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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 12-09-2024 / 09:09
A PURA TRAICIÓN RADICAL Y REPRESIÓN MACRISTA

El ajuste de Milei a los jubilados fue sostenido con prebendas, compra de votos, gases, palos y balas de goma

El ajuste de Milei a los jubilados fue sostenido con prebendas, compra de votos, gases, palos y balas de goma
Con la compra de un grupete de traidores y conversos radicales, Javier “el Loco” Milei evitó dentro del Congreso que la oposición juntara los votos necesarios para rechazar el veto que congela las míseras jubilaciones en el punto más bajo de la historia. Afuera, en la Plaza, desplegó una represión indiscriminada que dejó más de 50 heridos, desde niños de 7 años a muchas personas mayores. La macrista Patricia Bullrich implementó un operativo de casi 900 efectivos y mandó a "identificar" a los referentes de la oposición.
Con la compra de un grupete de traidores y conversos radicales, el gobierno inhumano y cruel de Javier "el Loco" Milei evitó dentro del Congreso que la oposición juntara los votos necesarios para rechazar el veto que congela las míseras jubilaciones en el punto más bajo de la historia. Afuera, en la Plaza, desplegó una represión indiscriminada que dejó más de 50 heridos, desde niños de 7 años a muchas personas mayores. La macrista Patricia Bullrich implementó un operativo de casi 900 efectivos y mandó a "identificar" a los referentes de la oposición.

Por apenas 13 votos no se consiguieron los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria. El presidente anarco capitalista negoció con radicales y gobernadores para lograr sostener su veto contra el módico aumento de las jubilaciones. Un triunfo adentro del Congreso, y una derrota en el humor social y en la calle. Hubo miles de personas en la protesta apoyando a los jubilados y hubo represión tras la votación. El aire se llenó de gases lacrimógenos pocos minutos después de que se conociera el resultado de la votación en el recinto.

La plaza de los dos Congresos bramó contra el ajuste y la "traición" de los diputados panqueques de la UCR. La policía de Bullrich disparó balas de goma y desalojó a los manifestantes, que replegaron como pudieron. La cacería, igualmente, siguió durante horas. El Gobierno cipayo vendepatria festejó por partida doble: dentro del recinto ratificó el ajuste sobre las jubilaciones (no sin ayuda de la casta) y afuera desplegó otra vez el circo del protocolo del "orden", tal como lo había advertido en la previa la Casa Rosada.
 
Aunque Milei frenó, con esta sesión, la seguidilla de derrotas legislativas y logra sostener el veto a las jubilaciones, la causa de los jubilados va a persistir y seguramente siga creciendo el rechazo a la decisión del oficialismo de que sean la principal variable de ajuste a fuerza de palos y represión. Las organizaciones de jubilados ya se venían movilizando todos los miércoles. Desde el veto presidencial fueron creciendo, y la de este miércoles fue la más importante, además de contar por primera vez con el apoyo en la calle de sectores sindicales de la CGT y la CTA.
 
Con Milei, los jubilados perdieron poder adquisitivo, perdieron contra la inflación y están en un nivel histórico muy bajo similar al que estuvieron en los 90 menemistas, pero además a esos mismos jubilados también le quitaron el ciento por ciento en medicamentos que para ellos son imprescindibles en algunos casos para mantenerse con vida y en otros para tener bienestar porque es feo vivir con dolor, sí no es nada más que sobrevivir.
 
Esto tiene que ver con el abandono del Estado, que nos perjudica a todo, pero mucho más a los jubilados y en ese contexto hay un montón de Diputados que están dispuestos a levantar la mano en contra de los jubilados. Milei, cediendo ante la "casta", pudo evitarse una nueva derrota en el Congreso. Pero las jubilaciones de hambre y las dificultades para acceder a los medicamentos siguen ahí. Y seguirá la resistencia de una causa que gana cada vez más apoyo social.
 
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EL PANIC SHOW DEL GOBIERNO CONTRA LOS JUBILADOS
 
La marcha contra el veto de Milei terminó con gases, palos y balas de goma
 
De fondo algunos hacían sonar la marcha peronista, otros cantaban que se vayan todos, o el himno, o puteaban. Cuando en la calle se supo el resultado de la votación (los Diputados ratificaron el veto a la ley de movilidad), la tensa calma que se había sentido desde temprano se quebró.
 
