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Entre Ríos - 31-07-2024 / 10:07
PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los motivos por los que Galimberti y otros diputados impugnaron la candidatura de Ariel Lijo

Los motivos por los que Galimberti y otros diputados impugnaron la candidatura de Ariel Lijo
La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.
 
Un sector de diputados radicales presentó un texto mediante el que rechazan la candidatura de Ariel Lijo al máximo tribunal de Justicia.
 
La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario "no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad". El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.
 
La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el "fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre".
 
 
Argumentos de los legisladores
  
En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que "se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional".
 
De ese modo, acusaron al juez como "presunto integrante de una asociación ilícita" y explicaron: "En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo -su hermano- y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió".
 
Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es "quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo".
 
En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.
 
"Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF", agregaron.
 
También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa "siemens", donde "se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach".
 
Según lo presentado por la UCR, "el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens".
 
En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo "desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación", que están cargo del mencionado magistrado.
 
En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por "acercar" el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
 
Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y "la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí".
 
Fuente: Parlamentario
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

01-03-2026 / 10:03
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