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Nacionales - 29-08-2024 / 10:08
LA POLICÍA BRAVA DE PATRICIA BULLRICH GOLPEÓ CON SALVAJISMO A ANCIANOS INDEFENSOS

Violenta y cruel represión en el Congreso: repartieron palos y gases a jubilados que marcharon contra el veto del “Loco” Milei

Violenta y cruel represión en el Congreso: repartieron palos y gases a jubilados que marcharon contra el veto del “Loco” Milei
Las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich reprimieron con gases y palazos la protesta de varias organizaciones de jubilados y jubiladas frente al Congreso. Los que rechazaban el prometido veto de Javier “el Loco” Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que fijó un 8,1% de aumento, fueron atacados con gas pimienta directo a los ojos. Pensaban marchar a Plaza de Mayo, pero lo impidió la brutalidad policial.
Las fuerzas de seguridad que dependen de Patricia Bullrich reprimieron con gases y palazos la protesta de varias organizaciones de jubilados y jubiladas frente al Congreso. Los que rechazaban el prometido veto de Javier "el Loco" Milei a la ley de movilidad jubilatoria, que fijó un 8,1% de aumento, fueron atacados con gas pimienta directo a los ojos. Pensaban marchar a Plaza de Mayo, pero lo impidió la brutalidad policial.
 
Mantener el superávit fiscal a garrotazos es la nueva medida del Gobierno anarco capitalista, contra los jubilados que reclaman por la recomposición de sus haberes. El poder de compra promedio de los haberes jubilatorios entre enero y julio de este año cayó más del 29% y Milei afirma que va vetar la ley que les permitiría recuperar sólo una parte de lo perdido. Pero el ajuste no es para todos, a los ricos millonarios les dieron una rebaja en bienes personales que podría cubrir el aumento para los jubilados.
 
Ayer, la policía brava desalojó por la fuerza la protesta por jubilaciones dignas. El Gobierno libertario justificó la violencia y dijo que seguirá reprimiendo a "cualquiera, sin importar su condición". "De pegarle a un jubilado no se vuelve", dijeron desde UxP. Preparan una gran marcha para el 20 de septiembre.
 
La Policía Federal desalojó con gases lacrimógenos y palazos la protesta de un grupo de jubilados que este miércoles volvieron a manifestarse porque no les alcanza para vivir y en rechazo al inminente veto del cruel Milei a la ley de movilidad. "Nos cagaron a palos. Nos tiraron gases lacrimógenos en la cara, fue una locura", describió Rogelio la represión que sufrieron él y sus compañeros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) cuando intentaron armar una fila frente al Congreso con sus carteles y banderas que denunciaban el desguace del sistema previsional.
 
La violencia, relató, la desataron los propios efectivos, "como si estuvieran buscando la foto de los golpes, porque le quieren decir a la sociedad que nadie puede protestar, no importa ni siquiera que seas un jubilado de la mínima". La idea de las organizaciones que los nuclean es seguir convocando a movilizarse -lo hacen todos los miércoles sobre el edificio Anexo de Diputados- "porque no podemos permitir que seamos la variable de ajuste del Gobierno", dijo Rogelio.
 
Los jubilados están con mucha bronca. El miserable Gobierno que los mandó a reprimir este miércoles es el que se niega a convalidar cualquier aumento en los haberes previsionales -el que estableció el Congreso sería de 18 mil pesos- y también avanzó en el último mes en el recorte de los medicamentos con descuento cubiertos por el PAMI, bajo el argumento de que "no hay plata".
 
Los palos y los gases de la policía empezaron antes incluso que la marcha. Hubo jubilados que fueron agredidos con el gas pimienta que ya fue utilizado por la Policía en marchas anteriores. Hubo bastonazos y empujones. "Nos dieron feo. Somos grandes, yo tengo 73 años, mi señora 72. A todo el mundo golpeaban, al primero que pasaba le pegaban", contó Rodolfo, uno de los jubilados que participó de la manifestación. "La policía estaba custodiando el Congreso como si nosotros fuéramos a invadirlo", describió su esposa Lucía. "Por la represión, tuvimos que venir antes a Plaza de Mayo, pero estamos presentes, que es lo principal", agregó.
 
En mayo Milei quedó en evidencia al no poder responder a una periodista de la BBC que le preguntó varias veces qué le diría al pueblo que siente que está pagando el ajuste en lugar de la casta. Ayer la respuesta se hizo concreta cuando la Policía reprimió a los jubilados que protestaban contra el veto.
 
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La idea de la marcha fue no sólo oponerse al veto de Milei a la actualización de la fórmula, sino denunciar el vaciamiento de la ANSES y del sistema en su conjunto. Se congregaron desde las 15 frente al Congreso, para marchar más tarde hacia Plaza de Mayo, tal como habían definido las organizaciones en un plenario el sábado pasado. Pero la represión trastocó los planes.
 
Para Marcos Wolman, vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, no había ningún motivo para reprimir, y la decisión de hacerlo es parte del ataque contra los movimientos sociales y las organizaciones populares. "Estábamos hablando representantes de todas las organizaciones como hacemos todos los miércoles. Fue una provocación de la policía", aseguró.
 
