14:33 | Domingo 28 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 03-09-2024 / 09:09

LA OSCURIDAD MÁS PROFUNDA: SE ATENTA CONTRA UN DERECHO ESENCIAL PARA LA DEMOCRACIA

Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?: Milei restringió por decreto el acceso de los ciudadanos para consultar datos sobre su gestión

La Libertad Retrocede. El presidente Javier “el Loco” Milei demostró una vez más que sus alabanzas a la libertad son puro humo para la gilada y se refiere pura y exclusivamente a la “libertad de mercado” para eliminar restricciones económicas a los sectores concentrados del poder y que puedan hacer lo que les venga en ganas, mientras que el resto del pueblo, la única “libertad” que experimenta es la de elegir entre morirse de hambre o convertirse en un semiesclavo del siglo XXI.

La Libertad Retrocede. El presidente Javier "el Loco" Milei demostró una vez más que sus alabanzas a la libertad son puro humo para la gilada y se refiere pura y exclusivamente a la "libertad de mercado" para eliminar restricciones económicas a los sectores concentrados del poder y que puedan hacer lo que les venga en ganas, mientras que el resto del pueblo, la única "libertad" que experimenta es la de elegir entre morirse de hambre o convertirse en un semiesclavo del siglo XXI.

El DNU que lleva la firma de Guillermo Francos y el desquiciado Milei limita la libertad de los ciudadanos de consultar datos sobre la gestión. Los constitucionalistas consideran que así "se atenta contra un derecho esencial para la democracia" y se consolida "un sistema que intenta apagar las voces divergentes". Se establece además la figura del "abuso de derecho", para perseguir a los que a su solo criterio pregunten "de mala fe". Las críticas llovieron desde todos los espacios políticos. "Con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, vuelven al Estado más opaco y menos transparente", dijeron desde el CELS. "Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no", sostuvieron desde la UCR.

El Gobierno anarco capitalista publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024 que reglamentó la ley 27.275 de acceso a la información pública (sancionada en 2016) y modificó la anterior norma reglamentaria, el decreto 206/2017. Con eso, lo que hizo el gobierno que se autodenomina "liberal", fue limitar la libertad de la ciudadanía para preguntar sobre cuestiones de interés público marcando una diferencia arbitraria entre "información pública", y "datos de naturaleza privada", y buscando perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de la "mala fe", entre otras cuestiones.

"El Gobierno vuelve a legislar por decreto para restringir el acceso a la información pública", denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el organismo añadieron que "con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, ?vuelven ?al Estado más opaco y menos transparente". Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?:

En la misma publicación del Boletín Oficial en la que salió el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, el gobierno oficializó el decreto 780 con la firma de Milei y de Francos que busca limitar el acceso a la información pública. En el artículo dos, al reglamentar el artículo tres de la ley 27.275, el decreto limita el concepto de "información pública", al excluir toda información que contenga datos de "naturaleza privada". "Excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica", dice.

Además, excluye las "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o examen preliminar de asunto" y lo limita a los registros generados, controlados o custodiados por la actividad estatal. Ese punto generó un rechazo particular del abogado constitucionalista Gil Domínguez: "De esta manera, quedan especialmente protegidos los aportes del sector privado, que terminan definiendo los contornos de las políticas públicas", opinó. El decreto, dijo Gil Domínguez, "atenta contra un derecho considerado esencial para el sistema democrático y consolida un sistema que intenta apagar las voces divergentes y el pluralismo ideológico".

En un acto que va totalmente en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, el "psiquiátrico" Milei volvió a mostrar su hilacha autoritaria y fascista al pretender limitar la divulgación de datos e información a la que pueden acceder periodistas y demás miembros de la sociedad. Se dicen libertarios y limitan las libertades.

