La Opinión Popular
                  08:43  |  Miercoles 19 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 28-08-2024 / 07:08
ACTO PROGENOCIDAS EN EL SENADO DE LA NACIÓN

¡Viva la dictadura, carajo!: Victoria Villarruel intentó la reivindicación abierta del Terrorismo de Estado

¡Viva la dictadura, carajo!: Victoria Villarruel intentó la reivindicación abierta del Terrorismo de Estado
Con la excusa del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Villarruel pretendió instalar su agenda: la defensa del accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar y la impunidad de los genocidas, ocultando crímenes atroces.
Mientras continúa la crisis en el oficialismo libertario por la visita de legisladores a genocidas en el penal de Ezeiza, Victoria Villarruel convocó a un acto negacionista en el Senado. Afirmó que buscará la reapertura de causas de "víctimas del terrorismo", señalando que es "la lucha más importante de mi vida". Reiteró su intención de buscar la verdad completa. Omitió mencionar a los 30.000 desaparecidos, las torturas y asesinatos, la violación de mujeres y el robo de bebés por parte de las Fuerzas Armadas dictatoriales.
 
Hacía días que desde el entorno de Javier "el Loco" Milei la responsabilizaban por el escándalo que se desató con la visita de seis diputados a los genocidas condenados por la Justicia que están presos en Ezeiza. Le atribuían que la libertad de los criminales de la última dictadura era "su agenda". Villarruel no se amilanó ante las críticas de su propio espacio y demostró que su plafón pro-impunidad es más ambicioso aún. En el acto, anunció que buscaría reabrir todas las causas contra los militantes de los años 70, léase aquellos pocos que sobrevivieron a los campos de concentración o los vuelos de la muerte que ejecutaban los genocidas a quienes visitaba en prisión.
 
Desde el movimiento de derechos humanos denunciaron que, una vez más, Villarruel hizo una reivindicación del terrorismo de Estado. Organizó un acto que busca justificar el accionar represivo y criminal de la última dictadura cívico-militar, ocultando el terrorismo de Estado y desenvolviendo la agenda de impunidad para los genocidas, en medio de la crisis oficial por la visita de varios diputados a genocidas condenados y encarcelados.
 
Villarruel intenta reivindicar así un gobierno militar que suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.
 
Una dictadura que impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.
 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar un modelo neoliberal, una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los grandes empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

El Proceso militar puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y la pobreza subió del 4 al 25% durante el gobierno militar. El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

Con la excusa del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Villarruel pretendió instalar su agenda: la defensa del accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar y la impunidad de los genocidas, ocultando crímenes atroces y sepultando los sueños de los psiquiátricos que se entusiasmaron con acercarla al peronismo.

La Opinión Popular


"ES UNA GLORIFICACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO", DENUNCIAN LOS ORGANISMOS
 
Para defender a los genocidas, Villarruel dice que quiere juzgar a los militantes de los 70
 
La vice nada dice de la visita de los diputados a los genocidas ni repudia los crímenes que cometieron. Sin embargo, quiere maniobrar en los tribunales para cumplir un viejo anhelo de los perpetradores.
 
Villarruel organizó un acto en la Cámara alta por el Día del Terrorismo. Se guardó para el final su intervención en la que dijo que desde los 28 años se había dedicado a la "memoria completa". La fecha coincide con la llegada al poder de Néstor Kirchner, cuando se impulsó la anulación de las leyes que impedían el juzgamiento a los perpetradores de la dictadura. Por aquellas épocas, Villarruel deambulaba con Cecilia Pando e iban juntas a increpar al Presidente.
 
En su discurso, la vice no se ahorró expresiones de la derecha más rancia: habló del "trapo rojo" y dijo que los militantes montoneros eran protegidos del kirchnerismo. Se refirió al país como un "nido de impunidad" y, desde un estrado, anunció: "Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años".
 
Para sepultar los sueños de quienes se entusiasmaron con acercarla al peronismo, Villarruel dijo con voz chillona: "Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación".
 
Todo el acto de la vice fue un mensaje al Poder Judicial. El evento fue inaugurado por Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado en 1973. Villarruel justificó sus críticas al juez Ariel Lijo -candidato del gobierno para la Corte- en el hecho de que el magistrado sostiene que no se trata de un caso de lesa humanidad, pese a que le atribuyó responsabilidad en el hecho a Montoneros.
 
También habló Gloria Paulik, hija de un policía muerto en la bomba de Coordinación Federal, el lugar que era sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionaba como centro clandestino. Hay un intento por reabrir esa causa que está a estudio de la Cámara Federal porteña. En el tribunal, dijeron a este diario, no se unificaron posturas y no está previsto que haya un pronunciamiento inmediato. Entre quienes impulsan su reapertura está el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua.
 
En la sala estaba también Arturo Larrabure, actual funcionario del Ministerio de Defensa, que impulsa la reapertura de la causa por la muerte de su padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure. Ese caso es emblemático: fue allí que el procurador general dio su instrucción sobre qué podía considerarse crímenes de lesa humanidad. La justicia en todas las instancias -incluida la Cámara Federal de Casación Penal- rechazó que fuera un delito contra la humanidad y, por ende, imprescriptible. El tema espera desde hace seis años resolución de la Corte Suprema.
 
¿Villarruel o La Libertad Avanza?


Página/12 consultó sin éxito con voceros del Ministerio de Justicia si la iniciativa de Villarruel iba a ser impulsada desde esa cartera y si respondía a una propuesta del Poder Ejecutivo. Según trascendió, el impulso sería motorizado desde la ONG que preside Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). De ser ese el caso, no sería una política estatal.
 
La idea de abrirles causas a los sobrevivientes de los años 70 no es novedosa: se gestó a principios de este siglo como respuesta a la reapertura de las causas contra los genocidas. Lo que buscaban era un "empate" y, de esa forma, forzar una amnistía general. No tuvieron eco. Los tribunales condenaron a 1187 personas por crímenes contra la humanidad. Villarruel continuó en su intento: lo que no pudo explicar cuando declaró en un juicio en Tucumán fue por qué se acordaron de desempolvar esos expedientes una vez que volvieron a moverse las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura.
 
"Al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo. Mientras, sigue sin contar qué le dijo (Jorge Rafael) Videla y qué piensa de la reunión con represores", marcaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra", añadieron.
 
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que Villarruel hace una "glorificación del terrorismo de Estado" y que no se puede negar lo que los tribunales juzgaron y condenaron: los crímenes de lesa humanidad.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

Agreganos como amigo a Facebook
18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar