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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 25-07-2024 / 09:07
CIEN MIL MILLONES DE PESOS EN JUEGO PARA LOS “GASTOS RESERVADOS” DE LA SIDE

Interna libertaria al rojo vivo: Milei y Villarruel riñen por quién presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia

Interna libertaria al rojo vivo: Milei y Villarruel riñen por quién presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia
RIÑA DE PESO. En público dicen que la relación es “excelente”, pero detrás de escena ya empezó el nuevo round de la pelea entre el presidente Milei y la vice Villarruel. Los dos se quieren asegurar la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que deberá controlar el destino de los 100.000 millones que el Gobierno le asignó por decreto a la SIDE.
La asignación de $100.000 millones a la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en materia de fondos reservados volvió a poner sobre la mesa una pelea por el control de los organismos dedicados al espionaje, siempre sospechados de maniobras ilegales. A partir de esa ampliación de las partidas presupuestarias, todas las miradas comenzaron a posarse sobre el Congreso, más precisamente en la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, que a ocho meses de la asunción de Javier "el Loco" Milei todavía no está conformada.
 
Se trata del único órgano con potestad de monitorear los gastos reservados de la SIDE, encabezada hoy por el inexperto Sergio Neiffert, pero comandada en las sombras por el cada vez más poderoso asesor presidencial Santiago Caputo alias "Caputito". En La Libertad Avanza tienen un obstáculo en su debilidad legislativa: la titularidad de la bicameral, por reglamento, le corresponde a un integrante de la Cámara alta, pero no hay senadores libertarios que vayan a integrar la comisión, sino solo diputados.
 
Ese lugar está disputado por el dirigente misionero del PRO, Martín Goerling, y el peronista tránsfuga entrerriano Gustavo Kueider, un aliado clave del Gobierno en el Senado. El principal impulsor de la candidatura de Kueider es ni más ni menos que Caputito. Ambos estrecharon lazos en el último tiempo a partir del acompañamiento del senador del PJ a la ley Bases. Como recompensa a su voto afirmativo, Kueider logró colocar a un hombre de su confianza al frente de la conducción de la represa de Salto Grande.
 
Sin embargo, puertas adentro de La Libertad Avanza no hay consenso y se reaviva la guerra que por estas horas cruza el vínculo de la vicepresidenta Victoria Villarruel con Karina Milei. "Muy peronista", deslizan cerca de la titular del Senado en referencia al Kueider. ¿Hubo un acuerdo entre el macrismo y Villarruel para que sea Goerling quien comande la Comisión de Inteligencia? Los movimientos autónomos de Villarruel incluyen coqueteos PRO.
 
En el libertarianismo están muy interesados en que la bicameral cuente con una mayoría de legisladores afines que frene cualquier investigación de chanchullos. Por eso, la semana pasada, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tomó una decisión de alto impacto: le quitó el lugar que le había prometido a Emilio Monzó para dárselo a un diputado libertario, una actitud que detonó los puentes construidos con el bloque de Hacemos Coalición Federal, comandado por Miguel Ángel Pichetto. En la mesa chica del Presidente no cayó bien la ausencia del diputado al Pacto de Mayo en Tucumán. "Sabían que era un evento importante para el Gobierno y aún así no fueron", deslizan, con rencor.
 
Nada es casualidad. Pocos días antes del lanzamiento del nuevo organigrama de la SIDE, desde la Casa Rosada le bajaron la orden a Menem para que acelerase la conformación de la Comisión de Inteligencia, que cuenta con algunas peculiaridades: sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios.
 
"Es grave que se haya resuelto una reforma de la AFI por DNU", advirtió Leopoldo Moreau. La oposición considera que La Libertad Avanza tendría que haber enviado un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso debido a que la AFI fue creada en marzo de 2015 con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520), que disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI).
 
La Opinión Popular
 

 
MILEI Y VILLARRUEL DISPUTAN EL CONTROL DE LA BICAMERAL DE INTELIGENCIA
 
La interna libertaria no se toma vacaciones
 
La conformación de la comisión, clave por la supervisión de los gastos reservados de la SIDE, aumenta la disputa. A pesar de la evidente tensión, la vice asegura que la relación es "excelente".
 
Por más que en las declaraciones públicas desde los dos bandos oficialistas intentan apagar el fuego de la interna, en privado el conflicto entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el círculo íntimo del presidente Javier Milei sigue escalando. El mandatario se subió junto a su hermana a un avión privado para participar de la apertura de los juegos olímpicos en Francia, pero la batalla entre el Senado y la Casa Rosada no se toma vacaciones.
 
En este momento las rispideces giran en torno a otro tema sensible: la conformación de las comisiones bicamerales, en particular en Balcarce 50 están con todos los ojos puestos sobre la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
 
Sucede que, según consigna el artículo 37 de la Ley de Inteligencia nacional, esa comisión será la encargada de "supervisar y controlar los Gastos Reservados que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional". Es decir, es la que controlará qué hace el gobierno con los 100 mil millones de pesos que el asesor presidencial todoterreno, Santiago Caputo, consiguió para usar en la SIDE --bajo el liderazgo de su hombre de su extrema confianza, Sergio Neiffert-- sin tener que dar explicaciones.
 
