17:06 | Lunes 22 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 10-09-2024 / 09:09

¿ES LEGAL PEGARLES A LOS JUBILADOS?

El cruel gobierno de Milei y Bullrich se deleita ante una posible nueva represión a los ancianos frente al Congreso

Cuando se espera que una multitud rodee mañana el Congreso contra el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, la represora Patricia Bullrich amenaza con su protocolo ilegal, que le sirvió para garrotear a los mayores las últimas dos semanas. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, aterrorizar. Pero ese decreto calificado de inconstitucional ya enfrenta dos presentaciones ante la Justicia y el cuestionamiento internacional en la CIDH y Naciones Unidas.

En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.

Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.

En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.

Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".

Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.

La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.

Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos.

EL GOBIERNO SE REGODEA ANTE UNA POSIBLE NUEVA REPRESIÓN FRENTE AL CONGRESO

Un protocolo cuestionado para desatar una eventual "batalla campal"

La cuestión del orden se basa en una falacia: las protestas desde que llegó Milei han sido pacíficas y la provocación siempre provino de las fuerzas de seguridad; también es trucho el objetivo de despejar la circulación y hacer prevalecer el "interés público" cuando son los agentes quienes con frecuencia ocupan la calle para desarmar la protesta. El gobierno ni siquiera acepta que quede despejado algún carril. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, paralizar.

El jueves pasado recuperó la libertad Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo preso en una cárcel federal casi tres meses. Pero el fiscal Carlos Stornelli está obsesionado con mantener abierta esta causa --en la que en línea con el Gobierno quiso imputar terrorismo a quienes se habían movilizado, vendían comida o pasaban de casualidad-- y ahora imputó a cinco personas más.

Escollos judiciales

Con excepción del juez Casanello, quien intentó avanzar en febrero, citó a Bullrich a una audiencia y le advirtió a que estaba cruzando los límites de lo legal, el comportamiento del Poder Judicial ha sido dilatar definiciones sobre el protocolo y sus consecuencias.

*Un habeas corpus de la legisladora porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad), que también planteaba la inconstitucionalidad del protocolo, fue lo que dio inicio a la causa que tuvo el juez Casanello. Esta no lo suspendió pero le señaló límites a Bullrich y le exigió que adecuara "la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho" y a los pactos internacionales de protección de los derechos humanos.

Invocó criterios que en enero habían marcado tres relatores de Naciones Unidas en una carta dirigida al gobierno de Milei (que éste ignoró) que señalaba aspectos ilegales de la norma. El magistrado le dijo a Bullrich que no puede aplicar el poder punitivo por fuera de la legislación y que si sus fuerzas advierten un delito deben pedir intervención judicial. El camarista Eduardo le sacó la causa y la mandó al fuero penal ordinario.

Ya desde antes, el expediente había peregrinado por esos tribunales y pasó por ocho juzgados y una Cámara. "Tuvimos que esperar 50 días cuando hicimos la denuncia con el Centro de Abogados por los Derecho Humanos hasta que Casanello aceptó la competencia, pero el gobierno logró quitarle el caso. Ahora está hace meses en la Corte, que tiene que resolver una simple discusión de competencia, mientras se sigue aplicando el protocolo a quienes protestan", señaló Fierro a Página/12.

*El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un amparo colectivo en diciembre, donde denunciaba que el protocolo "lesiona, restringe, altera y amenaza derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión. Es decir, es ilegal y arbitrario".

En un comienzo el juez Cormick se declaró incompetente y la causa terminó en la Cámara Federal, que tuvo la causa cuatro meses. En junio volvió al juzgado de Cormick quien, en agosto, le pidió el Estado Nacional que presente un informe previsto en la ley de amparo.

"El Ministerio de Seguridad dijo que el protocolo es legal y constitucional, que no hay ningún perjuicio o lesión al derecho y que la gente protesta con normalidad. Que es para poner orden, ya que el derecho a la protesta está sujeto a límites. Se valen de la idea de colisión de derechos (protesta versus circulación) pero anulan un derecho. Desde el CELS respondimos que no hay normalidad, que no está garantizado el derecho a la protesta en términos del sistema interamericano de derechos humanos si impedís que la gente corte la calle, modalidad histórica de visibilizar reclamos en Argentina. Reprimen y detienen, usan armas menos letales (gases, balas de goma, camiones hidrantes) en forma desproporcionada. La protesta no está garantizada", advierte Agustina Lloret, Coordinadora d Litigio y Defensa Legal del CELS.

