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Nacionales - 14-08-2024 / 09:08
POR DECRETO DISPUSO EL FIN DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DEL CONADI QUE SE ENCARGABA DE LOCALIZAR A LOS BEBÉS APROPIADOS
Despreciable: Milei desmanteló el organismo que busca a los niños robados durante el terrorismo de Estado
El Gobierno anarco capitalista de Javier “el Loco” Milei que protege a los diputados libertarios que visitaron a represores, torturadores, violadores y genocidas en la cárcel sumó otro ítem a su currículum negacionista: dispuso el fin, en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, del organismo que se encargaba de localizar a los bebés robados durante el terrorismo de Estado.
Nostálgico de la dictadura militar genocida, el Gobierno libertariano le dio una nueva estocada al proceso de verdad y justicia, en una campaña sistemática para reivindicar el terrorismo de Estado. Por decreto, Javier "el Loco" Milei avanzó en el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los niños y las niñas robadas durante la dictadura. La Conadi ya no podrá conducir investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años. Argumentan su decisión -que ya comenzó a generar repudios- en que el organismo afectaba el "derecho a la intimidad".
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los chiquitos que habían sido arrancados de sus familias durante los años del siniestro terrorismo de Estado.
Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto a través del cual se creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
Para ocuparse de la búsqueda, la Conadi recibe denuncias -que pueden venir de Abuelas o de personas que quieren aportar un dato que puede ayudar a encontrar a niños o niñas apropiados- y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico. En todos estos años de existencia, la Conadi desarrolló cientos de investigaciones y accedió a miles de archivos. Funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de un gobierno que sostiene que los crímenes de la dictadura fueron "excesos" dentro de una "guerra".
Desde hace meses, el Gobierno viene gestando una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron alborozados la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para sacarle a la Conadi las facultades que tenía desde hace 20 años: las de investigar y acceder a los archivos estatales.
Este miércoles, el gobierno derogó el decreto 715/2004 de Kirchner y, de esa forma, cerró la UEI de la Conadi. El argumento es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). "No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental", dice el decreto 727/2024.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado que la maniobra estaba en marcha. A partir de esto, la auxiliar fiscal Ana Oberlin pidió preservar el acervo documental que produjo a lo largo de décadas la Conadi. El mes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo que produjo el organismo.
La Opinión Popular
La Conadi es el organismo del Poder Ejecutivo que se encarga de colaborar con las Abuelas en el hallazgo de sus nietos y nietas. Como distintos entes estatales, la Conadi se fue moldeando a través de distintas gestiones gubernamentales que se comprometieron con encontrar a los chiquitos que habían sido arrancados de sus familias durante los años del siniestro terrorismo de Estado.
Se creó en 1992 para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. En 2001, su existencia quedó ratificada por ley. En 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto a través del cual se creaba una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.
Para ocuparse de la búsqueda, la Conadi recibe denuncias -que pueden venir de Abuelas o de personas que quieren aportar un dato que puede ayudar a encontrar a niños o niñas apropiados- y las presentaciones espontáneas de quienes dudan sobre su origen biológico. En todos estos años de existencia, la Conadi desarrolló cientos de investigaciones y accedió a miles de archivos. Funciona dentro de la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de un gobierno que sostiene que los crímenes de la dictadura fueron "excesos" dentro de una "guerra".
Desde hace meses, el Gobierno viene gestando una embestida contra el organismo. El Ministerio de Defensa fue el primero en anunciar que no iba a mandar documentación a la Conadi. Organizaciones que defienden a condenados por lesa humanidad celebraron alborozados la decisión en redes sociales. En mayo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se plegó a la maniobra y descalificó la labor de la Conadi, diciendo que se trataba de un organismo militante. En junio, Florencia Zicavo, jefa de gabinete de Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia, redactó un proyecto de decreto para sacarle a la Conadi las facultades que tenía desde hace 20 años: las de investigar y acceder a los archivos estatales.
Este miércoles, el gobierno derogó el decreto 715/2004 de Kirchner y, de esa forma, cerró la UEI de la Conadi. El argumento es que el Poder Ejecutivo no puede llevar adelante investigaciones, que deberían ser conducidas por el Ministerio Público Fiscal (MPF). "No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con éste, el legislador asigna a órganos específicos del Estado nacional en el marco del diseño institucional definido por la Ley Fundamental", dice el decreto 727/2024.
Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado que la maniobra estaba en marcha. A partir de esto, la auxiliar fiscal Ana Oberlin pidió preservar el acervo documental que produjo a lo largo de décadas la Conadi. El mes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo que produjo el organismo.
