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Nacionales - 27-08-2024 / 08:08
EL LIBERTARIO DESTRUYE EL ÚNICO PLAN NACIONAL QUE BRINDA APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO MACHISTA

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género
A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier “el Loco” Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.
A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier "el Loco" Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.
 
En otro grave retroceso en las políticas para asistir y proteger a víctimas de violencia de género, el Gobierno de Milei redujo a la mitad los meses que pueden recibir la ayuda económica del Programa Acompañar y además sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.
 
Se trata del único plan nacional que brinda contención y apoyo concreto a víctimas de la violencia machista y cuyo alcance ya fue recortado en decisiones anteriores del Ejecutivo. Ahora, la nueva medida tomada este lunes en el Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, pondrá en mayor riesgo a mujeres y diversidades que convivan con su agresor, y es un paso más en el vaciamiento de las políticas de género de la gestión libertaria.
 
El decreto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes a las 15, Cúneo Libarona está citado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, a partir de una invitación de la diputada de UxP, Mónica Macha, para que dé explicaciones sobre la situación de las políticas de género. El ministro confirmó su asistencia.
 
Hasta ahora, las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses. Ahora quedó reducido a tres. El decreto no dice nada respecto al acompañamiento que recibirán y que se garantizaba antes a través de los equipo del Programa Acercar Derechos o de las áreas de género de los municipios.
 
De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al Acompañar: solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con las respuestas del Estado Nacional a un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio.
 
Entre enero y abril hubo 117.905 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago correspondiente.
 
En la gestión anterior, hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar: fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con Milei, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32 por ciento en el primer semestre de este año, según el mismo reporte oficial.
 

 
EL DESAMPARO YA ES LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO
 
El Gobierno recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género
  
El acceso al Programa Acompañar ahora estará restringido y la asistencia será por menos tiempo. El impacto de la nueva medida y el desguace de las políticas de género.
 
Como todavía no hay una nueva estructura operativa del Ministerio de Justicia que se haga cargo de las políticas vinculadas a esta problemática, "el Nuevo Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no ha sido diseñado", se detalla en el Pedido de Información Púbica. Entre enero y junio de este año tampoco hubo ejecución presupuestaria en otro programa de alcance nacional: el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); una política dirigida al grupo familiar y allegadxs de las víctimas de violencias extremas por motivos de género a nivel federal.
 
Para sumar retrocesos, además de reducirse a tres meses, se exigirá denuncia policial o judicial. Hasta el momento, para acceder a ese derecho bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
 
Expertas en la temática consultadas de distintos ámbitos cuestionaron los cambios implementados por el Gobierno.
 
"La mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar, apenas entre el 10 y el 15 por ciento", señaló Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de Shalom Bait, una organización que hace 21 años ofrece un abordaje integral que incluye acompañamiento legal, patrocinio jurídico y apoyo psicológico a víctimas en CABA.
 
"Esta reducción es problemática por varios motivos", advirtió la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi.
 
En primer lugar, Gherardi señaló que el plazo de tres meses no permite cumplir los propios objetivos que se propone el programa. "El objetivo del programa es asistir a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo alto o altísimo, es decir, cuando hay riesgo para sus vidas. La duración de seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida según documentamos en nuestra investigación sobre el impacto del Programa, ya que es difícil pensar que en ese tiempo se puedan crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de estas mujeres", detalló Gherardi a Página 12.
 
En segundo lugar, consideró que obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. "El requisito de la denuncia no es tan solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: "denuncio y me arriesgo a que la justicia me genere un mayor riesgo o no consigo apoyo", ejemplificó Gherardi.
 
Las estadísticas muestran que solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de pareja o expareja deciden denunciar, "lo que muestra una gran falencia del sistema que claramente no ofrece espacios de atención y acompañamiento seguros, no revictimizantes y reparadores. Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla", alertó la directora ejecutiva de ELA.
 
Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas.
 
Finalmente, Gherardi puso el énfasis en un aspecto clave: sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia.
 
"Las estrategias --y sus posibilidades de éxito-- que mujeres puedan construir para poner fin al vínculo violento están fuertemente condicionadas por los recursos y dispositivos disponibles que encuentren de atención, asistencia y protección. El Acompañar ayuda en la resolución de necesidades básicas y/o urgentes de quienes sufren violencia de género", indicó.
 
