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Nacionales - 03-09-2024 / 09:09
LA OSCURIDAD MÁS PROFUNDA: SE ATENTA CONTRA UN DERECHO ESENCIAL PARA LA DEMOCRACIA

Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?: Milei restringió por decreto el acceso de los ciudadanos para consultar datos sobre su gestión

Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?: Milei restringió por decreto el acceso de los ciudadanos para consultar datos sobre su gestión
La Libertad Retrocede. El presidente Javier “el Loco” Milei demostró una vez más que sus alabanzas a la libertad son puro humo para la gilada y se refiere pura y exclusivamente a la “libertad de mercado” para eliminar restricciones económicas a los sectores concentrados del poder y que puedan hacer lo que les venga en ganas, mientras que el resto del pueblo, la única “libertad” que experimenta es la de elegir entre morirse de hambre o convertirse en un semiesclavo del siglo XXI.
La Libertad Retrocede. El presidente Javier "el Loco" Milei demostró una vez más que sus alabanzas a la libertad son puro humo para la gilada y se refiere pura y exclusivamente a la "libertad de mercado" para eliminar restricciones económicas a los sectores concentrados del poder y que puedan hacer lo que les venga en ganas, mientras que el resto del pueblo, la única "libertad" que experimenta es la de elegir entre morirse de hambre o convertirse en un semiesclavo del siglo XXI.
 
El DNU que lleva la firma de Guillermo Francos y el desquiciado Milei limita la libertad de los ciudadanos de consultar datos sobre la gestión. Los constitucionalistas consideran que así "se atenta contra un derecho esencial para la democracia" y se consolida "un sistema que intenta apagar las voces divergentes". Se establece además la figura del "abuso de derecho", para perseguir a los que a su solo criterio pregunten "de mala fe". Las críticas llovieron desde todos los espacios políticos. "Con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, vuelven al Estado más opaco y menos transparente", dijeron desde el CELS. "Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no", sostuvieron desde la UCR.
 
El Gobierno anarco capitalista publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024 que reglamentó la ley 27.275 de acceso a la información pública (sancionada en 2016) y modificó la anterior norma reglamentaria, el decreto 206/2017. Con eso, lo que hizo el gobierno que se autodenomina "liberal", fue limitar la libertad de la ciudadanía para preguntar sobre cuestiones de interés público marcando una diferencia arbitraria entre "información pública", y "datos de naturaleza privada", y buscando perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de la "mala fe", entre otras cuestiones.
 
"El Gobierno vuelve a legislar por decreto para restringir el acceso a la información pública", denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el organismo añadieron que "con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, ?vuelven ?al Estado más opaco y menos transparente". Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?:
 
En la misma publicación del Boletín Oficial en la que salió el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, el gobierno oficializó el decreto 780 con la firma de Milei y de Francos que busca limitar el acceso a la información pública. En el artículo dos, al reglamentar el artículo tres de la ley 27.275, el decreto limita el concepto de "información pública", al excluir toda información que contenga datos de "naturaleza privada". "Excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica", dice.
 
Además, excluye las "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o examen preliminar de asunto" y lo limita a los registros generados, controlados o custodiados por la actividad estatal. Ese punto generó un rechazo particular del abogado constitucionalista Gil Domínguez: "De esta manera, quedan especialmente protegidos los aportes del sector privado, que terminan definiendo los contornos de las políticas públicas", opinó. El decreto, dijo Gil Domínguez, "atenta contra un derecho considerado esencial para el sistema democrático y consolida un sistema que intenta apagar las voces divergentes y el pluralismo ideológico".
 
En un acto que va totalmente en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, el "psiquiátrico" Milei volvió a mostrar su hilacha autoritaria y fascista al pretender limitar la divulgación de datos e información a la que pueden acceder periodistas y demás miembros de la sociedad. Se dicen libertarios y limitan las libertades.
 
