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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 18-08-2024 / 11:08
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei
El gobierno cipayo de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, avanza en el desmantelamiento minucioso de las capacidades estratégicas del Estado argentino. Arremetidas de un oficialismo que se autopercibe empoderado y la oposición en su laberinto.
Mientras el nacionalismo etiqueta negra, tan en boga en las redes sociales y ciertos círculos políticos, discute el sexo de los ángeles y la deriva geopolítica e ideológica de Jorge Rafael Videla, el rojo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, y que el Congreso de la Nación no supo o no quiso evitar otorgarle, avanza en la destrucción minuciosa de las capacidades estratégicas del Estado argentino.
 
Esta semana fue el turno de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que se venderán a mejor postor en los próximos 180 días. Se trata de plantas que proveen de energía eléctrica barata y ecológica a la red hogareña e industrial, en un esquema que resulta rentable para el operador, sea público o privado, de forma tal que la privatización no puede explicarse por las cuestiones económicas que aduce el gobierno.
 
En la fila espera Atucha, el centro nuclear más importante y avanzado de Sudamérica, que este año cumple medio siglo de vida. El martes, el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, celebró el record de producción de energía atómica, que por primera vez explica el 9 por ciento del total del consumo eléctrico del país. Mientras tanto, los trabajadores protestan cortando rutas por despidos que ponen en riesgo la continuidad de la operación.
 
En abril, el gobierno despidió a 160 trabajadores destinados a la construcción del reactor CAREM. En agosto puede haber otras 180 bajas. Las obras civiles están interrumpidas desde diciembre. Como en el caso de las represas, no se debe buscar la explicación en un ahorro de fondos. Al contrario, iniciativas como CAREM pueden significarle al país un importante ingreso de divisas en el mediano plazo. La empresa que controla Atucha, Nucleoeléctrica Argentina, también será privatizada.
 
Por otra parte, en el gobierno anarco capitalista ya avisaron a los trabajadores que en septiembre se publicará el decreto que transformará en sociedad anónima a Fabricaciones Militares, permitiendo la incorporación de capitales privados, incluso extranjeros, a la industria de la defensa nacional. En los últimos meses ya hubo visitas de interesados. Por caso, las empresas Hispania (Española) y CSG (República Checa) pujan por la planta de explosivos Fanazul, en Azul, provincia de Buenos Aires.
 
Más preocupante fue la delegación de personal de la secretaría de Estado de los Estados Unidos que estuvo de forma no oficial en la fábrica de Río Tercero en junio. Acompañados por personal jerárquico de la empresa y funcionarios del ministerio de Defensa, la visita se hizo en autos particulares y sin protocolo. Recorrieron los sectores de Forja, Mecanizado, Vagones y Producción Química, actualmente avocados a la reparación de material ferroviario.
 
¿Son los trenes lo que le interesa a la Casa Blanca? Razonablemente no. Sucede que en esa planta, originalmente, se fabricaban municiones y proyectiles, y puede reconvertirse en corto plazo y a bajo costo para retomar su función original. La OTAN tiene un serio déficit en ese rubro comparado con Rusia y China, por lo que se habla de la posibilidad de que pueda utilizar Río Tercero para cubrir ese faltante. La planta tiene la capacidad de convertirse en uno de los polos más importantes del mundo.
 
El proyecto lo impulsa el titular de Fabricaciones Militares, Hugo Pascarelli, y se conversó por primera vez en abril, durante la visita a la Argentina de la generala yanqui Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono. Dos diputadas, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) y la peronista Agustina Propato (provincia de Buenos Aires), presentaron en la cámara baja sendos pedidos de informe para obtener información oficial sobre este plan, que por ahora se realiza en las sombras.
 

 
La semana pasada, en un plenario en Villa María, los trabajadores de Fabricaciones Militares en ATE alertaron sobre el "desmantelamiento de gran parte de las instalaciones de cada una de las fábricas, el vencimiento de licencias para la producción, la baja de la productividad y la perdida de la soberanía nacional producto de los acuerdos con otras empresas extranjeras en sectores estrategicos". El jueves se reunieron con el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
 
En ATE creen que existe un vaciamiento destinado a abrir la puerta a una nueva privatización, que deje en manos extranjeras los sectores estratégicos o redituables y remate el resto. Además de las cinco plantas que quedan (en sus mejores años eran más de veinte), Fabricaciones Militares cuenta con otros activos que despiertan el apetito de inversores, como por ejemplo terrenos por más de 55 mil hectáreas, una superficie equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires.
 
Lejos de cuando era un pilar de la industria nacional, la compañía creada por Manuel Savio en 1941 y privatizada medio siglo más tarde por Carlos Menem, desde su reestatización en 2006 recuperó para la Argentina capacidades que pocos países en la región pueden igualar, no solamente dedicada al sector militar sino también a usos civiles en áreas como el agro y la minería, tanto para el mercado local como para la exportación. Ahora puede volver a ser desguazada.
 
De Fabricaciones Militares dependen al día de hoy cinco plantas. La más vieja está a dos años de cumplir un siglo en Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, donde están las dependencias de artillería y armas portátiles. Se dedica en este momento a la producción de chalecos antibala, armas de bajo calibre y municiones. La más nueva es de 2016, en Jachal, San Juan, dedicada a los explosivos, particularmente a los que se usan en el sector minero y petrolero.
 
En Río Tercero está la planta de Químicos y Fertilizantes y por el otro la de Metalmecánica y Transporte, que es la que despertó el interés del gobierno norteamericano. En Villa María se especializan en pólvora y explosivos dedicados principalmente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras que en Fanazul se dedican a explosivos derivados de la nitración del tolueno, como el TNT, y cargas de proyectiles. La sexta sede, administrativa, se encuentra en el centro porteño.
 
En Fanazul desde mayo se interrumpió la fabricación de explosivos a pesar de contar con un contrato a cinco años con la minera peruana Orica. El gobierno dice que el acuerdo está caído pero no explican los motivos. Los trabajadores dicen que la empresa deberá pagar multas por incumplir con los envíos. La planta está parada desde hace tres meses. En Villa María las máquinas también llevan meses apagadas sin explicación oficial.
 
En Jachal donde comenzará un megaemprendimiento minero, no se está realizando la inversión necesaria para que la planta pueda proveer los explosivos necesarios, privando a la empresa de un negocio multimillonario. Por el contrario, uno de cada cinco trabajadores dejó su lugar en los primeros meses del año a partir de un plan de retiros voluntarios iniciado por esta administración. En todo el país, de los 1500 trabajadores que había en enero ya se fueron más de 400.
 
La excusa es que hubo un incremento significativo del personal entre 2019 y 2023. Señalan en el gobierno que se pasó, en ese lapso, de 1104 empleados a casi 1500. Lo que omiten las fuentes oficiales es que después de tener balances deficitarios a causa de la pandemia en los años 2020 y 2021, en 2022 Fabricaciones Militares pudo mostrar un resultado positivo por más de cuatrocientos millones de pesos. En 2023 ese superávit se multiplicó veinte veces: la empresa que el gobierno quiere desguazar tuvo un ejercicio con ganancias por más de diez mil millones de pesos.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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