El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.
 
Surgió por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que fue cerrado por el gobierno de Milei. Las áreas vinculadas a las políticas contra las violencias por razones de género fueron desarticuladas y absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.
 
Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, reveló a Página 12 que en lo que va del año la Nación ninguna bonaerense cobró el Acompañar. "Llevamos siete meses casi sin altas, apenas se dieron 394 pero ninguna recibió la asignación correspondiente, en una situación donde crece la pobreza, el trabajo informal y el desempleo para las mujeres", dijo a este diario.
 
"La situación económica es en este sentido un factor que desalienta el proceso de salida de las violencias. El programa Acompañar tiene un papel fundamental para asistir en estas situaciones, es lamentable que lo hayan reducido a sólo tres meses, cuando en verdad la discusión sería ampliarlo a un año. Nos preocupa además la exigencia de la denuncia judicial, ya que hay situaciones en las que la mujer no está en condiciones de hacerla, y sin embargo, es atendida sin ese requisito, que puede ser revictimizante", advirtió la ministra provincial.
 
La falta de apoyo del Estado a las víctimas de violencia de género estalla en las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de contención. Fernanda Tarica cuenta que las mujeres no tienen ni siquiera dinero para cargarse la SUBE y poder viajar para participar de los grupos de ayuda mutua que ofrece la institución. "Se ayudan entre ellas", describe, con desesperación, en diálogo con este diario. Además, contó, sumaron como tarea gestionar el acceso a comedores comunitarios a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Shalom Bait no recibe ningún apoyo del Estado.
 
"Se sabe que la violencia de género es una causal de empobrecimiento para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero en un contexto social en donde la pobreza aumenta, el acceso al trabajo, a la vivienda, a créditos, a la justicia, se hacen cada vez más complejos, el empobrecimiento es cada vez peor", indicó.
 
Tarica recordó que ya las ONGs venían advirtiendo que los seis meses que se garantizaba el subsidio eran insuficientes. Reducirlo a la mitad impactará negativamente en las posibles destinatarias. Los cambios decretados por el Gobierno expresan "desconocimiento" sobre la situación que viven las víctimas de violencia de género para sobrevivir.
 
"En general, las situaciones de violencia llevan mucho tiempo para resolverse porque cuando una mujer de pronto decide denunciar o alejarse del agresor, está atravesada por los miedos sobre su propia vida y también la de sus hijos y de sus hijas. Estos miedos están vinculados a la supervivencia de la violencia, porque los violentos no es que dejan de violentarlas de un momento para el otro, sino que continúan con sus estrategias atacando, amenazando directamente o indirectamente. Y por otro, sienten miedo a la subsistencia", describió Tarica.
 
"Deben organizar la vida nuevamente, compatibilizar horarios para buscar a sus hijos con su trabajo, terapia para ella y para sus hijos, audiencias, y mediaciones, el uso del botón antipánico si se le asignó y estar atenta por si suena la tobillera electrónica, que es una señal de que el agresor incumple una orden de restricción de acercamiento", detalló la médica.
 
Además, recordó que está comprobado que los dos primeros meses después de la separación es el momento de mayor riesgo para femicidios y para que aumente la violencia.
 
Por tanto, que el beneficio del Acompañar se reduzca a apenas tres meses implica poner a las mujeres en mayor riesgo.
 
Por otro lado, coincidió con las otras especialistas consultadas por este diario en que la exigencia de una denuncia para recibir la ayuda económica, también habla del desconocimiento sobre la problemática.
 
Tarica consideró que lo que las sobrevivientes de violencia de género reclaman es que alguna vez el Estado ponga el ojo en los victimarios. Cuando las mujeres logran separarse, la mayoría de los ex deja de pasar la cuota alimentaria, a modo de represalia y ejerciendo así violencia económica, otra cara de la problemática.
 