La Opinión Popular

EL DECRETO "ATENTA CONTRA UN DERECHO ESENCIAL DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO", DIJO GIL DOMÍNGUEZ

Silencio de Estado: el Gobierno restringió por decreto el acceso a la información pública

La respuesta tampoco tardó en llegar desde el Congreso de la Nación. El bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, solicitó a Francos y al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública que, justamente, "informen" sobre una serie de cuestiones como, por ejemplo, si era necesario y pertinente "instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública", y los motivos --si es que era necesario-- para hacerlo. Además, preguntaron si la AAIP fue consultada por los alcances del decreto y cuál es su postura al respecto.

Lo diputados firmantes --con Margarita Stolbizer a la cabeza-- preguntaron, además, si el Ejecutivo consultó a alguna de las entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia --en esa lista podrían haber estado la ACIJ, el CELS o Poder Ciudadano, entre muchos otros--, algo que está a las claras que no sucedió.

Las críticas también se replicaron en la UCR. La diputada Carla Carrizo, expresó: "No vale autopercibirse como el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y siendo Presidente de la Argentina limitar el derecho a la información pública decretando al secreto como razón de Estado". En la misma línea, su correligionaria Karina Banfi, sumó: "El acceso a la información pública es un derecho humano. El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no".

La respuesta del gobierno

Desde Casa Rosada se atajan ante las críticas y dicen que lo que hicieron fue "simplemente reglamentar una ley que estaba sin reglamentar". "Estaba mal hecho. Lo hicieron durante el macrismo, los talentos de la gestión que hicieron todo a medias", dicen y aprovechan para, de paso, criticar al expresidente Macri.

Luego, opinan que "lo privado no tiene nada que ver con la gestión estatal", y que, "hay cosas de la gestión estatal que no deben o no pueden ser respondidas porque, si se ponen sobre la mesa, es riesgoso". Comentan que "descubrieron gente que trabaja de pedir información que no es pública, incluso por fuera del periodismo", y que lo que buscaron es "delimitar qué es y qué no es información pública porque era muy genérico".

"Si el Presidente come papas fritas, tiene perros o usa soquetes nada tiene que ver con su rol institucional", dicen en el oficialismo y añaden que "había problemas porque el caudal de preguntas, con o sin sentido, era tal que ni siquiera se podía llegar a responder". "Cualquiera podía preguntar cualquier cosa", se quejan en Balcarce 50 y subrayan que "estábamos todo el tiempo respondiendo consultas sin sentido".

Policías de la "buena fe"

Por otra parte, el artículo uno del decreto --al reglamentar el artículo uno de la ley 27.275-- establece la figura del "abuso de derecho" previsto por el artículo diez del Código Civil para las personas que intenten ejercer el derecho de acceso a la información pública y que, según el gobierno, lo hayan realizado de mala fe. "Eso implica que, a su arbitrio, los sujetos obligados pueden rechazar las solicitudes y perseguir a las personas judicialmente para obtener el pago de una indemnización por actuar de mala fe", denunció Domínguez.

En esa misma línea, el artículo 6 del decreto impone como función a todos los responsables del acceso a la información pública a informar a la Agencia los "apartamientos" del principio de buena fe para adoptar "las medidas necesarias", en pos de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

El artículo 24 de la ley, como señala el abogado constitucionalista, determina como función de la AAIP que, al elaborar las estadísticas tenga en consideración las solicitudes que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes". Para Domínguez, la reglamentación que hoy se conoció "le otorga al Estado, en el ámbito de la información pública, el rol de policía de la buena fe".

Información reservada

En otro artículo de la ley 27275, el ocho inciso A, se establece que los sujetos obligados legalmente a brindar información pública están exceptuados de hacerlo cuando la información este expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior, pero que la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas.

En el artículo cuatro del decreto firmado por Milei y Francos, se eliminó la última definición y se convirtió en reservada toda la información pública vinculada a defensa o política exterior, según analiza Domínguez.

En el mismo artículo de la ley, se enuncia que las excepciones al ejercicio del derecho al acceso a la información pública no pueden ser aplicadas en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. El artículo cuatro del decreto libertario lo que hace es restringir eso "a las causas judiciales y a la información requerida en el marco de una causa".

Por Melisa Molina

Fuente: Página 12

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular