02:14 | Jueves 12 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 01-08-2024 / 10:08

¿SON O SE HACEN?: INSÓLITAS EXPLICACIONES "LIBERTARIANAS" SOBRE SU TOUR A LOS REPRESORES

Lo tuvo que googlear: Absurda respuesta de una diputada libertariana para justificar la visita a los criminales genocidas

Lourdes Arrieta, una diputada libertaria mendocina que, valiéndose de la excusa de que había nacido en 1993, aseguró que no tenía idea de quién era Astiz, que "no le conocía la cara" y que había tenido que "guglearlo" a la salida del penal para entender quién era. "Los repudio completamente", llegó a decir la diputada que, hace solo unos días, se enorgullecía en el grupo de WhatsApp interno de LLA de haber visitado el penal para "saber la verdad de primera mano".

Acorraladas por la amenaza de graves sanciones, las diputadas de La Libertad Avanza que se reunieron en la cárcel con los represores, torturadores, violadores y genocidas condenados de la ESMA plantean insólitas defensas. Desde que fueron engañadas hasta que no conocían a los presos, porque son demasiado jóvenes y tuvieron que googlearlos. En medio del escándalo, que compromete al propio Martín Menem, el Gobierno anarco capitalista de los Hermanos Milei sigue sin condenar la visita.

En La Libertad Avanza están todos desesperados por desentenderse de la excursión al penal de Ezeiza para visitar a genocidas condenados, especialmente los diputados que participaron de la comitiva. Primero fue Rocío Bonacci, que se indignó porque Beltrán Benedit, el organizador del tour fotográfico con Alfredo Astiz, la había "engañado" sobre el propósito del viaje. Bonacci responsabilizó a Menem y la Rosada por la gira al penal.

En un nuevo intento de salvarse el pellejo institucional, otra diputada de La Libertad Avanza (LLA) intentó tomar distancia de la gravísima visita en la cárcel a un genocida, junto con otros cinco legisladores de esa bancada. Se trata de Lourdes Arrieta (la que durante una sesión se colgó un patito en la cabeza), quien recurrió a una insólita excusa para desentenderse del caso: "No sabía quién era" Alfredo Astiz. Arrieta es hija de militar.

Pero ese pretexto no fue el único. También dijo que su nivel de desconocimiento fue tal que tuvo que "googlear" los nombres de los represores con los que se reunió para saber quién era quién. La coartada de Arrieta para minimizar su responsabilidad de haberse reunido con el criminal Astiz, uno de los más icónicos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pone en tela de juicio su cultura general y nivel de conocimiento de la historia reciente.

Con total desparpajo, apeló a la variable generacional. "Estuve y hablé con Astiz. Pero como no viví en esa época, como nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años", dijo con desfachatez durante una entrevista por radio la negacionista y mentirosa.

Luego, al ser consultada si conoció a Astiz, respondió: "No señor, si nací en el 93 ¿cómo voy a saber? Es un tema que no está en mi agenda, que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades, ni siquiera de proyectos y no tengo ni idea. Están juzgados y están allí porque hubo un juez que dictaminó que deben estar ahí". También habló al respecto con un medio mendocino. "No les conocía las caras. Los tuve que googlear a la salida del penal para saber quiénes eran", declaró y luego tuvo un rapto de ofuscación: "Mi repudio es absoluto hacia ellos porque forman parte la historia oscura del país", arriesgó.

En su intento de librarse de culpa y cargos, también dijo que fue "estafada" su par Benedit, el diputado que organizó el tour semi clandestino en el Penal de Ezeiza donde se alojan los condenados por delitos de lesa humanidad, y hasta se puso a disposición de los bloques de la oposición que presentaron una resolución para que juzgar la conducta de los diputados de LLA. "No tengo nada que esconder. Voy a votar a favor de la resolución de UxP y del Frente de Izquierda para que pueda presentar mis pruebas", dijo la diputada. ¿Cree que puede engañar a millones de argentinos con su cinismo?

La Opinión Popular

Las diputadas libertarias Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.