Por Mariana Carbajal
 
Fuente: Página 12
 

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13-09-2024 / 08:09
Tras el premio consuelo de la aprobación de la Boleta Única de Papel, que vuelve a Diputados, el Gobierno libertario vio cómo la alegría se le disolvía enseguida. La oposición logró votar el rechazo al decreto de fondos secretos para la SIDE y convirtió en ley por amplia mayoría (57 votos a favor y solo 10 en contra) el Financiamiento de la Universidad Pública, tan resistido por Javier "el Loco" Milei. Y a un día de la derrota en Diputados, la oposición redobló la apuesta en el Senado para aprobar el aumento del presupuesto a las universidades nacionales con un número robusto capaz de blindarlo de un eventual veto presidencial.
 
En un hecho sin antecedentes, dado que es el primer decreto de necesidad y urgencia (DNU) derogado por ambas cámaras, el Senado volteó el decreto presidencial que le había otorgado 100.000 millones de pesos más a la central de inteligencia, sin ningún tipo de control para comprar legisladores, jueces y periodistas.

El gobierno libertario ajustador también fue derrotado en la ley sobre financiamiento universitario. Milei anunció que vetará la ley si se aprueba, aunque su impacto en términos presupuestarios es sólo de 0,14 % del PBI y se trata de una recomposición del ajuste ya realizado, no significa una mejora respecto del deterioro previo aunque si un "blindaje" frente a futuros intentos de licuación inflacionaria. Se preparan nuevas movilizaciones para derrotar el veto que el "degenerado institucional" Milei ya anunció que hará contra esta última norma, al igual que lo hizo contra los jubilados.

La UCR había quedado golpeada después de la votación por la insistencia de la ley de movilidad jubilatoria en Diputados. El cambio de postura de un grupo de radicales - que habían pasado de votar a favor de la ley a acompañar el veto de Milei - había dejado una mancha, y en el partido estaban incómodos. El día anterior, el jefe de bloque, Eduardo Vischi se había reunido con Milei en Casa Rosada y había maniobrado para impedir el tratamiento del DNU de Inteligencia. Algunos radicales, incluso, habían recibido llamadas de rectores que, preocupados, denunciaban que un sector de la UCR quería impedir el tratamiento de la Ley de Financiamiento Universitario para atar la discusión a la del Presupuesto 2025.
 
La oposición buscó -y consiguió- llevarle un claro mensaje al autoritario Milei: es débil numéricamente en el Congreso y, por lo tanto, debería empezar a cambiar la actitud. En el Senado, esa posición de inferioridad quedó clara desde los inicios, pero se reforzó con el debate de este jueves que, incluso, se dio el lujo de mostrar un acuerdo entre Unión por la Patria y la UCR para no eludir el rechazo de los fondos reservados de la SIDE. En Diputados, tal vez el lugar más complejo por estos tiempos, se pudo consolidar una mayoría para instalar agenda pero, sobre todo, dejó en evidencia la flaqueza de La Libertad Avanza.
 
El Gobierno anarco capitalista no posee el número para imponer, en votaciones por mayoría simple, su voluntad. Sí tiene la chance de evitar un juicio político o, como sucedió esta semana, sostener un veto, pero no podría frenar rechazos o nulidades a decretos y el avance de proyectos de ley que vayan en dirección opuesta a la deseada por los libertarios. La Libertad Avanza quemó todas las cartas y tuvo que jugar, a menos de un año de gestión, su ancho de espada y de basto. Negociaron Javier y Karina Milei, después de ellos no queda más. Y lo hicieron no para llegar a los dos tercios de los votos, sino apenas un tercio. Apostaron a comprar algunas voluntades mano a mano, toda la carne al asador. ¿Qué se puede ofrecer luego? Nada.
 
La Opinión Popular
 

12-09-2024 / 09:09
Con la compra de un grupete de traidores y conversos radicales, el gobierno inhumano y cruel de Javier "el Loco" Milei evitó dentro del Congreso que la oposición juntara los votos necesarios para rechazar el veto que congela las míseras jubilaciones en el punto más bajo de la historia. Afuera, en la Plaza, desplegó una represión indiscriminada que dejó más de 50 heridos, desde niños de 7 años a muchas personas mayores. La macrista Patricia Bullrich implementó un operativo de casi 900 efectivos y mandó a "identificar" a los referentes de la oposición.

