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Nacionales - 13-09-2024 / 08:09
EL GOBIERNO LIBERTARIO NO PUEDE HACER PIE EN UN CONGRESO CADA VEZ MÁS ENVALENTONADO

Trascendente derrota para Milei por el Financiamiento Universitario y los fondos secretos de la SIDE

Trascendente derrota para Milei por el Financiamiento Universitario y los fondos secretos de la SIDE
Tras el premio consuelo de la aprobación de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados, el Gobierno libertario vio cómo la alegría se le disolvía enseguida. La oposición logró votar el rechazo al decreto de fondos secretos para la SIDE y convirtió en ley por amplia mayoría (57 votos a favor y solo 10 en contra) el Financiamiento de la Universidad Pública, tan resistido por Javier “el Loco” Milei. Y a un día de la derrota en Diputados, la oposición redobló la apuesta en el Senado para aprobar el aumento del presupuesto a las universidades nacionales con un número robusto capaz de blindarlo de un eventual veto presidencial.
Tras el premio consuelo de la aprobación de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados, el Gobierno libertario vio cómo la alegría se le disolvía enseguida. La oposición logró votar el rechazo al decreto de fondos secretos para la SIDE y convirtió en ley por amplia mayoría (57 votos a favor y solo 10 en contra) el Financiamiento de la Universidad Pública, tan resistido por Javier "el Loco" Milei. Y a un día de la derrota en Diputados, la oposición redobló la apuesta en el Senado para aprobar el aumento del presupuesto a las universidades nacionales con un número robusto capaz de blindarlo de un eventual veto presidencial.
 
En un hecho sin antecedentes, dado que es el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) derogado por ambas cámaras, el Senado volteó el decreto presidencial que le había otorgado 100.000 millones de pesos más a la central de inteligencia, sin ningún tipo de control para comprar legisladores, jueces y periodistas.

El gobierno libertario ajustador también fue derrotado en la ley sobre financiamiento universitario. Milei anunció que vetará la ley si se aprueba, aunque su impacto en términos presupuestarios es sólo de 0,14 % del PBI y se trata de una recomposición del ajuste ya realizado, no significa una mejora respecto del deterioro previo aunque si un "blindaje" frente a futuros intentos de licuación inflacionaria. Se preparan nuevas movilizaciones para derrotar el veto que el "degenerado institucional" Milei ya anunció que hará contra esta última norma, al igual que lo hizo contra los jubilados.

La UCR había quedado golpeada después de la votación por la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria en Diputados. El cambio de postura de un grupo de radicales - que habían pasado de votar a favor de la ley a acompañar el veto de Milei - había dejado una mancha, y en el partido estaban incómodos. El día anterior, el jefe de bloque, Eduardo Vischi se había reunido con Milei en Casa Rosada y había maniobrado para impedir el tratamiento del DNU de Inteligencia. Algunos radicales, incluso, habían recibido llamadas de rectores que, preocupados, denunciaban que un sector de la UCR quería impedir el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario para atar la discusión a la del Presupuesto 2025.
 
La oposición buscó -y consiguió- llevarle un claro mensaje al autoritario Milei: es débil numéricamente en el Congreso y, por lo tanto, debería empezar a cambiar la actitud. En el Senado, esa posición de inferioridad quedó clara desde los inicios, pero se reforzó con el debate de este jueves que, incluso, se dio el lujo de mostrar un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR para no eludir el rechazo de los fondos reservados de la SIDE. En Diputados, tal vez el lugar más complejo por estos tiempos, se pudo consolidar una mayoría para instalar agenda pero, sobre todo, dejó en evidencia la flaqueza de La Libertad Avanza.
 
