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Nacionales - 11-08-2024 / 08:08
CÍNICO DOBLE DISCURSO: EL LIBERTARIO, TRAS VACIAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO, CONDENA AL EX PRESIDENTE

El peronismo sufre una crisis a causa de Alberto Fernández, pero encuentra un aliado en el desastre económico de Milei

El peronismo sufre una crisis a causa de Alberto Fernández, pero encuentra un aliado en el desastre económico de Milei
Fabiola Yáñez acusó al ex presidente Alberto Fernández de golpearla reiteradamente. Tiempo atrás, había transmitido por whatsapp imágenes y chats que probarían el maltrato, y esta semana ratificó la denuncia en sede judicial. En un tercer paso, Yáñez describió acoso psicológico y reiteró haber sido víctima de violencia física, aunque no abundó sobre lo último porque firmó un contrato de confidencialidad para la realización de un documental.
Fabiola Yáñez acusó al ex presidente Alberto Fernández de golpearla reiteradamente. Tiempo atrás, había transmitido por whatsapp imágenes y chats que probarían el maltrato, y esta semana ratificó la denuncia en sede judicial. En un tercer paso, Yáñez describió acoso psicológico y reiteró haber sido víctima de violencia física, aunque no abundó sobre lo último porque firmó un contrato de confidencialidad para la realización de un documental.
 
El exmandatario niega los hechos en forma terminante. A Fernández le caben, como a todos, el principio de inocencia y el derecho a la defensa, pero el testimonio de una mujer y fotografías y presuntos intercambios que concederían la acusación (ella: "Me volvés a golpear. Estás loco"; él: "Me siento mal"; ella: "Venís golpeándome hace tres días seguidos"; él: "Me cuesta respirar, por favor pará. Me siento muy mal") constituyen un punto de partida serio para una investigación judicial.
 
Yáñez indicó que el expresidente le advirtió día por medio que se suicidaría si ella avanzaba con la denuncia, lo que la mujer interprestó como "amenazas" y "terrorismo psicológico". Entre los pocos que hablaron con Fernández esta semana, escucharon frases al pasar como "me queda tirarme por la ventana" o "me pego un tiro", que podrían ser dichos sin trascendencia o lo contrario.
 
Juan Pablo Fioribello, abogado de Fernández y Yáñez hasta días atrás, validó en una entrevista con Eduardo Feinmann la existencia de un relato alternativo. El periodista de La Nación+ indagó sobre "cuestiones de alcohol y ella cayendo por la escalera". La presunta adicción al alcohol de Yáñez también fue difundida por el periodista Baby Etchecopar, quien citó a Fernández. De allí a que el presunto estado de embriaguez derive en lesiones autoinfligidas compatibles con la contusión en la zona del ojo o un diálogo que sugiere admisión de culpabilidad, hay un vacío probatorio a ser llenado.
 
Si en efecto Alberto Fernández resulta culpable de las lesiones, quedará en la historia como un golpeador machista que llevó adelante una doble vida hasta las últimas consecuencias. Se trata del mismo mandatario el que una noche de cuarentena se encontró con un brindis de Fabiola y sus amigos y, lejos de cancelarlo, se sumó.
 
Desde el mismo momento en que se conoció la denuncia, Javier Milei, sus voceros, su ejército de trolls contratados para las redes y la inusitada reacción conservadora que campea en los principales multimedios desde hace años apuntaron a deslegitimar las reivindicaciones feministas y las luchas progresistas en general. El razonamiento ultra indica que, dado que quien fue concebido como "el primer presidente feminista" deparaba a su pareja noches atroces en Olivos, las políticas de protección a las víctimas de violencia machista, reducción de inequidades, educación sexual integral, promoción de derechos y antidiscriminación serian meras farsas.
 
Del curro de los derechos humano al curro del feminismo, pilares sobre los que eligieron asentarse Mauricio Macri y Milei. Esa batalla se da en las redes sociales. Para ese fin, los hermanos Milei tienen una banda de matones digitales que cada tanto pasan a los hechos de la vida real. La reducción abismal de la tasa de embarazo adolescente en diez años (descenso de 57% según el INDEC) y la baja persistente de la mortalidad materna e infantil no son argumentos aptos para el contexto vandálico en que se discute en la Argentina.
 
Las consecuencias políticas de los golpes en Olivos -en cualquiera de sus versiones?- se verán en el tiempo. Pese a la cancha inclinada en los medios y los tribunales a favor de las ramas de la derecha -la liberal-conservadora y la ultra-, el resultado de políticas económicas vandálicas de Milei se ocupa de reequilibrar el tablero.
 

PANORAMA POLÍTICO
 
Una agobiante desconexión moral que va más allá de un presunto golpeador y obliga al progresismo a reaccionar
 
Alberto Fernández, entre la violencia machista y la temeridad de la inacción. La clase política se vuelca a la furia y el insulto, territorio donde reina Milei. Previsible ofensiva de los ultras y ardid burdo de La Cámpora para amonestar a desobedientes.
 
Por Sebastián Lacunza
 
Fabiola Yáñez acusó a Alberto Fernández de golpearla reiteradamente. Tiempo atrás, la expareja del último presidente peronista había transmitido por whatsapp imágenes y chats que probarían el maltrato, y esta semana ratificó la denuncia en sede judicial.
 
En un tercer paso, Yáñez describió, en entrevista con Infobae difundida anoche, un escenario de acoso psicológico y reiteró haber sido víctima de violencia física, aunque no abundó sobre lo último porque -según explicó- firmó un contrato de confidencialidad para la realización de un documental y se propuso reservar detalles para el expediente que tramita en el juzgado de Julián Ercolini.
 
El exmandatario niega los hechos en forma terminante. A Fernández le caben, como a todos, el principio de inocencia y el derecho a la defensa, pero el testimonio de una mujer y fotografías y presuntos intercambios que concederían la acusación (ella: "Me volvés a golpear. Estás loco"; él: "Me siento mal"; ella: "Venís golpeándome hace tres días seguidos"; él: "Me cuesta respirar, por favor pará. Me siento muy mal") constituyen un punto de partida serio para una investigación judicial. Así las cosas, la hipótesis de que las agresiones fueron reales no es descartada ni siquiera por algunos de los allegados más cercanos al exmandatario.
 
Hasta ahora, las pruebas centrales corresponden a supuestas capturas de pantalla enviadas en fecha incierta por Yáñez a María Cantero, secretaria del expresidente. Las imágenes al parecer encontradas al azar motivaron la apertura de un expediente paralelo en el marco de la investigación por el negocio de los seguros de Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández y pareja de Cantero.
 
 
Período de pruebas
  
En las declaraciones por venir, Fabiola ampliará el tenor de su denuncia y el padre de su hijo dará su versión sobre el sentido de lo escrito. En principio, el expresidente no tendría registrados en su teléfono diálogos inequívocos con su expareja que rechacen la acusación de golpes.
 
Los intercambios de whatsapp con Yáñez correspondientes a 2022 y 2023 habrían sido borrados del celular de Fernández por alguien. Junto a varios dispositivos, el aparato fue incautado en la noche del viernes por orden del fiscal federal Carlos Rívolo. No obstante, el expresidente transmitió a su entorno que podría aportar diálogos con terceros, que a su criterio orientarían la explicación en una dirección diferente.
 
Fernández vivió "azorado" estos días en el departamento que habita en Puerto Madero. Recibió a amigos históricos como Julio Vitobello y Alberto Iribarne, a su nueva abogada, Silvina Carreira, y a su medio hermano, Pablo Galíndez.
 
Yáñez indicó anoche que el expresidente le advirtió día por medio que se suicidaría si ella avanzaba con la denuncia, lo que la mujer interprestó como "amenazas" y "terrorismo psicológico". Entre los pocos que hablaron con Fernández esta semana, algunos escucharon frases al pasar como "me queda tirarme por la ventana" o "me pego un tiro", que podrían ser dichos sin trascendencia o lo contrario.
 
El exmandatario recibió llamados del expresidente colombiano Ernesto Samper y de su par ecuatoriano Rafael Correa, del exjuez español Blatasar Garzón y del excanddiato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami.
 
