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Nacionales - 28-08-2024 / 07:08
ACTO PROGENOCIDAS EN EL SENADO DE LA NACIÓN

¡Viva la dictadura, carajo!: Victoria Villarruel intentó la reivindicación abierta del Terrorismo de Estado

¡Viva la dictadura, carajo!: Victoria Villarruel intentó la reivindicación abierta del Terrorismo de Estado
Con la excusa del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Villarruel pretendió instalar su agenda: la defensa del accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar y la impunidad de los genocidas, ocultando crímenes atroces.
Mientras continúa la crisis en el oficialismo libertario por la visita de legisladores a genocidas en el penal de Ezeiza, Victoria Villarruel convocó a un acto negacionista en el Senado. Afirmó que buscará la reapertura de causas de "víctimas del terrorismo", señalando que es "la lucha más importante de mi vida". Reiteró su intención de buscar la verdad completa. Omitió mencionar a los 30.000 desaparecidos, las torturas y asesinatos, la violación de mujeres y el robo de bebés por parte de las Fuerzas Armadas dictatoriales.
 
Hacía días que desde el entorno de Javier "el Loco" Milei la responsabilizaban por el escándalo que se desató con la visita de seis diputados a los genocidas condenados por la Justicia que están presos en Ezeiza. Le atribuían que la libertad de los criminales de la última dictadura era "su agenda". Villarruel no se amilanó ante las críticas de su propio espacio y demostró que su plafón pro-impunidad es más ambicioso aún. En el acto, anunció que buscaría reabrir todas las causas contra los militantes de los años 70, léase aquellos pocos que sobrevivieron a los campos de concentración o los vuelos de la muerte que ejecutaban los genocidas a quienes visitaba en prisión.
 
Desde el movimiento de derechos humanos denunciaron que, una vez más, Villarruel hizo una reivindicación del terrorismo de Estado. Organizó un acto que busca justificar el accionar represivo y criminal de la última dictadura cívico-militar, ocultando el terrorismo de Estado y desenvolviendo la agenda de impunidad para los genocidas, en medio de la crisis oficial por la visita de varios diputados a genocidas condenados y encarcelados.
 
Villarruel intenta reivindicar así un gobierno militar que suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.
 
Una dictadura que impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.
 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar un modelo neoliberal, una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los grandes empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

El Proceso militar puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y la pobreza subió del 4 al 25% durante el gobierno militar. El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

Con la excusa del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, Villarruel pretendió instalar su agenda: la defensa del accionar de las Fuerzas Armadas en la última dictadura militar y la impunidad de los genocidas, ocultando crímenes atroces y sepultando los sueños de los psiquiátricos que se entusiasmaron con acercarla al peronismo.

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"ES UNA GLORIFICACIÓN DEL TERRORISMO DE ESTADO", DENUNCIAN LOS ORGANISMOS
 
Para defender a los genocidas, Villarruel dice que quiere juzgar a los militantes de los 70
 
La vice nada dice de la visita de los diputados a los genocidas ni repudia los crímenes que cometieron. Sin embargo, quiere maniobrar en los tribunales para cumplir un viejo anhelo de los perpetradores.
 
Villarruel organizó un acto en la Cámara alta por el Día del Terrorismo. Se guardó para el final su intervención en la que dijo que desde los 28 años se había dedicado a la "memoria completa". La fecha coincide con la llegada al poder de Néstor Kirchner, cuando se impulsó la anulación de las leyes que impedían el juzgamiento a los perpetradores de la dictadura. Por aquellas épocas, Villarruel deambulaba con Cecilia Pando e iban juntas a increpar al Presidente.
 
En su discurso, la vice no se ahorró expresiones de la derecha más rancia: habló del "trapo rojo" y dijo que los militantes montoneros eran protegidos del kirchnerismo. Se refirió al país como un "nido de impunidad" y, desde un estrado, anunció: "Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que la justicia haga lo que debió hacer hace más de 20 años".
 
