05:36 | Miercoles 09 de Julio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 10-09-2024 / 09:09

¿ES LEGAL PEGARLES A LOS JUBILADOS?

El cruel gobierno de Milei y Bullrich se deleita ante una posible nueva represión a los ancianos frente al Congreso

Cuando se espera que una multitud rodee mañana el Congreso contra el veto de Milei al aumento de las jubilaciones, la represora Patricia Bullrich amenaza con su protocolo ilegal, que le sirvió para garrotear a los mayores las últimas dos semanas. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, aterrorizar. Pero ese decreto calificado de inconstitucional ya enfrenta dos presentaciones ante la Justicia y el cuestionamiento internacional en la CIDH y Naciones Unidas.

En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.

Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.

En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.

Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".

Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.

La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.

Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos.

EL GOBIERNO SE REGODEA ANTE UNA POSIBLE NUEVA REPRESIÓN FRENTE AL CONGRESO

Un protocolo cuestionado para desatar una eventual "batalla campal"

La cuestión del orden se basa en una falacia: las protestas desde que llegó Milei han sido pacíficas y la provocación siempre provino de las fuerzas de seguridad; también es trucho el objetivo de despejar la circulación y hacer prevalecer el "interés público" cuando son los agentes quienes con frecuencia ocupan la calle para desarmar la protesta. El gobierno ni siquiera acepta que quede despejado algún carril. Quiere cualquier excusa para golpear, gasear o detener manifestantes. Lo que buscan es infundir miedo, paralizar.

El jueves pasado recuperó la libertad Roberto de la Cruz Gómez, el último de los 33 detenidos en la movilización contra la Ley Bases. Estuvo preso en una cárcel federal casi tres meses. Pero el fiscal Carlos Stornelli está obsesionado con mantener abierta esta causa --en la que en línea con el Gobierno quiso imputar terrorismo a quienes se habían movilizado, vendían comida o pasaban de casualidad-- y ahora imputó a cinco personas más.

Escollos judiciales

Con excepción del juez Casanello, quien intentó avanzar en febrero, citó a Bullrich a una audiencia y le advirtió a que estaba cruzando los límites de lo legal, el comportamiento del Poder Judicial ha sido dilatar definiciones sobre el protocolo y sus consecuencias.

*Un habeas corpus de la legisladora porteña Celeste Fierro (MST-Frente de Izquierda Unidad), que también planteaba la inconstitucionalidad del protocolo, fue lo que dio inicio a la causa que tuvo el juez Casanello. Esta no lo suspendió pero le señaló límites a Bullrich y le exigió que adecuara "la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho" y a los pactos internacionales de protección de los derechos humanos.

Invocó criterios que en enero habían marcado tres relatores de Naciones Unidas en una carta dirigida al gobierno de Milei (que éste ignoró) que señalaba aspectos ilegales de la norma. El magistrado le dijo a Bullrich que no puede aplicar el poder punitivo por fuera de la legislación y que si sus fuerzas advierten un delito deben pedir intervención judicial. El camarista Eduardo le sacó la causa y la mandó al fuero penal ordinario.

Ya desde antes, el expediente había peregrinado por esos tribunales y pasó por ocho juzgados y una Cámara. "Tuvimos que esperar 50 días cuando hicimos la denuncia con el Centro de Abogados por los Derecho Humanos hasta que Casanello aceptó la competencia, pero el gobierno logró quitarle el caso. Ahora está hace meses en la Corte, que tiene que resolver una simple discusión de competencia, mientras se sigue aplicando el protocolo a quienes protestan", señaló Fierro a Página/12.

*El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un amparo colectivo en diciembre, donde denunciaba que el protocolo "lesiona, restringe, altera y amenaza derechos fundamentales garantizados en la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales sobre Derechos Humanos, como el derecho a la protesta, la libertad de expresión, de petición y de reunión. Es decir, es ilegal y arbitrario".

En un comienzo el juez Cormick se declaró incompetente y la causa terminó en la Cámara Federal, que tuvo la causa cuatro meses. En junio volvió al juzgado de Cormick quien, en agosto, le pidió el Estado Nacional que presente un informe previsto en la ley de amparo.

