron que convocar a los gobernadores a una reunión que encabezaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, para decir que ese número no era real, e intentar bajar el tono a las palabras del jefe de Estado.
 
El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, en tanto, salió a aclarar que el recorte del gasto provincial debería ser de "20 mil millones de dólares", no 60 mil millones como dijo Milei, y que, para cumplir con esa meta, no hay un plazo establecido. "Intentaron apagar el incendio que prendió Milei anoche porque si llega a cortar la cifra que mencionó, directamente nos funde a todos", explicaron desde las provincias.
 
En un intento de arreglar los graves traspiés que el Presidente cometió con los números, Espert explicó que el gasto público total del gobierno nacional --sumado al de las provincias y al de los municipios-- alcanzaría al 33 por ciento del PBI, estimado --según el presidente de la comisión de Presupuesto-- en "600 mil millones de dólares". "De ese total, 14 por ciento lo gastan las provincias, es decir, 64 mil millones de dólares y de ahí tienen que hacer el recorte, que deberá ser 20 mil millones de dólares", intentó aclarar, aunque sin poner plazos.
 
Desde las provincias respondieron a los funcionarios que la mayoría de ellas no tienen déficit fiscal y que, por ende, no tienen de dónde más ajustar. Por otro lado, aclararon que, si Nación les devuelve todos los fondos que les corresponden y que fueron cortados de manera arbitraria desde que Milei asumió la presidencia--como el Fonid, el Fondo Compensador del Transporte, la obra pública, entre otros--, ellos funcionarían sin problemas.
 
Según el Presupuesto 2025 delirante del gobierno anarco capitalista: la inflación se derrumba, la cotización del dólar se congela y la economía crece en un 2025 fantaseado por Milei, de acuerdo a las estimaciones trastornada presentadas en el proyecto de presupuesto. Aun en ese escenario pretenden recortar el presupuesto para las provincias, para subsidios en energía y la partida para vivienda más de un 40 %.
 
Además prevén mantener el ajuste ya realizado este año en jubilaciones y educación. Y como afirmó Milei en el Congreso, si la recaudación cae, el ajuste será mayor para pagar la deuda externa. Con ese panorama, el 2025 no repuntará en nada, queda claro que la promesa de bajar los impuestos no es para todos, solo para los más ricos y el electorado ya está decepcionado de esta gestión.
 
La Opinión Popular


 
Cómo apagar el fuego
  
"Los gobernadores tendrán que hacer un ajuste adicional de 60 mil millones de dólares". Más allá de todo lo que ajustó a las provincias en menos de diez meses de gestión, el presidente Javier Milei disparó esta orden parado sobre su atril, ante un grupo de legisladores que lo escuchaban presentar el Presupuesto 2025.
  
En Casa Rosada, en tanto, la reunión que este lunes encabezaron Francos y Caputo fue en la misma línea: "Trataron de desdramatizar lo de los 60 mil millones de dólares. Dijeron que la cifra no es tal, y que fue un modo que Milei encontró para graficar que va a hacer un ajuste muy grande", contó uno de los gobernadores presentes a este diario.
 
Otro de ellos agregó: "Lo de los 60 mil millones nadie sabe de dónde sale. En la reunión por Zoom los funcionarios relativizaron ese planteo del Presidente porque, incluso, en el Presupuesto no hay nada de eso escrito", indicó.
 
Mientras Espert decía que en realidad el ajuste de las provincias tendrá que ser de "20 mil millones de dólares", --como si fuese poca cosa y como si fuera un detalle confundirse con 40 mil millones de dólares--, en Casa Rosada preferían no dar más números y decían: "Es una meta a alcanzar. Tal cual lo dijo el Presidente. No es para hacerlo en un año".
 