El exmandatario deslizó ante testigos una versión diametralmente opuesta, aunque la ubica en años anteriores: en una crisis, ella fue a vivir a lo de su amiga Sofía Pacci, y, luego de cinco días, contra la voluntad de Fernández, ella regresó.
 
El aspecto más novedoso de la entrevista de Yáñez con Infobae fue la declaración de que su mudanza de Olivos fue obstaculizada por Alberto Fernández y sus colaboradores durante la segunda mitad de 2023, cuando la relación ya estaba quebrada. La mujer, no obstante, aclaró que no estuvo "cautiva" en la residencia presidencial, sino que se recluyó por voluntad propia. El exmandatario deslizó ante testigos una versión diametralmente opuesta, aunque ubicada en años anteriores: en una crisis, ella fue a vivir a lo de su amiga Sofía Pacci, y luego de cinco días, contra la voluntad de Fernández, regresó a Olivos.
 
Juan Pablo Fioribello, abogado de Fernández y Yáñez hasta días atrás, validó en una entrevista con Eduardo Feinmann la existencia de un relato alternativo. El periodista de La Nación+ indagó el miércoles por la tarde sobre "cuestiones de alcohol y ella cayendo por la escalera".
 
"A mí (Fernández) me lo ha contado. Lo contó como usted lo dice", dijo Fioribello. Luego, matizó. "Yo no hablé del alcohol ni me compete a mí hacer declaraciones sobre un tema de salud". Ya era tarde. El letrado, que a esa altura, repentinamente, repudiaba a Alberto, había violado el secreto profesional y expuesto un supuesto dato de la salud de Fabiola, a quien intentaba conservar como representada.
 
Fioribello, un típico penalista mediático con pinta de practicante de crossfit, habló como confidente de la denunciante, pero a la vez parecía estar ofreciendo sus servicios "por cero pesos" y hasta se candidateó a viajar a Madrid. Fabiola finalmente optó por otra representante legal, Mariana Gallego, también abogada de famosos.
 
La presunta adicción al alcohol de Yáñez también fue difundida en América TV por el periodista Baby Etchecopar, quien citó a Fernández. Exfuncionarios del último Gobierno hablan desde "señales" a "situaciones complicadas" que atañerían a ese cuadro de salud, las que, si ocurrieron, debieron contar con testigos dentro y fuera de Olivos. De allí a que el presunto estado frecuente de embriaguez derive en lesiones autoinfligidas compatibles con la contusión de una mano en la zona del ojo o un diálogo que sugiere admisión de culpabilidad, hay un vacío probatorio a ser llenado.
 
 
Temeridad
  
La periodista del canal TN Sandra Borghi, quien remite contacto cotidiano con Yáñez desde junio pasado, anticipó que lo conocido es la punta del iceberg. "Hay más material" además de la imagen "escalofriante" de una mujer "desfigurada", indicó Borghi. En el mismo sentido, Fioribello anticipó que la historia conocida es "una gotita en un océano". Yañez confirmó esa idea anoche.
 
Si en efecto Alberto Fernández resulta culpable de las lesiones, quedará en la historia como un golpeador machista que llevó adelante una doble vida hasta las últimas consecuencias.
 
La hipótesis del alcohol que deslizó Fioribello señala de todas maneras la irresponsabilidad temeraria de un Presidente. Un supuesto cuadro grave de adicción requiere que su acompañante le provea asistencia, máxime cuando se trata de alguien con recursos económicos e institucionales. Tanto por las personas involucradas, incluido un niño pequeño, como por el mínimo de serenidad cotidiana que debe tener un Presidente al mando de un país que enfrenta crisis múltiples.
 
Se trata del mismo mandatario que ante los pedidos de su secretaria Cantero para que intercediera por los negocios de su marido, le contestó "yo me ocupo", en lugar de advertirle que cesara de buscar negocios desde un despacho oficial o despedirla en el acto; el que una noche de cuarentena se encontró con un brindis de Fabiola y sus amigos y, lejos de cancelarlo, se sumó; el que toleró el bullying cotidiano de Cristina y La Cámpora en aras de una absurda "unidad" y se entretuvo en batallitas irrelevantes; el que se rodeó de arribistas como sucesivos jefes de asesores y confidentes que articulaban operaciones con opositores y enemigos; el que procrastinó decisiones fundamentales por falta de convicción y de dedicación, y el que, durante todo el mandato, no atinó a evitar que las noches de Olivos fueran un infierno por razones de salud, si es que no fue él mismo el perpetrador de ese infierno y utilizó los recursos del Estado para cubrirse.
 