Para sepultar los sueños de quienes se entusiasmaron con acercarla al peronismo, Villarruel dijo con voz chillona: "Todos los montoneros tienen que estar presos, respondiendo por ensangrentar nuestra nación".
 
Todo el acto de la vice fue un mensaje al Poder Judicial. El evento fue inaugurado por Claudia Rucci, hija de José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) asesinado en 1973. Villarruel justificó sus críticas al juez Ariel Lijo -candidato del gobierno para la Corte- en el hecho de que el magistrado sostiene que no se trata de un caso de lesa humanidad, pese a que le atribuyó responsabilidad en el hecho a Montoneros.
 
También habló Gloria Paulik, hija de un policía muerto en la bomba de Coordinación Federal, el lugar que era sede de la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y funcionaba como centro clandestino. Hay un intento por reabrir esa causa que está a estudio de la Cámara Federal porteña. En el tribunal, dijeron a este diario, no se unificaron posturas y no está previsto que haya un pronunciamiento inmediato. Entre quienes impulsan su reapertura está el represor Eduardo Kalinec, condenado a prisión perpetua.
 
En la sala estaba también Arturo Larrabure, actual funcionario del Ministerio de Defensa, que impulsa la reapertura de la causa por la muerte de su padre, el coronel Argentino del Valle Larrabure. Ese caso es emblemático: fue allí que el procurador general dio su instrucción sobre qué podía considerarse crímenes de lesa humanidad. La justicia en todas las instancias -incluida la Cámara Federal de Casación Penal- rechazó que fuera un delito contra la humanidad y, por ende, imprescriptible. El tema espera desde hace seis años resolución de la Corte Suprema.
 
¿Villarruel o La Libertad Avanza?


Página/12 consultó sin éxito con voceros del Ministerio de Justicia si la iniciativa de Villarruel iba a ser impulsada desde esa cartera y si respondía a una propuesta del Poder Ejecutivo. Según trascendió, el impulso sería motorizado desde la ONG que preside Villarruel, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). De ser ese el caso, no sería una política estatal.
 
La idea de abrirles causas a los sobrevivientes de los años 70 no es novedosa: se gestó a principios de este siglo como respuesta a la reapertura de las causas contra los genocidas. Lo que buscaban era un "empate" y, de esa forma, forzar una amnistía general. No tuvieron eco. Los tribunales condenaron a 1187 personas por crímenes contra la humanidad. Villarruel continuó en su intento: lo que no pudo explicar cuando declaró en un juicio en Tucumán fue por qué se acordaron de desempolvar esos expedientes una vez que volvieron a moverse las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura.
 
"Al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo. Mientras, sigue sin contar qué le dijo (Jorge Rafael) Videla y qué piensa de la reunión con represores", marcaron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). "La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra", añadieron.
 
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S denunciaron que Villarruel hace una "glorificación del terrorismo de Estado" y que no se puede negar lo que los tribunales juzgaron y condenaron: los crímenes de lesa humanidad.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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13-09-2024 / 08:09
Tras el premio consuelo de la aprobación de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados, el Gobierno libertario vio cómo la alegría se le disolvía enseguida. La oposición logró votar el rechazo al decreto de fondos secretos para la SIDE y convirtió en ley por amplia mayoría (57 votos a favor y solo 10 en contra) el Financiamiento de la Universidad Pública, tan resistido por Javier "el Loco" Milei. Y a un día de la derrota en Diputados, la oposición redobló la apuesta en el Senado para aprobar el aumento del presupuesto a las universidades nacionales con un número robusto capaz de blindarlo de un eventual veto presidencial.
 
En un hecho sin antecedentes, dado que es el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) derogado por ambas cámaras, el Senado volteó el decreto presidencial que le había otorgado 100.000 millones de pesos más a la central de inteligencia, sin ningún tipo de control para comprar legisladores, jueces y periodistas.
 
