01:46 | Lunes 29 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 27-08-2024 / 08:08

EL LIBERTARIO DESTRUYE EL ÚNICO PLAN NACIONAL QUE BRINDA APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO MACHISTA

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier “el Loco” Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier "el Loco" Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

En otro grave retroceso en las políticas para asistir y proteger a víctimas de violencia de género, el Gobierno de Milei redujo a la mitad los meses que pueden recibir la ayuda económica del Programa Acompañar y además sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.

Se trata del único plan nacional que brinda contención y apoyo concreto a víctimas de la violencia machista y cuyo alcance ya fue recortado en decisiones anteriores del Ejecutivo. Ahora, la nueva medida tomada este lunes en el Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, pondrá en mayor riesgo a mujeres y diversidades que convivan con su agresor, y es un paso más en el vaciamiento de las políticas de género de la gestión libertaria.

El decreto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes a las 15, Cúneo Libarona está citado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, a partir de una invitación de la diputada de UxP, Mónica Macha, para que dé explicaciones sobre la situación de las políticas de género. El ministro confirmó su asistencia.

Hasta ahora, las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses. Ahora quedó reducido a tres. El decreto no dice nada respecto al acompañamiento que recibirán y que se garantizaba antes a través de los equipo del Programa Acercar Derechos o de las áreas de género de los municipios.

De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al Acompañar: solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con las respuestas del Estado Nacional a un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio.

Entre enero y abril hubo 117.905 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago correspondiente.

En la gestión anterior, hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar: fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con Milei, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32 por ciento en el primer semestre de este año, según el mismo reporte oficial.

EL DESAMPARO YA ES LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO

El Gobierno recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

El acceso al Programa Acompañar ahora estará restringido y la asistencia será por menos tiempo. El impacto de la nueva medida y el desguace de las políticas de género.

Como todavía no hay una nueva estructura operativa del Ministerio de Justicia que se haga cargo de las políticas vinculadas a esta problemática, "el Nuevo Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no ha sido diseñado", se detalla en el Pedido de Información Púbica. Entre enero y junio de este año tampoco hubo ejecución presupuestaria en otro programa de alcance nacional: el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); una política dirigida al grupo familiar y allegadxs de las víctimas de violencias extremas por motivos de género a nivel federal.

Para sumar retrocesos, además de reducirse a tres meses, se exigirá denuncia policial o judicial. Hasta el momento, para acceder a ese derecho bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Expertas en la temática consultadas de distintos ámbitos cuestionaron los cambios implementados por el Gobierno.

"La mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar, apenas entre el 10 y el 15 por ciento", señaló Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de Shalom Bait, una organización que hace 21 años ofrece un abordaje integral que incluye acompañamiento legal, patrocinio jurídico y apoyo psicológico a víctimas en CABA.

"Esta reducción es problemática por varios motivos", advirtió la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi.

En primer lugar, Gherardi señaló que el plazo de tres meses no permite cumplir los propios objetivos que se propone el programa. "El objetivo del programa es asistir a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo alto o altísimo, es decir, cuando hay riesgo para sus vidas. La duración de seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida según documentamos en nuestra investigación sobre el impacto del Programa, ya que es difícil pensar que en ese tiempo se puedan crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de estas mujeres", detalló Gherardi a Página 12.

En segundo lugar, consideró que obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. "El requisito de la denuncia no es tan solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: "denuncio y me arriesgo a que la justicia me genere un mayor riesgo o no consigo apoyo", ejemplificó Gherardi.

Las estadísticas muestran que solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de pareja o expareja deciden denunciar, "lo que muestra una gran falencia del sistema que claramente no ofrece espacios de atención y acompañamiento seguros, no revictimizantes y reparadores. Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla", alertó la directora ejecutiva de ELA.

Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas.

Finalmente, Gherardi puso el énfasis en un aspecto clave: sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia.

