22:11 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 30-07-2024 / 09:07

SERÁ UNA MEGA EXCURSIÓN DE PESCA CONTRARIA AL ESTADO DE DERECHO Y A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Internet bajo control operacional: Bullrich usará inteligencia artificial para espiar las redes sociales y perseguir críticos y opositores

Las redes sociales no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, así mismo los diferentes programas de mensajería (telegram, signal, face, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda.

El uso de las redes sociales por parte de Javier "el Loco" Milei para atacar a críticos y opositores, la denostación constante a quienes son censores de la política neoliberal libertaria y el ataque permanente a figuras políticas que lo cuestionan, funciona con grupos digitales organizados y rentados por el Estado nacional. Cada vez hay más elementos probatorios, e incluso muchas denuncias judiciales que vinculan al Poder Ejecutivo con atentados a la libertad de expresión y ataques, a través de las redes sociales, a periodistas, referentes políticos, activistas del movimiento de mujeres y diversidades, de la cultura y otros ámbitos, de son críticos del gobierno.

En una vuelta de tuerca, surgió el plan que la ministra Patricia "Pato" Bullrich piensa implementar con la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad (UIAAS). Una resolución publicada este lunes anuncia que patrullará "redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet, así como la llamada internet profunda o dark web" con la finalidad --señala-- de "investigar delitos, identificar a sus autores", pero también anticipar "situaciones de riesgo grave para la seguridad", "detectar actividades sospechosas" incluso con cámaras y drones en tiempo real, y "crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos".

Aunque nadie puede ser investigado sin una orden judicial, varios especialistas alertan que está todo dado para una mega excursión de pesca contraria a la Constitución Nacional, que pone en riesgo la libertad de todas las personas, su privacidad, su libre expresión y circulación entre otros tantos derechos. Se encaminan hacia una dictadura.

La publicación de esta nueva disposición coincide con dos hechos recientes. Uno es la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la aprobación de una partida de 100.000 millones de pesos para gastos reservados, sin rendición de cuentas alguna, que representarán más del 70 por ciento de su presupuesto, y que incluye entre sus áreas pilares una Agencia de Ciberseguridad. El otro, del mes de mayo, es la publicación de un protocolo específico que habilitó el ciberpatrullaje en redes y sitios web de acceso público, también con la justificación de la persecución del delito.

"Lo que se crea es una Unidad de Inteligencia, no artificial, de ilegal. Es la maximización de una excursión de pesca", advierte Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. "De la resolución surge que se pueden realizar perfiles de sospechosos de delitos a partir de las múltiples interacciones que realizamos en línea. Esto está reñido con el estado de derecho y el debido proceso judicial que indica que nadie puede ser investigado por fuera de una investigación judicial en curso, con orden judicial y con todas las garantías", explica la especialista en derechos y tecnologías digitales.

"La idea puede sonar prometedora cuando uno desconoce el funcionamiento. Pero son sistemas estadísticos que infieren resultados a partir de grandes volúmenes de información --detalla Busaniche--. Esos procesos son opacos y es muy difícil explicar por qué razón un sistema dispone que alguien esté en determinado lugar. La opacidad del sistema es incompatible con cualquier investigación criminal. Los peligros son tantos que no hay manera de saber si el sistema no te puso en una base de datos de potenciales criminales por tus opiniones en línea o porque hiciste un chiste, que la IA no identifica, o porque publicaste una foto jugando con una pistola de paintball".

Las redes sociales no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, así mismo los diferentes programas de mensajería (telegram, signal, face, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda.

La Opinión Popular

La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, señala que la nueva resolución 710/2024 amplía aquella y marca otra coincidencia. "Hay un golpe de efecto ya que en los últimos días todos los usuarios de whatsapp vieron aparecer en su aplicación una Inteligencia Artificial (IA), nadie sabe cómo sacarla ni qué capacidad tiene de rastrear sus propios datos. No se conocen los límites de la IA y se convierte en una amenaza".

Ella es partidaria de su uso en seguridad "sin violar las normas de protección de datos personales para cruzar información disponibles de hechos delictivos, personas condenadas, análisis de causas judiciales cerradas". El problema, agrega, es que la resolución deja pocas cosas en claro. "¿Qué aparatos van a usar? ¿Sobre qué datos? ¿Cómo se van a guardar esos datos? Amerita un pedido de acceso a la información", dice.

Si llegaran a utilizar, ilustra, un sistema conocido como Pegasus "sería muy peligroso". "Es considerado el spyware o software espía más sofisticado del mundo. Es un programa de vigilancia de dispositivos móviles diseñado para infiltrase sin ser detectado en teléfonos con sistemas operativos iOS y Android".