El gobierno libertario ajustador también fue derrotado en la ley sobre financiamiento universitario. Milei anunció que vetará la ley si se aprueba, aunque su impacto en términos presupuestarios es sólo de 0,14 % del PBI y se trata de una recomposición del ajuste ya realizado, no significa una mejora respecto del deterioro previo aunque si un "blindaje" frente a futuros intentos de licuación inflacionaria. Se preparan nuevas movilizaciones para derrotar el veto que Milei ya anunció que hará contra esta última norma, al igual que lo hizo contra los jubilados.
 
La UCR había quedado golpeada después de la votación por la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria en Diputados. El cambio de postura de un grupo de radicales - que habían pasado de votar a favor de la ley a acompañar el veto de Milei - había dejado una mancha, y en el partido estaban incómodos. El día anterior, el jefe de bloque, Eduardo Vischi se había reunido con Milei en Casa Rosada y había maniobrado para impedir el tratamiento del DNU de Inteligencia. Algunos radicales, incluso, habían recibido llamadas de rectores que, preocupados, denunciaban que un sector de la UCR quería impedir el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario para atar la discusión a la del Presupuesto 2025.
 
La oposición buscó -y consiguió- llevarle un claro mensaje al autoritario Milei: es débil numéricamente en el Congreso y, por lo tanto, debería empezar a cambiar la actitud. En el Senado, esa posición de inferioridad quedó clara desde los inicios, pero se reforzó con el debate de este jueves que, incluso, se dio el lujo de mostrar un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR para no eludir el rechazo de los fondos reservados de la SIDE. En Diputados, tal vez el lugar más complejo por estos tiempos, se pudo consolidar una mayoría para instalar agenda pero, sobre todo, dejó en evidencia la flaqueza de La Libertad Avanza.
 
El Gobierno anarco capitalista no posee el número para imponer, en votaciones por mayoría simple, su voluntad. Sí tiene la chance de evitar un juicio político o, como sucedió esta semana, sostener un veto, pero no podría frenar rechazos o nulidades a decretos y el avance de proyectos de ley que vayan en dirección opuesta a la deseada por los libertarios. La Libertad Avanza quemó todas las cartas y tuvo que jugar, a menos de un año de gestión, su ancho de espada y de basto. Negociaron Javier y Karina Milei, después de ellos no queda más. Y lo hicieron no para llegar a los dos tercios de los votos, sino apenas un tercio. Apostaron a comprar algunas voluntades mano a mano, toda la carne al asador. ¿Qué se puede ofrecer luego? Nada.
 
La Opinión Popular
 

12-09-2024 / 09:09
Con la compra de un grupete de traidores y conversos radicales, el gobierno inhumano y cruel de Javier "el Loco" Milei evitó dentro del Congreso que la oposición juntara los votos necesarios para rechazar el veto que congela las míseras jubilaciones en el punto más bajo de la historia. Afuera, en la Plaza, desplegó una represión indiscriminada que dejó más de 50 heridos, desde niños de 7 años a muchas personas mayores. La macrista Patricia Bullrich implementó un operativo de casi 900 efectivos y mandó a "identificar" a los referentes de la oposición.

Por apenas 13 votos no se consiguieron los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria. El presidente anarco capitalista negoció con radicales y gobernadores para lograr sostener su veto contra el módico aumento de las jubilaciones. Un triunfo adentro del Congreso, y una derrota en el humor social y en la calle. Hubo miles de personas en la protesta apoyando a los jubilados y hubo represión tras la votación. El aire se llenó de gases lacrimógenos pocos minutos después de que se conociera el resultado de la votación en el recinto.

La plaza de los dos Congresos bramó contra el ajuste y la "traición" de los diputados panqueques de la UCR. La policía de Bullrich disparó balas de goma y desalojó a los manifestantes, que replegaron como pudieron. La cacería, igualmente, siguió durante horas. El Gobierno cipayo vendepatria festejó por partida doble: dentro del recinto ratificó el ajuste sobre las jubilaciones (no sin ayuda de la casta) y afuera desplegó otra vez el circo del protocolo del "orden", tal como lo había advertido en la previa la Casa Rosada.
 
