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Nacionales - 01-08-2024 / 10:08
¿SON O SE HACEN?: INSÓLITAS EXPLICACIONES "LIBERTARIANAS" SOBRE SU TOUR A LOS REPRESORES

Lo tuvo que googlear: Absurda respuesta de una diputada libertariana para justificar la visita a los criminales genocidas

Lo tuvo que googlear: Absurda respuesta de una diputada libertariana para justificar la visita a los criminales genocidas
Lourdes Arrieta, una diputada libertaria mendocina que, valiéndose de la excusa de que había nacido en 1993, aseguró que no tenía idea de quién era Astiz, que "no le conocía la cara" y que había tenido que "guglearlo" a la salida del penal para entender quién era. "Los repudio completamente", llegó a decir la diputada que, hace solo unos días, se enorgullecía en el grupo de WhatsApp interno de LLA de haber visitado el penal para "saber la verdad de primera mano".
Acorraladas por la amenaza de graves sanciones, las diputadas de La Libertad Avanza que se reunieron en la cárcel con los represores, torturadores, violadores y genocidas condenados de la ESMA plantean insólitas defensas. Desde que fueron engañadas hasta que no conocían a los presos, porque son demasiado jóvenes y tuvieron que googlearlos. En medio del escándalo, que compromete al propio Martín Menem, el Gobierno anarco capitalista de los Hermanos Milei sigue sin condenar la visita.
 
En La Libertad Avanza están todos desesperados por desentenderse de la excursión al penal de Ezeiza para visitar a genocidas condenados, especialmente los diputados que participaron de la comitiva. Primero fue Rocío Bonacci, que se indignó porque Beltrán Benedit, el organizador del tour fotográfico con Alfredo Astiz, la había "engañado" sobre el propósito del viaje. Bonacci responsabilizó a Menem y la Rosada por la gira al penal.
 
En un nuevo intento de salvarse el pellejo institucional, otra diputada de La Libertad Avanza (LLA) intentó tomar distancia de la gravísima visita en la cárcel a un genocida, junto con otros cinco legisladores de esa bancada. Se trata de Lourdes Arrieta (la que durante una sesión se colgó un patito en la cabeza), quien recurrió a una insólita excusa para desentenderse del caso: "No sabía quién era" Alfredo Astiz. Arrieta es hija de militar.
 
Pero ese pretexto no fue el único. También dijo que su nivel de desconocimiento fue tal que tuvo que "googlear" los nombres de los represores con los que se reunió para saber quién era quién. La coartada de Arrieta para minimizar su responsabilidad de haberse reunido con el criminal Astiz, uno de los más icónicos responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pone en tela de juicio su cultura general y nivel de conocimiento de la historia reciente.
 
Con total desparpajo, apeló a la variable generacional. "Estuve y hablé con Astiz. Pero como no viví en esa época, como nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años", dijo con desfachatez durante una entrevista por radio la negacionista y mentirosa.
 
Luego, al ser consultada si conoció a Astiz, respondió: "No señor, si nací en el 93 ¿cómo voy a saber? Es un tema que no está en mi agenda, que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades, ni siquiera de proyectos y no tengo ni idea. Están juzgados y están allí porque hubo un juez que dictaminó que deben estar ahí". También habló al respecto con un medio mendocino. "No les conocía las caras. Los tuve que googlear a la salida del penal para saber quiénes eran", declaró y luego tuvo un rapto de ofuscación: "Mi repudio es absoluto hacia ellos porque forman parte la historia oscura del país", arriesgó.
 
En su intento de librarse de culpa y cargos, también dijo que fue "estafada" su par Benedit, el diputado que organizó el tour semi clandestino en el Penal de Ezeiza donde se alojan los condenados por delitos de lesa humanidad, y hasta se puso a disposición de los bloques de la oposición que presentaron una resolución para que juzgar la conducta de los diputados de LLA. "No tengo nada que esconder. Voy a votar a favor de la resolución de UxP y del Frente de Izquierda para que pueda presentar mis pruebas", dijo la diputada. ¿Cree que puede engañar a millones de argentinos con su cinismo?
 