Puntos polémicos

Como tantas resoluciones y decretos del gobierno esta dice que está inspirada en "la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías" y todo en un contexto de "vigencia de las instituciones del sistema democrático".

En el caso del Ministerio de Seguridad, se refiere a sus competencias en "seguridad interior". Cuando la analizan expertos ven rasgos alejados de la libertad y los derechos constitucionales. La UIAAS, anuncia la publicación en el Boletín Oficial, estará integrada por las fuerzas policiales y de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Entre estas últimas el gobierno incluye también al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El coordinador será el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri. Se inspira en la experiencia, según el texto, de "Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, entre otros".

Las claves de su futura acción están en las funciones establecidas en el artículo 4.

* "Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada internet profunda o Dark-Web". Dice que es para investigar delitos e identificar autores, no aclara si es en investigaciones judiciales en curso. También apunta a detectar, agrega, "situaciones de riesgo grave para la seguridad".

* "Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual". Los expertos/as dicen que esto podría estar reñido con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, ya que no se puede usar de las personas sin causa.

*"Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial". Un dato que la resolución no contempla: en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de identificación biométrica de prófugos está frenado por un fallo judicial, a partir de un amparo que cuestionó la su uso poco transparente, la filtración de datos en forma masiva e incluso el criterio de construcción de perfiles supuestamente sospechosos discriminatorios por rasgos, lugar de residencia, entre otros. Busaniche cuenta que en Boston y San Francisco está prohibido el reconocimiento facial en el espacio público.

* "Utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos". En la red social X, el investigador del Conicet Martín Becerra señaló sobre ese punto que "es algo en lo que explícitamente el uso de Inteligencia Artifiical ha fallado y que, por tanto, hay que evitar". "El órgano gubernamental creado para patrullar las redes sociales aplicaciones y sitios de Internet" "contradice varios artículos de la Constitución Nacional".

*"Identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques. Esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque".

*"Procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos". Busaniche advierte que el "profiling o perfilamento de personas es uno de los campos de más alto riesgo de las IAs porque no hay manera certera de saber en base a qué se construye un perfil determinado. Evaluar el riesgo de que un individuo cometa un delito está expresamente prohibido en las normas de IA de la Unión Europea, se considera una implementación de IA de riesgo inaceptable, un ataque directo a la libertad de expresión, la violación del estado de derecho ya que se va a hacer perfilamiento de las personas por su opiníón y preferencias en redes sociales".

*"Patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias". Así dicho, pareciera que puede haber seguimientos indiscriminados.

*"Realización de tareas peligrosas, como la desactivación de explosivos" con "robots".

*"Mejorar la comunicación y coordinación entre diferentes fuerzas policiales y de seguridad" para compartir la "información crítica" en forma "rápida y eficiente". Es decir: es factible que datos privados, que el gobierno mete en su bolsa de sospechosos o cuestiones a investigar" circulen fácilmente.

*"Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios". Todos los especialistas ven en este punto una nueva amenaza a la protesta social, ya castigada por el gobierno de Javier Milei y las políticas del ministerio de seguridad a traves de sus protocolos: tanto contra la protesta como los que habilitan a agentes de seguridad a usar armas de fuego.

*"Detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales". No está claro cómo se aplicará este punto sin violar, por ejemplo, el secreto bancario. El órgano que concentra esa actividad es la Unidad de Información Financiera.

Más miradas

"Ni en la resolución anterior sobre ciberpatrullaje ni la nueva ofrecen claridad sobre los supuestos en los que podría desarrollarse la actividad, qué pautas, con qué sistemas automatizados, bajo qué controles, cómo cumplirían la ley de protección de datos personales", dice Victoria Darraoidou, Coordinadora de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales.

"Nosotros --agregó-- habíamos hecho un pedido de información al Ministerio de Seguridad en conjunto con otro grupo de organizaciones y el Ministerio de Seguridad todavía no respondió. Ahora no explican cómo van a utilizar la inteligencia Artificial, con qué controles, cuáles son las tareas de prevención, de qué se tratan, si los casos en los que se van a usar son casos que están bajo investigación judicial o no. No está claro cuáles son las coordenadas que le van a indicar a la IA y en ese sentido cuáles son las hipótesis criminales en concreto sobre las que tendría que intervenir la IA, cuáles son los sistemas de protección de la información y cómo se van a evitar las posibles filtraciones de datos que podrían incurrir con el uso de estas tecnologías".

"Todo lo que se plantea es contrario al debido proceso, la intimidad de las personas, no pide autorización judicial para intervenir en las posibles comunicaciones de abogados con sus clientes, o periodistas y fuentes", alerta Rodrigo Iglesias, especialista en derecho informático.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".