Aunque Milei frenó, con esta sesión, la seguidilla de derrotas legislativas y logra sostener el veto a las jubilaciones, la causa de los jubilados va a persistir y seguramente siga creciendo el rechazo a la decisión del oficialismo de que sean la principal variable de ajuste a fuerza de palos y represión. Las organizaciones de jubilados ya se venían movilizando todos los miércoles. Desde el veto presidencial fueron creciendo, y la de este miércoles fue la más importante, además de contar por primera vez con el apoyo en la calle de sectores sindicales de la CGT y la CTA.
 
Con Milei, los jubilados perdieron poder adquisitivo, perdieron contra la inflación y están en un nivel histórico muy bajo similar al que estuvieron en los 90 menemistas, pero además a esos mismos jubilados también le quitaron el ciento por ciento en medicamentos que para ellos son imprescindibles en algunos casos para mantenerse con vida y en otros para tener bienestar porque es feo vivir con dolor, sí no es nada más que sobrevivir.
 
Esto tiene que ver con el abandono del Estado, que nos perjudica a todo, pero mucho más a los jubilados y en ese contexto hay un montón de Diputados que están dispuestos a levantar la mano en contra de los jubilados. Milei, cediendo ante la "casta", pudo evitarse una nueva derrota en el Congreso. Pero las jubilaciones de hambre y las dificultades para acceder a los medicamentos siguen ahí. Y seguirá la resistencia de una causa que gana cada vez más apoyo social.
 
La Opinión Popular
 

11-09-2024 / 08:09
Hoy se aprobará o rechazará en Diputados el cruel veto del presidente, Javier "el Loco" Milei, a la ley que estableció la módica actualización de los haberes jubilatorios. En medio de acusaciones sobre prebendas personales, repartija de cargos y presiones sobre los gobernadores, Milei consiguió agenciarse a un grupo de diputados radicales derechistas y traidores, que le permitirían defender su veto a la pequeña mejora en las jubilaciones. Lo más llamativo es que la ley fue presentada por la propia UCR y defendida a viva voz por varios de los que aceptaron cambiar su voto para aplastar a los más débiles.
 
Los diputados radicales conversos que se encontraron con el presidente, Karina "el Jefe" Milei y el -también radical- ministro de Defensa Luis Petri, fueron el tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. En la reunión también estaban presentes Patricia Bullrich, la represora ministra de Seguridad, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
 
Los cinco diputados de la UCR negociaron con Milei y le aportarán al Gobierno los votos para mantener el cruel y feroz ajuste sobre las jubilaciones. Referentes del partido como Yacobitti y Manes pidieron su expulsión. En la Casa Rosada se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo en el Congreso, con o sin represión en la calle. El plan B de un rechazo parcial no reúne aún los consensos necesarios. 
 
La foto en Casa Rosada confirmó lo que todos los dirigentes opositores temían: un grupúsculo de diputados radicales traidores, que en junio había votado a favor del aumento a los jubilados, finalmente definió que, este miércoles, defenderá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Se dieron vuelta. El cambio de postura de estos cinco diputados -a los que podrían sumarse otros más en el recinto- no solo generó un cataclismo dentro de la UCR, sino que terminó de inclinar la cancha en favor del Gobierno libertario en la previa de la sesión.
 
Como ocurrió duramente el tratamiento de la Ley Bases vuelve a quedar en evidencia que la rosca parlamentaria de la casta política termina jugando en contra los intereses del pueblo trabajador en la inmensa mayoría de los casos. En esta negociación, el gobierno logra quebrar el bloque radical y hacer que un sector se dé vuelta.
 
Muy lejos de afectar a "la casta", tal como lo prometió Milei en campaña, el brutal y cruel ajuste del gobierno anarco capitalista impactó fuertemente en los sectores populares, por los escandalosos aumentos en productos alimenticios, porque las subas en salarios y jubilaciones fueron y son todavía por debajo de la inflación y también porque la quita de subsidios al transporte y las tarifas de servicios públicos, están haciendo imposible la vida de los argentinos de a pie. Hoy un gran porcentaje de la población tiene que elegir entre pagar la luz o el gas o el agua, y poder comer. La crueldad al poder.

Los dos tercios para insistir en la ley de movilidad están cada vez más lejos, aunque los más optimistas depositan sus esperanzas en la presión social y aspiran a una presencia masiva en las calles que ayude a torcer algunas voluntades. En Balcarce 50, mientras tanto, se preparan para recibir a los manifestantes con gases y detenciones arbitrarias, y se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo de Milei sobre el Congreso. Con o sin represión.

 
Hoy a partir de las 12, sectores populares ejercerán presión contra el Gobierno mediante una movilización y concentración de agrupaciones políticas, sindicales, sociales, de jubilados y de derechos humanos, bajo la consigna: ¡No al veto! ¿Serán los jubilados quienes puedan romper la parálisis del combativo movimiento obrero? ¿Será la "vejez, divino tesoro" el sector que podrá dar vuelta la tortilla de este país tan desigual?
 
La Opinión Popular

10-09-2024 / 09:09
En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.
 
Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.
 
En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.
 
Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".
 
Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.
 
La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.
 
Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos. 
 

09-09-2024 / 09:09
Otra vez lo destinado a jubilaciones y pensiones tuvo un desplome más pronunciado que otras partidas. El violento ajuste de las jubilaciones, al que se sumó el fin de muchos medicamentos gratuitos, un bono estancado desde marzo, la falta de médicos de cabecera y largas demoras para acceder a las moratorias, obligó a la mayoría de los ancianos a restringir consumos y volver al trabajo para poder llegar a fin de mes.
 
Las historias emblemáticas de varios de ellos muestran cómo los mayores se convirtieron en el principal objetivo del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei y de qué manera lo están sufriendo. La semana próxima se tratará en el Congreso el veto presidencial al aumento a los jubilados. Habrá movilización en las calles el miércoles 11 para derrotar el brutal plan de ajuste de Milei y Caputo.
 
Volver a trabajar, cerca de los 80 años, porque la jubilación mínima no alcanza para vivir. Hacer "changas" para sumar ingresos porque el haber jubilatorio dura, con suerte, hasta el día veinte de cada mes. Los medicamentos que antes eran gratuitos ahora hay que pagarlos un 40 por ciento y se consumen buena parte del presupuesto. Reducir las compras de lácteos, quesos y frutas.
 
Los nueve meses de gobierno de Milei son "un asalto a todos los derechos" de los trabajadores y de los más de cinco millones de jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos con bonos y soportan, en palabras de una jubilada docente, "un silencioso genocidio". El veto presidencial que dejó sin efecto la ley de movilidad jubilatoria empeora la situación y muestra "el ensañamiento que tiene Milei con los más humildes y con la clase pasiva", denuncian.
 
El poder de compra promedio de las jubilaciones de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% en relación al mismo período de 2023. En tanto, que los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% en términos reales. La jubilación mínima en agosto fue de $295 mil (con bono incluido) mientras que la canasta de los jubilados, que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, se ubica en alrededor de $850 mil. Es decir, que ese haber mínimo solo alcanza para vivir diez días del mes.
 
Pese a las estadísticas indican que la pobreza superó el 50 por ciento en el primer semestre del año, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, insiste en defender la gestión de Milei, a quien calificó como un "bombero" que apagó un incendio que dejó "el gobierno anterior". Pero no fue solo eso, sino que, además, negó que el Gobierno libertario haya ajustado a los jubilados. "De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o ajustes sobre los trabajadores o ajustes sobre los beneficiarios de planes. Entonces, contra fines del año pasado, estamos cada vez mejor", deliró contra la verdad, el economista.
 
A finales de año Milei podrá mostrarle al FMI que hizo el ajuste más grande de la historia. El 32% fue mediante la licuación de las jubilaciones. Este saqueo a los ancianos no va más. Hay que enfrentar las medidas ajustadoras de Milei contra el pueblo trabajador. Trabajadoras y trabajadores en actividad, estudiantes y organizaciones sociales deben acompañar a las jubiladas y los jubilados el próximo miércoles.
 
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