"El Ministerio de Seguridad dijo que el protocolo es legal y constitucional, que no hay ningún perjuicio o lesión al derecho y que la gente protesta con normalidad. Que es para poner orden, ya que el derecho a la protesta está sujeto a límites. Se valen de la idea de colisión de derechos (protesta versus circulación) pero anulan un derecho. Desde el CELS respondimos que no hay normalidad, que no está garantizado el derecho a la protesta en términos del sistema interamericano de derechos humanos si impedís que la gente corte la calle, modalidad histórica de visibilizar reclamos en Argentina. Reprimen y detienen, usan armas menos letales (gases, balas de goma, camiones hidrantes) en forma desproporcionada. La protesta no está garantizada", advierte Agustina Lloret, Coordinadora d Litigio y Defensa Legal del CELS.

El organismo recuerda jurisprudencia según la cual los cortes de tránsito no pueden ser asimilados al artículo 194 del Código Penal cuando son para ejercer "derechos como la libertad de expresión y de reunión". Cormick, tarde o temprano, tendrá que decir algo.

La especialista señala como casos emblemáticos el del 12 de junio (represión en la protesta por la Ley Bases que terminó con 33 detenidos/as), donde además "tuvo un fuerte papel el fiscal Stornelli" que se alineó con el discurso del gobierno que trató a los manifestantes como terroristas y desestabilizadores. Otro ejemplo es la creciente represión a jubilados/as que van los miércoles a manifestarse.

"La presencia policial y de otras fuerzas es fuerte en todas las protestas donde dicen que van a despejar las vías de circulación. A menos que sean movilizaciones muy masivas donde eso es imposible, como ocurrió con la marcha universitaria, o la del 24 de marzo, que es histórica. Cuando no hay millones de personas hacen el despliegue represivo y criminalizante, y claramente buscan un efecto disuasivo", señala Lloret.

El CELS hace presentaciones ante Naciones Unidas y la Comisión Interamericana sobre la reacción estatal ante cada protesta reprimida. Esto logró despertar preocupación hace dos meses hubo una audiencia de organizaciones argentinas con representantes de ambos organismos.

El gobierno de Milei tuvo que dar explicaciones y sus funcionarios aludieron a las manifestaciones como si fueran un alzamiento contra las autoridades democráticas. El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el responsable de Cooperación Internacional del ministerio de Seguridad, Alberto Fohrig, dijeron que todo es para evitar una "desestabilización".

El representante para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano, Jan Jarab, cuestionó el "desincentivo" al "derecho a la protesta" y el uso de la palabra "terrorista" para referirse a manifestantes. El comisionado José Luis Caballero, advirtió recordó que protestar "es una acción vinculada a la promoción y defensa de la democracia".

Números y políticas

En el informe "Bala y Cárcel" el CELS señaló que para julio último 665 personas habían sido heridas en protestas solo en la Ciudad de Buenos Aires; 47 trabajadoras/es de prensa quedaron heridos en manifestaciones; hubo 80 detenciones al azar en Córdoba, Rosario y CABA; se les quiere cobrar 131millones de pesos a organizaciones por el operativo del 12 de junio (tampoco existe transparencia sobre cómo se hace ese cálculo). Un mecanismo de disuasión de la protesta es realizar requisas en transportes públicos.

Solo el 20 de diciembre de 2023, por ejemplo, fueron requisados más de 700 transportes. El gobierno se ha negado a dar información sobre los operativos anti-protesta frente los pedidos de acceso de la exdiputada Myriam Bregman. Según el protocolo, además, pueden identifica a quienes organizan y convocan. Quizá sea uno de los motivos de tanta inversión en ciberpatrullaje y servicios de inteligencia.

Bregman tuiteó esta semana que en una causa a cargo del juez Julián Ercolini sobre la represión en la primera manifestación contra la Ley Bases, que se hizo el 1 de febrero, ya declararon 16 periodistas y fotógrafos y denunciaron que la policía les disparaba directamente a ellos, a la cara y a quemarropa (están presentados el Sindicato de Prensa de Buenos Aires la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina).