La Opinión Popular
AFINIDAD CON LA DICTADURA
El Gobierno de Milei cerró la unidad que investigaba la desaparición de niños durante la dictadura
La gestión libertaria argumenta su decisión -que ya comenzó a generar repudios- en que el organismo afectaba el "derecho a la intimidad" y "la división de poderes".
El Gobierno de Javier Milei ordenó este miércoles cerrar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Desde la gestión libertaria argumentaron que el organismo, que permitió dar con la identidad de nietos apropiados, vulnera "el derecho a la intimidad", invade "competencias" del Ministerio Público Fiscal y afecta a "la división de poderes".
A través el decreto 727/2024, publicado esta medianoche en el Boletín oficial, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 del expresidente Néstor Kirchner, mediante el cual se creaba la unidad especial. Este organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi, como a las "peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello". Además, la Unidad podía "efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal".
Para poder cumplir con su objetivo, el organismo tenía la potestad de acceder "en forma directa a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos registrales". "Todos los organismos dependientes del PEN darán carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación, a los efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado el presente decreto", establecía la norma eliminada este miércoles por la gestión libertaria.
Según argumentó el Gobierno de Milei, el motivo de su disolución es que se daba "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". Además, afirman que trata de herramientas que "violentan" el "régimen constitucional" del país. "Invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional".
Por otro lado, para el Ejecutivo la Unidad vulneraba derechos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano".
Además de que hace semanas la propia organización Abuelas Plaza de Mayo había advertido que el Gobierno quería avanzar en la eliminación de la Conadi, el exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, repudió la supresión de esta Unidad Especial de Investigación. "Mientras los diputados libertarios se abrazan con represores y genocidas, en unidad y coordinación para tener leyes que los beneficien directamente, el Gobierno propone una Ley de Seguridad Interior que empuje a las Fuerzas Armadas hacia la represión interna", indicó Rodríguez en un comunicado.
Fuente: El Destape
El Gobierno de Milei cerró la unidad que investigaba la desaparición de niños durante la dictadura
La gestión libertaria argumenta su decisión -que ya comenzó a generar repudios- en que el organismo afectaba el "derecho a la intimidad" y "la división de poderes".
El Gobierno de Javier Milei ordenó este miércoles cerrar la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Desde la gestión libertaria argumentaron que el organismo, que permitió dar con la identidad de nietos apropiados, vulnera "el derecho a la intimidad", invade "competencias" del Ministerio Público Fiscal y afecta a "la división de poderes".
A través el decreto 727/2024, publicado esta medianoche en el Boletín oficial, el Ejecutivo derogó la normativa 715 publicada el 9 de junio de 2004 del expresidente Néstor Kirchner, mediante el cual se creaba la unidad especial. Este organismo se dedicaba a asistir a todos los requerimientos de la Conadi, como a las "peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente, como así también en las investigaciones conexas desprendidas de los expedientes principales, o que de cualquier manera se vinculen con ello". Además, la Unidad podía "efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal".
Para poder cumplir con su objetivo, el organismo tenía la potestad de acceder "en forma directa a todos los archivos de los organismos del Poder Ejecutivo Nacional incluidos los de la Presidencia de la Nación, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos registrales". "Todos los organismos dependientes del PEN darán carácter de urgente y preferente despacho a los requerimientos que efectúe la Unidad Especial de Investigación, a los efectos del esclarecimiento de los hechos criminales que han motivado el presente decreto", establecía la norma eliminada este miércoles por la gestión libertaria.
Según argumentó el Gobierno de Milei, el motivo de su disolución es que se daba "acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal". Además, afirman que trata de herramientas que "violentan" el "régimen constitucional" del país. "Invade las competencias propias del Ministerio Público Fiscal en materia de investigación de hechos delictivos, afectando así la división de poderes, consagrada en la Constitución Nacional".
Por otro lado, para el Ejecutivo la Unidad vulneraba derechos constitucionales "como el artículo 43 que protege el derecho a la intimidad, uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano".
Además de que hace semanas la propia organización Abuelas Plaza de Mayo había advertido que el Gobierno quería avanzar en la eliminación de la Conadi, el exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, repudió la supresión de esta Unidad Especial de Investigación. "Mientras los diputados libertarios se abrazan con represores y genocidas, en unidad y coordinación para tener leyes que los beneficien directamente, el Gobierno propone una Ley de Seguridad Interior que empuje a las Fuerzas Armadas hacia la represión interna", indicó Rodríguez en un comunicado.
Fuente: El Destape
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