03:26 | Martes 18 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 27-08-2024 / 08:08

EL LIBERTARIO DESTRUYE EL ÚNICO PLAN NACIONAL QUE BRINDA APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL MALTRATO MACHISTA

El machirulo Milei recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier “el Loco” Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

A pesar de la campaña oficial del gobierno libertario por la denuncia de violencia de género contra Alberto Fernández, el anarco capitalista Javier "el Loco" Milei avanza en la destrucción del único plan nacional que brinda apoyo a las víctimas del maltrato machista. Se redujo fuertemente la ayuda y se impusieron condiciones que más del 80% de las afectadas no puede cumplir, lo que pone en riesgo a las mujeres que conviven con su agresor.

En otro grave retroceso en las políticas para asistir y proteger a víctimas de violencia de género, el Gobierno de Milei redujo a la mitad los meses que pueden recibir la ayuda económica del Programa Acompañar y además sumó como requisito que hagan la denuncia policial o judicial.

Se trata del único plan nacional que brinda contención y apoyo concreto a víctimas de la violencia machista y cuyo alcance ya fue recortado en decisiones anteriores del Ejecutivo. Ahora, la nueva medida tomada este lunes en el Decreto 755/2024, publicado en el Boletín Oficial, pondrá en mayor riesgo a mujeres y diversidades que convivan con su agresor, y es un paso más en el vaciamiento de las políticas de género de la gestión libertaria.

El decreto lleva las firmas de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Este martes a las 15, Cúneo Libarona está citado en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, a partir de una invitación de la diputada de UxP, Mónica Macha, para que dé explicaciones sobre la situación de las políticas de género. El ministro confirmó su asistencia.

Hasta ahora, las destinatarias del Acompañar recibían un monto equivalente al salario mínimo vital y móvil por seis meses. Ahora quedó reducido a tres. El decreto no dice nada respecto al acompañamiento que recibirán y que se garantizaba antes a través de los equipo del Programa Acercar Derechos o de las áreas de género de los municipios.

De todas formas, desde que asumió la gestión libertaria han sido incorporadas muy pocas víctimas al Acompañar: solo 1919 en los primeros meses de 2024, pero ninguna cobró, de acuerdo con las respuestas del Estado Nacional a un Pedido de información Pública del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires realizado en julio.

Entre enero y abril hubo 117.905 solicitudes de mujeres aprobadas para incorporarse al Acompañar. Es decir, a la mayoría de las mujeres y personas LGBT que se encontraban en riesgo grave de sufrir situaciones de violencia de género las dejaron en banda: todas ellas fueron admitidas pero ninguna recibió el pago correspondiente.

En la gestión anterior, hubo 352.385 destinatarias del programa Acompañar: fue la política más importante en términos presupuestarios que llevó adelante el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Con Milei, el presupuesto para las políticas de género fue ejecutado en apenas un 32 por ciento en el primer semestre de este año, según el mismo reporte oficial.

EL DESAMPARO YA ES LA NUEVA POLÍTICA DE ESTADO

El Gobierno recortó y puso trabas a la ayuda para víctimas de violencia de género

El acceso al Programa Acompañar ahora estará restringido y la asistencia será por menos tiempo. El impacto de la nueva medida y el desguace de las políticas de género.

Como todavía no hay una nueva estructura operativa del Ministerio de Justicia que se haga cargo de las políticas vinculadas a esta problemática, "el Nuevo Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no ha sido diseñado", se detalla en el Pedido de Información Púbica. Entre enero y junio de este año tampoco hubo ejecución presupuestaria en otro programa de alcance nacional: el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU); una política dirigida al grupo familiar y allegadxs de las víctimas de violencias extremas por motivos de género a nivel federal.

Para sumar retrocesos, además de reducirse a tres meses, se exigirá denuncia policial o judicial. Hasta el momento, para acceder a ese derecho bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Expertas en la temática consultadas de distintos ámbitos cuestionaron los cambios implementados por el Gobierno.

"La mayoría de las mujeres que vive en situación de violencia no está preparada para denunciar, apenas entre el 10 y el 15 por ciento", señaló Fernanda Tarica, médica especializada en violencia de género y directora de Shalom Bait, una organización que hace 21 años ofrece un abordaje integral que incluye acompañamiento legal, patrocinio jurídico y apoyo psicológico a víctimas en CABA.

"Esta reducción es problemática por varios motivos", advirtió la directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi.

En primer lugar, Gherardi señaló que el plazo de tres meses no permite cumplir los propios objetivos que se propone el programa. "El objetivo del programa es asistir a mujeres que se encuentran en una situación de riesgo alto o altísimo, es decir, cuando hay riesgo para sus vidas. La duración de seis meses ya resultaba poco tiempo para construir una estrategia de salida según documentamos en nuestra investigación sobre el impacto del Programa, ya que es difícil pensar que en ese tiempo se puedan crear condiciones suficientes para iniciar un proceso de autonomía económica de estas mujeres", detalló Gherardi a Página 12.

En segundo lugar, consideró que obligar a denunciar vulnera los derechos de las víctimas. "El requisito de la denuncia no es tan solo un paso formal que se agrega, es obligarla a una disyuntiva: "denuncio y me arriesgo a que la justicia me genere un mayor riesgo o no consigo apoyo", ejemplificó Gherardi.