El "!hijos de puta!, ¡hijos de puta!" fue unánime y la bronca se descargó contra las vallas que cortaban la circulación de Avenida Rivadavia. Jubilados y militantes hicieron sonar cacerolas, llaveros y lo que sea que se tuviera a mano contra la chapa. El vallado cedió. De golpe, el aire del Congreso se llenó de gases y se volvió irrespirable, como en tantas otras marchas -prácticamente en todas- este año.
 
El saldo de la represión fue de más de 50 personas heridas -entre ellas varios jubilados, trabajadores de prensa y hasta una niña de 11 años y otro de 9- por los químicos de los gases y las postas de goma, de acuerdo al relevamiento que realizó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El reporte de la Federal informó sobre dos detenidos, bajo el típico cargo antiprotesta de "resistencia a la autoridad".
 
No conformes con haber desalojado el epicentro de la movilización, las fuerzas siguieron su faena con la clásica cacería de manifestantes sueltos. Algunas de las columnas que intentaron replegar por Corrientes se toparon de frente con otro cordón de policías y camiones hidrantes y debieron volver sobre sus pasos.
 
En esa suerte de embudo, algunos cayeron en la volteada de los palazos en el cuerpo y el gas pimienta directamente en los ojos. Fue el caso de Guillermo Quiroga, secretario general de ATE Chubut. "Estuve casi media hora ciego", le contó a Página/12.
 
"Cuando volvíamos por Callao, encerrados entre dos cordones de efectivos, veo a una piba muy joven tirada en el piso, golpeada. Me acerco y le grito al policía que intentaba sujetarla que la deje en paz, y en ese momento me vació literalmente la lata de gas pimienta en la cara. Y eso que la calle ya estaba vacía", relató.
 
Escenas del estilo se repitieron en varias esquinas. En Sáenz Peña y Rivadavia, un policía motorizado atropelló a una jubilada que intentaba impedirle el paso, armada sólo con un cartel y envuelta en una bandera. El hecho quedó registrado por las cámaras de televisión, que transmitían en vivo la violencia policial. 
 
Dada la magnitud del operativo, estaba claro desde el vamos que había vía libre para pegar. Según el informe del Ministerio de Seguridad, se desplegaron casi 900 efectivos, entre la división antidisturbios de la Federal, Infantería, Prefectura y los escuadrones de Gendarmería. Hubo además varios infiltrados, esos efectivos que nunca se cuentan pero que siempre están, como sucedió durante la movilización contra la ley bases en abril. Esta vez fueron identificados por los propios manifestantes y echados de las columnas.
 
A fuerza de experiencia, los que marchan en la era Milei ya empiezan a reconocer las trampas. El diputado Eduardo Valdés ya había advertido en la previa que la Policía había plantado piedras y escombros "en distintos puntos en las inmediaciones del Congreso". "Le aviso de antemano a la señora ministra Patricia Bullrich, para que no aparezcan los pícaros de siempre queriendo generar clima de violencia", posteó en Twitter. Nadie cayó en esa emboscada, pero los palos llegaron igual.
 
El informe que el ministerio de Bullrich difundió a la prensa también incluyó, curiosamente o no, la identificación con nombre y apellido de varios referentes de la oposición entre los manifestantes.
 
"Se observó la participación en la marcha de Axel Kicillof, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Pablo Moyano, Eduardo Belliboni, Hugo Godoy, Hugo Yasky, Emilio Pérsico, Daniel Menéndez, Juan Grabois, Sergio Palazzo y Juan Carlos Alderete", dice textualmente, dando cuenta de que los tenían "fichados". En marchas anteriores, varios diputados recibieron gases y palos. Este miércoles la violencia se acotó a la gente de a pie. 
 
Bullrich eligió, desde sus redes, hacer eje en los gases que recibieron los niños, especialmente la menor de 11 años. Lo hizo responsabilizando a la madre y no a los efectivos que actúan bajo sus órdenes. "Madre irresponsable y violenta", posteó.
 
"Ya les dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido", sumó. Fue en respuesta a un posteo de Amnistía Internacional que, con algo de sentido común, subrayó que "los niños no pueden ser blanco de gases e impactos de balas".
 
