05:05 | Sabado 14 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 27-08-2024 / 08:08

EL LIBERTARIO DESTRUYE EL ÚNICO PLAN NACIONAL QUE BRINDA APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO MACHISTA

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier “el Loco” Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier "el Loco" Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

En otro grave retroceso en las políticas para asistir y proteger a víctimas de violencia de género, el Gobierno de Milei redujo a la mitad los meses que pueden recibir la ayuda económica del Programa Acompañar y además sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.

Se trata del único plan nacional que brinda contención y apoyo concreto a víctimas de la violencia machista y cuyo alcance ya fue recortado en decisiones anteriores del Ejecutivo. Ahora, la nueva medida tomada este lunes en el Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, pondrá en mayor riesgo a mujeres y diversidades que convivan con su agresor, y es un paso más en el vaciamiento de las políticas de género de la gestión libertaria.

El decreto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes a las 15, Cúneo Libarona está citado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, a partir de una invitación de la diputada de UxP, Mónica Macha, para que dé explicaciones sobre la situación de las políticas de género. El ministro confirmó su asistencia.

Hasta ahora, las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses. Ahora quedó reducido a tres. El decreto no dice nada respecto al acompañamiento que recibirán y que se garantizaba antes a través de los equipo del Programa Acercar Derechos o de las áreas de género de los municipios.

De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al Acompañar: solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con las respuestas del Estado Nacional a un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio.

Entre enero y abril hubo 117.905 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago correspondiente.

En la gestión anterior, hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar: fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con Milei, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32 por ciento en el primer semestre de este año, según el mismo reporte oficial.

EL DESAMPARO YA ES LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO

El Gobierno recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

El acceso al Programa Acompañar ahora estará restringido y la asistencia será por menos tiempo. El impacto de la nueva medida y el desguace de las políticas de género.

Como todavía no hay una nueva estructura operativa del Ministerio de Justicia que se haga cargo de las políticas vinculadas a esta problemática, "el Nuevo Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no ha sido diseñado", se detalla en el Pedido de Información Púbica. Entre enero y junio de este año tampoco hubo ejecución presupuestaria en otro programa de alcance nacional: el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); una política dirigida al grupo familiar y allegadxs de las víctimas de violencias extremas por motivos de género a nivel federal.

Para sumar retrocesos, además de reducirse a tres meses, se exigirá denuncia policial o judicial. Hasta el momento, para acceder a ese derecho bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Expertas en la temática consultadas de distintos ámbitos cuestionaron los cambios implementados por el Gobierno.

"La mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar, apenas entre el 10 y el 15 por ciento", señaló Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de Shalom Bait, una organización que hace 21 años ofrece un abordaje integral que incluye acompañamiento legal, patrocinio jurídico y apoyo psicológico a víctimas en CABA.

"Esta reducción es problemática por varios motivos", advirtió la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi.

En primer lugar, Gherardi señaló que el plazo de tres meses no permite cumplir los propios objetivos que se propone el programa. "El objetivo del programa es asistir a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo alto o altísimo, es decir, cuando hay riesgo para sus vidas. La duración de seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida según documentamos en nuestra investigación sobre el impacto del Programa, ya que es difícil pensar que en ese tiempo se puedan crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de estas mujeres", detalló Gherardi a Página 12.

En segundo lugar, consideró que obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. "El requisito de la denuncia no es tan solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: "denuncio y me arriesgo a que la justicia me genere un mayor riesgo o no consigo apoyo", ejemplificó Gherardi.

Las estadísticas muestran que solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de pareja o expareja deciden denunciar, "lo que muestra una gran falencia del sistema que claramente no ofrece espacios de atención y acompañamiento seguros, no revictimizantes y reparadores. Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla", alertó la directora ejecutiva de ELA.

Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas.

Finalmente, Gherardi puso el énfasis en un aspecto clave: sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia.

"Las estrategias --y sus posibilidades de éxito-- que mujeres puedan construir para poner fin al vínculo violento están fuertemente condicionadas por los recursos y dispositivos disponibles que encuentren de atención, asistencia y protección. El Acompañar ayuda en la resolución de necesidades básicas y/o urgentes de quienes sufren violencia de género", indicó.

