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“Si alguna vez llega el fascismo al poder lo hará en nombre de la libertad”. Thomas Mann, premio Nobel 1940.
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Nacionales - 03-09-2024 / 09:09
LA OSCURIDAD MÁS PROFUNDA: SE ATENTA CONTRA UN DERECHO ESENCIAL PARA LA DEMOCRACIA

Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?: Milei restringió por decreto el acceso de los ciudadanos para consultar datos sobre su gestión

Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?: Milei restringió por decreto el acceso de los ciudadanos para consultar datos sobre su gestión
La Libertad Retrocede. El presidente Javier “el Loco” Milei demostró una vez más que sus alabanzas a la libertad son puro humo para la gilada y se refiere pura y exclusivamente a la “libertad de mercado” para eliminar restricciones económicas a los sectores concentrados del poder y que puedan hacer lo que les venga en ganas, mientras que el resto del pueblo, la única “libertad” que experimenta es la de elegir entre morirse de hambre o convertirse en un semiesclavo del siglo XXI.
La Libertad Retrocede. El presidente Javier "el Loco" Milei demostró una vez más que sus alabanzas a la libertad son puro humo para la gilada y se refiere pura y exclusivamente a la "libertad de mercado" para eliminar restricciones económicas a los sectores concentrados del poder y que puedan hacer lo que les venga en ganas, mientras que el resto del pueblo, la única "libertad" que experimenta es la de elegir entre morirse de hambre o convertirse en un semiesclavo del siglo XXI.
 
El DNU que lleva la firma de Guillermo Francos y el desquiciado Milei limita la libertad de los ciudadanos de consultar datos sobre la gestión. Los constitucionalistas consideran que así "se atenta contra un derecho esencial para la democracia" y se consolida "un sistema que intenta apagar las voces divergentes". Se establece además la figura del "abuso de derecho", para perseguir a los que a su solo criterio pregunten "de mala fe". Las críticas llovieron desde todos los espacios políticos. "Con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, vuelven al Estado más opaco y menos transparente", dijeron desde el CELS. "Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no", sostuvieron desde la UCR.
 
El Gobierno anarco capitalista publicó en el Boletín Oficial el decreto 780/2024 que reglamentó la ley 27.275 de acceso a la información pública (sancionada en 2016) y modificó la anterior norma reglamentaria, el decreto 206/2017. Con eso, lo que hizo el gobierno que se autodenomina "liberal", fue limitar la libertad de la ciudadanía para preguntar sobre cuestiones de interés público marcando una diferencia arbitraria entre "información pública", y "datos de naturaleza privada", y buscando perseguir a quienes hagan preguntas incómodas bajo la figura de la "mala fe", entre otras cuestiones.
 
"El Gobierno vuelve a legislar por decreto para restringir el acceso a la información pública", denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Desde el organismo añadieron que "con la excusa de cambiar la reglamentación de la ley, ?vuelven ?al Estado más opaco y menos transparente". Si esto no es una dictadura, ¿Qué es?:
 
En la misma publicación del Boletín Oficial en la que salió el veto a la nueva ley de movilidad jubilatoria, el gobierno oficializó el decreto 780 con la firma de Milei y de Francos que busca limitar el acceso a la información pública. En el artículo dos, al reglamentar el artículo tres de la ley 27.275, el decreto limita el concepto de "información pública", al excluir toda información que contenga datos de "naturaleza privada". "Excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica", dice.
 
Además, excluye las "deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o examen preliminar de asunto" y lo limita a los registros generados, controlados o custodiados por la actividad estatal. Ese punto generó un rechazo particular del abogado constitucionalista Gil Domínguez: "De esta manera, quedan especialmente protegidos los aportes del sector privado, que terminan definiendo los contornos de las políticas públicas", opinó. El decreto, dijo Gil Domínguez, "atenta contra un derecho considerado esencial para el sistema democrático y consolida un sistema que intenta apagar las voces divergentes y el pluralismo ideológico".
 
En un acto que va totalmente en contra de la libertad de expresión y el derecho a la información, el "psiquiátrico" Milei volvió a mostrar su hilacha autoritaria y fascista al pretender limitar la divulgación de datos e información a la que pueden acceder periodistas y demás miembros de la sociedad. Se dicen libertarios y limitan las libertades.
 