"Mientras los sátrapas del Congreso nos dan la espalda a los jubilados, las mal llamadas fuerzas de seguridad, que son las que deberían defendernos, nos reprimieron. Gastan millones de pesos en reprimir y luego no hay plata para nosotros, pero tampoco para los comedores populares", le dijo a este diario Rubén, de Jubilados Insurgentes.
 
"Saben que no podemos correr, ni tenemos fuerza para vencer a los escudos. Nos empujan hasta tirarnos a suelo. Hoy vi cómo reprimían a dos compañeras mayores que apenas podían caminar, las empujaron para que suban arriba de la vereda. Hay un gozo, un disfrute de la represión", agregó.
 
 
El aguante
  
En estos tiempos para el olvido, la persistencia del grupo de jubilados que todos los miércoles se concentra frente al Congreso se fue convirtiendo en un foco de contagio para el resto. "El miércoles pasado nos reprimieron, y acá estamos, y somos más; y el miércoles anterior, hace quince días, también nos reprimieron, y cuando volvimos éramos más. Nos pueden seguir cagando, pero nosotros de acá no nos vamos", contó orgullosa Claudia, una vecina de Boedo que llegó al Congreso con una foto impresa de Norma Plá.
 
En coincidencia con la sesión en Diputados convocada por la oposición para intentar voltear el veto a la ley de movilidad, esta vez los jubilados contaron con el apoyo de las organizaciones sociales, la Corriente Federal de la CGT, ambas CTA y las agrupaciones y partidos de la izquierda. La CGT, la UTEP y el peronismo se apostaron sobre Yrigoyen, mientras que la izquierda lo hizo sobre Rivadavia, donde se produjo la represión.
 
Las agrupaciones de jubilados montaron un escenario sobre Callao, desde donde leyeron un documento firmado en conjunto con los gremios. "Hay que tener mucho odio hacia nuestro pueblo, nuestros trabajadores y nuestros jubilados para llevar adelante tanta persecución y represión gubernamental como la que se está ejecutando en estos días contra los adultos mayores, quienes además de sufrir la merma de los haberes se ven privados de la mayoría de los medicamentos", denunciaron.
 
"Adentro perdimos, pero afuera creo que ganamos. Hay un crecimiento de la movilización, eso es un dato que el Gobierno no puede obviar en medio de este ajuste brutal. Creen que pegando nos amedrentan, pero pasa todo lo contrario", le dijo a este diario la diputada del FIT Vanina Biasi.
 
"Lo de hoy fue un parte aguas --sostuvo por su parte Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital--. Demostramos que seguimos pudiendo ocupar las calles y a partir de ahora sabemos con quiénes contamos y con quiénes no para enfrentar la traición a la patria".
 
 
Los testimonios
  
Los jubilados estaban convocados para la una de la tarde, pero empezaron a llegar mucho antes. Página/12 recogió algunos de sus testimonios en la plaza:
 
*María Gloria, de 65 años, llegó desde Villa Urquiza. Cobra bastante más que la mínima, pero no paga alquiler. "Sino, no sé cómo haría para vivir", contó. Y, como "afiliada radical desde la época de Alfonsín", dijo tener "asco" por el rol de la UCR dentro del recinto. Cuando tiene tiempo y le falta plata, maneja un UBER.
 
*Oscar, de 77 años, llegó desde El Talar, Tigre. Cobra 270 mil pesos, tampoco paga alquiler. Lo ayudan sus hijos. "Me estoy reventando los ahorros de una camioneta que vendí el año pasado", contó. Para él, no hay diferencias entre el plan económico de Milei y el de Martínez de Hoz. "Son los mismos, con otro poncho".
 
*Rosa (69) y Tito (74) viven en Lanús. Ella cobra la mínima, él bastante más. Dieron de baja la prepaga, se quedaron sin atención en el Hospital Italiano. También recortaron en el servicio de cable. "Nunca ví un destrato a los viejos como éste", dijo él.
 
*Rodolfo tiene 78 años y no se pierde una marcha. Se trajo una especie de megáfono hecho con una botella de plástico, que usa para insultar a Milei. "Basuuuuura", gritaba. Cobra la mínima. "Lo único que quiero, hermano, es poder sentarme alguna vez en un café, y poder pagarlo. Mirá lo que te digo".
 
Por Matías Ferrari
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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