Fue la marcha donde quedó herido en un ojo con un balazo de goma el abogado de Matías Aufieri (del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), hecho que forma parte de la pesquisa. El ataque a la prensa, como es obvio, pretende evitar los registros de la represión. Ese día en particular, además, se reprimía a gente que estaba arriba de una plazoleta (no en la calle). Esto está vinculado con otro hecho denunciado por los manifestantes, que es que de pronto bajó la iluminación en la plaza de los dos Congresos. El gobierno porteño lo confirmó, pero no explicó la razón.

En este contexto que intenta disuadir la protesta y meter miedo, las y los jubilados, como escribió Luis Bruschtein en este diario, se están convirtiendo en los verdaderos héroes de este tiempo que sostienen la movilización y ponen el cuerpo. Sobre ellos ha caído el gran peso del ajuste y la pelean a pesar de los palazos. Ese azote a los adultos mayores concita unos de los mayores rechazos del gobierno de Milei.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

08-07-2025 / 08:07

Milei cerró Vialidad: ahora el Psicótico también te quiere matar en la ruta

El Gobierno de Javier el "Psicótico" Milei avanzará con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. Motosierra para todos, negocios para pocos "amigos". Con el cierre de Vialidad, Milei deja a la intemperie las rutas argentinas y a miles de familias sin sustento, mientras habla de "corrupción" para justificar otro negocio privado corrupto.

Mientras uno piensa si el próximo pozo te revienta el tren delantero o directamente te mata, el prescindente Milei firma alegremente el certificado de defunción de Vialidad Nacional, el organismo que, desde hace décadas, mantiene más de 40 mil kilómetros de rutas y que hoy deja sin laburo a 5500 trabajadores. Porque claro, en la lógica de este gobierno, cerrar organismos estatales es sinónimo de "luchar contra la corrupción", aunque eso signifique dejar a pueblos incomunicados, a rutas congeladas sin asistencia y a miles de familias sin sustento.

La noticia llegó, como siempre, de la mano del ventrílocuo de turno, el vocero presidencial Manuel "Cara de Piedra" Adorni, que aseguró, con una sonrisa cínica, que "la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada". El problema es que esa acta también condena a muerte a cualquier persona que se atreva a manejar por la Cordillera en invierno, a un productor que dependa de rutas para sacar su cosecha o a un colectivo lleno de laburantes volviendo del norte a la capital.

¿Quién va a despejar la nieve en Neuquén? ¿Quién va a socorrer a los atrapados en una ruta por un alud? ¿Quién va a mantener los caminos transitables en zonas rurales? Nadie. Porque el Estado se borró. Porque Milei decidió que todo lo que huela a público es el enemigo, aunque sea lo que te salva la vida.

Y como si fuera poco, el Gobierno anarco capitalista planea privatizar 9120 kilómetros de rutas mediante una licitación, que no tiene nada de transparente ni de eficiente. Es un nuevo negociado para los amigos del poder libertario, una nueva oportunidad para entregar lo que queda del país a pedazos.

En lugar de discutir cómo mejorar la infraestructura vial o cómo modernizarla, la cierran con un video de Jorge Lanata. Ridículo, patético, y peligrosamente idiota. Como si un corte editado en la tele justificara arrasar con un organismo clave para la vida cotidiana de millones. Y el mentiroso de Federico "Pelado Botón" Sturzenegger habla de "modernizar" el Estado con recetas más viejas que timbre de pirámide.

Mientras tanto, los gremios denuncian un "genocidio en las rutas nacionales", con más de 118 tramos a la deriva. Graciela Aleñá, secretaria general del STVyARA, no se anduvo con vueltas: "Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado para hacer negocios".

Pero para Milei, el que se muere por falta de mantenimiento es un daño colateral del dogma libertario. Nada importa si no se puede medir en dólares, si no cotiza en Wall Street. No hay sensibilidad, no hay planificación, no hay país. Solo una república bananera, una colonia. Sólo hay motosierra, soberbia y obediencia ciega al manual del ajuste salvaje. Mientras tanto, andá bajando un cambio cuando agarres la ruta. Porque podés matarte por la peligrosidad de las rutas destruidas.