La Opinión Popular
 

 
EL DECRETO "ATENTA CONTRA UN DERECHO ESENCIAL DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO", DIJO GIL DOMÍNGUEZ
 
Silencio de Estado: el Gobierno restringió por decreto el acceso a la información pública
 
La respuesta tampoco tardó en llegar desde el Congreso de la Nación. El bloque de Encuentro Federal, presidido por Miguel Ángel Pichetto, solicitó a Francos y al titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública que, justamente, "informen" sobre una serie de cuestiones como, por ejemplo, si era necesario y pertinente "instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública", y los motivos --si es que era necesario-- para hacerlo. Además, preguntaron si la AAIP fue consultada por los alcances del decreto y cuál es su postura al respecto.
 
Lo diputados firmantes --con Margarita Stolbizer a la cabeza-- preguntaron, además, si el Ejecutivo consultó a alguna de las entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia --en esa lista podrían haber estado la ACIJ, el CELS o Poder Ciudadano, entre muchos otros--, algo que está a las claras que no sucedió.
 
Las críticas también se replicaron en la UCR. La diputada Carla Carrizo, expresó: "No vale autopercibirse como el máximo defensor de las ideas de la libertad en el mundo y siendo Presidente de la Argentina limitar el derecho a la información pública decretando al secreto como razón de Estado". En la misma línea, su correligionaria Karina Banfi, sumó: "El acceso a la información pública es un derecho humano. El Estado tutela, ordena y pone a disposición. Nunca más puede un funcionario decir qué podemos preguntar y qué no".
 
 
La respuesta del gobierno
 
Desde Casa Rosada se atajan ante las críticas y dicen que lo que hicieron fue "simplemente reglamentar una ley que estaba sin reglamentar". "Estaba mal hecho. Lo hicieron durante el macrismo, los talentos de la gestión que hicieron todo a medias", dicen y aprovechan para, de paso, criticar al expresidente Macri.
 
Luego, opinan que "lo privado no tiene nada que ver con la gestión estatal", y que, "hay cosas de la gestión estatal que no deben o no pueden ser respondidas porque, si se ponen sobre la mesa, es riesgoso". Comentan que "descubrieron gente que trabaja de pedir información que no es pública, incluso por fuera del periodismo", y que lo que buscaron es "delimitar qué es y qué no es información pública porque era muy genérico".
 
"Si el Presidente come papas fritas, tiene perros o usa soquetes nada tiene que ver con su rol institucional", dicen en el oficialismo y añaden que "había problemas porque el caudal de preguntas, con o sin sentido, era tal que ni siquiera se podía llegar a responder". "Cualquiera podía preguntar cualquier cosa", se quejan en Balcarce 50 y subrayan que "estábamos todo el tiempo respondiendo consultas sin sentido".
 
 
Policías de la "buena fe"
 
Por otra parte, el artículo uno del decreto --al reglamentar el artículo uno de la ley 27.275-- establece la figura del "abuso de derecho" previsto por el artículo diez del Código Civil para las personas que intenten ejercer el derecho de acceso a la información pública y que, según el gobierno, lo hayan realizado de mala fe. "Eso implica que, a su arbitrio, los sujetos obligados pueden rechazar las solicitudes y perseguir a las personas judicialmente para obtener el pago de una indemnización por actuar de mala fe", denunció Domínguez.
 
En esa misma línea, el artículo 6 del decreto impone como función a todos los responsables del acceso a la información pública a informar a la Agencia los "apartamientos" del principio de buena fe para adoptar "las medidas necesarias", en pos de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
 
El artículo 24 de la ley, como señala el abogado constitucionalista, determina como función de la AAIP que, al elaborar las estadísticas tenga en consideración las solicitudes que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes". Para Domínguez, la reglamentación que hoy se conoció "le otorga al Estado, en el ámbito de la información pública, el rol de policía de la buena fe".
 
 
Información reservada
  
En otro artículo de la ley 27275, el ocho inciso A, se establece que los sujetos obligados legalmente a brindar información pública están exceptuados de hacerlo cuando la información este expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior, pero que la reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad, defensa y de relaciones exteriores de la Nación; ni aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas.
 
En el artículo cuatro del decreto firmado por Milei y Francos, se eliminó la última definición y se convirtió en reservada toda la información pública vinculada a defensa o política exterior, según analiza Domínguez.
 
