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Nacionales - 23-08-2024 / 05:08
AUNQUE LAS DOS CÁMARAS LO VOTARON CON MÁS DE LOS DOS TERCIOS, MILEI ANUNCIÓ QUE VETARÁ LA LEY DE JUBILACIONES

Milei con tres derrotas al hilo: Perdió la Bicameral de Inteligencia, le rechazaron el DNU de la SIDE y el Senado mejoró las jubilaciones

Milei con tres derrotas al hilo: Perdió la Bicameral de Inteligencia, le rechazaron el DNU de la SIDE y el Senado mejoró las jubilaciones
En 48 horas, el gobierno anarco capitalista sumó una tercera derrota. Ya había perdido la presidencia de la Bicameral de Inteligencia y después Diputados rechazó el DNU de la SIDE. Por estas horas en la Casa Rosada lo que predomina es una furia continua. El presidente Javier Milei vive una sucesión de malas noticias, donde Macri y el PRO tiene una participación protagónica importante.
En esta semana negra, el centro del debate político estuvo ocupado por las internas del Gobierno anarco capitalista, entre Javier "Papada de Sapo" Milei y Victoria Villarruel; las peleas entre lo que hasta ahora era de hecho una coalición oficial, entre el PRO y La Libertad Avanza, por el enfrentamiento entre Mauricio Macri y Milei; los escándalos en el bloque oficialista, por los coletazos de la visita a los militares genocidas condenados, en el penal de Ezeiza.

El coronamiento de todo esto que fue una seguidilla de derrotas legislativas del oficialismo: primero con el nombramiento de las autoridades de la Comisión Bicameral que controla los organismos de inteligencia; después con el revés en Diputados por el rechazo al DNU que destinaba 100 mil millones de pesos para gastos reservados de la SIDE y, finalmente, con la aprobación por parte del Senado de una nueva fórmula para los haberes jubilatorios (que tenía media sanción en Diputados) que deja a Milei a tiro del veto.

Así, Milei sufrió su tercera derrota en 48 horas. A la pérdida del control de la Bicameral de Inteligencia y el rechazo en Diputados del DNU que otorga 100.000 millones a la SIDE, se sumó la suba del 8,1% a las jubilaciones, que además posibilita mejoras futuras, algo descartado en el decreto oficial. Acá el resultado de la votación en general fue de 61 a 8, literalmente una paliza y con la novedad de que los senadores del PRO votaron contra el Gobierno.

Aunque las dos cámaras lo votaron con más de los dos tercios, Milei anunció que vetará la Ley. Duros con la "casta" de los jubilados, La Libertad Avanza dejó muy en claro que no quieren que haya un haber mínimo relacionado con la Canasta Básica, tampoco que se incluya la variable de salarios en la movilidad, ni que se paguen las deudas de los juicios y cajas de jubilaciomes provinciales. En la votación particular de estos puntos, el PRO acompañó al oficialismo mileista


Victoria Villarruel se negó a ser la cara de la derrota en la sanción de la reforma previsional y se fue del recinto antes de la votación, para no estar en la foto de un nuevo traspié del Gobierno libertario en el Congreso. La vicepresidenta decidió ausentarse tras esperar sin éxito que prosperaran las negociaciones de la Casa Rosada con la oposición "dialoguista".

Para los que impulsaron este proyecto "aprobar esta ley es un acto de justicia y reparación", como dijo el senador de UxP, Mariano Recalde. Pero también, como afirmó el radical Martín Lousteau es exponer las prioridades del gobierno que muestran que "para gastos reservados de la SIDE hay plata, pero para los jubilados no. Esto es inmoral". El Presidente, para confirmarlo, ya prometió vetarla.

A través de un comunicado, la oficina del presidente aseguró que su compromiso es "sostener el superávit fiscal a toda costa" y ratificó que vetará el proyecto aprobado por el Congreso de la Nación. "Es una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal", asegura el gobierno libertario, mientras saquea el país en favor de los grandes empresarios y hunde en la pobreza a quienes trabajaron toda su vida.

A Milei le parece "una estafa moral" un módico aumento que, con bono incluido, apenas iba a superar los 300 mil pesos cuando la canasta básica del jubilado, actualizada por inflación al mes de julio, ronda los 845 mil pesos. Veta el aumento, mientras perdona las deudas de los empresarios evasores, les arman un blanqueo de capitales a su medida y saquea el país a cielo abierto en favor del gran capital.

La Opinión Popular


 
LOS RIESGOS DEL ANUNCIADO VETO PRESIDENCIAL
 
Milei con tres derrotas al hilo: el Senado hizo ley la mejora en las jubilaciones
 
En 48 horas el gobierno sumó una tercera derrota. Ya había perdido la presidencia de la Bicameral de Inteligencia y después Diputados rechazó el DNU de la SIDE. Qué pasará con el veto prometido por Milei.
 
El miércoles, la Cámara de Diputados sesionó y le rechazó el DNU con el que le otorga a la SIDE la friolera de 100 mil millones de pesos en gastos reservados. El PRO acompañó el rechazo. El oficialismo también perdió la presidencia de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Este jueves, el Senado fue el escenario de otro duro tropiezo cuando la oposición (con votos del PRO) sancionó la reforma de la movilidad jubilatoria con 61 votos a favor y solo 8 en contra.
 
La ley aprobada en la Cámara alta aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento --para compensar el "olvido presidencial" de enero--, contempla la fórmula de movilidad por inflación y dispone que en marzo de cada año se habilite otra suba por el 50% del índice de variación salarial.
 
En su origen, esta sesión no incluía el tratamiento de la reforma jubilatoria sino que tenía como objetivo frenar el incremento de las dietas de los senadores, algo exigido por el propio presidente Milei que, a través de su cuenta de X, afirmó: "Es una traición al pueblo argentino".
 
