00:54 | Lunes 08 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 10-09-2024 / 09:09

¿ES LEGAL PEGARLES A LOS JUBILADOS?

El cruel gobierno de Milei y Bullrich se deleita ante una posible nueva represión a los ancianos frente al Congreso

Cuando se espera que una multitud rodee mañana el Congreso contra el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, la represora Patricia Bullrich amenaza con su protocolo ilegal, que le sirvió para garrotear a los mayores las últimas dos semanas. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, aterrorizar. Pero ese decreto calificado de inconstitucional ya enfrenta dos presentaciones ante la Justicia y el cuestionamiento internacional en la CIDH y Naciones Unidas.

En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.

Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.

En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.

Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".

Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.

La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.

Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos.

EL GOBIERNO SE REGODEA ANTE UNA POSIBLE NUEVA REPRESIÓN FRENTE AL CONGRESO

Un protocolo cuestionado para desatar una eventual "batalla campal"

La cuestión del orden se basa en una falacia: las protestas desde que llegó Milei han sido pacíficas y la provocación siempre provino de las fuerzas de seguridad; también es trucho el objetivo de despejar la circulación y hacer prevalecer el "interés público" cuando son los agentes quienes con frecuencia ocupan la calle para desarmar la protesta. El gobierno ni siquiera acepta que quede despejado algún carril. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, paralizar.

El jueves pasado recuperó la libertad Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo preso en una cárcel federal casi tres meses. Pero el fiscal Carlos Stornelli está obsesionado con mantener abierta esta causa --en la que en línea con el Gobierno quiso imputar terrorismo a quienes se habían movilizado, vendían comida o pasaban de casualidad-- y ahora imputó a cinco personas más.

Escollos judiciales

Con excepción del juez Casanello, quien intentó avanzar en febrero, citó a Bullrich a una audiencia y le advirtió a que estaba cruzando los límites de lo legal, el comportamiento del Poder Judicial ha sido dilatar definiciones sobre el protocolo y sus consecuencias.

*Un habeas corpus de la legisladora porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad), que también planteaba la inconstitucionalidad del protocolo, fue lo que dio inicio a la causa que tuvo el juez Casanello. Esta no lo suspendió pero le señaló límites a Bullrich y le exigió que adecuara "la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho" y a los pactos internacionales de protección de los derechos humanos.

Invocó criterios que en enero habían marcado tres relatores de Naciones Unidas en una carta dirigida al gobierno de Milei (que éste ignoró) que señalaba aspectos ilegales de la norma. El magistrado le dijo a Bullrich que no puede aplicar el poder punitivo por fuera de la legislación y que si sus fuerzas advierten un delito deben pedir intervención judicial. El camarista Eduardo le sacó la causa y la mandó al fuero penal ordinario.

Ya desde antes, el expediente había peregrinado por esos tribunales y pasó por ocho juzgados y una Cámara. "Tuvimos que esperar 50 días cuando hicimos la denuncia con el Centro de Abogados por los Derecho Humanos hasta que Casanello aceptó la competencia, pero el gobierno logró quitarle el caso. Ahora está hace meses en la Corte, que tiene que resolver una simple discusión de competencia, mientras se sigue aplicando el protocolo a quienes protestan", señaló Fierro a Página/12.

*El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un amparo colectivo en diciembre, donde denunciaba que el protocolo "lesiona, restringe, altera y amenaza derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión. Es decir, es ilegal y arbitrario".

En un comienzo el juez Cormick se declaró incompetente y la causa terminó en la Cámara Federal, que tuvo la causa cuatro meses. En junio volvió al juzgado de Cormick quien, en agosto, le pidió el Estado Nacional que presente un informe previsto en la ley de amparo.

"El Ministerio de Seguridad dijo que el protocolo es legal y constitucional, que no hay ningún perjuicio o lesión al derecho y que la gente protesta con normalidad. Que es para poner orden, ya que el derecho a la protesta está sujeto a límites. Se valen de la idea de colisión de derechos (protesta versus circulación) pero anulan un derecho. Desde el CELS respondimos que no hay normalidad, que no está garantizado el derecho a la protesta en términos del sistema interamericano de derechos humanos si impedís que la gente corte la calle, modalidad histórica de visibilizar reclamos en Argentina. Reprimen y detienen, usan armas menos letales (gases, balas de goma, camiones hidrantes) en forma desproporcionada. La protesta no está garantizada", advierte Agustina Lloret, Coordinadora d Litigio y Defensa Legal del CELS.