La Opinión Popular

07-07-2025 / 10:07

El Gobierno autoritario de Milei enfrenta su escenario más complicado

Se consignó aquí, hace una semana y, también, sin otro privilegio noticioso que la información publicada, el listado concreto del tembladeral que azota al Gobierno de Javier "el Loco" Milei. Vamos de vuelta con esa nómina, porque no hizo más que profundizarse con ciertos agregados. Sube la deuda, bajan las reservas y el FMI mira para el costado. Se rebelan "el campo" y los mandatarios provinciales, mientras la oposición avanza firme en el Congreso con jubilaciones, discapacidad, el Garrahan y universidades.

Sube la deuda. Bajan las reservas. No hay forma de pagar con excepción momentánea de la mirada al costado del FMI. "El campo" se "rebela" contra el aumento en las retenciones. El superávit comercial producido por la energía lo licua la salida de divisas por turismo. La motosierra, sus límites y sus consecuencias.

Los gobernadores "peluqueados" comenzaron a cansarse de un verdugueador que, encima, no les paga los favores. Las tropas parlamentarias, en consecuencia, se empacaron y le advierten a la reencarnación de Moisés que ya no le acompañarían su vetocracia contra el aumento a jubilados, moratoria previsional, presupuesto universitario, regulación del reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), emergencia en discapacidad.

Luis "Toto" Caputo saca cuentas optimistas, desde sus fantasías provisorias. Canchereó con que banca los trapos frente a los compradores de dólares y el mercado le contestó con una suba semanal de 55 pesos. Al margen de una coyuntura en la que intervienen el pago de aguinaldos y otros factores, en lo que va del libertarismo nunca se escuchó con tanta intensidad la mención a una corrida cambiaria.

El mundo, como si se tratara de algo al pasar en la visión infantiloide de tales gobernantes, se sacude mientras tanto en variables geopolíticas donde Argentina, por si hiciere falta recordarlo, es un lejano actor de reparto: Oriente Medio, Ucrania, protestas sociales por doquier (aunque sin carácter de contienda efectiva, cual si fuese una ola imparable de cambios radicales), multilateralismo global, China como potencia expansiva consolidada, una Europa senil, la inmigración como elemento determinante... y en medio de semejante escenario un Presidente argentino de historieta, apenas receptor de premiaciones truchísimas que ya ni sobresalen en las ínfulas de sus guerrillas digitales.

Es en consonancia con tal incertidumbre que el régimen mileísta profundiza sus inclinaciones brutales, sin que los "republicanistas", ñoños o disfrazados de liberales sensatos, se hagan mayores problemas. Algo intuyen, de todos modos, acerca de que a mediano o largo plazo no les convendrían unos representantes de su ideario tan extravagantes, tan imprevisibles, tan improvisados. Tan grasas, ya que estamos.

¿Querían motosierra? Aquí la tienen en toda su dimensión. Indiscriminada. Animalesca. Venía y continúa como planta llave en mano, y no precisamente compresora. Jamoncito significa esto con exactitud. Cabría imaginar que ya quedan entre pocos y ninguno creyendo que la sierra eléctrica era contra la casta.

06-07-2025 / 09:07

Novelli, el hombre de Milei en la cripto, llenó las cajas después de la reunión con Hayden Davis y las vacío tras la estafa $LIBRA

El presidente Javier "el Psicótico" Milei se encuentra en el ojo del huracán tras haber difundido en sus redes sociales la promoción de una criptomoneda denominada $LIBRA, que pasó de ser presentada como una herramienta para financiar pequeñas empresas a convertirse en el epicentro de un fraude multi millonario.

Hasta ahora, las imágenes de las cajas de seguridad del empresario Mauricio Novelli, uno de los protagonistas del caso $Libra que perjudicó a miles de inversores, mostraban a su madre y a su hermana en el momento en que se llevaban de la bóveda una mochila y un bolso llenos. Fue el primer día hábil después del lanzamiento del token, que había sido el 14 de febrero.

Este viernes se sumaron al expediente otros videos donde el propio Novelli aparece junto a ellas, pero diez días antes del escándalo. Es decir, son filmaciones del 4 de febrero, cuando el trader dio de alta las cajas y autorizó a ambas mujeres a tener acceso. En esta ocasión, ingresaron los tres al subsuelo, aunque hicieron movimientos por separado. Llevaban dos mochilas y un bolso, que habrían llegado llenos y fueron descargados allí.