La idea de comparación ventajosa es cuando la conducta es descripta como menos perniciosa en virtud de alguna ventaja comparativa
 
Mario Riorda, docente y asesor de Comunicación Política en toda América Latina, utilizó Twiter para acertar una sintética definición sobre una "desconexión moral que da miedo". "Albert Bandura, psicólogo canadiense, habló tempranamente de desconexión moral. Representa algún signo evidente de deshumanización. De alguna manera, es el modo por el que se entienden algunos comportamientos de personas que llegan a cometer actos que signifiquen una completa transgresión de normas sociales aceptadas, o bien, que directamente incurran en actos inhumanos", escribió Riorda. "Se trata de la justificación que esbozan ante hechos escandalosos... en aras de protegerse y no dañar su reputación", explicó.
 
Siguió Riorda: "La idea de comparación ventajosa es cuando la conducta es descripta como menos perniciosa en virtud de alguna ventaja comparativa. Y puede ser doble la mirada, porque se autocomparan superiores, con más prerrogativas, o porque otros puedan hacerlo peor, entonces minimiza o plantea la insignificancia de su transgresión moral....Personas que actúan o infligen daño se amparan en el nombre de causas justas. Ideologías, religiones, imperativos, etc".
 
Ese relativismo es relatado de otra manera por un importante exfuncionario -no cristinista- durante los años del Frente de Todos. "Alberto no tiene estructura ósea", dijo en referencia a su volubilidad. Bastante antes de este escándalo, la práctica política de Fernández había extinguido cualquier cosa parecida a la lealtad política en su favor. "Carece absolutamente de red. Nadie va a dar la cara por él", transmitió otro importante exintegrante del gabinete.
 
 
Ofensiva ultra
  
Desde el mismo momento en que se conoció la denuncia, Javier Milei, sus voceros, su ejército de contratados para las redes y la inusitada reacción conservadora que campea en los principales multimedios desde hace años apuntaron a deslegitimar las reivindicaciones feministas y las luchas progresistas en general.
 
El razonamiento ultra indica que, dado que quien fue concebido como "el primer presidente feminista" deparaba a su pareja noches atroces en Olivos, las políticas de protección a las víctimas de violencia machista, reducción de inequidades, educación sexual integral, promoción de derechos y antidiscriminación se probaban meras farsas. Del curro de los derechos humano al curro del feminismo, pilares sobre los que eligieron asentarse Mauricio Macri y Milei.
 
Esa batalla se da en las redes sociales. Para ese fin, los hermanos Milei tienen una banda de matones digitales que cada tanto pasan a los hechos de la vida real. La reducción abismal de la tasa de embarazo adolescente en diez años (descenso de 57% según el INDEC) y la baja persistente de la mortalidad materna (a excepción de los años del COVID) e infantil no son argumentos aptos para el contexto vandálico en que se discute en la Argentina.
 
 
Un episodio bastante complejo
  
El Ministerio de las Mujeres ha sido un blanco predilecto de la gesta contra el "curro feminista". TN, pantalla del Grupo Clarín, informó que Yáñez pidió auxilio en la cartera que dirigieron sucesivamente Elizabeth Gómez Alcorta y Ayelén Mazzina, y fue ignorada.
 
Borghi, la periodista que en contacto con la expareja de Fernández, fue consultada en Radio Con Vos por Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase sobre cuál de las dos ministras habría desatendido el auxilio de Yáñez.
 