Por apenas 13 votos no se consiguieron los dos tercios para insistir con la movilidad jubilatoria. El presidente anarco capitalista negoció con radicales y gobernadores para lograr sostener su veto contra el módico aumento de las jubilaciones. Un triunfo adentro del Congreso, y una derrota en el humor social y en la calle. Hubo miles de personas en la protesta apoyando a los jubilados y hubo represión tras la votación. El aire se llenó de gases lacrimógenos pocos minutos después de que se conociera el resultado de la votación en el recinto.

La plaza de los dos Congresos bramó contra el ajuste y la "traición" de los diputados panqueques de la UCR. La policía de Bullrich disparó balas de goma y desalojó a los manifestantes, que replegaron como pudieron. La cacería, igualmente, siguió durante horas. El Gobierno cipayo vendepatria festejó por partida doble: dentro del recinto ratificó el ajuste sobre las jubilaciones (no sin ayuda de la casta) y afuera desplegó otra vez el circo del protocolo del "orden", tal como lo había advertido en la previa la Casa Rosada.
 
Aunque Milei frenó, con esta sesión, la seguidilla de derrotas legislativas y logra sostener el veto a las jubilaciones, la causa de los jubilados va a persistir y seguramente siga creciendo el rechazo a la decisión del oficialismo de que sean la principal variable de ajuste a fuerza de palos y represión. Las organizaciones de jubilados ya se venían movilizando todos los miércoles. Desde el veto presidencial fueron creciendo, y la de este miércoles fue la más importante, además de contar por primera vez con el apoyo en la calle de sectores sindicales de la CGT y la CTA.
 
Con Milei, los jubilados perdieron poder adquisitivo, perdieron contra la inflación y están en un nivel histórico muy bajo similar al que estuvieron en los 90 menemistas, pero además a esos mismos jubilados también le quitaron el ciento por ciento en medicamentos que para ellos son imprescindibles en algunos casos para mantenerse con vida y en otros para tener bienestar porque es feo vivir con dolor, sí no es nada más que sobrevivir.
 
Esto tiene que ver con el abandono del Estado, que nos perjudica a todo, pero mucho más a los jubilados y en ese contexto hay un montón de Diputados que están dispuestos a levantar la mano en contra de los jubilados. Milei, cediendo ante la "casta", pudo evitarse una nueva derrota en el Congreso. Pero las jubilaciones de hambre y las dificultades para acceder a los medicamentos siguen ahí. Y seguirá la resistencia de una causa que gana cada vez más apoyo social.
 
La Opinión Popular
 

11-09-2024 / 08:09
Hoy se aprobará o rechazará en Diputados el cruel veto del presidente, Javier "el Loco" Milei, a la ley que estableció la módica actualización de los haberes jubilatorios. En medio de acusaciones sobre prebendas personales, repartija de cargos y presiones sobre los gobernadores, Milei consiguió agenciarse a un grupo de diputados radicales derechistas y traidores, que le permitirían defender su veto a la pequeña mejora en las jubilaciones. Lo más llamativo es que la ley fue presentada por la propia UCR y defendida a viva voz por varios de los que aceptaron cambiar su voto para aplastar a los más débiles.
 
Los diputados radicales conversos que se encontraron con el presidente, Karina "el Jefe" Milei y el -también radical- ministro de Defensa Luis Petri, fueron el tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, el neuquino Pablo Cervi y el misionero Martín Arjol. En la reunión también estaban presentes Patricia Bullrich, la represora ministra de Seguridad, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
 
Los cinco diputados de la UCR negociaron con Milei y le aportarán al Gobierno los votos para mantener el cruel y feroz ajuste sobre las jubilaciones. Referentes del partido como Yacobitti y Manes pidieron su expulsión. En la Casa Rosada se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo en el Congreso, con o sin represión en la calle. El plan B de un rechazo parcial no reúne aún los consensos necesarios. 
 
La foto en Casa Rosada confirmó lo que todos los dirigentes opositores temían: un grupúsculo de diputados radicales traidores, que en junio había votado a favor del aumento a los jubilados, finalmente definió que, este miércoles, defenderá el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria. Se dieron vuelta. El cambio de postura de estos cinco diputados -a los que podrían sumarse otros más en el recinto- no solo generó un cataclismo dentro de la UCR, sino que terminó de inclinar la cancha en favor del Gobierno libertario en la previa de la sesión.
 