"Si no nos sacan los recursos que nos corresponden nosotros funcionamos. ¿Cómo quieren que achiquemos si no tenemos déficit?", se quejaron. Espert, en tanto, opinó que "lo que tiene que venir es un gran ajuste de empleo público en provincias y municipios", y que "sin la colaboración de ellos no se llega ni en motoneta al gasto de 25 puntos del producto en lugar del 33 en el que estamos hoy". Desde las provincias respondieron que eso sería imposible porque tres de cada cuatro empleados públicos prestan servicios esenciales. Es decir, son médicos, policías, enfermeros o médicos.
 
Desde Córdoba, en tanto, salieron a decir que están de acuerdo y apoyan "el ordenamiento macroeconómico", y que consideran importante que la Argentina tenga Presupuesto, por lo cuál "van a colaborar para que salga". Aclaran que cumplieron "ampliamente las metas de superávit", y que mantienen "bien en alto los reclamos por los fondos que nos corresponden por ley, como los de la Caja de Jubilaciones o las obras públicas comprometidas mediante convenios".
 
 
El grito en el cielo de los gobernadores
 
Después de los dichos de Milei ante un Congreso semivacío, desde la provincia de Buenos Aires salieron a responder. "En Buenos Aires no vamos a hacer el ajuste que pide", dijo el ministro de gobierno Carlos Bianco y añadió que el ajuste implementado por el Gobierno nacional es "totalmente inútil e innecesario".
 
"Quieren que nosotros emulemos esa práctica, pero veamos los resultados que tuvieron a nivel nacional por llevar adelante ese ajuste brutal", añadió y puntualizó: "La gente no pide que le pongamos cepo al Estado o que hagamos ajuste. Piden patrulleros, más insumos médicos, que agrandemos las escuelas, los productores, piden más caminos rurales, es decir, piden más Estado".
 
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, también fue uno de los primeros que salió a repudiar los dichos de Milei. "Preocupa que se le siga pidiendo esfuerzo a las provincias", dijo sobre el pedido del Presidente para que los Estados provinciales hagan un "ajuste adicional" de 60 mil millones de dólares.
 
Luego indicó: "Hicimos todos los esfuerzos que teníamos que hacer y hasta hicimos un esfuerzo mucho mayor al que hizo el Gobierno nacional". En esa línea, Pullaro expresó que "a Santa Fe le corresponderían alrededor de 5.500 millones de dólares y tenemos un presupuesto de 8.000 millones de dólares. Es realmente una frase grandilocuente, pero que está muy lejos de la realidad".
 
Y disparó: "Santa Fe no va a ser un aporte más grande al Estado nacional, porque le aporta tres veces y media más de lo que vuelve del Estado nacional a la Provincia". "Más esfuerzo no se puede hacer. No corresponde que nosotros hagamos más esfuerzo porque a Nación no le debemos nada, y Nación nos debe mucho a la provincia de Santa Fe", indicó.
 
 
La respuesta de Casa Rosada
  
Francos y Caputo recibieron en la planta baja de la Casa de Gobierno a algunos gobernadores de manera presencial (estuvieron Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Hugo Passalacqua, de Misiones) y a otros por zoom --Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Sergio Ziliotto (La Pampa) y representantes de CABA, Córdoba, Corrientes y Neuquén.
 
Mientras eso ocurría, por los pasillos de la Casa Rosada --y muy cerca del "triángulo de hierro"--, se encargaban de aclarar que no van a modificar nada del Presupuesto enviado al Congreso y que, si los legisladores --muchos de ellos responden a los gobernadores-- no lo querían aprobar, ese escenario será "el mejor" para el gobierno porque van a poder seguir ejecutando el Presupuesto de 2023 a su antojo. Dicen que en la Ley de Leyes que enviaron al Congreso "hay 3600 palos para obras", y que no negociarán para que la ley salga, como sí hicieron, por ejemplo, durante el tratamiento de la ley Bases.
 
En esa línea, algunos gobernadores aceptan que en el Presupuesto se incorporaron varias "obras clave", y entienden que eso lo habrían hecho desde la Casa Rosada para conseguir votos. Sin embargo, desde las provincias advierten: "Lo que prima hoy es el enojo y no sabemos si esta vez al gobierno le va a alcanzar con las promesas".
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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