03:48 | Lunes 29 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 31-07-2024 / 10:07

PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Los motivos por los que Galimberti y otros diputados impugnaron la candidatura de Ariel Lijo

La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.

Un sector de diputados radicales presentó un texto mediante el que rechazan la candidatura de Ariel Lijo al máximo tribunal de Justicia.

La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario "no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad". El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.

La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el "fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre".

Argumentos de los legisladores

En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que "se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional".

De ese modo, acusaron al juez como "presunto integrante de una asociación ilícita" y explicaron: "En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo -su hermano- y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió".

Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es "quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo".

En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.

"Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF", agregaron.

También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa "siemens", donde "se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach".

Según lo presentado por la UCR, "el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens".

En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo "desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación", que están cargo del mencionado magistrado.

En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por "acercar" el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y "la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí".

Fuente: Parlamentario

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Mientras Entre Ríos requiere de más recursos, Milei solo establece nuevos y brutales recortes

El Presupuesto Nacional 2026, sancionado por el Senado en diciembre de 2025, ha generado un fuerte debate sobre la transferencia del feroz ajuste fiscal libertario hacia las provincias. Aunque Javier Milei lo define como un "hito histórico" para consolidar el déficit cero, y el gobernador Rogelio Frigerio lo apoya totalmente, el texto aprobado contiene disposiciones que impactan negativamente en las arcas y responsabilidades provinciales. El senador peronista por Entre Ríos, Adán Bahl, afirmó que, con el Presupuesto 2026, se perdió la posibilidad de aprobar una Ley "que tienda al desarrollo federal y equilibrado de la Argentina", y advirtió: "Tiene inconsistencias, asigna facultades discrecionales y transfiere a las provincias un ajuste brutal". Nada para celebrar.

¿Cuáles son los puntos clave de cómo este presupuesto traslada el ajuste a las provincias? El principal es la eliminación de Pisos de Inversión (Artículo 30). Hasta la aprobación de este presupuesto, diversas leyes blindaban el presupuesto de sectores estratégicos, obligando a que la inversión subiera si la economía crecía. Con el Artículo 30, estos montos dejan de ser obligatorios y pasan a depender de la discrecionalidad de Milei y de la disponibilidad de recursos bajo la regla de déficit cero. Esto suspende los pisos mínimos de inversión que el Estado Nacional debía garantizar por ley en áreas sensibles. Esto obliga a las provincias a cubrir el bache financiero si desean mantener los estándares previos.

Bahl apuntó que el artículo 30, que sacó recursos del ámbito educativo "elimina una garantía que el Estado le asignó a la Educación. Justamente porque no puede ser la variable de ajuste para un Presupuesto. No fue de un partido, no son montos ideológicos, fue una construcción de más de 20 años para lograr un piso de financiamiento".

En Educación se eliminó la obligación de invertir el 6%$ del PBI, afectando el financiamiento de escuelas técnicas y programas de infraestructura escolar. En Ciencia y Tecnología, se suspenden las metas de incremento progresivo de recursos, dejando estos fondos sujetos a la discrecionalidad de Milei.

Durante las negociaciones, Milei ratificó, y Frigerio aceptó, que, ante la vigencia de ciertas leyes de gasto (como el financiamiento universitario que la oposición logró defender), el Ministerio de Economía deberá reasignar o recortar aproximadamente 7 billones de pesos (0,7%$ del PBI). Gran parte de este ahorro se obtendrá mediante el recorte de transferencias discrecionales (fondos no coparticipables) que la Nación enviaba históricamente a las provincias para obras públicas o asistencia financiera.

En la sesión en el Senado, Bahl explicó: "Nosotros que somos los senadores que representamos a las provincias tenemos que advertir que transfiere a las provincias un ajuste brutal". En ese marco, apuntó: "Cuando se habla del cálculo de recursos. Se incorpora un 5% de crecimiento del PBI, que está representado por el consumo, que explica el 70% de la demanda. Y todos vemos como el consumo está por el piso. El otro elemento es la inversión pública, en un presupuesto sin obras. El otro es la inversión privada, que está ausente en todo el país. El cuarto es el sector externo, que hoy está afectado por el tipo de cambio", indicó. Y agregó: "Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado". Y no dibujado.

Además, el Presupuesto 2026 mantiene la presión sobre las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, como Entre Ríos, limitando los giros de fondos para cubrir sus déficits. A lo que se agrega la Regla del "Déficit Cero". El presupuesto 2026 está diseñado bajo una premisa rígida: cualquier caída en la recaudación debe compensarse con una baja automática del gasto. Esto significa que si las proyecciones de crecimiento (estimado en 5%) no se cumplen, las provincias serán las primeras en ver recortados los fondos que aún dependen de la firma de Milei.

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