En el mismo artículo de la ley, se enuncia que las excepciones al ejercicio del derecho al acceso a la información pública no pueden ser aplicadas en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. El artículo cuatro del decreto libertario lo que hace es restringir eso "a las causas judiciales y a la información requerida en el marco de una causa".
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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13-09-2024 / 08:09
Tras el premio consuelo de la aprobación de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados, el Gobierno libertario vio cómo la alegría se le disolvía enseguida. La oposición logró votar el rechazo al decreto de fondos secretos para la SIDE y convirtió en ley por amplia mayoría (57 votos a favor y solo 10 en contra) el Financiamiento de la Universidad Pública, tan resistido por Javier "el Loco" Milei. Y a un día de la derrota en Diputados, la oposición redobló la apuesta en el Senado para aprobar el aumento del presupuesto a las universidades nacionales con un número robusto capaz de blindarlo de un eventual veto presidencial.
 
En un hecho sin antecedentes, dado que es el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) derogado por ambas cámaras, el Senado volteó el decreto presidencial que le había otorgado 100.000 millones de pesos más a la central de inteligencia, sin ningún tipo de control para comprar legisladores, jueces y periodistas.

El gobierno libertario ajustador también fue derrotado en la ley sobre financiamiento universitario. Milei anunció que vetará la ley si se aprueba, aunque su impacto en términos presupuestarios es sólo de 0,14 % del PBI y se trata de una recomposición del ajuste ya realizado, no significa una mejora respecto del deterioro previo aunque si un "blindaje" frente a futuros intentos de licuación inflacionaria. Se preparan nuevas movilizaciones para derrotar el veto que el "degenerado institucional" Milei ya anunció que hará contra esta última norma, al igual que lo hizo contra los jubilados.

La UCR había quedado golpeada después de la votación por la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria en Diputados. El cambio de postura de un grupo de radicales - que habían pasado de votar a favor de la ley a acompañar el veto de Milei - había dejado una mancha, y en el partido estaban incómodos. El día anterior, el jefe de bloque, Eduardo Vischi se había reunido con Milei en Casa Rosada y había maniobrado para impedir el tratamiento del DNU de Inteligencia. Algunos radicales, incluso, habían recibido llamadas de rectores que, preocupados, denunciaban que un sector de la UCR quería impedir el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario para atar la discusión a la del Presupuesto 2025.
 
La oposición buscó -y consiguió- llevarle un claro mensaje al autoritario Milei: es débil numéricamente en el Congreso y, por lo tanto, debería empezar a cambiar la actitud. En el Senado, esa posición de inferioridad quedó clara desde los inicios, pero se reforzó con el debate de este jueves que, incluso, se dio el lujo de mostrar un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR para no eludir el rechazo de los fondos reservados de la SIDE. En Diputados, tal vez el lugar más complejo por estos tiempos, se pudo consolidar una mayoría para instalar agenda pero, sobre todo, dejó en evidencia la flaqueza de La Libertad Avanza.
 
El Gobierno anarco capitalista no posee el número para imponer, en votaciones por mayoría simple, su voluntad. Sí tiene la chance de evitar un juicio político o, como sucedió esta semana, sostener un veto, pero no podría frenar rechazos o nulidades a decretos y el avance de proyectos de ley que vayan en dirección opuesta a la deseada por los libertarios. La Libertad Avanza quemó todas las cartas y tuvo que jugar, a menos de un año de gestión, su ancho de espada y de basto. Negociaron Javier y Karina Milei, después de ellos no queda más. Y lo hicieron no para llegar a los dos tercios de los votos, sino apenas un tercio. Apostaron a comprar algunas voluntades mano a mano, toda la carne al asador. ¿Qué se puede ofrecer luego? Nada.
 
La Opinión Popular
 

12-09-2024 / 09:09
Con la compra de un grupete de traidores y conversos radicales, el gobierno inhumano y cruel de Javier "el Loco" Milei evitó dentro del Congreso que la oposición juntara los votos necesarios para rechazar el veto que congela las míseras jubilaciones en el punto más bajo de la historia. Afuera, en la Plaza, desplegó una represión indiscriminada que dejó más de 50 heridos, desde niños de 7 años a muchas personas mayores. La macrista Patricia Bullrich implementó un operativo de casi 900 efectivos y mandó a "identificar" a los referentes de la oposición.

Por apenas 13 votos no se consiguieron los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria. El presidente anarco capitalista negoció con radicales y gobernadores para lograr sostener su veto contra el módico aumento de las jubilaciones. Un triunfo adentro del Congreso, y una derrota en el humor social y en la calle. Hubo miles de personas en la protesta apoyando a los jubilados y hubo represión tras la votación. El aire se llenó de gases lacrimógenos pocos minutos después de que se conociera el resultado de la votación en el recinto.