Como ocurrió duramente el tratamiento de la Ley Bases vuelve a quedar en evidencia que la rosca parlamentaria de la casta política termina jugando en contra los intereses del pueblo trabajador en la inmensa mayoría de los casos. En esta negociación, el gobierno logra quebrar el bloque radical y hacer que un sector se dé vuelta.
 
Muy lejos de afectar a "la casta", tal como lo prometió Milei en campaña, el brutal y cruel ajuste del gobierno anarco capitalista impactó fuertemente en los sectores populares, por los escandalosos aumentos en productos alimenticios, porque las subas en salarios y jubilaciones fueron y son todavía por debajo de la inflación y también porque la quita de subsidios al transporte y las tarifas de servicios públicos, están haciendo imposible la vida de los argentinos de a pie. Hoy un gran porcentaje de la población tiene que elegir entre pagar la luz o el gas o el agua, y poder comer. La crueldad al poder.

Los dos tercios para insistir en la ley de movilidad están cada vez más lejos, aunque los más optimistas depositan sus esperanzas en la presión social y aspiran a una presencia masiva en las calles que ayude a torcer algunas voluntades. En Balcarce 50, mientras tanto, se preparan para recibir a los manifestantes con gases y detenciones arbitrarias, y se muestran confiados en que podrán cerrar la jornada con un triunfo de Milei sobre el Congreso. Con o sin represión.

 
Hoy a partir de las 12, sectores populares ejercerán presión contra el Gobierno mediante una movilización y concentración de agrupaciones políticas, sindicales, sociales, de jubilados y de derechos humanos, bajo la consigna: ¡No al veto! ¿Serán los jubilados quienes puedan romper la parálisis del combativo movimiento obrero? ¿Será la "vejez, divino tesoro" el sector que podrá dar vuelta la tortilla de este país tan desigual?
 
La Opinión Popular

10-09-2024 / 09:09
En el gobierno de Javier "el Loco" Milei advierten que este miércoles volverán a repetirse las escenas de jubilados golpeados y gaseados, con el agravante de que la manifestación contra el veto a la ley de movilidad contará con el apoyo de la CGT y los movimientos sociales. Mientras, la represora Patricia Bullrich le dice a la justicia que el derecho a la protesta está garantizado en el país. El protocolo represivo acumula cuestionamientos y la justicia mira para otro lado.
 
Así, todo está dado para que la protesta de este miércoles de los jubilados contra el veto de la ley de movilidad termine otra vez con gases, palos y detenciones al voleo. En el Gobierno se regodean ante la posibilidad de, esta vez, reprimir a mucha más gente: la marcha frente al Congreso contará con el apoyo de columnas nutridas de varios gremios de la CGT, las organizaciones sociales, la izquierda y las CTA.
 
En la Casa Rosada advierten que se preparan para una "batalla campal", dado que la postura de las fuerzas de Seguridad seguirá en la misma tónica de las últimas dos semanas: pegarle a cualquiera que ose movilizarse con tal de "garantizar el orden" del que Bullrich se vanagloria públicamente.
 
Ese "orden", hasta ahora, se basó en el protocolo represivo que estableció por decreto en diciembre pasado y que acumula causas judiciales que cuestionan su legalidad. La justicia, hasta ahora, no hizo más que dilatarlas, mientras siguen los palazos. La ministra incluso se dio el lujo de asegurar, mediante un escrito presentado ante un juzgado en lo Contencioso Administrativo, que en Argentina el derecho a la protesta, a las libertades de asociación y reunión y a peticionar ante las autoridades "se siguen ejerciendo sin ningún problema".
 
Hay dos expedientes en trámite desde hace casi los mismos nueve meses que lleva de gobierno Milei y en los que se discute la ilegalidad del protocolo antiprotestas" o "antipiquetes". En uno de ellos, que tramita ante el juez contencioso Martín Cormick, es que la cartera de Bullrich argumentó que en este país cualquiera se puede manifestar y expresar libremente sus discrepancias.
 