El organismo recuerda jurisprudencia según la cual los cortes de tránsito no pueden ser asimilados al artículo 194 del Código Penal cuando son para ejercer "derechos como la libertad de expresión y de reunión". Cormick, tarde o temprano, tendrá que decir algo.

La especialista señala como casos emblemáticos el del 12 de junio (represión en la protesta por la Ley Bases que terminó con 33 detenidos/as), donde además "tuvo un fuerte papel el fiscal Stornelli" que se alineó con el discurso del gobierno que trató a los manifestantes como terroristas y desestabilizadores. Otro ejemplo es la creciente represión a jubilados/as que van los miércoles a manifestarse.

"La presencia policial y de otras fuerzas es fuerte en todas las protestas donde dicen que van a despejar las vías de circulación. A menos que sean movilizaciones muy masivas donde eso es imposible, como ocurrió con la marcha universitaria, o la del 24 de marzo, que es histórica. Cuando no hay millones de personas hacen el despliegue represivo y criminalizante, y claramente buscan un efecto disuasivo", señala Lloret.

El CELS hace presentaciones ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre la reacción estatal ante cada protesta reprimida. Esto logró despertar preocupación hace dos meses hubo una audiencia de organizaciones argentinas con representantes de ambos organismos.

El gobierno de Milei tuvo que dar explicaciones y sus funcionarios aludieron a las manifestaciones como si fueran un alzamiento contra las autoridades democráticas. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el responsable de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, dijeron que todo es para evitar una "desestabilización".

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Jan Jarab, cuestionó el "desincentivo" al "derecho a la protesta" y el uso de la palabra "terrorista" para referirse a manifestantes. El comisionado José Luis Caballero, advirtió recordó que protestar "es una acción vinculada a la promoción y defensa de la democracia".

Números y políticas

En el informe "Bala y Cárcel" el CELS señaló que para julio último 665 personas habían sido heridas en protestas solo en la Ciudad de Buenos Aires; 47 trabajadoras/es de prensa quedaron heridos en manifestaciones; hubo 80 detenciones al azar en Córdoba, Rosario y CABA; se les quiere cobrar 131millones de pesos a organizaciones por el operativo del 12 de junio (tampoco existe transparencia sobre cómo se hace ese cálculo). Un mecanismo de disuasión de la protesta es realizar requisas en transportes públicos.

Solo el 20 de diciembre de 2023, por ejemplo, fueron requisados más de 700 transportes. El gobierno se ha negado a dar información sobre los operativos anti-protesta frente los pedidos de acceso de la exdiputada Myriam Bregman. Según el protocolo, además, pueden identifica a quienes organizan y convocan. Quizá sea uno de los motivos de tanta inversión en ciberpatrullaje y servicios de inteligencia.

Bregman tuiteó esta semana que en una causa a cargo del juez Julián Ercolini sobre la represión en la primera manifestación contra la Ley Bases, que se hizo el 1 de febrero, ya declararon 16 periodistas y fotógrafos y denunciaron que la policía les disparaba directamente a ellos, a la cara y a quemarropa (están presentados el Sindicato de Prensa de Buenos Aires la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina).

Fue la marcha donde quedó herido en un ojo con un balazo de goma el abogado de Matías Aufieri (del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), hecho que forma parte de la pesquisa. El ataque a la prensa, como es obvio, pretende evitar los registros de la represión. Ese día en particular, además, se reprimía a gente que estaba arriba de una plazoleta (no en la calle). Esto está vinculado con otro hecho denunciado por los manifestantes, que es que de pronto bajó la iluminación en la plaza de los dos Congresos. El gobierno porteño lo confirmó, pero no explicó la razón.

En este contexto que intenta disuadir la protesta y meter miedo, las y los jubilados, como escribió Luis Bruschtein en este diario, se están convirtiendo en los verdaderos héroes de este tiempo que sostienen la movilización y ponen el cuerpo. Sobre ellos ha caído el gran peso del ajuste y la pelean a pesar de los palazos. Ese azote a los adultos mayores concita unos de los mayores rechazos del gobierno de Milei.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

07-12-2025 / 09:12

Milei bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas, pero que no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal

La profecía de Javier "el Loco" Milei vuelve a atormentarlo: no hay plata. Esa frase que en el comienzo de su mandato el presidente utilizaba como un mantra para justificar su motosierra ahora se convirtió en el principal obstáculo para alcanzar su único objetivo económico concreto, que es recuperar el acceso genuino a los mercados de crédito voluntario internacional de los que estamos vedados por insolvencia desde la primera gestión del actual ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Ante la imposibilidad de cumplir esa meta, el gobierno argentino ensayó una pantomima guionada, que sólo elude el papelón gracias a los bolsillos generosos y la mirada permisiva de grandes capitales nacionales jugados all-in en el experimento de Milei a partir de los resultados de las elecciones de medio término. El resultado es una farsa montada sobre otra farsa, un engaño consentido para un público diminuto, que lejos de mostrar fortaleza, echa luz sobre su fragilidad.