La Opinión Popular
 

 
EL DECRETO "ATENTA CONTRA UN DERECHO ESENCIAL DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO", DIJO GIL DOMÍNGUEZ
 
Silencio de Estado: el Gobierno restringió por decreto el acceso a la información pública
 
La respuesta tampoco tardó en llegar desde el Congreso de la Nación. El bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, solicitó a Francos y al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública que, justamente, "informen" sobre una serie de cuestiones como, por ejemplo, si era necesario y pertinente "instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública", y los motivos --si es que era necesario-- para hacerlo. Además, preguntaron si la AAIP fue consultada por los alcances del decreto y cuál es su postura al respecto.
 
Lo diputados firmantes --con Margarita Stolbizer a la cabeza-- preguntaron, además, si el Ejecutivo consultó a alguna de las entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia --en esa lista podrían haber estado la ACIJ, el CELS o Poder Ciudadano, entre muchos otros--, algo que está a las claras que no sucedió.
 
Las críticas también se replicaron en la UCR. La diputada Carla Carrizo, expresó: "No vale autopercibirse como el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y siendo Presidente de la Argentina limitar el derecho a la información pública decretando al secreto como razón de Estado". En la misma línea, su correligionaria Karina Banfi, sumó: "El acceso a la información pública es un derecho humano. El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no".
 
 
La respuesta del gobierno
 
Desde Casa Rosada se atajan ante las críticas y dicen que lo que hicieron fue "simplemente reglamentar una ley que estaba sin reglamentar". "Estaba mal hecho. Lo hicieron durante el macrismo, los talentos de la gestión que hicieron todo a medias", dicen y aprovechan para, de paso, criticar al expresidente Macri.
 
Luego, opinan que "lo privado no tiene nada que ver con la gestión estatal", y que, "hay cosas de la gestión estatal que no deben o no pueden ser respondidas porque, si se ponen sobre la mesa, es riesgoso". Comentan que "descubrieron gente que trabaja de pedir información que no es pública, incluso por fuera del periodismo", y que lo que buscaron es "delimitar qué es y qué no es información pública porque era muy genérico".
 
"Si el Presidente come papas fritas, tiene perros o usa soquetes nada tiene que ver con su rol institucional", dicen en el oficialismo y añaden que "había problemas porque el caudal de preguntas, con o sin sentido, era tal que ni siquiera se podía llegar a responder". "Cualquiera podía preguntar cualquier cosa", se quejan en Balcarce 50 y subrayan que "estábamos todo el tiempo respondiendo consultas sin sentido".
 
 
Policías de la "buena fe"
 
Por otra parte, el artículo uno del decreto --al reglamentar el artículo uno de la ley 27.275-- establece la figura del "abuso de derecho" previsto por el artículo diez del Código Civil para las personas que intenten ejercer el derecho de acceso a la información pública y que, según el gobierno, lo hayan realizado de mala fe. "Eso implica que, a su arbitrio, los sujetos obligados pueden rechazar las solicitudes y perseguir a las personas judicialmente para obtener el pago de una indemnización por actuar de mala fe", denunció Domínguez.
 
En esa misma línea, el artículo 6 del decreto impone como función a todos los responsables del acceso a la información pública a informar a la Agencia los "apartamientos" del principio de buena fe para adoptar "las medidas necesarias", en pos de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
 
El artículo 24 de la ley, como señala el abogado constitucionalista, determina como función de la AAIP que, al elaborar las estadísticas tenga en consideración las solicitudes que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes". Para Domínguez, la reglamentación que hoy se conoció "le otorga al Estado, en el ámbito de la información pública, el rol de policía de la buena fe".
 
 
Información reservada
  
En otro artículo de la ley 27275, el ocho inciso A, se establece que los sujetos obligados legalmente a brindar información pública están exceptuados de hacerlo cuando la información este expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior, pero que la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas.
 
En el artículo cuatro del decreto firmado por Milei y Francos, se eliminó la última definición y se convirtió en reservada toda la información pública vinculada a defensa o política exterior, según analiza Domínguez.
 