"Las estrategias --y sus posibilidades de éxito-- que mujeres puedan construir para poner fin al vínculo violento están fuertemente condicionadas por los recursos y dispositivos disponibles que encuentren de atención, asistencia y protección. El Acompañar ayuda en la resolución de necesidades básicas y/o urgentes de quienes sufren violencia de género", indicó.

El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.

Surgió por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que fue cerrado por el gobierno de Milei. Las áreas vinculadas a las políticas contra las violencias por razones de género fueron desarticuladas y absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, reveló a Página 12 que en lo que va del año la Nación ninguna bonaerense cobró el Acompañar. "Llevamos siete meses casi sin altas, apenas se dieron 394 pero ninguna recibió la asignación correspondiente, en una situación donde crece la pobreza, el trabajo informal y el desempleo para las mujeres", dijo a este diario.

"La situación económica es en este sentido un factor que desalienta el proceso de salida de las violencias. El programa Acompañar tiene un papel fundamental para asistir en estas situaciones, es lamentable que lo hayan reducido a sólo tres meses, cuando en verdad la discusión sería ampliarlo a un año. Nos preocupa además la exigencia de la denuncia judicial, ya que hay situaciones en las que la mujer no está en condiciones de hacerla, y sin embargo, es atendida sin ese requisito, que puede ser revictimizante", advirtió la ministra provincial.

La falta de apoyo del Estado a las víctimas de violencia de género estalla en las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de contención. Fernanda Tarica cuenta que las mujeres no tienen ni siquiera dinero para cargarse la SUBE y poder viajar para participar de los grupos de ayuda mutua que ofrece la institución. "Se ayudan entre ellas", describe, con desesperación, en diálogo con este diario. Además, contó, sumaron como tarea gestionar el acceso a comedores comunitarios a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Shalom Bait no recibe ningún apoyo del Estado.

"Se sabe que la violencia de género es una causal de empobrecimiento para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero en un contexto social en donde la pobreza aumenta, el acceso al trabajo, a la vivienda, a créditos, a la justicia, se hacen cada vez más complejos, el empobrecimiento es cada vez peor", indicó.

Tarica recordó que ya las ONGs venían advirtiendo que los seis meses que se garantizaba el subsidio eran insuficientes. Reducirlo a la mitad impactará negativamente en las posibles destinatarias. Los cambios decretados por el Gobierno expresan "desconocimiento" sobre la situación que viven las víctimas de violencia de género para sobrevivir.

"En general, las situaciones de violencia llevan mucho tiempo para resolverse porque cuando una mujer de pronto decide denunciar o alejarse del agresor, está atravesada por los miedos sobre su propia vida y también la de sus hijos y de sus hijas. Estos miedos están vinculados a la supervivencia de la violencia, porque los violentos no es que dejan de violentarlas de un momento para el otro, sino que continúan con sus estrategias atacando, amenazando directamente o indirectamente. Y por otro, sienten miedo a la subsistencia", describió Tarica.

"Deben organizar la vida nuevamente, compatibilizar horarios para buscar a sus hijos con su trabajo, terapia para ella y para sus hijos, audiencias, y mediaciones, el uso del botón antipánico si se le asignó y estar atenta por si suena la tobillera electrónica, que es una señal de que el agresor incumple una orden de restricción de acercamiento", detalló la médica.

Además, recordó que está comprobado que los dos primeros meses después de la separación es el momento de mayor riesgo para femicidios y para que aumente la violencia.

Por tanto, que el beneficio del Acompañar se reduzca a apenas tres meses implica poner a las mujeres en mayor riesgo.

Por otro lado, coincidió con las otras especialistas consultadas por este diario en que la exigencia de una denuncia para recibir la ayuda económica, también habla del desconocimiento sobre la problemática.

Tarica consideró que lo que las sobrevivientes de violencia de género reclaman es que alguna vez el Estado ponga el ojo en los victimarios. Cuando las mujeres logran separarse, la mayoría de los ex deja de pasar la cuota alimentaria, a modo de represalia y ejerciendo así violencia económica, otra cara de la problemática.

Por Mariana Carbajal

Fuente: Página 12

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular