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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 30-07-2024 / 09:07

SERÁ UNA MEGA EXCURSIÓN DE PESCA CONTRARIA AL ESTADO DE DERECHO Y A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL

Internet bajo control operacional: Bullrich usará inteligencia artificial para espiar las redes sociales y perseguir críticos y opositores

Las redes sociales no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, así mismo los diferentes programas de mensajería (telegram, signal, face, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda.

El uso de las redes sociales por parte de Javier "el Loco" Milei para atacar a críticos y opositores, la denostación constante a quienes son censores de la política neoliberal libertaria y el ataque permanente a figuras políticas que lo cuestionan, funciona con grupos digitales organizados y rentados por el Estado nacional. Cada vez hay más elementos probatorios, e incluso muchas denuncias judiciales que vinculan al Poder Ejecutivo con atentados a la libertad de expresión y ataques, a través de las redes sociales, a periodistas, referentes políticos, activistas del movimiento de mujeres y diversidades, de la cultura y otros ámbitos, de son críticos del gobierno.

En una vuelta de tuerca, surgió el plan que la ministra Patricia "Pato" Bullrich piensa implementar con la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad (UIAAS). Una resolución publicada este lunes anuncia que patrullará "redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet, así como la llamada internet profunda o dark web" con la finalidad --señala-- de "investigar delitos, identificar a sus autores", pero también anticipar "situaciones de riesgo grave para la seguridad", "detectar actividades sospechosas" incluso con cámaras y drones en tiempo real, y "crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos".

Aunque nadie puede ser investigado sin una orden judicial, varios especialistas alertan que está todo dado para una mega excursión de pesca contraria a la Constitución Nacional, que pone en riesgo la libertad de todas las personas, su privacidad, su libre expresión y circulación entre otros tantos derechos. Se encaminan hacia una dictadura.

La publicación de esta nueva disposición coincide con dos hechos recientes. Uno es la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la aprobación de una partida de 100.000 millones de pesos para gastos reservados, sin rendición de cuentas alguna, que representarán más del 70 por ciento de su presupuesto, y que incluye entre sus áreas pilares una Agencia de Ciberseguridad. El otro, del mes de mayo, es la publicación de un protocolo específico que habilitó el ciberpatrullaje en redes y sitios web de acceso público, también con la justificación de la persecución del delito.

"Lo que se crea es una Unidad de Inteligencia, no artificial, de ilegal. Es la maximización de una excursión de pesca", advierte Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. "De la resolución surge que se pueden realizar perfiles de sospechosos de delitos a partir de las múltiples interacciones que realizamos en línea. Esto está reñido con el estado de derecho y el debido proceso judicial que indica que nadie puede ser investigado por fuera de una investigación judicial en curso, con orden judicial y con todas las garantías", explica la especialista en derechos y tecnologías digitales.

"La idea puede sonar prometedora cuando uno desconoce el funcionamiento. Pero son sistemas estadísticos que infieren resultados a partir de grandes volúmenes de información --detalla Busaniche--. Esos procesos son opacos y es muy difícil explicar por qué razón un sistema dispone que alguien esté en determinado lugar. La opacidad del sistema es incompatible con cualquier investigación criminal. Los peligros son tantos que no hay manera de saber si el sistema no te puso en una base de datos de potenciales criminales por tus opiniones en línea o porque hiciste un chiste, que la IA no identifica, o porque publicaste una foto jugando con una pistola de paintball".

Las redes sociales no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, así mismo los diferentes programas de mensajería (telegram, signal, face, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda.

La Opinión Popular

La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, señala que la nueva resolución 710/2024 amplía aquella y marca otra coincidencia. "Hay un golpe de efecto ya que en los últimos días todos los usuarios de whatsapp vieron aparecer en su aplicación una Inteligencia Artificial (IA), nadie sabe cómo sacarla ni qué capacidad tiene de rastrear sus propios datos. No se conocen los límites de la IA y se convierte en una amenaza".

Ella es partidaria de su uso en seguridad "sin violar las normas de protección de datos personales para cruzar información disponibles de hechos delictivos, personas condenadas, análisis de causas judiciales cerradas". El problema, agrega, es que la resolución deja pocas cosas en claro. "¿Qué aparatos van a usar? ¿Sobre qué datos? ¿Cómo se van a guardar esos datos? Amerita un pedido de acceso a la información", dice.

Si llegaran a utilizar, ilustra, un sistema conocido como Pegasus "sería muy peligroso". "Es considerado el spyware o software espía más sofisticado del mundo. Es un programa de vigilancia de dispositivos móviles diseñado para infiltrase sin ser detectado en teléfonos con sistemas operativos iOS y Android".