En el mismo artículo de la ley, se enuncia que las excepciones al ejercicio del derecho al acceso a la información pública no pueden ser aplicadas en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. El artículo cuatro del decreto libertario lo que hace es restringir eso "a las causas judiciales y a la información requerida en el marco de una causa".
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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11-11-2025 / 10:11
Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.
 
El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.
 
Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.
 
Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.
 
En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".
 
¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".
 
En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.
 
Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos. 
 

10-11-2025 / 11:11
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero. Se trata de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por Javier "el Estafador" Milei a través de su cuenta de X. La causa $LIBRA empieza a moverse. El juez ordenó este fin de semana el congelamiento de todos los bienes muebles e inmuebles del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, quien ofició como el socio principal de la estafa de la que participó Javier Milei.
 
El juez dictó una medida de "no innovar" también sobre los activos financieros de Davis y de otros dos criptochantas vinculados al caso, uno colombiano (Favio Camilo Rodríguez Blanco) y otro argentino (Orlando Rodolfo Mellino), ambos presuntos titulares de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por el Presidente a través de su cuenta de X.
 
La medida del juez se basa en un informe del Ministerio Público Fiscal en el que se establece que, en los activos financieros de Davis, Rodríguez Blanco y Melino podría esconderse parte del botín estimado entre los 100 y 120 millones de dólares con que estafaron a través de $LIBRA a centenares de inversores cripto desprevenidos.
 
En ese marco, Davis es señalado como la figura central en la ruta del dinero del fraude: ya está en la mira de la justicia norteamericana, donde afronta una denuncia por estafa, al tiempo que se pudo reconstruir, tanto dentro de la causa como a través de la investigación de distintos especialistas del mundo cripto y de la Comisión de Diputados, que movilizó fondos a través de distintas billeteras para sus socios, intentando borrar la huella de las transferencias, algo que no pudo lograr. Rodríguez Blanco y Melino, en tanto, son señalados como posibles "intermediarios" en $LIBRA y otros negocios similares.
 
La misma medida que alcanzó a los bienes de Davis y los "intermediarios" Rodríguez Blanco y Melino ya había sido tomada por el juez para el caso de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos socios en el Tech Forum de octubre de 2024 de la que participó Milei y que registran varias visitas a Olivos y a la Casa Rosada en las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA. 
 

10-11-2025 / 10:11
Un oficialismo ordenado, una oposición sumida en internas. El Gobierno de Javier "el Cipayo" Milei avanzará con sus reformas regresivas, mientras el principal partido de oposición sigue sin salir del shock que fue el resultado sorpresa de octubre para propios y extraños. Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado.
 
A apenas dos semanas de haber ido a votar, la sensación es de un escenario político planchado, sin novedades y a espera de algún acontecimiento que sacuda esa relativa tranquilidad otorgada al Gobierno libertario tras las elecciones. Semeja, cada vez con mayor intensidad, que las responsabilidades están en el campo opositor.
 
Habrá otra ofensiva profundizada contra los trabajadores, a través de los proyectos de reforma laboral que persiguen achicar más todavía a la clase media (¿cuánto más puede apretarse hacia abajo?). Tal vez no sea inminente, porque voces en off del Gobierno indican que son más bien "bombas de humo" para medir el humor social. Como fuere, el momento llegará y cabe seguir preguntándose si la dirigencia sindical mayoritaria persistirá en sus nubes de Úbeda.
 
El interrogante, por supuesto, se extiende al conjunto de referentes políticos opositores. Podría considerarse lógico que, al cabo de un resultado electoral que no esperaba ni el propio oficialismo, la oposición se encuentre en estado de shock. Sin embargo, hay el reparo de que, en esa franja, las dificultades e indecisiones vienen de antes. De bastante antes. El dictamen de las urnas sólo acentuó que la tierra barrida debajo de la alfombra volviera a exponerse.
 
Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado. Será más temprano que tarde cuando el peronismo, como única fuerza no testimonial en condiciones de disputar poder, o gobierno, deba resolver su situación indefinida. Y si no es mediante un consenso que pueda abroquelar de forma convincente, sería la oportunidad de hacerlo con elecciones internas.
 