El Gobierno anarco capitalista no posee el número para imponer, en votaciones por mayoría simple, su voluntad. Sí tiene la chance de evitar un juicio político o, como sucedió esta semana, sostener un veto, pero no podría frenar rechazos o nulidades a decretos y el avance de proyectos de ley que vayan en dirección opuesta a la deseada por los libertarios. La Libertad Avanza quemó todas las cartas y tuvo que jugar, a menos de un año de gestión, su ancho de espada y de basto. Negociaron Javier y Karina Milei, después de ellos no queda más. Y lo hicieron no para llegar a los dos tercios de los votos, sino apenas un tercio. Apostaron a comprar algunas voluntades mano a mano, toda la carne al asador. ¿Qué se puede ofrecer luego? Nada.
 
La Opinión Popular
 

 
TAMBIÉN SE DEROGÓ EL DNU DE LOS FONDOS SECRETOS DE LA SIDE
 
Bochazo para Milei en el Senado: ya es ley el Financiamiento Universitario
 
El día después de que el gobierno nacional lograra blindar el veto al aumento de los jubilados, el Congreso redobló la apuesta y le dio impulso a otra iniciativa opositora: la Ley de Financiamiento Universitario que terminó aprobada por una contundente mayoría opositora. Fueron 57 votos a favor contra solo 10 en contra y una abstención.
 
No solo eso, además el Senado también rechazó por amplia mayoría (49 votos), el rechazo del DNU de la SIDE. Dos derrotas legislativas para un gobierno que, apenas 24 horas antes, celebraba haber podido bloquear el aumento a los jubilados con los votos radicales que, ahora, se alinearon con el peronismo para aumentar los fondos de las universidades. El gobierno sí logró anotarse, mientras tanto, una pequeña victoria: la aprobación de la Boleta Única de Papel, que ahora volverá a ser tratada en Diputados.
 
Sonaron las alarmas y un grupo de senadores opositores, comandados por Martín Lousteau, convocaron una reunión de bloque a la mañana. En este encuentro, los senadores radicales votaron incluir en el temario el rechazo al DNU de Inteligencia. "Hoy el gobierno va a recibir dos derrotas", sacó pecho un senador radical que, consciente de que había una minoría interna pro gobierno que buscaba torpedear el rechazo al DNU, agregó: "Nadie quiere que el VAR te marque dos veces en offside".
 
 
Financiamiento Universitario
  
Casi cinco meses después de que decenas de miles de personas se movilizaran en defensa de la educación pública, el Senado sancionó, finalmente, una ley que actualiza las partidas presupuestarias para cubrir gastos de funcionamiento, investigación y extensión en las universidades.
 
El desafío de la oposición era doble: no solo necesitaba hacerse con una mayoría para sancionar, este jueves, la ley de Financiamiento, sino que debía conseguir una mayoría lo suficientemente robusta que permitiera blindar la ley de un futuro veto presidencial. Lo consiguió con creces ya que los votos positivos casi sextuplicaron a los negativos.
 
"Tenemos un presidente que ya dijo que va a vetar la ley. ¿Somos conscientes de la brecha que hay entre un pueblo que pide recursos para educación y un presidente que se lo niega? Es central cómo nos posicionemos frente a este tema", advirtió el radical Maximiliano Abad. Los senadores de Unión por la Patria y la UCR sabían que tenían que superar los dos tercios y para ello contaban con 30 de UxP - que tenía 3 ausentes -, al menos una docena de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (PRO), la rionegrina Mónica Silva, la cordobesa Alejandra Vigo, el santacruceño José Carambia e, incluso, con el salteño Juan Carlos Romero (que es uno de los principales defensores del gobierno).
 
"El gobierno tiene que tomar nota de la gran marcha que hubo. Ese fue el impulso que permitió generar un consenso y que hoy tengamos este proyecto de ley que, en ocho artículos , viene a subsanar este desastre hecho por Milei", agregó Eduardo "Wado" de Pedro, quien denunció que el 80 por ciento de los docentes cobraran por debajo de la línea de la pobreza y defendió que la ley planteara, además de la actualización para los gastos de funcionamiento, la actualización de los salarios docentes todos los meses por IPC.
 