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Lo tuvo que googlear: Absurda respuesta de una diputada libertariana para justificar la visita a los criminales genocidas
Las diputadas libertarias Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
 
LAS DIPUTADAS LIBERTARIAS SIGUEN JUSTIFICANDO SU ENCUENTRO CON LOS REPRESORES EN EZEIZA
 
Visita a genocidas: Sabían quiénes eran, no sabían y todo lo contrario
 
Ahora llegó el turno de Lourdes Arrieta, una diputada libertaria mendocina que, valiéndose de la excusa de que había nacido en 1993, aseguró que no tenía idea de quién era Astiz, que "no le conocía la cara" y que había tenido que "guglearlo" a la salida del penal para entender quién era. "Los repudio completamente", llegó a decir la diputada que, hace solo unos días, se enorgullecía en el grupo de WhatsApp interno de LLA de haber visitado el penal para "saber la verdad de primera mano".
 
Dos versiones distintas de la misma escena según Lourdes Arrieta. En la versión pública, Arrieta se flagela por haber visitado la unidad 31 del penal de Ezeiza, en donde están encerrados los represores condenados por delitos de lesa humanidad, y jura y perjura que no sabe quiénes eran esos presos de 80 años con los que habían estado conversando. En la versión privada, en cambio, Arrieta defiende a Beltrán Benedit poco después de que se desate el escándalo y dice: "Señores, tengo 31 años y quiero conocer la verdad de primera mano, que no me la cuenten como nos lo contaron durante 20 años fácil. Memoria, Verdad y Justicia; no Venganza".
 
Arrieta envió este mensaje, al que accedió en exclusiva Página/12, al grupo de WhatsApp que comparten los diputados oficialistas el 16 de julio, unas horas después de que explotara la noticia de que una comitiva oficial de LLA había viajado, en un auto del Congreso, al penal de Ezeiza a entrevistarse con Alfredo Astiz y otros represores condenados, como Adolfo Donda (exoficial de la Armada y apropiador de Victoria Donda), Antonio Pernías (integrante del grupo de tareas que funcionaba en la ESMA), Raúl Guglielminetti (exagente de inteligencia del Batallón 601).
 
Habían viajado también los diputados Rocío Bonacci --que fue la primera en diferenciarse públicamente--, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo. El encargado de organizar la visita y pedir el auto había sido Beltrán Benedit, que minutos antes del mensaje de Arrieta se había jactado: "Si hoy todos nosotros estamos estamos libres y en paz es porque hace 50 años nuestras Fuerzas Armadas, las mismas que vimos desfilar y aplaudimos el 9 de julio, se jugaron el cuero y la vida contra el terrorismo".
 
El mensaje de Arrieta hubiera pasado desapercibido sino fuera porque, a la semana, tanto la mendocina como Bonacci empezarían a apuntar los cañones contra Martín Menem. Primero en privado y después en público, las dos diputadas denunciarían que Benedit las había "engañado" sobre la razón de la visita y que solo habían participado porque había tenido el "okey" del presidente de la Cámara de Diputados.
 
Bonacci sería la primera en hablar. La diputada santafesina es la hija de José Bonacci --el apoderado de Unite, un sello de goma que ha prestado a distintos candidatos (y ahora a Milei), y un histórico dirigente que se ha codeado con carapintadas como Aldo Rico y nazis como Alejandro Biondini-- y viene arrastrando malestar con la cúpula libertaria hace semanas.
 
Es una de las "víctimas" de los armados de amigos de Karina Milei en las provincias: la hermana presidencial dejó el armado provincial en manos de Karina Diez y ha desplazado a Bonacci de los actos (así como del reparto de lugares en algunos organismos). La visita a Ezeiza fue la gota que rebalsó el vaso y Bonacci salió a blanquear lo que había ocurrido en la visita, advirtiendo que todos los diputados --menos ella-- se habían sacado una foto con los genocidas y que el traslado había contado con el aval del presidente de la Cámara de Diputados.
 
"Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error. Primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo. Y segundo, porque aparentemente tenía el okey de Martín Menem y de Casa Rosada", declaró el sábado pasado en diálogo con un medio local (Jaque Mate). La estocada contra Menem había generado una ola de ira al interior de la bancada oficialista. "Está en la cuerda floja, ¿cómo sale a decir eso?", mascullaban dirigentes libertarios en la previa de la reunión de bloque que se llevó a cabo el martes. Ni Bonacci ni Arrieta, ya aisladas, participarían del encuentro.
 
 
"Los tuve que guglear"
 
Al día siguiente de la reunión de bloque, Arrieta apostó a salvar el pellejo y distanciarse del escándalo. "Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años y yo no sabía los nombres ni las caras", aseguró la diputada que se hizo conocida por ir a las comisiones con un patito amarillo en la cabeza.
 
Arrieta, que dos semanas antes había utilizado el argumento de la edad para explicar que quería "conocer la verdad de primera mano", ahora argumentaba que como había nacido en el 93 no tenía manera de saber quiénes eran los genocidas con los que estaba conversando. "Los tuve que guglear a la salida del penal para saber quiénes eran", deslizó. La diputada mendocina se sumó, así, al pretexto del "engaño" de Bonacci y se quejó de que su propio bloque la había "estafado" porque le habían comunicado que era "una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos".
 
"Teníamos momentos de mucha angustia. Yo no entendía nada hasta que me decidí a hablar y a ponerme a disposición para que se me evalúe, por eso voy a votar para que se conforme la comisión evaluadora de Unión por la Patria", llegó a decir, desinteresadamente.
 
La diputada mendocina, sin embargo, integra la comisión de Defensa y estuvo reunida con Luis Petri el día antes de visitar a Astiz y compañía. El ministro fue pionero en organizar estas excursiones: en marzo mandó a dos de sus hombres a la Unidad 34 de Campo de Mayo (en donde, como cuenta Luciana Bertoia, los enviados de Petri se llevaron un boceto del decreto para declarar que todos sus crímenes ya no se pueden perseguir por el paso del tiempo).
 
Pero no solo eso: Lourdes Arrieta es hija del militar Tomas Arrieta que el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata denunció que había sido investigado por violaciones a los derechos humanos. "Vengo de una familia de suboficiales, de quienes tienen que cumplir órdenes. ¿Cómo voy a defender a estos tipos cuando los mismos generales mandaron a matar 649 héroes?", se preguntaba, haciendo caso omiso a las acusaciones que pesan sobre los hombros de su padre, ayer en diálogo con el canal LVDiez.
 
 
La ira interna, estrategia oficial
  
"Es mentira, todo mentira", mascullaban en las filas de LLA, en donde la visita al penal de Ezeiza todavía hace estragos. La mayoría de los dirigentes está más enojado con Bonacci y Arrieta por haber salido a hablar que con Beltrán, que organizó el viaje "pero al menos no abrió la boca".
 
Si bien varios manifestaban sentirse indignados por la excursión a Ezeiza, cuando fue el momento de reencontrarse en la reunión de bloque - que se extendió hasta tarde a la noche - ninguno dijo ni pío. Solo Montenegro dio explicaciones: "Fue una visita a un penal", declaró, escueto, y nadie hizo ningún comentario.
 
Menem está abocado a mitigar el daño, pero cada nueva aparición de alguno de sus diputados le complica la estrategia. Estrategia que, hasta ahora, ya ha cambiado tres veces. Primero, lo negó. Después, cuando ya no se podía ocultar, alegó que era un viaje "personal" y que no tenía nada que ver con el gobierno nacional. Y, ahora, la bajada de línea --que Menem la transmitió a través del jefe de bloque, Gabriel Bornoroni-- es que todo se trataba de una "operación de prensa".
 
Son idas y vueltas de un escándalo que Menem no logra terminar de encapsular y que, en la sesión del 7 de agosto, terminará explotando cuando UxP someta a votación la conformación de la comisión investigadora. Y, al ritmo que viene la discusión, es probable que la moción sea aprobada con una mayoría abrumadora. Con el aval de los diputados acusados incluido.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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