¿Alguien tiene una fórmula más apta, si no se arriba a acuerdos básicos? De paso, o en primer término, reiteremos ciertas incógnitas.
 
¿Hablamos de diferencias programáticas y, luego, acerca de tácticas de alianzas que permitan un arco lo más amplio posible, como para enfrentar con éxito a un bloque dominante envalentonado? ¿Hablamos de disidencias respecto de las administraciones territoriales, que pudieran significar divisiones insalvables entre la gobernación bonaerense y La Cámpora? ¿O estamos hablando de disputas de figuración, por más antipático que resuene?
 
No pareciera que fuesen las dos primeras variantes, salvo habernos perdido algún aspecto sustancial. ¿Cuáles serían los enfrentamientos ideológicos marcados, e incluso secundarios, entre los idearios de Cristina y Kicillof o entre aquellos que responden a una y otro?
 
Si no los hay; si la respuesta es efectivamente negativa; si no rige algún cisma político profundo susceptible de ser arreglado entre cuatro paredes y como debería corresponder a gente grande, entonces resta la opción de que lo irresoluto pasa por razones de contienda individual. Y en esa alternativa, no cabría más que la ruptura.
 
Es decir: justo lo esperado por los libertaristas y sus socios para seguir comiendo pochoclo mientras Washington no les suelte la mano. Sería tristísimo y peligroso. Por eso es dable esperar que haya freno, si es que se llega al borde del abismo.  
 

09-11-2025 / 10:11
El intento del extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, de negar la autenticidad de los audios en los que denunciaba el sistema de coimas con medicamentos para discapacitados que terminaba en los Hermanos Milei puede convertirse en un problema mayor para el Gobierno. Se pudo saber que si la Justicia lo convalida, aparecerán los audios completos, incluidos sus interlocutores, lo que dejaría expuesta la trama libertaria que desató el escándalo.
 
Es decir, no sólo la voz de Spagnuolo, que obviamente es la auténtica, sino también la de sus dos o más interlocutores. De ser así, se produciría un fuerte dolor de cabeza para La Libertad Avanza (LLA) dado que, por supuesto, quienes mantuvieron los diálogos con Spagnuolo --¡y lo grabaron!-- son libertarios. Parece evidente que el exfuncionario no confesó "el 3 por ciento para Karina" con alguien que no fuera del palo y de cierto nivel.
 
De manera, que una revelación de los originales, exhibiría una trama interna. A esta altura, nadie duda que se trata de la voz de Spagnuolo, a tal punto que el propio exfuncionario nunca dijo que no era él quien hablaba y en el gobierno lo echaron justamente porque estaban seguros que se trataba de Spagnuolo, descontrolado y desesperado porque él firmaba compras y las coimas se las llevaban otros, los Menem y Karina.
 
De todas maneras, la aparición de los audios completos --también con la voz de los interlocutores-- depende de la evolución de la causa. La Cámara Federal tardará entre dos y tres semanas en decidir si los audios afectaron el derecho a la intimidad de Spagnuolo --eso es lo que planteó la defensa-- y si la causa previa, en la que ya se denunciaron los manejos en Discapacidad, impide seguir investigando.
 
Spagnuolo sumó a su defensa al conocido abogado Mauricio DAlessandro. De su mano apareció el súbito y tardío cuestionamiento a los audios que en su momento difundieron los periodistas Mauro Federico, Ivy Cángaro y Jorge Rial. El letrado fue un poco más cauto que su cliente: dijo que los audios son editados. Se trata de algo público y notorio, dado que en lo difundido se sacó la voz de los interlocutores de Spagnuolo, aquellos que lo escucharon hablando de las coimas y las compras de medicamentos amañadas, supuestamente a favor de la droguería la Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
 
Quién filtró los audios, es decir quien se los entregó a los periodistas, sacó la voz de los que dialogaban con Spagnuolo porque se trató de personas de LLA. Es evidente que el escándalo tuvo como trasfondo la interna libertaria, las fuerzas del cielo vs Karina-Martín y Lule Menem, aunque se debería agradecer a esa interna porque permitió revelar el descarado robo a los discapacitados.
 