Caputo es un tahúr habilidoso, pero el suyo no deja de ser un oficio que se ejerce siempre al borde de perderlo todo. Quedar expuesto con una mentira es apenas un accidente cotidiano del que uno debe reponerse rápido y seguir adelante. Pero cada vez se paga un costo de credibilidad y el prontuario del ministro ya tiene muchas páginas. Los 20 mil millones de dólares que preparaban los bancos se convirtieron en seis o siete. Esos seis o siete no aparecieron.

Es por eso que el gobierno, ante la cercanía de un vencimiento de 4000 millones de dólares en enero que no tiene cómo pagar, tuvo que salir a recaudar un "bono patriótico" entre empresarios amigos que se vieron beneficiados y tienen promesas de más negocios en la Argentina que proyecta Milei, directamente interesados también en la aprobación de un nuevo blanqueo y de las reformas laborales, tributarias, previsionales y penales en carpeta para los próximos meses.

Para eso les armaron una pasarela que una vez más les garantiza a jugadores muy específicos a través de herramientas direccionadas pret a porter un negocio redondo con fondos públicos. Tal como advirtió el economista de CEPA Hernán Letcher, "el gobierno publicó una resolución que permite a las aseguradoras endeudarse a una tasa baja en dólares para usar esos fondos en la licitación primaria del miércoles y así mostrar una demanda inflada por el nuevo título".

Sin embargo, los acreedores externos no compran esas mentiras autoindulgentes. Por eso fracasó el primer crawling peg, por eso fracasó el esquema de bandas y por eso va en firme camino al fracaso el nuevo crawling peg disfrazado de esquema de bandas que funciona (es una manera de decir) desde las elecciones de octubre. Por eso, no importa con qué le tiren, el riesgo país no baja. Nadie va a volver a prestar hasta no ver la plata. No es que no quieran creerle, es que no le creen.

Las voces que advierten sobre la fragilidad intrínseca que trae consigo la falta de dólares se multiplican y a esta altura ya conforman un coro, en el que se lleva el rol solista la vocera del Fondo Monetario Internacional, Julie Kozack, que esta semana reclamó "un camino más ambicioso en la acumulación de reservas", sobresaliendo entre otras melodías similares, de bancos internacionales como JP Morgan y Barclays, consultoras locales y hasta "próceres" liberales como Domingo Cavallo.

Caputo ya avisó: no va a acumular reservas. Eso va en contra de su único credo que es la fuga de divisas. Todo dólar que entra tiene que salir. Una gestión bulímica que es incapaz de retener riqueza y necesita atracones de miles de millones de dólares varias veces por año para no colapsar. Puro flujo, nada de stock. Es un país que funciona bajo la tiranía de compulsiones y apuestas arriesgadas pero no tiene una red que lo sostenga cuando algo salga mal.

06-12-2025 / 08:12

El apoyo de Trump a políticos con relaciones narcos y la complicidad del cipayo Milei

El Departamento de Estado de los Estados Unidos cambió el nombre al Instituto para la Paz y ahora se llama Instituto Donald Trump para la Paz. La Casa Blanca habilitó un portal con una lista negra de periodistas críticos del gobierno. Y dos días antes de las elecciones en Honduras, Trump respaldó al candidato del conservador Partido Nacional e indultó a Juan Orlando Hernández, expresidente por ese partido, condenado en Estados Unidos por narcotraficante, mientras acusó de narcotraficante al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y amenazó con invadir ese país. En bochornosa complicidad con Trump, en La Haya, el representante del cipayo Javier Milei, Diego Sadosfchi exigió "medidas urgentes" de la Corte Penal Internacional contra el mandatario venezolano.

Estados Unidos no reconoce a esa Corte pero necesitaba muestras de respaldo internacional a su acción amenazadora contra Venezuela y el gobierno argentino se prestó rastreramente a ofrecerle coartadas. Fue una forma de devolver favores por las intervenciones de Trump y su gobierno en las elecciones locales de medio término.

Otra forma de intervencionismo en países en América Latina fue el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por introducir durante décadas toneladas de cocaína en Estados Unidos. Con Honduras, Trump hizo algo parecido que con Argentina y amenazó con el apocalipsis si no ganaba el candidato del partido del narco Hernández.