El impacto fiscal de la medida, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, será del 0,14 por ciento del PBI: el motivo por el cual Milei llama a los legisladores "degenerados fiscales" y amenaza con vetar la ley. "Ahora no hay plata para los jubilados y las universidades, pero porque primero decidieron bajar impuestos y no cobrarle a los que blanquearon. El RIGI dio rebajas impositivas por 30 años", cuestionó Martín Lousteau, quien, sobre el final, envió un mensaje a la propia interna radical: "(Milei) se alegró porque a los jubilados se les negó el equivalente de 3 kilos de carne picada por mes. Llamó héroes de la patria a los que decidieron, por prebendas electorales y especulación electoral, negarle esto a los jubilados".
 
 
Boleta Única Papel
  
Victoria Villarruel no quería ser la cara de una doble derrota sin, antes, poder ofrecerle alguna victoria al gobierno nacional. Y esa victoria era la aprobación de la Boleta Única Papel: una iniciativa que había sido impulsada por la oposición durante el gobierno de Alberto Fernández y que, sin embargo, el gobierno había terminado por hacer propia. Hundidas las posibilidades de eliminar las PASO, la aprobación de la BUP era la única reforma electoral que podía aprobar antes de las legislativas de 2025. Y lo consiguió con 39 votos a favor y 30 en contra: todos los bloques acompañaron la iniciativa, excepto UxP.
 
La BUP sostiene una modificación en el mecanismo de votación, reemplazando las boletas partidarias por una boleta única que muestra toda la oferta electoral. El texto aprobado, sin embargo, no es el mismo que se aprobó en Diputados motivo por el cual la reforma electoral no se convirtió en ley: el proyecto, ahora, girará a la Cámara baja, que definirá si acepta o no las modificaciones.
 
El modelo aprobado en el Senado es la mendocino - en Diputados fue el cordobés -, que se caracteriza por tener a la izquierda, en vertical, las categorías nacionales (presidente, diputados, senadores) y arriba, en horizontal, los distintos frentes electorales. El voto se hace marcando los casilleros que corresponden para cada categoría.
 
Otro de los cambios introducidos fue la eliminación del casillero que permitía votar lista completa. Era un reclamo de Mónica Silva, sin cuyo voto el oficialismo no hubiese podido llegar a la mayoría. "Se sostenía que el tilde de lista completa podía perjudicar los intereses de los partidos provinciales cuando no tenían candidato a presidente que posibilitase el arrastre", explicó Edgardo Kueider, el ex Frente de Todos que se terminó convirtiendo en un aliado clave del gobierno.
 
La UCR, el PRO y La Libertad Avanza aprovecharon para insistir en todos los supuestos beneficios que arrastraría la implementación de una boleta única, como el ahorro económico o la simplicidad del sistema. Los argumentos más solidos eran, sin embargo, los de los antiguos opositores que habían impulsado la ley hace dos años: el oficialismo hacía discursos genéricos, más preocupado en estirar el debate y ganar tiempo para poder voltear algunos votos a favor del rechazo del DNU de Inteligencia. Algo que finalmente no consiguieron.
 
"Facilita el momento de la votación. Facilita a los partidos chicos que no pueden imprimir dos o tres padrones por cada jurisdicción. Facilita todo el esquema de fiscales que hay que poner. Entorpece los partidos con sellos de goma que solo se presentan a las PASO para tener financiamiento de las boletas. Facilita el cuidado del medio ambiente", enumeró, por ejemplo, Guadalupe Tagliaferri (PRO).
 
"La verdad es un milagro que hayan llegado a ser senadores porque les robaron las boletas, les hicieron de todo. Lo que mata este proyecto es la evidencia empírica: ¿qué partido ganó la última elección? El que tenía menos fiscales, menos estructura y no podía llegar a todos los lugares ganó la elección", ironizó, tras unas horas de debate, el peronista Fernando Salino. UxP sería la única bancada que votaría en contra de la BUP bajo el argumento de que no tenía sentido de que se modificara un sistema de votación que no arrastraba denuncias de fraude y que, en cambio, había habilitado la alternancia de gobierno.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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