Novelli es un joven empresario del mundo cripto muy vinculado a Javier "el Psicótico" Milei, quien daba clases en su academia de negocios. En 2024, junto con su socio Manuel Terrones Godoy, conectó al Presidente con el estadounidense Hayden Davis, creador de la estafa de la criptomoneda $Libra.

Novelli entró nueve veces a la Casa Rosada durante la administración libertaria, la mayoría con autorización de Karina "la Recaudadora" Milei, secretaria presidencial, y fue otras tres a la quinta de Olivos. Estuvo en tres de esas reuniones en la sede de gobierno con Davis, una de ellas ya este año, el 30 de enero.

Todo indica que habría sido un encuentro para avanzar en el lanzamiento de $Libra. Para el estadounidense era una instancia clave en su plan, que incluía hasta instalar oficinas propias en Buenos Aires y desarrollar la "tokenización" de la economía argentina.

Cuatro días después de aquel cónclave en la Rosada --después del cual Milei compartió en sus redes sociales una foto con Davis-- Novelli abrió dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco Galicia, de acuerdo a documentos en manos de la fiscalía de Eduardo Taiano.

Las imágenes del informe de la División Lavado de Activos de la Policía Federal, que fue agregado el viernes último al expediente, constatan que ese 4 de febrero Novelli ingresó al banco con su hermana María Pía Novelli, y su mamá, María Alicia Rafaele.

Los tres hicieron movimientos con las cajas de seguridad y esto incluiría una tercera, a nombre de la madre. Ya se sabía que el 17 de febrero las mujeres habían ido con bolsos vacíos, que sacaron llenos después de pasar por la bóveda, según el reporte policial. Las capturas del video fueron reveladas por Página/12. El caso $LIBRA es el gran escándalo de corrupción de la Presidencia de Milei, con investigaciones en marcha y crecientes denuncias que cruzan fronteras.

La Opinión Popular

05-07-2025 / 09:07

De Justicia, ni hablar: Por hacer un escrache, cárcel de alta seguridad; por abuso de menores, libertad

El atropello brutal de la jueza ultra macrista Sandra Arroyo Salgado contra los militantes acusados de realizar un escrache al diputado José Luis Espert es un síntoma de descomposición. Lula da Silva, presidente de Brasil, el principal vecino y socio comercial del país, visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada por la Corte, pero no quiso mantener una bilateral con el presidente Javier "el Loco" Milei. Fue otro síntoma de descomposición. El alto ausentismo en las elecciones provinciales es un indicador que confirma que todo huele mal en el país de la Libertad al Carajo y por eso JP Morgan anunció que se bajaba de la bicicleta financiera.

En el ambiente de Comodoro PRO, al que nadie podrá acusar de piel delicada, sorprendió la sobreactuación de Arroyo Salgado, empujada por Espert, el hombre que hizo sus campañas con el respaldo de un reconocido narco traficante, luego detenido en Neuquén, y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los detenidos fueron acusados de participar en el escrache que consistió en colgar un pasacalle y dejar bosta de caballo en la puerta de la casa de Espert, pero ni siquiera está probada la participación de ninguno de ellos. La carátula que les encajó la jueza fue: participar en una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza, como si fueran terroristas del califato mundial.

El escrache se produjo días después que Espert fuera expulsado de la Universidad Católica por calificar de hija de puta a Florencia Kirchner. La consigna de Espert en su campaña es "cárcel o bala", al estilo de las viejas consignas del nacionalsocialismo alemán hitleriano.

Ese tipo de consignas surgen cuando el sistema empieza a derrapar. Mucha bala, mucha bala, pero Espert nunca explicó su relación con el narco Fred Machado, quien financió su campaña y puso a su disposición el avión particular y otros vehículos con los que se trasladaba el candidato y de los que tenía la cédula azul. Machado fue detenido por pedido de los Estados Unidos.

Lo de la cédula azul viene al caso, porque la madre de Alexia Abaigar fue detenida durante un día entero en la alcaldía de los tribunales de San Isidro por poseer la cédula azul del automóvil de su hija.