Respuesta: "Desde ayer estoy con esta diferencia. Es un episodio bastante complejo, pero si te tengo que dar una repuesta, te tengo que decir que era... Ayelén Mazzina... Directamente a la ministra". Amplió Borghi: "Ayelén Mazzina le responde: Tranquila Fabiola -mano en el hombro-. Esto ya va a pasar. Esperá un poco´". "Un tiempo después, se la encuentra en un acto, todavía barbijos mediante, y le pregunta ¿Y, cómo estás? Igual. Bueno, es tiempo, quedate tranquila, ya va a pasar. Le dio una palmadita en la espalda y no hizo absolutamente nada", relató la periodista, que dijo haber viajado a España motu proprio meses atrás para escuchar a Yáñez de primera mano.
 
Tanto Gómez Alcorta como Mazzina negaron haber tenido indicio alguno de los presuntos golpes de Fernández a Yáñez, con quien se solidarizaron. La segunda explicó que mal podría haberse encontrado en un acto "barbijos mediante", porque ella asumió el Ministerio de la Mujer en octubre de 2022, cuando ya la prevención por la pandemia era parte del pasado, y mucho menos si el supuesto diálogo relatado por Borghi ocurrió "meses después", en 2023.
 
La expareja de Fernández ratificó anoche que pidió ayuda a la titular del Ministerio de las Mujeres, sin proveer un nombre concreto. Se mostró dolida porque la funcionaria le pidió que se trasladara a su despacho, pero el relato dejó lagunas. La ampliación del testimonio de Yáñez, que podría demorarse más de lo previsto mientras se define la jurisdicción, acaso brinde claridad sobre ese punto.
 
 
Milei marca el tono
  
En la semana en que Guillermo Moreno fue condenado a tres años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos por falsificar la estadística oficial, está claro que los problemas del peronismo no se agotan en la figura de Alberto Fernández. Si se habla de machismo, cabe recordar que, además de alterar el índice de inflación durante años, la gestión de Moreno, fuertemente respaldada por los Kirchner, incluyó una fuerza de choque en la sede del INDEC y el hostigamiento particular contra tres mujeres con larga experiencia en el organismo.
 
Moreno tiene la suerte de tener un acuerdo comercial con el Grupo Indalo, de trajinar a diario varios streamings y de que nadie en el peronismo se meta con él. Por el contrario, los dirigentes acuden al pie para elaborar un "programa justicialista".
 
Milei reina en una era en la que la violencia verbal es una vía indispensable para ocupar un lugar en el ágora. No sobran aspirantes a líderes y conductores de radio y televisión que se priven de hablar de "mierda", "hijo de puta", "cagada", "pelotudo" y "pajero". La rúbrica de Milei, "carajo", se transformó en un latiguillo para cualquier político gris que quiera acentuar una proclama.
 
De Luis DElía a Ofelia Fernández, la furia transformada en insulto inundó las redes, pero nadie apeló a un atajo intelectual tan burdo y prematuro como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y discípula privilegiada de Cristina.
 
Al día siguiente de la publicación inicial de Clarín, hace una semana, Mendoza primereó a cualquiera de los antiperonistas más propensos al oportunismo y ensayó ante Página 12 el argumento de que los presuntos golpes a Fabiola eran previsibles porque el expresidente había desafiado el liderazgo de la exmandataria. "Dado el perfil de Alberto Fernández, hombre varón cis que evidenció no poder asumir la conducción política de una mujer como Cristina Fernández, y que siempre se preocupó por saber si iba a estar herido en su masculinidad, tiene todas las características de poder haber ejercido violencia de género".
 
El argumento fue reproducido en un comunicado del Frente de Mujeres de La Cámpora.
 
Eduardo de Pedro, rival de Mendoza en la disputa por la preferencia del Instituto Patria, se tomó unos días, pero fue a más. Afirmó haber sido "testigo" del "maltrato" de Alberto Fernández a Cristina. Si fue así, el exministro del Interior se privó de denunciar a tiempo un hecho tan grave.
 
De Luis DElía a Ofelia Fernández, la furia transformada en insultos inundó las redes, pero nadie apeló a un atajo intelectual tan burdo y prematuro como Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y discípula privilegiada de Cristina
 
Como está claro que ni De Pedro ni Mendoza expresan visiones que se aparten del repertorio de Cristina, ésta dedicó buena parte de su pronunciamiento en Twitter sobre los golpes exhibidos por Fabiola a hablar de sí misma. Desde hace tiempo, no parece haber hecho comentable para la expresidenta sin ponerse a ella, o a su esposo fallecido, o a su hijo como ejemplo o víctima.
 