LAS DIPUTADAS LIBERTARIAS SIGUEN JUSTIFICANDO SU ENCUENTRO CON LOS REPRESORES EN EZEIZA

Visita a genocidas: Sabían quiénes eran, no sabían y todo lo contrario

Ahora llegó el turno de Lourdes Arrieta, una diputada libertaria mendocina que, valiéndose de la excusa de que había nacido en 1993, aseguró que no tenía idea de quién era Astiz, que "no le conocía la cara" y que había tenido que "guglearlo" a la salida del penal para entender quién era. "Los repudio completamente", llegó a decir la diputada que, hace solo unos días, se enorgullecía en el grupo de WhatsApp interno de LLA de haber visitado el penal para "saber la verdad de primera mano".

Dos versiones distintas de la misma escena según Lourdes Arrieta. En la versión pública, Arrieta se flagela por haber visitado la unidad 31 del penal de Ezeiza, en donde están encerrados los represores condenados por delitos de lesa humanidad, y jura y perjura que no sabe quiénes eran esos presos de 80 años con los que habían estado conversando. En la versión privada, en cambio, Arrieta defiende a Beltrán Benedit poco después de que se desate el escándalo y dice: "Señores, tengo 31 años y quiero conocer la verdad de primera mano, que no me la cuenten como nos lo contaron durante 20 años fácil. Memoria, Verdad y Justicia; no Venganza".

Arrieta envió este mensaje, al que accedió en exclusiva Página/12, al grupo de WhatsApp que comparten los diputados oficialistas el 16 de julio, unas horas después de que explotara la noticia de que una comitiva oficial de LLA había viajado, en un auto del Congreso, al penal de Ezeiza a entrevistarse con Alfredo Astiz y otros represores condenados, como Adolfo Donda (exoficial de la Armada y apropiador de Victoria Donda), Antonio Pernías (integrante del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601).

Habían viajado también los diputados Rocío Bonacci --que fue la primera en diferenciarse públicamente--, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El encargado de organizar la visita y pedir el auto había sido Beltrán Benedit, que minutos antes del mensaje de Arrieta se había jactado: "Si hoy todos nosotros estamos estamos libres y en paz es porque hace 50 años nuestras Fuerzas Armadas, las mismas que vimos desfilar y aplaudimos el 9 de julio, se jugaron el cuero y la vida contra el terrorismo".

El mensaje de Arrieta hubiera pasado desapercibido sino fuera porque, a la semana, tanto la mendocina como Bonacci empezarían a apuntar los cañones contra Martín Menem. Primero en privado y después en público, las dos diputadas denunciarían que Benedit las había "engañado" sobre la razón de la visita y que solo habían participado porque había tenido el "okey" del presidente de la Cámara de Diputados.

Bonacci sería la primera en hablar. La diputada santafesina es la hija de José Bonacci --el apoderado de Unite, un sello de goma que ha prestado a distintos candidatos (y ahora a Milei), y un histórico dirigente que se ha codeado con carapintadas como Aldo Rico y nazis como Alejandro Biondini-- y viene arrastrando malestar con la cúpula libertaria hace semanas.

Es una de las "víctimas" de los armados de amigos de Karina Milei en las provincias: la hermana presidencial dejó el armado provincial en manos de Karina Diez y ha desplazado a Bonacci de los actos (así como del reparto de lugares en algunos organismos). La visita a Ezeiza fue la gota que rebalsó el vaso y Bonacci salió a blanquear lo que había ocurrido en la visita, advirtiendo que todos los diputados --menos ella-- se habían sacado una foto con los genocidas y que el traslado había contado con el aval del presidente de la Cámara de Diputados.

"Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error. Primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo. Y segundo, porque aparentemente tenía el okey de Martín Menem y de Casa Rosada", declaró el sábado pasado en diálogo con un medio local (Jaque Mate). La estocada contra Menem había generado una ola de ira al interior de la bancada oficialista. "Está en la cuerda floja, ¿cómo sale a decir eso?", mascullaban dirigentes libertarios en la previa de la reunión de bloque que se llevó a cabo el martes. Ni Bonacci ni Arrieta, ya aisladas, participarían del encuentro.

