06:44 | Viernes 06 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 30-07-2024 / 09:07

SERÁ UNA MEGA EXCURSIÓN DE PESCA CONTRARIA AL ESTADO DE DERECHO Y A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Internet bajo control operacional: Bullrich usará inteligencia artificial para espiar las redes sociales y perseguir críticos y opositores

Las redes sociales no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, así mismo los diferentes programas de mensajería (telegram, signal, face, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda.

El uso de las redes sociales por parte de Javier "el Loco" Milei para atacar a críticos y opositores, la denostación constante a quienes son censores de la política neoliberal libertaria y el ataque permanente a figuras políticas que lo cuestionan, funciona con grupos digitales organizados y rentados por el Estado nacional. Cada vez hay más elementos probatorios, e incluso muchas denuncias judiciales que vinculan al Poder Ejecutivo con atentados a la libertad de expresión y ataques, a través de las redes sociales, a periodistas, referentes políticos, activistas del movimiento de mujeres y diversidades, de la cultura y otros ámbitos, de son críticos del gobierno.

En una vuelta de tuerca, surgió el plan que la ministra Patricia "Pato" Bullrich piensa implementar con la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad (UIAAS). Una resolución publicada este lunes anuncia que patrullará "redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet, así como la llamada internet profunda o dark web" con la finalidad --señala-- de "investigar delitos, identificar a sus autores", pero también anticipar "situaciones de riesgo grave para la seguridad", "detectar actividades sospechosas" incluso con cámaras y drones en tiempo real, y "crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos".

Aunque nadie puede ser investigado sin una orden judicial, varios especialistas alertan que está todo dado para una mega excursión de pesca contraria a la Constitución Nacional, que pone en riesgo la libertad de todas las personas, su privacidad, su libre expresión y circulación entre otros tantos derechos. Se encaminan hacia una dictadura.

La publicación de esta nueva disposición coincide con dos hechos recientes. Uno es la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la aprobación de una partida de 100.000 millones de pesos para gastos reservados, sin rendición de cuentas alguna, que representarán más del 70 por ciento de su presupuesto, y que incluye entre sus áreas pilares una Agencia de Ciberseguridad. El otro, del mes de mayo, es la publicación de un protocolo específico que habilitó el ciberpatrullaje en redes y sitios web de acceso público, también con la justificación de la persecución del delito.

"Lo que se crea es una Unidad de Inteligencia, no artificial, de ilegal. Es la maximización de una excursión de pesca", advierte Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. "De la resolución surge que se pueden realizar perfiles de sospechosos de delitos a partir de las múltiples interacciones que realizamos en línea. Esto está reñido con el estado de derecho y el debido proceso judicial que indica que nadie puede ser investigado por fuera de una investigación judicial en curso, con orden judicial y con todas las garantías", explica la especialista en derechos y tecnologías digitales.

"La idea puede sonar prometedora cuando uno desconoce el funcionamiento. Pero son sistemas estadísticos que infieren resultados a partir de grandes volúmenes de información --detalla Busaniche--. Esos procesos son opacos y es muy difícil explicar por qué razón un sistema dispone que alguien esté en determinado lugar. La opacidad del sistema es incompatible con cualquier investigación criminal. Los peligros son tantos que no hay manera de saber si el sistema no te puso en una base de datos de potenciales criminales por tus opiniones en línea o porque hiciste un chiste, que la IA no identifica, o porque publicaste una foto jugando con una pistola de paintball".

Las redes sociales no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, así mismo los diferentes programas de mensajería (telegram, signal, face, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda.

La Opinión Popular

La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, señala que la nueva resolución 710/2024 amplía aquella y marca otra coincidencia. "Hay un golpe de efecto ya que en los últimos días todos los usuarios de whatsapp vieron aparecer en su aplicación una Inteligencia Artificial (IA), nadie sabe cómo sacarla ni qué capacidad tiene de rastrear sus propios datos. No se conocen los límites de la IA y se convierte en una amenaza".

Ella es partidaria de su uso en seguridad "sin violar las normas de protección de datos personales para cruzar información disponibles de hechos delictivos, personas condenadas, análisis de causas judiciales cerradas". El problema, agrega, es que la resolución deja pocas cosas en claro. "¿Qué aparatos van a usar? ¿Sobre qué datos? ¿Cómo se van a guardar esos datos? Amerita un pedido de acceso a la información", dice.

Si llegaran a utilizar, ilustra, un sistema conocido como Pegasus "sería muy peligroso". "Es considerado el spyware o software espía más sofisticado del mundo. Es un programa de vigilancia de dispositivos móviles diseñado para infiltrase sin ser detectado en teléfonos con sistemas operativos iOS y Android".

Puntos polémicos

Como tantas resoluciones y decretos del gobierno esta dice que está inspirada en "la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías" y todo en un contexto de "vigencia de las instituciones del sistema democrático".