En la Rosada demostraron una vez más no tener pelos en la lengua a la hora de justificar la represión. "Si un jubilado, un estudiante, un empresario o cualquier otra persona corta la calle, sin importar su condición, la obligación es correrlo", dicen. "Y si no se corre, lo tienen que correr por la fuerza".
 
La oposición, en tanto, salió a cruzar al Gobierno. "De pegarle a un jubilado no se vuelve. Día lamentable en el Congreso", dijo la diputada Cecilia Moreau. "Hubo una organización más grande de la habitual y hubo una clara decisión de la policía de tomar una actitud distinta a la que tiene todos los miércoles", expresó por su parte el titular del bloque de UxP, Germán Martínez.
 
 
De la marcha al veto
  
Otro manifestante que estaba presente al momento de los disturbios fue Eduardo Martínez, del Plenario de Trabajadores Jubilados. "La cantidad de gente que había en Congreso era muy superior a la gente que habitualmente nos juntamos los miércoles. Parece que la gente de la Federal se puso nerviosa y en vez de tratar civilizadamente de que nos acomodemos, empezaron a pegar palos", afirmó. "De todas maneras, no entramos en la provocación que ellos nos montaban, y la idea fue salir organizados, como habíamos pactado, ocupando los dos carriles por toda la Avenida de Mayo".
 
Pese a la represión, para Wolman el saldo de la movilización fue positivo. "La marcha de hoy fue realmente un hecho muy importante. La represión no impidió que se haga", planteó y evaluó que hubo "gran cantidad de gente en relación a todas las marchas que hemos hecho, con una presencia importante para mostrar nuestro rechazo al veto de esta ley, y a la política que se aplica desde el Gobierno".
 
El dirigente contó que desde hace más de 30 años se reúnen todos los miércoles de 15 a 16 frente al anexo de la Cámara de Diputados para luchar por la dignidad de los abuelos. "Comenzamos estos miércoles de los jubilados en 1993, cuando salió la ley que privatizó el sistema y creó las AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) durante el gobierno de Carlos Menem", recordó. "Ya llevamos 1692 miércoles. Ahora le sumamos semaforazos en la esquina de Rivadavia y Entre Ríos".
 
La ley que Milei anunció que vetará representa una módica mejora de los haberes jubilatorios pero no resuelve el problema, planteó Wolman. "Lo que este gobierno a través del veto está planteando, es que no está dispuesto a un aumento que es de 18.450 pesos", sostuvo y explicó que si a la jubilación mínima (hoy en 227 mil pesos) se le suman los 70 mil del bono y el leve aumento que esta ley estipula, "estaríamos hablando de aproximadamente 316 mil pesos, que sería el 35 por ciento de la Canasta Básica Total para un jubilado".
 
Por otra parte, Wolman expresó su preocupación por el impacto que tendrá el recorte de los descuentos en los medicamentos que hasta el momento ofrecía el PAMI. "Los medicamentos están aumentando mucho más que los índices inflacionarios, según los datos estadísticos, inclusive los oficiales del INDEC", apuntó. "Hay más de cinco millones de jubilados que reciben el haber mínimo y que van a dejar de adquirir estos medicamentos".
 
 
El apoyo de la CGT
  
Por la tarde, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado en el cual rechazó "enérgicamente la vergonzosa represión llevada adelante por la Policía Federal". "Esta CGT no cesará su lucha y su defensa de los jubilados en tanto las autoridades no tomen nota de que la variable de ahorro de ninguna manera puede ser quienes trabajaron toda su vida y construyeron con su esfuerzo los cimientos de nuestro país", dijeron desde la central obrera.
 
Algunas de las organizaciones que se movilizaron a Plaza de Mayo fueron la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha, la Confederación de Jubilados de la República Argentina, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, la Agrupación Germán Abdala de ATE Capital, Jubilados del Frente Grande y el Encuentro de Jubilados de Asambleas Barriales. "No al veto de la movilidad de Milei y Macri, sí a los jubilados", rezaba un cartel del Plenario de Trabajadores Jubilados de la Coordinadora Sindical Clasista, pegado en la reja de la Pirámide de Mayo. "AFJP nunca más", decía otra pancarta, mientras que los volantes repartidos por los militantes de ATE Capital Federal advertían: "Con los jubilados no".
 
Está prevista una nueva movilización de las organizaciones de jubilados para el 20 de septiembre, cuando se cumplan 124 años de la creación de la primera caja de jubilaciones del país, de los trabajadores hoy denominados estatales. "Siempre el 20 de septiembre hacemos una jornada muy importante porque reivindicamos la creación de una entidad dirigida y administrada por los trabajadores, con un sistema público, de reparto, intergeneracional", dijo Wolman. "Seguramente sea a Plaza de Mayo. Vamos a ser contundentes".
 
Informe: Juan Pablo Pucciarelli
 
Fuente: Página 12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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