Lo que ahora aparece en escena es la posibilidad de que se conozcan los audios completos, sin sacar la voz de quienes mantuvieron esos diálogos con el extitular de Andis. Sería en caso de que la justicia cuestionara la autenticidad de la voz de Spagnuolo. Parece cantado que semejante revelación armaría un tremendo lío en el bando libertario.
 

08-11-2025 / 09:11
La destrucción del peronismo-kirchnerismo y del movimiento obrero constituyen el principal objetivo del gobierno, según confirmaron esta semana Javier "el Cipayo" Milei, Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger. Pero los dos agrupamientos en la mira del oficialismo están más enfocados en resolver sus heridas internas.
 
En Bolivia, tras la victoria electoral de la derecha, la liberación de la expresidenta de facto Jeanine Añez, condenada por el golpe contra Evo Morales, recordó a la decisión de la Corte de confirmar el sobreseimiento de Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. La Justicia se alinea según los resultados electorales.
 
Dos días después del resultado electoral, la Corte confirmó el sobreseimiento de Macri y rechazó 20 recursos interpuestos por Cristina Kirchner y otros acusados en la causa Cuadernos, cuyo juicio comenzó este jueves.
 
Se trata de una causa armada con una fotocopia con miles de adulteraciones y que fue escrita por dos personas diferentes; con testimonios obtenidos en forma extorsiva, y montada por el fiscal Carlos Stornelli, involucrado en otras causas paralelas por extorsión junto con su colaborador, el condenado Marcelo DAlessio, y por el fallecido juez Claudio Bonadio.
 
Antes de convertirse en Inquisidor oficial del macrismo, Bonadio tenía nueve pedidos de juicio político -algunos de mucha gravedad- que nunca tuvieron tratamiento en la Magistratura con mayoría macrista.
 
La campaña tan polarizada quedó reflejada en las consignas. Fuerza Patria planteó el eje de "hay que frenar a Milei". El oficialismo convocó a "acabar con el kirchnerismo" o "hay que poner el último clavo en el cajón del kirchnerismo". En el primer caso, habla de dos fuerzas que compiten. En cambio, el oficialismo habla de exterminio, lo que tiene cierta similitud con la dictadura cívico-militar.
 
Para el sector corporativo del capital concentrado, el movimiento nacional y popular es un obstáculo para su proyecto de país altamente desigual, con grandes niveles de pobreza y baja ocupación, desindustrializado, subordinado a Estados Unidos, proveedor de hidrocarburos, minerales, carnes y granos, un país que no requiere educación ni salud pública. Este proyecto se expresó antes a través de Macri y ahora con Milei.
 
Los dos objetivos que planteó Milei el jueves en su enésima visita a Estados Unidos, fueron barrer al peronismo-kirchnerismo y desmantelar la estructura sindical. La campaña de Patricia Bullrich fue "te propongo terminar con el kirchnerismo de verdad y para siempre". Federico Sturzenegger reconoció el lunes en una reunión con empresarios españoles que el corazón de la reforma laboral que propondrán al Congreso es desarticular la fuerza del movimiento obrero al abrir la negociación por empresa.
 
El proyecto de la derecha no acepta voces discordantes porque plantea situaciones extremas en el país, con ganancias enormes para un puñado y la pobreza para la inmensa mayoría. El problema es que el oficialismo con sus aliados representa el 40 por ciento del 67 por ciento que votó, que es menos del 30 por ciento del padrón.
 
El resultado es un país de tres tercios: el oficialismo y sus aliados, un poco menos el peronismo-kirchnerismo y sus aliados y un poco más el ausentismo. No es una ecuación que permita eliminar el diálogo como ejercicio democrático. Pero el diálogo no figura en la caja de herramientas del oficialismo. Su objetivo es la destrucción del que no consiente. 
 

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