En el caso del Ministerio de Seguridad, se refiere a sus competencias en "seguridad interior". Cuando la analizan expertos ven rasgos alejados de la libertad y los derechos constitucionales. La UIAAS, anuncia la publicación en el Boletín Oficial, estará integrada por las fuerzas policiales y de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Entre estas últimas el gobierno incluye también al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El coordinador será el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri. Se inspira en la experiencia, según el texto, de "Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, entre otros".

Las claves de su futura acción están en las funciones establecidas en el artículo 4.

* "Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada internet profunda o Dark-Web". Dice que es para investigar delitos e identificar autores, no aclara si es en investigaciones judiciales en curso. También apunta a detectar, agrega, "situaciones de riesgo grave para la seguridad".

* "Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual". Los expertos/as dicen que esto podría estar reñido con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, ya que no se puede usar de las personas sin causa.

*"Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial". Un dato que la resolución no contempla: en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de identificación biométrica de prófugos está frenado por un fallo judicial, a partir de un amparo que cuestionó la su uso poco transparente, la filtración de datos en forma masiva e incluso el criterio de construcción de perfiles supuestamente sospechosos discriminatorios por rasgos, lugar de residencia, entre otros. Busaniche cuenta que en Boston y San Francisco está prohibido el reconocimiento facial en el espacio público.

* "Utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos". En la red social X, el investigador del Conicet Martín Becerra señaló sobre ese punto que "es algo en lo que explícitamente el uso de Inteligencia Artifiical ha fallado y que, por tanto, hay que evitar". "El órgano gubernamental creado para patrullar las redes sociales aplicaciones y sitios de Internet" "contradice varios artículos de la Constitución Nacional".

*"Identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques. Esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque".

*"Procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos". Busaniche advierte que el "profiling o perfilamento de personas es uno de los campos de más alto riesgo de las IAs porque no hay manera certera de saber en base a qué se construye un perfil determinado. Evaluar el riesgo de que un individuo cometa un delito está expresamente prohibido en las normas de IA de la Unión Europea, se considera una implementación de IA de riesgo inaceptable, un ataque directo a la libertad de expresión, la violación del estado de derecho ya que se va a hacer perfilamiento de las personas por su opiníón y preferencias en redes sociales".

*"Patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias". Así dicho, pareciera que puede haber seguimientos indiscriminados.

*"Realización de tareas peligrosas, como la desactivación de explosivos" con "robots".

*"Mejorar la comunicación y coordinación entre diferentes fuerzas policiales y de seguridad" para compartir la "información crítica" en forma "rápida y eficiente". Es decir: es factible que datos privados, que el gobierno mete en su bolsa de sospechosos o cuestiones a investigar" circulen fácilmente.

*"Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios". Todos los especialistas ven en este punto una nueva amenaza a la protesta social, ya castigada por el gobierno de Javier Milei y las políticas del ministerio de seguridad a traves de sus protocolos: tanto contra la protesta como los que habilitan a agentes de seguridad a usar armas de fuego.

*"Detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales". No está claro cómo se aplicará este punto sin violar, por ejemplo, el secreto bancario. El órgano que concentra esa actividad es la Unidad de Información Financiera.

Más miradas

"Ni en la resolución anterior sobre ciberpatrullaje ni la nueva ofrecen claridad sobre los supuestos en los que podría desarrollarse la actividad, qué pautas, con qué sistemas automatizados, bajo qué controles, cómo cumplirían la ley de protección de datos personales", dice Victoria Darraoidou, Coordinadora de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales.

"Nosotros --agregó-- habíamos hecho un pedido de información al Ministerio de Seguridad en conjunto con otro grupo de organizaciones y el Ministerio de Seguridad todavía no respondió. Ahora no explican cómo van a utilizar la inteligencia Artificial, con qué controles, cuáles son las tareas de prevención, de qué se tratan, si los casos en los que se van a usar son casos que están bajo investigación judicial o no. No está claro cuáles son las coordenadas que le van a indicar a la IA y en ese sentido cuáles son las hipótesis criminales en concreto sobre las que tendría que intervenir la IA, cuáles son los sistemas de protección de la información y cómo se van a evitar las posibles filtraciones de datos que podrían incurrir con el uso de estas tecnologías".

"Todo lo que se plantea es contrario al debido proceso, la intimidad de las personas, no pide autorización judicial para intervenir en las posibles comunicaciones de abogados con sus clientes, o periodistas y fuentes", alerta Rodrigo Iglesias, especialista en derecho informático.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular

02-02-2026 / 11:02

Politica Comic Show: Javier “el Loco” Milei y el insulto como política de Estado

El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.

Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.

Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.

A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."

Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.

Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar. Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.

La Opinión Popular

01-02-2026 / 10:02

La política del engaño: Pinocho Milei gobierna en base de exageraciones y datos falsos

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.

Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.

El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.

La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.

Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.

La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.

La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.

En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.

La Opinión Popular