La sombra del narcotráfico oscurece a Estados Unidos. Un artículo de The Washington Post, del año 2015, describió las relaciones familiares de Marco Rubio, actual titular del Departamento de Estado y virtual canciller norteamericano, con el mundo narco. Durante su adolescencia en Miami, Rubio convivió en el domicilio de su hermana mayor, Bárbara, casada con Orlando Cicilia, un capo de la droga cuando Miami era la capital de la cocaína.

El vocero de Rubio quiso desmentir al diario, al decir que de esa información no se podía inferir la complicidad de Rubio con los narcos. Por ese lado, Rubio ya no tiene problemas. El multimillonario Jeff Bezos, dueño de Amazon, compró el histórico diario y advirtió que sólo escribirían aquellos que coincidan con su pensamiento.

Cicilia era para todo el mundo en Miami un empresario super exitoso, multimillonario y ostentoso, lo cual no constituía la excepción en esa parte del mundo. Fue apresado en los años 80. "Al momento de caer en manos de la justicia Orlando Cicilia (también de origen cubano), Marco Rubio tenía apenas 16 años. Pero su ambiente familiar ya era bastante turbio", señala el tabloide británico Daily Mail.

Orlando Cicilia fue condenado a más de 35 años de cárcel. Pero cumplió poco más de 12 años. Salió en libertad plena justo cuando Marco Rubio asumió como representante en el Congreso de los Estados Unidos en el año 2000. Cicilia salió de la cárcel apenas cuatro días después de que Rubio asumió. El antiguo jefe de Orlando, Mario Tabraue, sobre quien pesaba una pena de 100 años de cárcel por sus delitos, salió de prisión en el año 2003, con solo 15 años de pena cumplida.

La participación de Orlando Hernández fue descripta y comprobada con lujo de detalles. Nadie puso en duda su culpabilidad. La excusa que dio Trump fue que "fuentes amigas y creíbles" le habían informado que Hernández había sufrido un trato injusto. Pero no habló de inocencia porque no existe forma de exculpar al expresidente hondureño. El seguidismo de Milei, el "perrito faldero" del gobierno yanqui, es cómplice de los narcos.

05-12-2025 / 12:12

Toto Caputo aplica su vieja receta: endeudamiento y más endeudamiento

El endeudador seria Luis "Toto" Caputo es sinónimo de deuda impagable. El ministro emitirá nuevos bonos en dólares, con el nuevo Bonar 2029N, volverá a tomar deuda en dólares para pagar deuda, bajo ley local y a una tasa de usura, que pagará el próximo gobierno. Receta repetida.

El experimento anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vuelve a aplicar una receta tristemente conocida: emite nueva deuda para pagar una anterior. Así lo confirmó este viernes el ministro de Economía, el endeudador compulsivo Luis "Toto" Caputo, quien confirmó esta mañana que la Argentina volverá al mercado internacional de capitales, con un bono a cuatro años. Con un dólar bajo que impide exportar e importaciones abiertas indiscriminadamente, es imposible acumular reservas en dólares y el futuro es la miseria.

Las reservas netas, excluyendo los desembolsos del FMI, son hoy más bajas que cuando Milei asumió y no hay señales claras de que el Gobierno tenga intención de revertir esa fragilidad externa. "No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local", afirmó el ministro.

Como no podía ser de otro modo, la medida fue celebrada por Milei. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA", posteó entusiasmado el desquiciado mandatario.

Tras este anuncio, la Secretaría de Finanzas confirmó el llamado a licitación del Bono del Tesoro Nacional (BONAR 2029N - nuevo) que, segun detalló, será "en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento el 30 de noviembre de 2029″.

"En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA", explicaron desde la Secretaría.

En este sentido, señalaron que "habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta".

Asimismo, se resaltó que "el resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026″. El desempeño débil de las reservas no ocurrió porque se haya reducido la deuda pública en moneda extranjera. Los Bopreales y los repos con bancos agregan USD 12 mil millones en deuda denominada en dólares que no existía en 2023.

Desde Finanzas informaron que la recepción de ofertas de este instrumento comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 horas del miércoles 10 de diciembre de 2025, mientras que la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el 12 de diciembre de 2025. La suscripción deberá realizarse únicamente en dólares.

La Opinión Popular

04-12-2025 / 08:12

Las 11 muertes del peronismo

Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.

Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.

Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?

La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.

"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.

Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.

1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.

2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.

03-12-2025 / 10:12

Donald Trump, el genocida Benjamín Netanyahu y Javier Milei avalan la tortura

No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.

El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.

La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.

El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.

Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.

Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".

Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".

Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".