El organismo recuerda jurisprudencia según la cual los cortes de tránsito no pueden ser asimilados al artículo 194 del Código Penal cuando son para ejercer "derechos como la libertad de expresión y de reunión". Cormick, tarde o temprano, tendrá que decir algo.

La especialista señala como casos emblemáticos el del 12 de junio (represión en la protesta por la Ley Bases que terminó con 33 detenidos/as), donde además "tuvo un fuerte papel el fiscal Stornelli" que se alineó con el discurso del gobierno que trató a los manifestantes como terroristas y desestabilizadores. Otro ejemplo es la creciente represión a jubilados/as que van los miércoles a manifestarse.

"La presencia policial y de otras fuerzas es fuerte en todas las protestas donde dicen que van a despejar las vías de circulación. A menos que sean movilizaciones muy masivas donde eso es imposible, como ocurrió con la marcha universitaria, o la del 24 de marzo, que es histórica. Cuando no hay millones de personas hacen el despliegue represivo y criminalizante, y claramente buscan un efecto disuasivo", señala Lloret.

El CELS hace presentaciones ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre la reacción estatal ante cada protesta reprimida. Esto logró despertar preocupación hace dos meses hubo una audiencia de organizaciones argentinas con representantes de ambos organismos.

El gobierno de Milei tuvo que dar explicaciones y sus funcionarios aludieron a las manifestaciones como si fueran un alzamiento contra las autoridades democráticas. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el responsable de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, dijeron que todo es para evitar una "desestabilización".

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Jan Jarab, cuestionó el "desincentivo" al "derecho a la protesta" y el uso de la palabra "terrorista" para referirse a manifestantes. El comisionado José Luis Caballero, advirtió recordó que protestar "es una acción vinculada a la promoción y defensa de la democracia".

Números y políticas

En el informe "Bala y Cárcel" el CELS señaló que para julio último 665 personas habían sido heridas en protestas solo en la Ciudad de Buenos Aires; 47 trabajadoras/es de prensa quedaron heridos en manifestaciones; hubo 80 detenciones al azar en Córdoba, Rosario y CABA; se les quiere cobrar 131millones de pesos a organizaciones por el operativo del 12 de junio (tampoco existe transparencia sobre cómo se hace ese cálculo). Un mecanismo de disuasión de la protesta es realizar requisas en transportes públicos.

Solo el 20 de diciembre de 2023, por ejemplo, fueron requisados más de 700 transportes. El gobierno se ha negado a dar información sobre los operativos anti-protesta frente los pedidos de acceso de la exdiputada Myriam Bregman. Según el protocolo, además, pueden identifica a quienes organizan y convocan. Quizá sea uno de los motivos de tanta inversión en ciberpatrullaje y servicios de inteligencia.

Bregman tuiteó esta semana que en una causa a cargo del juez Julián Ercolini sobre la represión en la primera manifestación contra la Ley Bases, que se hizo el 1 de febrero, ya declararon 16 periodistas y fotógrafos y denunciaron que la policía les disparaba directamente a ellos, a la cara y a quemarropa (están presentados el Sindicato de Prensa de Buenos Aires la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina).

Fue la marcha donde quedó herido en un ojo con un balazo de goma el abogado de Matías Aufieri (del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), hecho que forma parte de la pesquisa. El ataque a la prensa, como es obvio, pretende evitar los registros de la represión. Ese día en particular, además, se reprimía a gente que estaba arriba de una plazoleta (no en la calle). Esto está vinculado con otro hecho denunciado por los manifestantes, que es que de pronto bajó la iluminación en la plaza de los dos Congresos. El gobierno porteño lo confirmó, pero no explicó la razón.

En este contexto que intenta disuadir la protesta y meter miedo, las y los jubilados, como escribió Luis Bruschtein en este diario, se están convirtiendo en los verdaderos héroes de este tiempo que sostienen la movilización y ponen el cuerpo. Sobre ellos ha caído el gran peso del ajuste y la pelean a pesar de los palazos. Ese azote a los adultos mayores concita unos de los mayores rechazos del gobierno de Milei.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.

19-12-2025 / 10:12

Se puede derrotar al Loco Milei: Cagados en las patas, patearon la Reforma Laboral para febrero

La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional. El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.

"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.

Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.

Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.

Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.

El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.

Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.

La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.

La Opinión Popular

18-12-2025 / 08:12

Tremendo golpe al Loco Milei: la oposición salvó las universidades y la emergencia en discapacidad

Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.

El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.

Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.

Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.

Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.

Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".

La Opinión Popular