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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 27-08-2024 / 08:08

EL LIBERTARIO DESTRUYE EL ÚNICO PLAN NACIONAL QUE BRINDA APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO MACHISTA

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier “el Loco” Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier "el Loco" Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

En otro grave retroceso en las políticas para asistir y proteger a víctimas de violencia de género, el Gobierno de Milei redujo a la mitad los meses que pueden recibir la ayuda económica del Programa Acompañar y además sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.

Se trata del único plan nacional que brinda contención y apoyo concreto a víctimas de la violencia machista y cuyo alcance ya fue recortado en decisiones anteriores del Ejecutivo. Ahora, la nueva medida tomada este lunes en el Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, pondrá en mayor riesgo a mujeres y diversidades que convivan con su agresor, y es un paso más en el vaciamiento de las políticas de género de la gestión libertaria.

El decreto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes a las 15, Cúneo Libarona está citado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, a partir de una invitación de la diputada de UxP, Mónica Macha, para que dé explicaciones sobre la situación de las políticas de género. El ministro confirmó su asistencia.

Hasta ahora, las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses. Ahora quedó reducido a tres. El decreto no dice nada respecto al acompañamiento que recibirán y que se garantizaba antes a través de los equipo del Programa Acercar Derechos o de las áreas de género de los municipios.

De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al Acompañar: solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con las respuestas del Estado Nacional a un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio.

Entre enero y abril hubo 117.905 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago correspondiente.

En la gestión anterior, hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar: fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con Milei, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32 por ciento en el primer semestre de este año, según el mismo reporte oficial.

EL DESAMPARO YA ES LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO

El Gobierno recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

El acceso al Programa Acompañar ahora estará restringido y la asistencia será por menos tiempo. El impacto de la nueva medida y el desguace de las políticas de género.

Como todavía no hay una nueva estructura operativa del Ministerio de Justicia que se haga cargo de las políticas vinculadas a esta problemática, "el Nuevo Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no ha sido diseñado", se detalla en el Pedido de Información Púbica. Entre enero y junio de este año tampoco hubo ejecución presupuestaria en otro programa de alcance nacional: el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); una política dirigida al grupo familiar y allegadxs de las víctimas de violencias extremas por motivos de género a nivel federal.

Para sumar retrocesos, además de reducirse a tres meses, se exigirá denuncia policial o judicial. Hasta el momento, para acceder a ese derecho bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Expertas en la temática consultadas de distintos ámbitos cuestionaron los cambios implementados por el Gobierno.

"La mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar, apenas entre el 10 y el 15 por ciento", señaló Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de Shalom Bait, una organización que hace 21 años ofrece un abordaje integral que incluye acompañamiento legal, patrocinio jurídico y apoyo psicológico a víctimas en CABA.

"Esta reducción es problemática por varios motivos", advirtió la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi.

En primer lugar, Gherardi señaló que el plazo de tres meses no permite cumplir los propios objetivos que se propone el programa. "El objetivo del programa es asistir a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo alto o altísimo, es decir, cuando hay riesgo para sus vidas. La duración de seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida según documentamos en nuestra investigación sobre el impacto del Programa, ya que es difícil pensar que en ese tiempo se puedan crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de estas mujeres", detalló Gherardi a Página 12.

En segundo lugar, consideró que obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. "El requisito de la denuncia no es tan solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: "denuncio y me arriesgo a que la justicia me genere un mayor riesgo o no consigo apoyo", ejemplificó Gherardi.

Las estadísticas muestran que solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de pareja o expareja deciden denunciar, "lo que muestra una gran falencia del sistema que claramente no ofrece espacios de atención y acompañamiento seguros, no revictimizantes y reparadores. Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla", alertó la directora ejecutiva de ELA.

Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas.

Finalmente, Gherardi puso el énfasis en un aspecto clave: sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia.

"Las estrategias --y sus posibilidades de éxito-- que mujeres puedan construir para poner fin al vínculo violento están fuertemente condicionadas por los recursos y dispositivos disponibles que encuentren de atención, asistencia y protección. El Acompañar ayuda en la resolución de necesidades básicas y/o urgentes de quienes sufren violencia de género", indicó.

El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.

