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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 18-08-2024 / 11:08
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei
El gobierno cipayo de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, avanza en el desmantelamiento minucioso de las capacidades estratégicas del Estado argentino. Arremetidas de un oficialismo que se autopercibe empoderado y la oposición en su laberinto.
Mientras el nacionalismo etiqueta negra, tan en boga en las redes sociales y ciertos círculos políticos, discute el sexo de los ángeles y la deriva geopolítica e ideológica de Jorge Rafael Videla, el rojo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, y que el Congreso de la Nación no supo o no quiso evitar otorgarle, avanza en la destrucción minuciosa de las capacidades estratégicas del Estado argentino.
 
Esta semana fue el turno de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que se venderán a mejor postor en los próximos 180 días. Se trata de plantas que proveen de energía eléctrica barata y ecológica a la red hogareña e industrial, en un esquema que resulta rentable para el operador, sea público o privado, de forma tal que la privatización no puede explicarse por las cuestiones económicas que aduce el gobierno.
 
En la fila espera Atucha, el centro nuclear más importante y avanzado de Sudamérica, que este año cumple medio siglo de vida. El martes, el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, celebró el record de producción de energía atómica, que por primera vez explica el 9 por ciento del total del consumo eléctrico del país. Mientras tanto, los trabajadores protestan cortando rutas por despidos que ponen en riesgo la continuidad de la operación.
 
En abril, el gobierno despidió a 160 trabajadores destinados a la construcción del reactor CAREM. En agosto puede haber otras 180 bajas. Las obras civiles están interrumpidas desde diciembre. Como en el caso de las represas, no se debe buscar la explicación en un ahorro de fondos. Al contrario, iniciativas como CAREM pueden significarle al país un importante ingreso de divisas en el mediano plazo. La empresa que controla Atucha, Nucleoeléctrica Argentina, también será privatizada.
 
Por otra parte, en el gobierno anarco capitalista ya avisaron a los trabajadores que en septiembre se publicará el decreto que transformará en sociedad anónima a Fabricaciones Militares, permitiendo la incorporación de capitales privados, incluso extranjeros, a la industria de la defensa nacional. En los últimos meses ya hubo visitas de interesados. Por caso, las empresas Hispania (Española) y CSG (República Checa) pujan por la planta de explosivos Fanazul, en Azul, provincia de Buenos Aires.
 
Más preocupante fue la delegación de personal de la secretaría de Estado de los Estados Unidos que estuvo de forma no oficial en la fábrica de Río Tercero en junio. Acompañados por personal jerárquico de la empresa y funcionarios del ministerio de Defensa, la visita se hizo en autos particulares y sin protocolo. Recorrieron los sectores de Forja, Mecanizado, Vagones y Producción Química, actualmente avocados a la reparación de material ferroviario.
 
¿Son los trenes lo que le interesa a la Casa Blanca? Razonablemente no. Sucede que en esa planta, originalmente, se fabricaban municiones y proyectiles, y puede reconvertirse en corto plazo y a bajo costo para retomar su función original. La OTAN tiene un serio déficit en ese rubro comparado con Rusia y China, por lo que se habla de la posibilidad de que pueda utilizar Río Tercero para cubrir ese faltante. La planta tiene la capacidad de convertirse en uno de los polos más importantes del mundo.
 
El proyecto lo impulsa el titular de Fabricaciones Militares, Hugo Pascarelli, y se conversó por primera vez en abril, durante la visita a la Argentina de la generala yanqui Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono. Dos diputadas, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) y la peronista Agustina Propato (provincia de Buenos Aires), presentaron en la cámara baja sendos pedidos de informe para obtener información oficial sobre este plan, que por ahora se realiza en las sombras.
 

 
La semana pasada, en un plenario en Villa María, los trabajadores de Fabricaciones Militares en ATE alertaron sobre el "desmantelamiento de gran parte de las instalaciones de cada una de las fábricas, el vencimiento de licencias para la producción, la baja de la productividad y la perdida de la soberanía nacional producto de los acuerdos con otras empresas extranjeras en sectores estrategicos". El jueves se reunieron con el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
 
En ATE creen que existe un vaciamiento destinado a abrir la puerta a una nueva privatización, que deje en manos extranjeras los sectores estratégicos o redituables y remate el resto. Además de las cinco plantas que quedan (en sus mejores años eran más de veinte), Fabricaciones Militares cuenta con otros activos que despiertan el apetito de inversores, como por ejemplo terrenos por más de 55 mil hectáreas, una superficie equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires.
 
Lejos de cuando era un pilar de la industria nacional, la compañía creada por Manuel Savio en 1941 y privatizada medio siglo más tarde por Carlos Menem, desde su reestatización en 2006 recuperó para la Argentina capacidades que pocos países en la región pueden igualar, no solamente dedicada al sector militar sino también a usos civiles en áreas como el agro y la minería, tanto para el mercado local como para la exportación. Ahora puede volver a ser desguazada.
 
De Fabricaciones Militares dependen al día de hoy cinco plantas. La más vieja está a dos años de cumplir un siglo en Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, donde están las dependencias de artillería y armas portátiles. Se dedica en este momento a la producción de chalecos antibala, armas de bajo calibre y municiones. La más nueva es de 2016, en Jachal, San Juan, dedicada a los explosivos, particularmente a los que se usan en el sector minero y petrolero.
 
En Río Tercero está la planta de Químicos y Fertilizantes y por el otro la de Metalmecánica y Transporte, que es la que despertó el interés del gobierno norteamericano. En Villa María se especializan en pólvora y explosivos dedicados principalmente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras que en Fanazul se dedican a explosivos derivados de la nitración del tolueno, como el TNT, y cargas de proyectiles. La sexta sede, administrativa, se encuentra en el centro porteño.
 
En Fanazul desde mayo se interrumpió la fabricación de explosivos a pesar de contar con un contrato a cinco años con la minera peruana Orica. El gobierno dice que el acuerdo está caído pero no explican los motivos. Los trabajadores dicen que la empresa deberá pagar multas por incumplir con los envíos. La planta está parada desde hace tres meses. En Villa María las máquinas también llevan meses apagadas sin explicación oficial.
 
En Jachal donde comenzará un megaemprendimiento minero, no se está realizando la inversión necesaria para que la planta pueda proveer los explosivos necesarios, privando a la empresa de un negocio multimillonario. Por el contrario, uno de cada cinco trabajadores dejó su lugar en los primeros meses del año a partir de un plan de retiros voluntarios iniciado por esta administración. En todo el país, de los 1500 trabajadores que había en enero ya se fueron más de 400.
 
La excusa es que hubo un incremento significativo del personal entre 2019 y 2023. Señalan en el gobierno que se pasó, en ese lapso, de 1104 empleados a casi 1500. Lo que omiten las fuentes oficiales es que después de tener balances deficitarios a causa de la pandemia en los años 2020 y 2021, en 2022 Fabricaciones Militares pudo mostrar un resultado positivo por más de cuatrocientos millones de pesos. En 2023 ese superávit se multiplicó veinte veces: la empresa que el gobierno quiere desguazar tuvo un ejercicio con ganancias por más de diez mil millones de pesos.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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