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Nacionales - 29-08-2024 / 10:08
LA POLICÍA BRAVA DE PATRICIA BULLRICH GOLPEÓ CON SALVAJISMO A ANCIANOS INDEFENSOS

Violenta y cruel represión en el Congreso: repartieron palos y gases a jubilados que marcharon contra el veto del “Loco” Milei

Violenta y cruel represión en el Congreso: repartieron palos y gases a jubilados que marcharon contra el veto del “Loco” Milei
Las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich reprimieron con gases y palazos la protesta de varias organizaciones de jubilados y jubiladas frente al Congreso. Los que rechazaban el prometido veto de Javier “el Loco” Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que fijó un 8,1% de aumento, fueron atacados con gas pimienta directo a los ojos. Pensaban marchar a Plaza de Mayo, pero lo impidió la brutalidad policial.
Las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich reprimieron con gases y palazos la protesta de varias organizaciones de jubilados y jubiladas frente al Congreso. Los que rechazaban el prometido veto de Javier "el Loco" Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que fijó un 8,1% de aumento, fueron atacados con gas pimienta directo a los ojos. Pensaban marchar a Plaza de Mayo, pero lo impidió la brutalidad policial.
 
Mantener el superávit fiscal a garrotazos es la nueva medida del Gobierno anarco capitalista, contra los jubilados que reclaman por la recomposición de sus haberes. El poder de compra promedio de los haberes jubilatorios entre enero y julio de este año cayó más del 29% y Milei afirma que va vetar la ley que les permitiría recuperar sólo una parte de lo perdido. Pero el ajuste no es para todos, a los ricos millonarios les dieron una rebaja en bienes personales que podría cubrir el aumento para los jubilados.
 
Ayer, la policía brava desalojó por la fuerza la protesta por jubilaciones dignas. El Gobierno libertario justificó la violencia y dijo que seguirá reprimiendo a "cualquiera, sin importar su condición". "De pegarle a un jubilado no se vuelve", dijeron desde UxP. Preparan una gran marcha para el 20 de septiembre.
 
La Policía Federal desalojó con gases lacrimógenos y palazos la protesta de un grupo de jubilados que este miércoles volvieron a manifestarse porque no les alcanza para vivir y en rechazo al inminente veto del cruel Milei a la ley de movilidad. "Nos cagaron a palos. Nos tiraron gases lacrimógenos en la cara, fue una locura", describió Rogelio la represión que sufrieron él y sus compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) cuando intentaron armar una fila frente al Congreso con sus carteles y banderas que denunciaban el desguace del sistema previsional.
 
La violencia, relató, la desataron los propios efectivos, "como si estuvieran buscando la foto de los golpes, porque le quieren decir a la sociedad que nadie puede protestar, no importa ni siquiera que seas un jubilado de la mínima". La idea de las organizaciones que los nuclean es seguir convocando a movilizarse -lo hacen todos los miércoles sobre el edificio Anexo de Diputados- "porque no podemos permitir que seamos la variable de ajuste del Gobierno", dijo Rogelio.
 
Los jubilados están con mucha bronca. El miserable Gobierno que los mandó a reprimir este miércoles es el que se niega a convalidar cualquier aumento en los haberes previsionales -el que estableció el Congreso sería de 18 mil pesos- y también avanzó en el último mes en el recorte de los medicamentos con descuento cubiertos por el PAMI, bajo el argumento de que "no hay plata".
 
Los palos y los gases de la policía empezaron antes incluso que la marcha. Hubo jubilados que fueron agredidos con el gas pimienta que ya fue utilizado por la Policía en marchas anteriores. Hubo bastonazos y empujones. "Nos dieron feo. Somos grandes, yo tengo 73 años, mi señora 72. A todo el mundo golpeaban, al primero que pasaba le pegaban", contó Rodolfo, uno de los jubilados que participó de la manifestación. "La policía estaba custodiando el Congreso como si nosotros fuéramos a invadirlo", describió su esposa Lucía. "Por la represión, tuvimos que venir antes a Plaza de Mayo, pero estamos presentes, que es lo principal", agregó.
 
En mayo Milei quedó en evidencia al no poder responder a una periodista de la BBC que le preguntó varias veces qué le diría al pueblo que siente que está pagando el ajuste en lugar de la casta. Ayer la respuesta se hizo concreta cuando la Policía reprimió a los jubilados que protestaban contra el veto.
 
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La idea de la marcha fue no sólo oponerse al veto de Milei a la actualización de la fórmula, sino denunciar el vaciamiento de la ANSES y del sistema en su conjunto. Se congregaron desde las 15 frente al Congreso, para marchar más tarde hacia Plaza de Mayo, tal como habían definido las organizaciones en un plenario el sábado pasado. Pero la represión trastocó los planes.
 
