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Entre Ríos - 31-07-2024 / 10:07
PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los motivos por los que Galimberti y otros diputados impugnaron la candidatura de Ariel Lijo

Los motivos por los que Galimberti y otros diputados impugnaron la candidatura de Ariel Lijo
La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.
 
Un sector de diputados radicales presentó un texto mediante el que rechazan la candidatura de Ariel Lijo al máximo tribunal de Justicia.
 
La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario "no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad". El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.
 
La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el "fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre".
 
 
Argumentos de los legisladores
  
En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que "se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional".
 
De ese modo, acusaron al juez como "presunto integrante de una asociación ilícita" y explicaron: "En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo -su hermano- y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió".
 
Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es "quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo".
 
En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.
 
"Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF", agregaron.
 
También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa "siemens", donde "se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach".
 
Según lo presentado por la UCR, "el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens".
 
En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo "desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación", que están cargo del mencionado magistrado.
 
En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por "acercar" el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
 
Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y "la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí".
 
Fuente: Parlamentario
 
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La acción por excelencia del presidente Javier Milei, para mostrar sumisión del adversario, es la humillación en el transcurso de las discusiones. A pesar de ello, el gobernador Rogelio Frigerio se siente obligado, por el electorado provincial que comparte, a mantener una buena relación con el Gobierno nacional. Pero la administración provincial está entre las perjudicadas por la gestión libertaria, en todos los frentes: tanto por el ajuste global del gasto como por las decisiones unilaterales de Milei en la distribución de los escasos recursos que reparte entre las provincias, y también por el derrumbe de ingresos propios de la Provincia que provocan las desastrosas consecuencias económicas del modelo anarco capitalista.
 
La novedad de la era Milei es la paradoja de que una parte del electorado compartido apoya esas acciones y esto deja al frigerismo entrerriano en una situación de impotencia política. El resultado electoral de octubre pasado cristalizó esa realidad. A pesar que Milei se quedó en 2024 y 2025 con los recursos de las cajas de jubilaciones de las provincias, pero también con la mayor parte de los recursos previstos para Aportes del Tesoro Nacional. Repartió apenas el 7,3 de los recursos en 2024 ($ 49.800 millones) y el año pasado distribuyó entre los gobernadores amigos $ 207 mil millones, el 21,7% de los recursos para tener apoyo en el Congreso. Todo el resto quedó para alimentar el declamado superávit nacional. Y Frigerio no hace nada.
 
Los efectos del ilegal corte de recursos de Anses a las cajas provinciales son demoledores para todas las jurisdicciones. Y hasta ahora no hay una sola señal de la Corte Suprema que indique que esa medida unilateral va a cesar. Las señales presupuestarias, en tanto, son las contrarias: en 2025 el reconducido Presupuesto nacional preveía unos simbólicos 254 mil millones para las 13 provincias que tienen Cajas de Jubilaciones propias y en 2026 la cifra es menos de la mitad. No cubriría siquiera las cuotas fijadas por la Justicia a las provincias que demandaron a la Nación. Entre Ríos hasta abril recibirá $ 2.000 millones al mes, de los más de 10 mil que debería estar recibiendo cada 30 días si se cumpliera la ley.
 
Los envíos de coparticipación vienen en caída desde hace meses y la semana pasada un informe del Iaraf señaló que la reducción de la presión tributaria efectiva nacional que publicita el gobierno de Milei correspondió en 2024 y 2025 al 0,8 % del PBI. "De esta baja acumulada, la Nación aportó el 8% (0,06 puntos porcentuales del PBI) y las Provincias el 92% (0,73 puntos porcentuales del PIB)".
 
Las provincias perdieron los subsidios al transporte, el Fonid y los recursos de Anses. Los gobernadores ahora hacen cuentas sobre una pérdida en ciernes: el proyecto de Reforma Laboral prevé una reducción de Ganancias para las grandes empresas privadas, las provincias podrían dejar de recibir cerca de $1,7 billones en 2026, ya que se trata de un impuesto coparticipable. Entre Ríos perdería cerca de $ 80 mil millones.
 
La baja de la presión tributaria nacional y la evolución de los recursos provinciales parecen, a primera vista, dos debates separados. Sin embargo, forman parte de un mismo fenómeno: liberales vs federales. El proceso de baja impositiva se apoya, casi por completo, en una restricción creciente sobre las finanzas de las provincias. Menos impuestos a nivel nacional no significaron más holgura fiscal para los gobiernos subnacionales, sino todo lo contrario.
 
Cuando se analiza la recaudación en términos relativos al tamaño de la economía, el panorama se vuelve aún más claro. En 2025, con una economía que habría crecido en torno al 4%, tanto la recaudación que queda en manos de Milei como la que se transfiere a las provincias vía coparticipación perdió peso en relación al PBI.
 
La recaudación nacional se redujo en 0,9 puntos porcentuales del producto, mientras que la correspondiente a provincias cayó 0,2 puntos. En conjunto, la presión tributaria efectiva nacional descendió 1,1 puntos del PBI en los dos años analizados. Si la comparación se extiende a 2023, la conclusión es todavía más contundente: tanto la Nación como las provincias perdieron 0,5 puntos porcentuales del PBI cada una en términos de recursos relativos.
 

10-01-2026 / 17:01
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