La vicepresidenta, enfrentada con Milei, promovió esta sesión, pero también sumó el tratamiento de la reforma jubilatoria. Cuando se aprobó en Diputados el Presidente había anunciado que en caso de sanción la vetaría: "Me importa tres carajos", bramó entonces. Ahora debe estar bramando de nuevo.
 
 
Con más de los dos tercios
  
La sanción, que obtuvo más de los dos tercios de los votos, respeta el texto aprobado por los diputados. Una prueba del fracaso de los senadores de La Libertad Avanza que intentaron incorporar modificaciones para obligar a que regrese a la Cámara baja. Ahora, el texto normativo va camino a la Rosada que ya decidió que vetará la ley. Lo que no está definido es si el veto abarca todo el texto o algunos de sus artículos.
 
Lo que trascendió es que hay dos artículos en la mira de la presidencia. Por un lado está el artículo dos que pone en funcionamiento una cláusula gatillo anual que se aplicará de manera automática siempre que los sueldos le ganen a la inflación. El monto será del 50 por ciento de ese diferencial.
 
El otro artículo es el 10, que impone un plazo para cancelar las deudas previsionales con sentencia fija. Esto beneficia a los jubilados que reclamaron en la justicia, pero sobre todo abarca a la deuda que tiene el Estado nacional con las cajas previsionales de las provincias. Esto es dinero. El ministro de Economía, Luis Caputo puso el grito en el cielo a través de las redes sociales: "El equilibrio fiscal es innegociable".
 
 
Los riesgos del veto
  
Un veto puede significar un costo político importante para el gobierno ya que ataca directamente a los ingresos de los jubilados. Y también porque se lo hace en un momento donde la economía no repunta, crece el riesgo país y las presiones para devaluar se intensifican.
 
Ahora bien, en caso de que el Ejecutivo vete total o de manera parcial la norma sancionada, las dos Cámaras legislativas tienen, de acuerdo a los votos obtenidos, la suficiente cantidad de voluntades como para insistir en el texto. Tanto Diputados como el Senado aprobaron el proyecto con dos tercios de los votos. Eso es un antecedente importante a la hora de insistir con la sanción.
 
Durante el debate del proyecto, la senadora de Juliana Di Tullio (UxP) respondió con dureza al presidente Javier Milei: "Si quienes vamos a votar este proyecto que viene con dos tercios de la Cámara de Diputados somos degenerados fiscales, (el Presidente) es un degenerado social", dijo la bonaerense. Es más, advirtió que "un degenerado social que lo que hizo fue construir un escenario con el 55,5 por ciento de pobres y 17,5 por ciento de indigentes en ocho meses".
 
 
Para los ricos todo, para los jubilados nada
  
José Mayans, titular del interbloque de UxP se preguntó si en el gobierno "¿están mirando los números de la economía argentina? Esto ya se lo advertí al grupo Macri, cuando empezó su caída. Después nadie era amigo de Macri, así como ahora nadie es amigo de Alberto, ¿verdad?", dijo para luego convocar a que "resolvamos este tema hoy acá. Está mal el programa económico, le deben a las provincias".
 
Para Lousteau, el ahora presidente de la Bicameral de Inteligencia, el costo que pueda tener esta nueva ley "es un poco menor de lo que se bajó al que grava los Bienes Personales, es decir, del impuesto que se les cobra a los más ricos de los más ricos. Nuestro bloque hizo una propuesta y el Gobierno no quiso cobrar más por el Blanqueo. Al que nunca pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales le condonamos. Ahora, darle a los jubilados está mal. El Presidente dijo que el evade es un héroe. Claro, después falta la plata para pagarle a los jubilados que pusieron el lomo durante muchos años".
 
El libertario Bartolomé Abdala intentó argumentar el rechazo. Por un lado dijo que es comprensible el reclamo, pero advirtió que desde la oposición "quieren venir a decir que el problema es desde el 10 de diciembre y le faltan la palabra a la ciudadanía".
 
Lo cierto es que a la hora de votar, el PRO aportó todos menos uno de los votos que tiene en el Senado. Ni siquiera la cena que Milei le ofreció la noche anterior a Mauricio Macri logró evitar el morder el polvo de la derrota en el recinto. Al momento de votar, los senadores de LLA quedaron solos. Ni siquiera la vicepresidenta Victoria Villarruel estuvo en el recinto a la hora de la votación.
 
 
Las dietas
  
Después de que se sancionó la reforma jubilatoria, llegó el turno de las dietas de los legisladores. Por unanimidad el cuerpo aprobó retrotraer los aumentos de las dietas de los senadores y congelar esos haberes hasta diciembre, tras la polémica que se había generado por la suba del 6,6 por ciento que elevaba los sueldos de los legisladores a los nueve millones de pesos.
 
De este modo, el plenario legislativo decidió con 65 votos anular la suba que se había dispuesto la semana pasada, al acoplarse a los aumentos dispuestos para los empleados del 3,5 por ciento para julio y el 3 por ciento para este mes.
 
La decisión se adoptó con el respaldo de los legisladores de LLA, la UCR, Frente Nacional y Popular, Unidad Ciudadana, Cambio Federal, Unidad Federal, PRO, Frente Renovador de la Concordia Social, Juntos por Río Negro, por Santa Cruz, por la Justicia Social y Comunidad Neuquén. Se decidió que sea un proyecto de resolución para que solo afecte al Senado.
 
El autor fue el oficialista Juan Carlos Romero que propuso "suspender" el aumento hasta fin de año "o hasta encontrar a la verdadera solución".
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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