Puntos polémicos

Como tantas resoluciones y decretos del gobierno esta dice que está inspirada en "la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías" y todo en un contexto de "vigencia de las instituciones del sistema democrático".

En el caso del Ministerio de Seguridad, se refiere a sus competencias en "seguridad interior". Cuando la analizan expertos ven rasgos alejados de la libertad y los derechos constitucionales. La UIAAS, anuncia la publicación en el Boletín Oficial, estará integrada por las fuerzas policiales y de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Entre estas últimas el gobierno incluye también al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El coordinador será el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri. Se inspira en la experiencia, según el texto, de "Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, entre otros".

Las claves de su futura acción están en las funciones establecidas en el artículo 4.

* "Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada internet profunda o Dark-Web". Dice que es para investigar delitos e identificar autores, no aclara si es en investigaciones judiciales en curso. También apunta a detectar, agrega, "situaciones de riesgo grave para la seguridad".

* "Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual". Los expertos/as dicen que esto podría estar reñido con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, ya que no se puede usar de las personas sin causa.

*"Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial". Un dato que la resolución no contempla: en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de identificación biométrica de prófugos está frenado por un fallo judicial, a partir de un amparo que cuestionó la su uso poco transparente, la filtración de datos en forma masiva e incluso el criterio de construcción de perfiles supuestamente sospechosos discriminatorios por rasgos, lugar de residencia, entre otros. Busaniche cuenta que en Boston y San Francisco está prohibido el reconocimiento facial en el espacio público.

* "Utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos". En la red social X, el investigador del Conicet Martín Becerra señaló sobre ese punto que "es algo en lo que explícitamente el uso de Inteligencia Artifiical ha fallado y que, por tanto, hay que evitar". "El órgano gubernamental creado para patrullar las redes sociales aplicaciones y sitios de Internet" "contradice varios artículos de la Constitución Nacional".

*"Identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques. Esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque".

*"Procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos". Busaniche advierte que el "profiling o perfilamento de personas es uno de los campos de más alto riesgo de las IAs porque no hay manera certera de saber en base a qué se construye un perfil determinado. Evaluar el riesgo de que un individuo cometa un delito está expresamente prohibido en las normas de IA de la Unión Europea, se considera una implementación de IA de riesgo inaceptable, un ataque directo a la libertad de expresión, la violación del estado de derecho ya que se va a hacer perfilamiento de las personas por su opiníón y preferencias en redes sociales".

*"Patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias". Así dicho, pareciera que puede haber seguimientos indiscriminados.

*"Realización de tareas peligrosas, como la desactivación de explosivos" con "robots".

*"Mejorar la comunicación y coordinación entre diferentes fuerzas policiales y de seguridad" para compartir la "información crítica" en forma "rápida y eficiente". Es decir: es factible que datos privados, que el gobierno mete en su bolsa de sospechosos o cuestiones a investigar" circulen fácilmente.

*"Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios". Todos los especialistas ven en este punto una nueva amenaza a la protesta social, ya castigada por el gobierno de Javier Milei y las políticas del ministerio de seguridad a traves de sus protocolos: tanto contra la protesta como los que habilitan a agentes de seguridad a usar armas de fuego.

*"Detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales". No está claro cómo se aplicará este punto sin violar, por ejemplo, el secreto bancario. El órgano que concentra esa actividad es la Unidad de Información Financiera.

Más miradas

"Ni en la resolución anterior sobre ciberpatrullaje ni la nueva ofrecen claridad sobre los supuestos en los que podría desarrollarse la actividad, qué pautas, con qué sistemas automatizados, bajo qué controles, cómo cumplirían la ley de protección de datos personales", dice Victoria Darraoidou, Coordinadora de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales.

"Nosotros --agregó-- habíamos hecho un pedido de información al Ministerio de Seguridad en conjunto con otro grupo de organizaciones y el Ministerio de Seguridad todavía no respondió. Ahora no explican cómo van a utilizar la inteligencia Artificial, con qué controles, cuáles son las tareas de prevención, de qué se tratan, si los casos en los que se van a usar son casos que están bajo investigación judicial o no. No está claro cuáles son las coordenadas que le van a indicar a la IA y en ese sentido cuáles son las hipótesis criminales en concreto sobre las que tendría que intervenir la IA, cuáles son los sistemas de protección de la información y cómo se van a evitar las posibles filtraciones de datos que podrían incurrir con el uso de estas tecnologías".

"Todo lo que se plantea es contrario al debido proceso, la intimidad de las personas, no pide autorización judicial para intervenir en las posibles comunicaciones de abogados con sus clientes, o periodistas y fuentes", alerta Rodrigo Iglesias, especialista en derecho informático.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular