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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 27-08-2024 / 08:08

EL LIBERTARIO DESTRUYE EL ÚNICO PLAN NACIONAL QUE BRINDA APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO MACHISTA

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier “el Loco” Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier "el Loco" Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

En otro grave retroceso en las políticas para asistir y proteger a víctimas de violencia de género, el Gobierno de Milei redujo a la mitad los meses que pueden recibir la ayuda económica del Programa Acompañar y además sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.

Se trata del único plan nacional que brinda contención y apoyo concreto a víctimas de la violencia machista y cuyo alcance ya fue recortado en decisiones anteriores del Ejecutivo. Ahora, la nueva medida tomada este lunes en el Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, pondrá en mayor riesgo a mujeres y diversidades que convivan con su agresor, y es un paso más en el vaciamiento de las políticas de género de la gestión libertaria.

El decreto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes a las 15, Cúneo Libarona está citado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, a partir de una invitación de la diputada de UxP, Mónica Macha, para que dé explicaciones sobre la situación de las políticas de género. El ministro confirmó su asistencia.

Hasta ahora, las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses. Ahora quedó reducido a tres. El decreto no dice nada respecto al acompañamiento que recibirán y que se garantizaba antes a través de los equipo del Programa Acercar Derechos o de las áreas de género de los municipios.

De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al Acompañar: solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con las respuestas del Estado Nacional a un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio.

Entre enero y abril hubo 117.905 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago correspondiente.

En la gestión anterior, hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar: fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con Milei, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32 por ciento en el primer semestre de este año, según el mismo reporte oficial.

EL DESAMPARO YA ES LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO

El Gobierno recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

El acceso al Programa Acompañar ahora estará restringido y la asistencia será por menos tiempo. El impacto de la nueva medida y el desguace de las políticas de género.

Como todavía no hay una nueva estructura operativa del Ministerio de Justicia que se haga cargo de las políticas vinculadas a esta problemática, "el Nuevo Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no ha sido diseñado", se detalla en el Pedido de Información Púbica. Entre enero y junio de este año tampoco hubo ejecución presupuestaria en otro programa de alcance nacional: el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); una política dirigida al grupo familiar y allegadxs de las víctimas de violencias extremas por motivos de género a nivel federal.

Para sumar retrocesos, además de reducirse a tres meses, se exigirá denuncia policial o judicial. Hasta el momento, para acceder a ese derecho bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Expertas en la temática consultadas de distintos ámbitos cuestionaron los cambios implementados por el Gobierno.

"La mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar, apenas entre el 10 y el 15 por ciento", señaló Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de Shalom Bait, una organización que hace 21 años ofrece un abordaje integral que incluye acompañamiento legal, patrocinio jurídico y apoyo psicológico a víctimas en CABA.

"Esta reducción es problemática por varios motivos", advirtió la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi.

En primer lugar, Gherardi señaló que el plazo de tres meses no permite cumplir los propios objetivos que se propone el programa. "El objetivo del programa es asistir a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo alto o altísimo, es decir, cuando hay riesgo para sus vidas. La duración de seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida según documentamos en nuestra investigación sobre el impacto del Programa, ya que es difícil pensar que en ese tiempo se puedan crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de estas mujeres", detalló Gherardi a Página 12.

En segundo lugar, consideró que obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. "El requisito de la denuncia no es tan solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: "denuncio y me arriesgo a que la justicia me genere un mayor riesgo o no consigo apoyo", ejemplificó Gherardi.

Las estadísticas muestran que solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de pareja o expareja deciden denunciar, "lo que muestra una gran falencia del sistema que claramente no ofrece espacios de atención y acompañamiento seguros, no revictimizantes y reparadores. Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla", alertó la directora ejecutiva de ELA.

Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas.

Finalmente, Gherardi puso el énfasis en un aspecto clave: sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia.

"Las estrategias --y sus posibilidades de éxito-- que mujeres puedan construir para poner fin al vínculo violento están fuertemente condicionadas por los recursos y dispositivos disponibles que encuentren de atención, asistencia y protección. El Acompañar ayuda en la resolución de necesidades básicas y/o urgentes de quienes sufren violencia de género", indicó.

El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.

Surgió por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que fue cerrado por el gobierno de Milei. Las áreas vinculadas a las políticas contra las violencias por razones de género fueron desarticuladas y absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, reveló a Página 12 que en lo que va del año la Nación ninguna bonaerense cobró el Acompañar. "Llevamos siete meses casi sin altas, apenas se dieron 394 pero ninguna recibió la asignación correspondiente, en una situación donde crece la pobreza, el trabajo informal y el desempleo para las mujeres", dijo a este diario.

"La situación económica es en este sentido un factor que desalienta el proceso de salida de las violencias. El programa Acompañar tiene un papel fundamental para asistir en estas situaciones, es lamentable que lo hayan reducido a sólo tres meses, cuando en verdad la discusión sería ampliarlo a un año. Nos preocupa además la exigencia de la denuncia judicial, ya que hay situaciones en las que la mujer no está en condiciones de hacerla, y sin embargo, es atendida sin ese requisito, que puede ser revictimizante", advirtió la ministra provincial.

La falta de apoyo del Estado a las víctimas de violencia de género estalla en las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de contención. Fernanda Tarica cuenta que las mujeres no tienen ni siquiera dinero para cargarse la SUBE y poder viajar para participar de los grupos de ayuda mutua que ofrece la institución. "Se ayudan entre ellas", describe, con desesperación, en diálogo con este diario. Además, contó, sumaron como tarea gestionar el acceso a comedores comunitarios a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Shalom Bait no recibe ningún apoyo del Estado.

"Se sabe que la violencia de género es una causal de empobrecimiento para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero en un contexto social en donde la pobreza aumenta, el acceso al trabajo, a la vivienda, a créditos, a la justicia, se hacen cada vez más complejos, el empobrecimiento es cada vez peor", indicó.

Tarica recordó que ya las ONGs venían advirtiendo que los seis meses que se garantizaba el subsidio eran insuficientes. Reducirlo a la mitad impactará negativamente en las posibles destinatarias. Los cambios decretados por el Gobierno expresan "desconocimiento" sobre la situación que viven las víctimas de violencia de género para sobrevivir.

"En general, las situaciones de violencia llevan mucho tiempo para resolverse porque cuando una mujer de pronto decide denunciar o alejarse del agresor, está atravesada por los miedos sobre su propia vida y también la de sus hijos y de sus hijas. Estos miedos están vinculados a la supervivencia de la violencia, porque los violentos no es que dejan de violentarlas de un momento para el otro, sino que continúan con sus estrategias atacando, amenazando directamente o indirectamente. Y por otro, sienten miedo a la subsistencia", describió Tarica.

"Deben organizar la vida nuevamente, compatibilizar horarios para buscar a sus hijos con su trabajo, terapia para ella y para sus hijos, audiencias, y mediaciones, el uso del botón antipánico si se le asignó y estar atenta por si suena la tobillera electrónica, que es una señal de que el agresor incumple una orden de restricción de acercamiento", detalló la médica.

Además, recordó que está comprobado que los dos primeros meses después de la separación es el momento de mayor riesgo para femicidios y para que aumente la violencia.

Por tanto, que el beneficio del Acompañar se reduzca a apenas tres meses implica poner a las mujeres en mayor riesgo.

Por otro lado, coincidió con las otras especialistas consultadas por este diario en que la exigencia de una denuncia para recibir la ayuda económica, también habla del desconocimiento sobre la problemática.

Tarica consideró que lo que las sobrevivientes de violencia de género reclaman es que alguna vez el Estado ponga el ojo en los victimarios. Cuando las mujeres logran separarse, la mayoría de los ex deja de pasar la cuota alimentaria, a modo de represalia y ejerciendo así violencia económica, otra cara de la problemática.

Por Mariana Carbajal

Fuente: Página 12

20-02-2026 / 10:02

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.

El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.

La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.

Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.

Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.

Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.

Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.

La Opinión Popular

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.