13:02 | Miercoles 24 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 18-08-2024 / 11:08

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei

El gobierno cipayo de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, avanza en el desmantelamiento minucioso de las capacidades estratégicas del Estado argentino. Arremetidas de un oficialismo que se autopercibe empoderado y la oposición en su laberinto.

Mientras el nacionalismo etiqueta negra, tan en boga en las redes sociales y ciertos círculos políticos, discute el sexo de los ángeles y la deriva geopolítica e ideológica de Jorge Rafael Videla, el rojo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, y que el Congreso de la Nación no supo o no quiso evitar otorgarle, avanza en la destrucción minuciosa de las capacidades estratégicas del Estado argentino.

Esta semana fue el turno de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que se venderán a mejor postor en los próximos 180 días. Se trata de plantas que proveen de energía eléctrica barata y ecológica a la red hogareña e industrial, en un esquema que resulta rentable para el operador, sea público o privado, de forma tal que la privatización no puede explicarse por las cuestiones económicas que aduce el gobierno.

En la fila espera Atucha, el centro nuclear más importante y avanzado de Sudamérica, que este año cumple medio siglo de vida. El martes, el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, celebró el record de producción de energía atómica, que por primera vez explica el 9 por ciento del total del consumo eléctrico del país. Mientras tanto, los trabajadores protestan cortando rutas por despidos que ponen en riesgo la continuidad de la operación.

En abril, el gobierno despidió a 160 trabajadores destinados a la construcción del reactor CAREM. En agosto puede haber otras 180 bajas. Las obras civiles están interrumpidas desde diciembre. Como en el caso de las represas, no se debe buscar la explicación en un ahorro de fondos. Al contrario, iniciativas como CAREM pueden significarle al país un importante ingreso de divisas en el mediano plazo. La empresa que controla Atucha, Nucleoeléctrica Argentina, también será privatizada.

Por otra parte, en el gobierno anarco capitalista ya avisaron a los trabajadores que en septiembre se publicará el decreto que transformará en sociedad anónima a Fabricaciones Militares, permitiendo la incorporación de capitales privados, incluso extranjeros, a la industria de la defensa nacional. En los últimos meses ya hubo visitas de interesados. Por caso, las empresas Hispania (Española) y CSG (República Checa) pujan por la planta de explosivos Fanazul, en Azul, provincia de Buenos Aires.

Más preocupante fue la delegación de personal de la secretaría de Estado de los Estados Unidos que estuvo de forma no oficial en la fábrica de Río Tercero en junio. Acompañados por personal jerárquico de la empresa y funcionarios del ministerio de Defensa, la visita se hizo en autos particulares y sin protocolo. Recorrieron los sectores de Forja, Mecanizado, Vagones y Producción Química, actualmente avocados a la reparación de material ferroviario.

¿Son los trenes lo que le interesa a la Casa Blanca? Razonablemente no. Sucede que en esa planta, originalmente, se fabricaban municiones y proyectiles, y puede reconvertirse en corto plazo y a bajo costo para retomar su función original. La OTAN tiene un serio déficit en ese rubro comparado con Rusia y China, por lo que se habla de la posibilidad de que pueda utilizar Río Tercero para cubrir ese faltante. La planta tiene la capacidad de convertirse en uno de los polos más importantes del mundo.

El proyecto lo impulsa el titular de Fabricaciones Militares, Hugo Pascarelli, y se conversó por primera vez en abril, durante la visita a la Argentina de la generala yanqui Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono. Dos diputadas, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) y la peronista Agustina Propato (provincia de Buenos Aires), presentaron en la cámara baja sendos pedidos de informe para obtener información oficial sobre este plan, que por ahora se realiza en las sombras.

La semana pasada, en un plenario en Villa María, los trabajadores de Fabricaciones Militares en ATE alertaron sobre el "desmantelamiento de gran parte de las instalaciones de cada una de las fábricas, el vencimiento de licencias para la producción, la baja de la productividad y la perdida de la soberanía nacional producto de los acuerdos con otras empresas extranjeras en sectores estrategicos". El jueves se reunieron con el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.

En ATE creen que existe un vaciamiento destinado a abrir la puerta a una nueva privatización, que deje en manos extranjeras los sectores estratégicos o redituables y remate el resto. Además de las cinco plantas que quedan (en sus mejores años eran más de veinte), Fabricaciones Militares cuenta con otros activos que despiertan el apetito de inversores, como por ejemplo terrenos por más de 55 mil hectáreas, una superficie equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires.

Lejos de cuando era un pilar de la industria nacional, la compañía creada por Manuel Savio en 1941 y privatizada medio siglo más tarde por Carlos Menem, desde su reestatización en 2006 recuperó para la Argentina capacidades que pocos países en la región pueden igualar, no solamente dedicada al sector militar sino también a usos civiles en áreas como el agro y la minería, tanto para el mercado local como para la exportación. Ahora puede volver a ser desguazada.

De Fabricaciones Militares dependen al día de hoy cinco plantas. La más vieja está a dos años de cumplir un siglo en Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, donde están las dependencias de artillería y armas portátiles. Se dedica en este momento a la producción de chalecos antibala, armas de bajo calibre y municiones. La más nueva es de 2016, en Jachal, San Juan, dedicada a los explosivos, particularmente a los que se usan en el sector minero y petrolero.

En Río Tercero está la planta de Químicos y Fertilizantes y por el otro la de Metalmecánica y Transporte, que es la que despertó el interés del gobierno norteamericano. En Villa María se especializan en pólvora y explosivos dedicados principalmente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras que en Fanazul se dedican a explosivos derivados de la nitración del tolueno, como el TNT, y cargas de proyectiles. La sexta sede, administrativa, se encuentra en el centro porteño.

En Fanazul desde mayo se interrumpió la fabricación de explosivos a pesar de contar con un contrato a cinco años con la minera peruana Orica. El gobierno dice que el acuerdo está caído pero no explican los motivos. Los trabajadores dicen que la empresa deberá pagar multas por incumplir con los envíos. La planta está parada desde hace tres meses. En Villa María las máquinas también llevan meses apagadas sin explicación oficial.

En Jachal donde comenzará un megaemprendimiento minero, no se está realizando la inversión necesaria para que la planta pueda proveer los explosivos necesarios, privando a la empresa de un negocio multimillonario. Por el contrario, uno de cada cinco trabajadores dejó su lugar en los primeros meses del año a partir de un plan de retiros voluntarios iniciado por esta administración. En todo el país, de los 1500 trabajadores que había en enero ya se fueron más de 400.

La excusa es que hubo un incremento significativo del personal entre 2019 y 2023. Señalan en el gobierno que se pasó, en ese lapso, de 1104 empleados a casi 1500. Lo que omiten las fuentes oficiales es que después de tener balances deficitarios a causa de la pandemia en los años 2020 y 2021, en 2022 Fabricaciones Militares pudo mostrar un resultado positivo por más de cuatrocientos millones de pesos. En 2023 ese superávit se multiplicó veinte veces: la empresa que el gobierno quiere desguazar tuvo un ejercicio con ganancias por más de diez mil millones de pesos.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.

20-12-2025 / 10:12

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas Milei dilapidó el resultado de las urnas

Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.

El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.

Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.

La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.

Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.

El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.

Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.

Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.

Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.