Para Marcos Wolman, vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, no había ningún motivo para reprimir, y la decisión de hacerlo es parte del ataque contra los movimientos sociales y las organizaciones populares. "Estábamos hablando representantes de todas las organizaciones como hacemos todos los miércoles. Fue una provocación de la policía", aseguró.
 
En la Rosada demostraron una vez más no tener pelos en la lengua a la hora de justificar la represión. "Si un jubilado, un estudiante, un empresario o cualquier otra persona corta la calle, sin importar su condición, la obligación es correrlo", dicen. "Y si no se corre, lo tienen que correr por la fuerza".
 
La oposición, en tanto, salió a cruzar al Gobierno. "De pegarle a un jubilado no se vuelve. Día lamentable en el Congreso", dijo la diputada Cecilia Moreau. "Hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles", expresó por su parte el titular del bloque de UxP, Germán Martínez.
 
 
De la marcha al veto
  
Otro manifestante que estaba presente al momento de los disturbios fue Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados. "La cantidad de gente que había en Congreso era muy superior a la gente que habitualmente nos juntamos los miércoles. Parece que la gente de la Federal se puso nerviosa y en vez de tratar civilizadamente de que nos acomodemos, empezaron a pegar palos", afirmó. "De todas maneras, no entramos en la provocación que ellos nos montaban, y la idea fue salir organizados, como habíamos pactado, ocupando los dos carriles por toda la Avenida de Mayo".
 
Pese a la represión, para Wolman el saldo de la movilización fue positivo. "La marcha de hoy fue realmente un hecho muy importante. La represión no impidió que se haga", planteó y evaluó que hubo "gran cantidad de gente en relación a todas las marchas que hemos hecho, con una presencia importante para mostrar nuestro rechazo al veto de esta ley, y a la política que se aplica desde el Gobierno".
 
El dirigente contó que desde hace más de 30 años se reúnen todos los miércoles de 15 a 16 frente al anexo de la Cámara de Diputados para luchar por la dignidad de los abuelos. "Comenzamos estos miércoles de los jubilados en 1993, cuando salió la ley que privatizó el sistema y creó las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) durante el gobierno de Carlos Menem", recordó. "Ya llevamos 1692 miércoles. Ahora le sumamos semaforazos en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos".
 
La ley que Milei anunció que vetará representa una módica mejora de los haberes jubilatorios pero no resuelve el problema, planteó Wolman. "Lo que este gobierno a través del veto está planteando, es que no está dispuesto a un aumento que es de 18.450 pesos", sostuvo y explicó que si a la jubilación mínima (hoy en 227 mil pesos) se le suman los 70 mil del bono y el leve aumento que esta ley estipula, "estaríamos hablando de aproximadamente 316 mil pesos, que sería el 35 por ciento de la Canasta Básica Total para un jubilado".
 
Por otra parte, Wolman expresó su preocupación por el impacto que tendrá el recorte de los descuentos en los medicamentos que hasta el momento ofrecía el PAMI. "Los medicamentos están aumentando mucho más que los índices inflacionarios, según los datos estadísticos, inclusive los oficiales del INDEC", apuntó. "Hay más de cinco millones de jubilados que reciben el haber mínimo y que van a dejar de adquirir estos medicamentos".
 
 
El apoyo de la CGT
  
Por la tarde, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el cual rechazó "enérgicamente la vergonzosa represión llevada adelante por la Policía Federal". "Esta CGT no cesará su lucha y su defensa de los jubilados en tanto las autoridades no tomen nota de que la variable de ahorro de ninguna manera puede ser quienes trabajaron toda su vida y construyeron con su esfuerzo los cimientos de nuestro país", dijeron desde la central obrera.
 
Algunas de las organizaciones que se movilizaron a Plaza de Mayo fueron la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, la Confederación de Jubilados de la República Argentina, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la Agrupación Germán Abdala de ATE Capital, Jubilados del Frente Grande y el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales. "No al veto de la movilidad de Milei y Macri, sí a los jubilados", rezaba un cartel del Plenario de Trabajadores Jubilados de la Coordinadora Sindical Clasista, pegado en la reja de la Pirámide de Mayo. "AFJP nunca más", decía otra pancarta, mientras que los volantes repartidos por los militantes de ATE Capital Federal advertían: "Con los jubilados no".
 
Está prevista una nueva movilización de las organizaciones de jubilados para el 20 de septiembre, cuando se cumplan 124 años de la creación de la primera caja de jubilaciones del país, de los trabajadores hoy denominados estatales. "Siempre el 20 de septiembre hacemos una jornada muy importante porque reivindicamos la creación de una entidad dirigida y administrada por los trabajadores, con un sistema público, de reparto, intergeneracional", dijo Wolman. "Seguramente sea a Plaza de Mayo. Vamos a ser contundentes".
 
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
 
Fuente: Página 12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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