Surgió por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que fue cerrado por el gobierno de Milei. Las áreas vinculadas a las políticas contra las violencias por razones de género fueron desarticuladas y absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, reveló a Página 12 que en lo que va del año la Nación ninguna bonaerense cobró el Acompañar. "Llevamos siete meses casi sin altas, apenas se dieron 394 pero ninguna recibió la asignación correspondiente, en una situación donde crece la pobreza, el trabajo informal y el desempleo para las mujeres", dijo a este diario.

"La situación económica es en este sentido un factor que desalienta el proceso de salida de las violencias. El programa Acompañar tiene un papel fundamental para asistir en estas situaciones, es lamentable que lo hayan reducido a sólo tres meses, cuando en verdad la discusión sería ampliarlo a un año. Nos preocupa además la exigencia de la denuncia judicial, ya que hay situaciones en las que la mujer no está en condiciones de hacerla, y sin embargo, es atendida sin ese requisito, que puede ser revictimizante", advirtió la ministra provincial.

La falta de apoyo del Estado a las víctimas de violencia de género estalla en las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de contención. Fernanda Tarica cuenta que las mujeres no tienen ni siquiera dinero para cargarse la SUBE y poder viajar para participar de los grupos de ayuda mutua que ofrece la institución. "Se ayudan entre ellas", describe, con desesperación, en diálogo con este diario. Además, contó, sumaron como tarea gestionar el acceso a comedores comunitarios a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Shalom Bait no recibe ningún apoyo del Estado.

"Se sabe que la violencia de género es una causal de empobrecimiento para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero en un contexto social en donde la pobreza aumenta, el acceso al trabajo, a la vivienda, a créditos, a la justicia, se hacen cada vez más complejos, el empobrecimiento es cada vez peor", indicó.

Tarica recordó que ya las ONGs venían advirtiendo que los seis meses que se garantizaba el subsidio eran insuficientes. Reducirlo a la mitad impactará negativamente en las posibles destinatarias. Los cambios decretados por el Gobierno expresan "desconocimiento" sobre la situación que viven las víctimas de violencia de género para sobrevivir.

"En general, las situaciones de violencia llevan mucho tiempo para resolverse porque cuando una mujer de pronto decide denunciar o alejarse del agresor, está atravesada por los miedos sobre su propia vida y también la de sus hijos y de sus hijas. Estos miedos están vinculados a la supervivencia de la violencia, porque los violentos no es que dejan de violentarlas de un momento para el otro, sino que continúan con sus estrategias atacando, amenazando directamente o indirectamente. Y por otro, sienten miedo a la subsistencia", describió Tarica.

"Deben organizar la vida nuevamente, compatibilizar horarios para buscar a sus hijos con su trabajo, terapia para ella y para sus hijos, audiencias, y mediaciones, el uso del botón antipánico si se le asignó y estar atenta por si suena la tobillera electrónica, que es una señal de que el agresor incumple una orden de restricción de acercamiento", detalló la médica.

Además, recordó que está comprobado que los dos primeros meses después de la separación es el momento de mayor riesgo para femicidios y para que aumente la violencia.

Por tanto, que el beneficio del Acompañar se reduzca a apenas tres meses implica poner a las mujeres en mayor riesgo.

Por otro lado, coincidió con las otras especialistas consultadas por este diario en que la exigencia de una denuncia para recibir la ayuda económica, también habla del desconocimiento sobre la problemática.

Tarica consideró que lo que las sobrevivientes de violencia de género reclaman es que alguna vez el Estado ponga el ojo en los victimarios. Cuando las mujeres logran separarse, la mayoría de los ex deja de pasar la cuota alimentaria, a modo de represalia y ejerciendo así violencia económica, otra cara de la problemática.

Por Mariana Carbajal

Fuente: Página 12

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular

02-02-2026 / 11:02

Politica Comic Show: Javier “el Loco” Milei y el insulto como política de Estado

El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.

Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.

Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.

A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."

Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.

Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar. Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.

La Opinión Popular

01-02-2026 / 10:02

La política del engaño: Pinocho Milei gobierna en base de exageraciones y datos falsos

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.

Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.

El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.

La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.

Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.

La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.

La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.

En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.

La Opinión Popular

31-01-2026 / 09:01

La política del grotesco de Milei sin propuesta alguna para el conjunto del pueblo

Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.

Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.

Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.

Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.

Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.

Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.

Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.

Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.

Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.

Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.

Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.

El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso.