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Nacionales - 18-08-2024 / 11:08
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei

Desmantelamiento estratégico: la destrucción silenciosa del Estado argentino por Milei
El gobierno cipayo de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, avanza en el desmantelamiento minucioso de las capacidades estratégicas del Estado argentino. Arremetidas de un oficialismo que se autopercibe empoderado y la oposición en su laberinto.
Mientras el nacionalismo etiqueta negra, tan en boga en las redes sociales y ciertos círculos políticos, discute el sexo de los ángeles y la deriva geopolítica e ideológica de Jorge Rafael Videla, el rojo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei, amparado en los poderes que se adjudicó a través del DNU 70/23 y la ley de bases, y que el Congreso de la Nación no supo o no quiso evitar otorgarle, avanza en la destrucción minuciosa de las capacidades estratégicas del Estado argentino.
 
Esta semana fue el turno de las centrales hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que se venderán a mejor postor en los próximos 180 días. Se trata de plantas que proveen de energía eléctrica barata y ecológica a la red hogareña e industrial, en un esquema que resulta rentable para el operador, sea público o privado, de forma tal que la privatización no puede explicarse por las cuestiones económicas que aduce el gobierno.
 
En la fila espera Atucha, el centro nuclear más importante y avanzado de Sudamérica, que este año cumple medio siglo de vida. El martes, el vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, celebró el record de producción de energía atómica, que por primera vez explica el 9 por ciento del total del consumo eléctrico del país. Mientras tanto, los trabajadores protestan cortando rutas por despidos que ponen en riesgo la continuidad de la operación.
 
En abril, el gobierno despidió a 160 trabajadores destinados a la construcción del reactor CAREM. En agosto puede haber otras 180 bajas. Las obras civiles están interrumpidas desde diciembre. Como en el caso de las represas, no se debe buscar la explicación en un ahorro de fondos. Al contrario, iniciativas como CAREM pueden significarle al país un importante ingreso de divisas en el mediano plazo. La empresa que controla Atucha, Nucleoeléctrica Argentina, también será privatizada.
 
Por otra parte, en el gobierno anarco capitalista ya avisaron a los trabajadores que en septiembre se publicará el decreto que transformará en sociedad anónima a Fabricaciones Militares, permitiendo la incorporación de capitales privados, incluso extranjeros, a la industria de la defensa nacional. En los últimos meses ya hubo visitas de interesados. Por caso, las empresas Hispania (Española) y CSG (República Checa) pujan por la planta de explosivos Fanazul, en Azul, provincia de Buenos Aires.
 
Más preocupante fue la delegación de personal de la secretaría de Estado de los Estados Unidos que estuvo de forma no oficial en la fábrica de Río Tercero en junio. Acompañados por personal jerárquico de la empresa y funcionarios del ministerio de Defensa, la visita se hizo en autos particulares y sin protocolo. Recorrieron los sectores de Forja, Mecanizado, Vagones y Producción Química, actualmente avocados a la reparación de material ferroviario.
 
¿Son los trenes lo que le interesa a la Casa Blanca? Razonablemente no. Sucede que en esa planta, originalmente, se fabricaban municiones y proyectiles, y puede reconvertirse en corto plazo y a bajo costo para retomar su función original. La OTAN tiene un serio déficit en ese rubro comparado con Rusia y China, por lo que se habla de la posibilidad de que pueda utilizar Río Tercero para cubrir ese faltante. La planta tiene la capacidad de convertirse en uno de los polos más importantes del mundo.
 
El proyecto lo impulsa el titular de Fabricaciones Militares, Hugo Pascarelli, y se conversó por primera vez en abril, durante la visita a la Argentina de la generala yanqui Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono. Dos diputadas, la radical Gabriela Brouwer de Koning (Córdoba) y la peronista Agustina Propato (provincia de Buenos Aires), presentaron en la cámara baja sendos pedidos de informe para obtener información oficial sobre este plan, que por ahora se realiza en las sombras.
 

 
La semana pasada, en un plenario en Villa María, los trabajadores de Fabricaciones Militares en ATE alertaron sobre el "desmantelamiento de gran parte de las instalaciones de cada una de las fábricas, el vencimiento de licencias para la producción, la baja de la productividad y la perdida de la soberanía nacional producto de los acuerdos con otras empresas extranjeras en sectores estrategicos". El jueves se reunieron con el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar.
 
En ATE creen que existe un vaciamiento destinado a abrir la puerta a una nueva privatización, que deje en manos extranjeras los sectores estratégicos o redituables y remate el resto. Además de las cinco plantas que quedan (en sus mejores años eran más de veinte), Fabricaciones Militares cuenta con otros activos que despiertan el apetito de inversores, como por ejemplo terrenos por más de 55 mil hectáreas, una superficie equivalente a tres veces la ciudad de Buenos Aires.
 
Lejos de cuando era un pilar de la industria nacional, la compañía creada por Manuel Savio en 1941 y privatizada medio siglo más tarde por Carlos Menem, desde su reestatización en 2006 recuperó para la Argentina capacidades que pocos países en la región pueden igualar, no solamente dedicada al sector militar sino también a usos civiles en áreas como el agro y la minería, tanto para el mercado local como para la exportación. Ahora puede volver a ser desguazada.
 
De Fabricaciones Militares dependen al día de hoy cinco plantas. La más vieja está a dos años de cumplir un siglo en Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, donde están las dependencias de artillería y armas portátiles. Se dedica en este momento a la producción de chalecos antibala, armas de bajo calibre y municiones. La más nueva es de 2016, en Jachal, San Juan, dedicada a los explosivos, particularmente a los que se usan en el sector minero y petrolero.
 
En Río Tercero está la planta de Químicos y Fertilizantes y por el otro la de Metalmecánica y Transporte, que es la que despertó el interés del gobierno norteamericano. En Villa María se especializan en pólvora y explosivos dedicados principalmente a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, mientras que en Fanazul se dedican a explosivos derivados de la nitración del tolueno, como el TNT, y cargas de proyectiles. La sexta sede, administrativa, se encuentra en el centro porteño.
 
En Fanazul desde mayo se interrumpió la fabricación de explosivos a pesar de contar con un contrato a cinco años con la minera peruana Orica. El gobierno dice que el acuerdo está caído pero no explican los motivos. Los trabajadores dicen que la empresa deberá pagar multas por incumplir con los envíos. La planta está parada desde hace tres meses. En Villa María las máquinas también llevan meses apagadas sin explicación oficial.
 
En Jachal donde comenzará un megaemprendimiento minero, no se está realizando la inversión necesaria para que la planta pueda proveer los explosivos necesarios, privando a la empresa de un negocio multimillonario. Por el contrario, uno de cada cinco trabajadores dejó su lugar en los primeros meses del año a partir de un plan de retiros voluntarios iniciado por esta administración. En todo el país, de los 1500 trabajadores que había en enero ya se fueron más de 400.
 
La excusa es que hubo un incremento significativo del personal entre 2019 y 2023. Señalan en el gobierno que se pasó, en ese lapso, de 1104 empleados a casi 1500. Lo que omiten las fuentes oficiales es que después de tener balances deficitarios a causa de la pandemia en los años 2020 y 2021, en 2022 Fabricaciones Militares pudo mostrar un resultado positivo por más de cuatrocientos millones de pesos. En 2023 ese superávit se multiplicó veinte veces: la empresa que el gobierno quiere desguazar tuvo un ejercicio con ganancias por más de diez mil millones de pesos.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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