El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.

Surgió por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que fue cerrado por el gobierno de Milei. Las áreas vinculadas a las políticas contra las violencias por razones de género fueron desarticuladas y absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, reveló a Página 12 que en lo que va del año la Nación ninguna bonaerense cobró el Acompañar. "Llevamos siete meses casi sin altas, apenas se dieron 394 pero ninguna recibió la asignación correspondiente, en una situación donde crece la pobreza, el trabajo informal y el desempleo para las mujeres", dijo a este diario.

"La situación económica es en este sentido un factor que desalienta el proceso de salida de las violencias. El programa Acompañar tiene un papel fundamental para asistir en estas situaciones, es lamentable que lo hayan reducido a sólo tres meses, cuando en verdad la discusión sería ampliarlo a un año. Nos preocupa además la exigencia de la denuncia judicial, ya que hay situaciones en las que la mujer no está en condiciones de hacerla, y sin embargo, es atendida sin ese requisito, que puede ser revictimizante", advirtió la ministra provincial.

La falta de apoyo del Estado a las víctimas de violencia de género estalla en las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de contención. Fernanda Tarica cuenta que las mujeres no tienen ni siquiera dinero para cargarse la SUBE y poder viajar para participar de los grupos de ayuda mutua que ofrece la institución. "Se ayudan entre ellas", describe, con desesperación, en diálogo con este diario. Además, contó, sumaron como tarea gestionar el acceso a comedores comunitarios a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Shalom Bait no recibe ningún apoyo del Estado.

"Se sabe que la violencia de género es una causal de empobrecimiento para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero en un contexto social en donde la pobreza aumenta, el acceso al trabajo, a la vivienda, a créditos, a la justicia, se hacen cada vez más complejos, el empobrecimiento es cada vez peor", indicó.

Tarica recordó que ya las ONGs venían advirtiendo que los seis meses que se garantizaba el subsidio eran insuficientes. Reducirlo a la mitad impactará negativamente en las posibles destinatarias. Los cambios decretados por el Gobierno expresan "desconocimiento" sobre la situación que viven las víctimas de violencia de género para sobrevivir.

"En general, las situaciones de violencia llevan mucho tiempo para resolverse porque cuando una mujer de pronto decide denunciar o alejarse del agresor, está atravesada por los miedos sobre su propia vida y también la de sus hijos y de sus hijas. Estos miedos están vinculados a la supervivencia de la violencia, porque los violentos no es que dejan de violentarlas de un momento para el otro, sino que continúan con sus estrategias atacando, amenazando directamente o indirectamente. Y por otro, sienten miedo a la subsistencia", describió Tarica.

"Deben organizar la vida nuevamente, compatibilizar horarios para buscar a sus hijos con su trabajo, terapia para ella y para sus hijos, audiencias, y mediaciones, el uso del botón antipánico si se le asignó y estar atenta por si suena la tobillera electrónica, que es una señal de que el agresor incumple una orden de restricción de acercamiento", detalló la médica.

Además, recordó que está comprobado que los dos primeros meses después de la separación es el momento de mayor riesgo para femicidios y para que aumente la violencia.

Por tanto, que el beneficio del Acompañar se reduzca a apenas tres meses implica poner a las mujeres en mayor riesgo.

Por otro lado, coincidió con las otras especialistas consultadas por este diario en que la exigencia de una denuncia para recibir la ayuda económica, también habla del desconocimiento sobre la problemática.

Tarica consideró que lo que las sobrevivientes de violencia de género reclaman es que alguna vez el Estado ponga el ojo en los victimarios. Cuando las mujeres logran separarse, la mayoría de los ex deja de pasar la cuota alimentaria, a modo de represalia y ejerciendo así violencia económica, otra cara de la problemática.

Por Mariana Carbajal

Fuente: Página 12

13-02-2026 / 10:02

Los derechos con los que arrasa la miserable reforma laboral esclavista de Milei

Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.

La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.

Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.

"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.

Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.

El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.

Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.

Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.

La Opinión Popular

12-02-2026 / 10:02

No es reforma, es esclavitud y represión: crónica del gas, las balas y la subasta de derechos

El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.

Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...

A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.

En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".

Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".

Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".

Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.

En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.

La Opinión Popular

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".