La jueza Arroyo Salgado fue pareja del fiscal Alberto Nisman, que había hecho carrera de la mano del jefe de los espías Antonio Stiuso. En el mundillo judicial sugieren que su nombramiento en un juzgado estratégico como el de San Isidro tuvo ese origen.

La consigna "cárcel o bala", parece la exageración de una mala película sobre el nazismo. Borra la Justicia. Es la imagen de una banda de camorreros con cachiporras. Cárcel o bala puede ser para cualquiera que fuera señalado. El ejemplo es lo que hizo Arroyo Salgado a instancias de Espert y Bullrich.

Como dice el escrito que presentaron Mariano Recalde y Vanesa Siley en el Consejo de la Magistratura, el escrache que supuestamente cometieron no pasa de ser una contravención municipal. No tendrían que estar detenidos y menos en una cárcel de alta seguridad ni tendría que haber allanamientos en la madrugada, como hacia la dictadura.

04-07-2025 / 10:07

Lula se sumó a la campaña por la libertad de Cristina, que denunció la deriva totalitaria de Milei

El presidente brasileño, Lula da Silva, esquivó el almuerzo de la cumbre del Mercosur, con Javier "el Psicótico" Milei como anfitrión, y fue a visitar a Cristina Kirchner a su lugar de detención domiciliaria. Le pidió sostener su "lucha por la justicia". La ex presidenta aprovechó para referirse en duros términos a la actual situación, que denominó "terrorismo de Estado de baja intensidad". La defensa de CFK busca darle visibilidad a su detención a nivel internacional.

Lula estuvo apenas unas horas en la Argentina, pero se encargó de hacer algunos gestos fuertes. No disimuló su incomodidad cada vez que debió saludar a Milei en la cumbre del Mercosur. El presidente argentino no suele caracterizarse por su bonomía, ni por sus dotes de anfitrión, pero el brasileño sí. Terminada la cumbre, que cerró con un abrazo muy forzado entre ambos cuando intercambiaron los atributos de presidencia pro témpore del bloque regional, Lula esquivó el almuerzo de rigor y fue directo a visitar a Cristina en su prisión domiciliaria.

Más allá de las palabras de cariño y solidaridad, la instó a sostener su "lucha por la justicia". No pudo ir más allá sin generar un conflicto diplomático, pero su partido -el PT- emitió una declaración en la que habló de una "guerra legal" contra líderes populares como que en su momento sufrió Lula, a quien finalmente debieron dejar en libertad. La defensa de Cristina viene planteando la estrategia de visibilizar la detención y proscripción de CFK a nivel internacional.

La ex presidenta aprovechó para despacharse contra el gobierno del desquiciado Milei y el Poder Judicial. "Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad", afirmó en el párrafo más duro del texto que subió a las redes sociales.

Recalcó con mayúsculas un dato central: "su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad". Hizo un racconto de las situaciones de autoritarismo registradas en las últimas semanas -con la detención de varias mujeres militantes por un escrache al diputado Espert en primer plano- que calificó como "un plan preventivo contra la capacidad del pueblo de organizarse".

Comparó la situación con la vivida en Brasil por el campo popular con la detención de Lula, quien luego pudo volver a representarlos. "Lula lo demostró en Brasil. Y nosotros también lo haremos", confió.

Lula, que venía de una cumbre incómoda con Milei, estuvo más contenido en su tuit, pero firme en expresar su solidaridad. Su fuerza, el Partido de los Trabajadores (PT), marcó con énfasis que "Cristina ha estado sufriendo la guerra legal igual que nuestro presidente Lula". También que "Cristina es blanco del mismo odio clasista y de un sistema que no tolera a líderes populares comprometidos con la justicia social, los más pobres y la soberanía nacional".

Con un Poder Judicial Macrista que tiene a la ex presidenta como uno de sus blancos predilectos y amenaza sumarle condenas con otros juicios, el cristinismo busca exponer su situación en el campo internacional. Que un líder de la talla de Lula se solidarice y comparen la situación de la ex presidenta con la que debió soportar él, sin duda es una enorme colaboración.