Las estadísticas muestran que solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia de pareja o expareja deciden denunciar, "lo que muestra una gran falencia del sistema que claramente no ofrece espacios de atención y acompañamiento seguros, no revictimizantes y reparadores. Exigir la denuncia sin brindar espacios y estrategias de contención es poner a la víctima en riesgo antes que ayudarla", alertó la directora ejecutiva de ELA.

Uno de las características más valoradas del Acompañar era que entendía que antes de la denuncia es necesario poder ponerse a salvo y tener las necesidades básicas cubiertas.

Finalmente, Gherardi puso el énfasis en un aspecto clave: sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia.

"Las estrategias --y sus posibilidades de éxito-- que mujeres puedan construir para poner fin al vínculo violento están fuertemente condicionadas por los recursos y dispositivos disponibles que encuentren de atención, asistencia y protección. El Acompañar ayuda en la resolución de necesidades básicas y/o urgentes de quienes sufren violencia de género", indicó.

El programa Acompañar fue creado en 2020 para brindar asistencia directa a personas que se encuentren en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género.

Surgió por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, que fue cerrado por el gobierno de Milei. Las áreas vinculadas a las políticas contra las violencias por razones de género fueron desarticuladas y absorbidas por el Ministerio de Justicia de la Nación.

Desde la provincia de Buenos Aires, la ministra de Mujeres y Diversidades, Estela Díaz, reveló a Página 12 que en lo que va del año la Nación ninguna bonaerense cobró el Acompañar. "Llevamos siete meses casi sin altas, apenas se dieron 394 pero ninguna recibió la asignación correspondiente, en una situación donde crece la pobreza, el trabajo informal y el desempleo para las mujeres", dijo a este diario.

"La situación económica es en este sentido un factor que desalienta el proceso de salida de las violencias. El programa Acompañar tiene un papel fundamental para asistir en estas situaciones, es lamentable que lo hayan reducido a sólo tres meses, cuando en verdad la discusión sería ampliarlo a un año. Nos preocupa además la exigencia de la denuncia judicial, ya que hay situaciones en las que la mujer no está en condiciones de hacerla, y sin embargo, es atendida sin ese requisito, que puede ser revictimizante", advirtió la ministra provincial.

La falta de apoyo del Estado a las víctimas de violencia de género estalla en las organizaciones de la sociedad civil que ofrecen espacios de contención. Fernanda Tarica cuenta que las mujeres no tienen ni siquiera dinero para cargarse la SUBE y poder viajar para participar de los grupos de ayuda mutua que ofrece la institución. "Se ayudan entre ellas", describe, con desesperación, en diálogo con este diario. Además, contó, sumaron como tarea gestionar el acceso a comedores comunitarios a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia. Shalom Bait no recibe ningún apoyo del Estado.

"Se sabe que la violencia de género es una causal de empobrecimiento para mujeres, niños, niñas y adolescentes. Pero en un contexto social en donde la pobreza aumenta, el acceso al trabajo, a la vivienda, a créditos, a la justicia, se hacen cada vez más complejos, el empobrecimiento es cada vez peor", indicó.

Tarica recordó que ya las ONGs venían advirtiendo que los seis meses que se garantizaba el subsidio eran insuficientes. Reducirlo a la mitad impactará negativamente en las posibles destinatarias. Los cambios decretados por el Gobierno expresan "desconocimiento" sobre la situación que viven las víctimas de violencia de género para sobrevivir.

"En general, las situaciones de violencia llevan mucho tiempo para resolverse porque cuando una mujer de pronto decide denunciar o alejarse del agresor, está atravesada por los miedos sobre su propia vida y también la de sus hijos y de sus hijas. Estos miedos están vinculados a la supervivencia de la violencia, porque los violentos no es que dejan de violentarlas de un momento para el otro, sino que continúan con sus estrategias atacando, amenazando directamente o indirectamente. Y por otro, sienten miedo a la subsistencia", describió Tarica.

"Deben organizar la vida nuevamente, compatibilizar horarios para buscar a sus hijos con su trabajo, terapia para ella y para sus hijos, audiencias, y mediaciones, el uso del botón antipánico si se le asignó y estar atenta por si suena la tobillera electrónica, que es una señal de que el agresor incumple una orden de restricción de acercamiento", detalló la médica.

Además, recordó que está comprobado que los dos primeros meses después de la separación es el momento de mayor riesgo para femicidios y para que aumente la violencia.

Por tanto, que el beneficio del Acompañar se reduzca a apenas tres meses implica poner a las mujeres en mayor riesgo.

Por otro lado, coincidió con las otras especialistas consultadas por este diario en que la exigencia de una denuncia para recibir la ayuda económica, también habla del desconocimiento sobre la problemática.

Tarica consideró que lo que las sobrevivientes de violencia de género reclaman es que alguna vez el Estado ponga el ojo en los victimarios. Cuando las mujeres logran separarse, la mayoría de los ex deja de pasar la cuota alimentaria, a modo de represalia y ejerciendo así violencia económica, otra cara de la problemática.

Por Mariana Carbajal

Fuente: Página 12

17-11-2025 / 10:11

El plan de la mediocre derecha para convertir Argentina en la colonia yanqui de Trump

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.

14-11-2025 / 09:11

Yes, bwana: Acuerdo del Loco Milei con Trump para convertir Argentina en colonia yanqui

La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.

Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.

El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.

Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.

Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.

La Opinión Popular