La plaza de los dos Congresos bramó contra el ajuste y la "traición" de los diputados panqueques de la UCR. La policía de Bullrich disparó balas de goma y desalojó a los manifestantes, que replegaron como pudieron. La cacería, igualmente, siguió durante horas. El Gobierno cipayo vendepatria festejó por partida doble: dentro del recinto ratificó el ajuste sobre las jubilaciones (no sin ayuda de la casta) y afuera desplegó otra vez el circo del protocolo del "orden", tal como lo había advertido en la previa la Casa Rosada.
 
Aunque Milei frenó, con esta sesión, la seguidilla de derrotas legislativas y logra sostener el veto a las jubilaciones, la causa de los jubilados va a persistir y seguramente siga creciendo el rechazo a la decisión del oficialismo de que sean la principal variable de ajuste a fuerza de palos y represión. Las organizaciones de jubilados ya se venían movilizando todos los miércoles. Desde el veto presidencial fueron creciendo, y la de este miércoles fue la más importante, además de contar por primera vez con el apoyo en la calle de sectores sindicales de la CGT y la CTA.
 
Con Milei, los jubilados perdieron poder adquisitivo, perdieron contra la inflación y están en un nivel histórico muy bajo similar al que estuvieron en los 90 menemistas, pero además a esos mismos jubilados también le quitaron el ciento por ciento en medicamentos que para ellos son imprescindibles en algunos casos para mantenerse con vida y en otros para tener bienestar porque es feo vivir con dolor, sí no es nada más que sobrevivir.
 
Esto tiene que ver con el abandono del Estado, que nos perjudica a todo, pero mucho más a los jubilados y en ese contexto hay un montón de Diputados que están dispuestos a levantar la mano en contra de los jubilados. Milei, cediendo ante la "casta", pudo evitarse una nueva derrota en el Congreso. Pero las jubilaciones de hambre y las dificultades para acceder a los medicamentos siguen ahí. Y seguirá la resistencia de una causa que gana cada vez más apoyo social.
 
La Opinión Popular
 

11-09-2024 / 08:09
Hoy se aprobará o rechazará en Diputados el cruel veto del presidente, Javier "el Loco" Milei, a la ley que estableció la módica actualización de los haberes jubilatorios. En medio de acusaciones sobre prebendas personales, repartija de cargos y presiones sobre los gobernadores, Milei consiguió agenciarse a un grupo de diputados radicales derechistas y traidores, que le permitirían defender su veto a la pequeña mejora en las jubilaciones. Lo más llamativo es que la ley fue presentada por la propia UCR y defendida a viva voz por varios de los que aceptaron cambiar su voto para aplastar a los más débiles.
 
Los diputados radicales conversos que se encontraron con el presidente, Karina "el Jefe" Milei y el -también radical- ministro de Defensa Luis Petri, fueron el tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. En la reunión también estaban presentes Patricia Bullrich, la represora ministra de Seguridad, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
 
Los cinco diputados de la UCR negociaron con Milei y le aportarán al Gobierno los votos para mantener el cruel y feroz ajuste sobre las jubilaciones. Referentes del partido como Yacobitti y Manes pidieron su expulsión. En la Casa Rosada se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo en el Congreso, con o sin represión en la calle. El plan B de un rechazo parcial no reúne aún los consensos necesarios. 
 
La foto en Casa Rosada confirmó lo que todos los dirigentes opositores temían: un grupúsculo de diputados radicales traidores, que en junio había votado a favor del aumento a los jubilados, finalmente definió que, este miércoles, defenderá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Se dieron vuelta. El cambio de postura de estos cinco diputados -a los que podrían sumarse otros más en el recinto- no solo generó un cataclismo dentro de la UCR, sino que terminó de inclinar la cancha en favor del Gobierno libertario en la previa de la sesión.
 
Como ocurrió duramente el tratamiento de la Ley Bases vuelve a quedar en evidencia que la rosca parlamentaria de la casta política termina jugando en contra los intereses del pueblo trabajador en la inmensa mayoría de los casos. En esta negociación, el gobierno logra quebrar el bloque radical y hacer que un sector se dé vuelta.
 
Muy lejos de afectar a "la casta", tal como lo prometió Milei en campaña, el brutal y cruel ajuste del gobierno anarco capitalista impactó fuertemente en los sectores populares, por los escandalosos aumentos en productos alimenticios, porque las subas en salarios y jubilaciones fueron y son todavía por debajo de la inflación y también porque la quita de subsidios al transporte y las tarifas de servicios públicos, están haciendo imposible la vida de los argentinos de a pie. Hoy un gran porcentaje de la población tiene que elegir entre pagar la luz o el gas o el agua, y poder comer. La crueldad al poder.

Los dos tercios para insistir en la ley de movilidad están cada vez más lejos, aunque los más optimistas depositan sus esperanzas en la presión social y aspiran a una presencia masiva en las calles que ayude a torcer algunas voluntades. En Balcarce 50, mientras tanto, se preparan para recibir a los manifestantes con gases y detenciones arbitrarias, y se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo de Milei sobre el Congreso. Con o sin represión.

 
Hoy a partir de las 12, sectores populares ejercerán presión contra el Gobierno mediante una movilización y concentración de agrupaciones políticas, sindicales, sociales, de jubilados y de derechos humanos, bajo la consigna: ¡No al veto! ¿Serán los jubilados quienes puedan romper la parálisis del combativo movimiento obrero? ¿Será la "vejez, divino tesoro" el sector que podrá dar vuelta la tortilla de este país tan desigual?
 
La Opinión Popular

10-09-2024 / 09:09
En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.
 
Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.
 
En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.
 
Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".
 
Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.
 
La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.
 
Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos. 
 

09-09-2024 / 09:09
Otra vez lo destinado a jubilaciones y pensiones tuvo un desplome más pronunciado que otras partidas. El violento ajuste de las jubilaciones, al que se sumó el fin de muchos medicamentos gratuitos, un bono estancado desde marzo, la falta de médicos de cabecera y largas demoras para acceder a las moratorias, obligó a la mayoría de los ancianos a restringir consumos y volver al trabajo para poder llegar a fin de mes.
 
Las historias emblemáticas de varios de ellos muestran cómo los mayores se convirtieron en el principal objetivo del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei y de qué manera lo están sufriendo. La semana próxima se tratará en el Congreso el veto presidencial al aumento a los jubilados. Habrá movilización en las calles el miércoles 11 para derrotar el brutal plan de ajuste de Milei y Caputo.
 
Volver a trabajar, cerca de los 80 años, porque la jubilación mínima no alcanza para vivir. Hacer "changas" para sumar ingresos porque el haber jubilatorio dura, con suerte, hasta el día veinte de cada mes. Los medicamentos que antes eran gratuitos ahora hay que pagarlos un 40 por ciento y se consumen buena parte del presupuesto. Reducir las compras de lácteos, quesos y frutas.
 
Los nueve meses de gobierno de Milei son "un asalto a todos los derechos" de los trabajadores y de los más de cinco millones de jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos con bonos y soportan, en palabras de una jubilada docente, "un silencioso genocidio". El veto presidencial que dejó sin efecto la ley de movilidad jubilatoria empeora la situación y muestra "el ensañamiento que tiene Milei con los más humildes y con la clase pasiva", denuncian.
 
El poder de compra promedio de las jubilaciones de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% en relación al mismo período de 2023. En tanto, que los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% en términos reales. La jubilación mínima en agosto fue de $295 mil (con bono incluido) mientras que la canasta de los jubilados, que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, se ubica en alrededor de $850 mil. Es decir, que ese haber mínimo solo alcanza para vivir diez días del mes.
 
Pese a las estadísticas indican que la pobreza superó el 50 por ciento en el primer semestre del año, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, insiste en defender la gestión de Milei, a quien calificó como un "bombero" que apagó un incendio que dejó "el gobierno anterior". Pero no fue solo eso, sino que, además, negó que el Gobierno libertario haya ajustado a los jubilados. "De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o ajustes sobre los trabajadores o ajustes sobre los beneficiarios de planes. Entonces, contra fines del año pasado, estamos cada vez mejor", deliró contra la verdad, el economista.
 
A finales de año Milei podrá mostrarle al FMI que hizo el ajuste más grande de la historia. El 32% fue mediante la licuación de las jubilaciones. Este saqueo a los ancianos no va más. Hay que enfrentar las medidas ajustadoras de Milei contra el pueblo trabajador. Trabajadoras y trabajadores en actividad, estudiantes y organizaciones sociales deben acompañar a las jubiladas y los jubilados el próximo miércoles.
 
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