Nada podría ser más funcional a la ofensiva antiderechos que la malversación de un argumento supuestamente feminista para saldar una disputa política. Si el mote de machismo se aplica selectivamente para amonestar a rivales, la acusación aviesa contra el feminismo como un ariete partidario encuentra espacio para ganar convencidos.
 
Bien leída, la postura de Mendoza y De Pedro no va tanto en detrimento de Alberto Fernández, cuyo caudal electoral tendía a cero antes de este capítulo, sino de quien crea que su futuro político no supone la obediencia irrestricta de lo que dispongan el Instituto Patria y Máximo Kirchner. Axel Kicillof debería tomar nota del tenor de los cuestionamientos que le esperan si se anima a dar el paso.
 
Fuera de las fronteras del peronismo, se desató un festival.
 
María Eugenia Vidal dio paso a la pulsión irrefrenable que derrite su capital político de años atrás. "Alberto es un golpeador y el kirchnerismo lo encubrió. De eso no se vuelve". El derrotero siguió con la exigencia de que Cristina pidiera perdón, como si la expresidenta hubiera estado al tanto de que su elegido en 2019 supuestamente era un machista violento. Por precaución lógica, la exgobernadora bonaerense no debería dar por cierta la rumorología sobre las figuras públicas para reclamar acciones de terceros.
 
Victoria Villarruel se permitió decir algo sobre los derechos de las mujeres y la doble vara del kirchnerismo.
 
A la vicepresidenta le pesa el hecho de que su mentor y amigo de su padre, Alberto González, fue el primer represor de la dictadura condenado por violencia sexual, en 2021. Este compinche de Alfredo Astiz sobrelleva tres condenas perpetuas por la desaparición de decenas de personas y la violación de tres mujeres. La negacionista Cecilia Pando contó que conoció a González a través de Villarruel, cuando él estaba escribiendo los libros que firmó quien luego fuera la elegida por Milei para acompañarlo en su aventura presidencial.
 
Paso a paso, el Gobierno ultraderechista prepara el terreno para darles impunidad a los terroristas de Estado. Avanzará por vía judicial o legislativa en cuanto vea la oportunidad.
 
 
Cancha inclinada y statu quo
  
Las consecuencias políticas de los golpes en Olivos -en cualquiera de sus versiones?- se verán en el tiempo. En el pasado, desde los bolsos de López (2016) a "los cuadernos de la corrupción" (2018) parecieron sentenciar un punto final, que acaso habría sido justo, pero no fue tal. Pese a la cancha inclinada en los medios y los tribunales a favor de las ramas de la derecha -la liberal-conservadora y la ultra-, el resultado de políticas económicas vandálicas se ocupa de reequilibrar el tablero.
 
Nadie medianamente informado debería trazar diferencias morales ni mucho menos de sospechas de corrupción. Del celular de Darío Nieto, secretario de Macri, se podrían haber derivado varias causas sobre vínculos espurios con jueces, favores a los defraudadores de Vicentín e tráfico de espionaje ilegal. A diferencia de su colega María Cantero, el joven fue indultado a tiempo por Comodoro Py, su celular, devuelto, y todas las causas asociadas, enterradas. Un caso más entre "sobres con verdes" que le acercaron a un ministro de CABA, cuentas en Luxemburgo con decenas de millones de dólares con un Macri de beneficiario final, celulares borrados en una oficina oscura de Patricia Bullrich, viajes a Lago Escondido e intereses financieros a los dos lados del mostrador sobre los que el sistema judicial argentino pone todo su empeño en no indagar.
 
El hecho doloroso que subyace es que la desconexión moral, el dogma autocomplaciente y la mala praxis provocan un empate entre facciones que se torna insoportable y, al fin y al cabo, equipara resultados económicos.
 
Lo que se llame progresismo o centroizquierda en Argentina debe demostrar con urgencia que es capaz de ofrecer algo distinto a la ciénaga.
 
Fuente: eldiarioar.com
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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