La otra causa estuvo en Comodoro Py, en manos del juez Sebastián Casanello, y tras de un sinuoso derrotero terminó en la Corte Suprema. Los supremos simplemente deben resolver quién es el juez/a o fuero competente. Sin embargo, por ahora no parecen tener ningún apuro en pronunciarse. Existe al menos otra investigación en la que se analiza la responsabilidad de agentes de fuerzas de seguridad en la represión y las heridas sufridas por manifestantes. También hay un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
Para reprimir la protesta social --clásica receta destinada a la aplicación del ajuste-- la gestión actual invoca el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación", que fue publicado en el Boletín Oficial el 14 de diciembre de 2023, apenas llegó el gobierno libertario. Bullrich y equipo utilizan el lema "ley y orden" para justificar los despliegues violentos de las fuerzas de seguridad.
 
Ese eslogan se desarma fácil: el protocolo no es ley y, precisamente, uno de los cuestionamientos por los que está judicializado, es porque ha convertido a la protesta en un delito en flagrancia a través de una mera resolución. Además de que la protesta no es delito, se trata de una reforma penal de hecho, que representantes de Naciones Unidas observan con reparos y preocupación por ir a contramano de la normativa internacional obligatoria que protege los derechos humanos. 
 

09-09-2024 / 09:09
Otra vez lo destinado a jubilaciones y pensiones tuvo un desplome más pronunciado que otras partidas. El violento ajuste de las jubilaciones, al que se sumó el fin de muchos medicamentos gratuitos, un bono estancado desde marzo, la falta de médicos de cabecera y largas demoras para acceder a las moratorias, obligó a la mayoría de los ancianos a restringir consumos y volver al trabajo para poder llegar a fin de mes.
 
Las historias emblemáticas de varios de ellos muestran cómo los mayores se convirtieron en el principal objetivo del gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei y de qué manera lo están sufriendo. La semana próxima se tratará en el Congreso el veto presidencial al aumento a los jubilados. Habrá movilización en las calles el miércoles 11 para derrotar el brutal plan de ajuste de Milei y Caputo.
 
Volver a trabajar, cerca de los 80 años, porque la jubilación mínima no alcanza para vivir. Hacer "changas" para sumar ingresos porque el haber jubilatorio dura, con suerte, hasta el día veinte de cada mes. Los medicamentos que antes eran gratuitos ahora hay que pagarlos un 40 por ciento y se consumen buena parte del presupuesto. Reducir las compras de lácteos, quesos y frutas.
 
Los nueve meses de gobierno de Milei son "un asalto a todos los derechos" de los trabajadores y de los más de cinco millones de jubilados y pensionados que cobran los haberes mínimos con bonos y soportan, en palabras de una jubilada docente, "un silencioso genocidio". El veto presidencial que dejó sin efecto la ley de movilidad jubilatoria empeora la situación y muestra "el ensañamiento que tiene Milei con los más humildes y con la clase pasiva", denuncian.
 
El poder de compra promedio de las jubilaciones de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% en relación al mismo período de 2023. En tanto, que los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% en términos reales. La jubilación mínima en agosto fue de $295 mil (con bono incluido) mientras que la canasta de los jubilados, que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, se ubica en alrededor de $850 mil. Es decir, que ese haber mínimo solo alcanza para vivir diez días del mes.
 
Pese a las estadísticas indican que la pobreza superó el 50 por ciento en el primer semestre del año, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, insiste en defender la gestión de Milei, a quien calificó como un "bombero" que apagó un incendio que dejó "el gobierno anterior". Pero no fue solo eso, sino que, además, negó que el Gobierno libertario haya ajustado a los jubilados. "De ninguna manera el gobierno de Milei está haciendo ajustes sobre los viejos o ajustes sobre los trabajadores o ajustes sobre los beneficiarios de planes. Entonces, contra fines del año pasado, estamos cada vez mejor", deliró contra la verdad, el economista.
 
A finales de año Milei podrá mostrarle al FMI que hizo el ajuste más grande de la historia. El 32% fue mediante la licuación de las jubilaciones. Este saqueo a los ancianos no va más. Hay que enfrentar las medidas ajustadoras de Milei contra el pueblo trabajador. Trabajadoras y trabajadores en actividad, estudiantes y organizaciones sociales deben acompañar a las jubiladas y los jubilados el próximo miércoles.
 
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