"Los tuve que guglear"

Al día siguiente de la reunión de bloque, Arrieta apostó a salvar el pellejo y distanciarse del escándalo. "Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres ni las caras", aseguró la diputada que se hizo conocida por ir a las comisiones con un patito amarillo en la cabeza.

Arrieta, que dos semanas antes había utilizado el argumento de la edad para explicar que quería "conocer la verdad de primera mano", ahora argumentaba que como había nacido en el 93 no tenía manera de saber quiénes eran los genocidas con los que estaba conversando. "Los tuve que guglear a la salida del penal para saber quiénes eran", deslizó. La diputada mendocina se sumó, así, al pretexto del "engaño" de Bonacci y se quejó de que su propio bloque la había "estafado" porque le habían comunicado que era "una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos".

"Teníamos momentos de mucha angustia. Yo no entendía nada hasta que me decidí a hablar y a ponerme a disposición para que se me evalúe, por eso voy a votar para que se conforme la comisión evaluadora de Unión por la Patria", llegó a decir, desinteresadamente.

La diputada mendocina, sin embargo, integra la comisión de Defensa y estuvo reunida con Luis Petri el día antes de visitar a Astiz y compañía. El ministro fue pionero en organizar estas excursiones: en marzo mandó a dos de sus hombres a la Unidad 34 de Campo de Mayo (en donde, como cuenta Luciana Bertoia, los enviados de Petri se llevaron un boceto del decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo).

Pero no solo eso: Lourdes Arrieta es hija del militar Tomas Arrieta que el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata denunció que había sido investigado por violaciones a los derechos humanos. "Vengo de una familia de suboficiales, de quienes tienen que cumplir órdenes. ¿Cómo voy a defender a estos tipos cuando los mismos generales mandaron a matar 649 héroes?", se preguntaba, haciendo caso omiso a las acusaciones que pesan sobre los hombros de su padre, ayer en diálogo con el canal LVDiez.

La ira interna, estrategia oficial

"Es mentira, todo mentira", mascullaban en las filas de LLA, en donde la visita al penal de Ezeiza todavía hace estragos. La mayoría de los dirigentes está más enojado con Bonacci y Arrieta por haber salido a hablar que con Beltrán, que organizó el viaje "pero al menos no abrió la boca".

Si bien varios manifestaban sentirse indignados por la excursión a Ezeiza, cuando fue el momento de reencontrarse en la reunión de bloque - que se extendió hasta tarde a la noche - ninguno dijo ni pío. Solo Montenegro dio explicaciones: "Fue una visita a un penal", declaró, escueto, y nadie hizo ningún comentario.

Menem está abocado a mitigar el daño, pero cada nueva aparición de alguno de sus diputados le complica la estrategia. Estrategia que, hasta ahora, ya ha cambiado tres veces. Primero, lo negó. Después, cuando ya no se podía ocultar, alegó que era un viaje "personal" y que no tenía nada que ver con el gobierno nacional. Y, ahora, la bajada de línea --que Menem la transmitió a través del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni-- es que todo se trataba de una "operación de prensa".

Son idas y vueltas de un escándalo que Menem no logra terminar de encapsular y que, en la sesión del 7 de agosto, terminará explotando cuando UxP someta a votación la conformación de la comisión investigadora. Y, al ritmo que viene la discusión, es probable que la moción sea aprobada con una mayoría abrumadora. Con el aval de los diputados acusados incluido.

Por María Cafferata

Fuente: Página 12

11-02-2026 / 11:02

Rebelión policial en Santa Fe por salarios de miseria, corrupción y malos tratos

La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.

Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.

Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.

Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.

Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.

Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.

La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.

Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".

10-02-2026 / 11:02

Contra la Reforma laboral esclavista de Milei, los trabajadores marchan al Congreso para exigir por sus derechos

El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.

La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.

La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.

El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.

"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".

Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.

La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.

La Opinión Popular

09-02-2026 / 09:02

¿Quién la votó?: Karina quiere el control total del gobierno y tensiona con Javier Milei

Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.

Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.

Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.

"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.

Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.

La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.

Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.

De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.

La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.

"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.

Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.