"Es una comisión estratégica para el Ejecutivo y debe ser el Ejecutivo el que decida", disparan desde el círculo íntimo de Milei como si no existiera la división de poderes en la Argentina. Los fondos reservados de la SIDE, según analizan desde la oposición, no serán solo los 100 mil millones que anunciaron por decreto, sino que a eso se le sumarán unos 40 mil millones más que tenía la AFI en el presupuesto de 2023. "Ni Ucrania o cualquier país en guerra tienen algo semejante", expresan.
 
En el oficialismo argumentan que utilizarán parte de esos fondos reservados para la construcción de nuevos edificios para todas las áreas que se crearon con la reestructuración de la SIDE. Sin embargo, eso es extraño porque para comprar inmuebles no se necesitan fondos reservados.
 
Además, mediante el decreto 636/2024 que fue publicado este fin de semana y está dedicado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el gobierno buscará vender la mayor cantidad posible de terrenos y edificios públicos. Es decir, sería contradictorio que compren edificios nuevos cuando lo que dicen es que quieren deshacerse de los bienes del Estado.
 
La comisión bicameral de Inteligencia, que será la encargada de controlar esos gastos, en tanto, está conformada por ocho miembros: cuatro senadores y cuatro diputados y para designar a un presidente se necesitan ocho votos. Es decir, su conformación no es algo que el poder Ejecutivo pueda decidir por decreto.
 
La discusión con Villarruel entra en juego en este tema porque ella es muy cercana al senador Enrique Martín Goerling Lara y, por más que en su entorno dicen que "Victoria no tiene interés en alguien en especial", y que "los que tienen que definirlo son los miembros de la comisión", él sería el favorito de la vicepresidenta para comandarla.
 
Desde Casa Rosada, en cambio, quieren que el elegido sea el senador peronista de Entre Ríos, Edgargo Kueider, que, luego de votar a favor de la Ley Bases, está muy cerca de La Libertad Avanza. Si bien Kueider fue elegido como senador por la boleta de Alberto Fernández en 2019, los rumores consignan que durante los últimos días habría pedido al oficialismo ser candidato de Milei el año que viene en Entre Ríos, donde hoy gobierna Rogelio Frigerio, de JxC. De hecho, Kueider hasta se sacó una foto con el presidente del Partido Libertario de esa provincia, Juan Erro.
 
Cerca de Milei apuntan contra Villarruel, una vez más: "si hubo algún tipo de acuerdo en el Senado para la conformación y presidencia de esa comisión lo desconocemos", dicen y se quejan porque no hubo comunicación por parte del Senado para hablar de nada vinculado a ese tema. "No sabemos qué quiere Victoria", espetan.
 
Además de reclamar la presidencia Kueider y Goerling Lara, los radicales se suman. Ellos vociferan que tenían un acuerdo con el gobierno y que la presidencia de la comisión de Inteligencia les corresponde. Lo cierto es que, por ahora, nadie junta los ocho votos necesarios. Los miembros del Frente de Todos serán tres.
 
Otro que viene perdiendo en la repartija es el diputado Emilio Monzó, que quería formar parte de la comisión de Inteligencia. El presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, había reclamado un lugar en ese espacio para su bloque, pero desde el oficialismo le respondieron que eso no corresponde.
 
"Es mentira el argumento que dan desde HCF y que quieren instalar. Ellos venden que tienen 31 legisladores --porque cuentan adentro a la CC y a Innovación Federal, pero son 16", resaltan la presidencia de Diputados.
 
En esa línea, agregan desde el oficialismo, "para cada discusión particular no podés armar una coalición, decir que tenés un bloque, y pedir cargos". Dicen que no le dieron a HCF un lugar en Inteligencia, pero que, de todos modos, propondrán que Pichetto sea presidente de la Comisión Revisora de Cuentas. "El problema es Monzó, no Pichetto", opinan en el oficialismo y disparan: "Quieren comisiones porque son contratos millonarios. La revisora de cuentas, por ejemplo, tiene mil millones de pesos".
 
La vicepresidenta, mientras tanto, este miércoles fue a la exposición Rural, antes de que lo haga el Presidente, que recién irá el domingo cuando vuelva de Francia para dar el discurso de cierre del evento. Allí, más allá de que no fue con Milei y se anticipó, Villarruel dijo que la relación con el Presidente "es excelente". Esas declaraciones se sumaron a las del día anterior, cuando habló de su tweet que generó un conflicto diplomático con Francia: "Yo siempre quise defender a la Selección Argentina y a los argentinos así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo", había remarcado.
 
Además, el martes por la noche, la presidenta del Senado se encargó de subir a sus redes sociales decenas de fotos de una recorrida que hizo por la provincia de Catamarca. Ella se muestra como una dirigente que recorre el país y que está "cerca de la gente". En Rosada responden que "históricamente" hubo peleas entre los Presidentes y sus vices y rematan jocosos "es natural que el tipo que está abajo intente que el que está arriba se muera. No tiene más función que esa".
 
Ante la comparación de internas entre la de Villarruel y Milei y la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, responden: "No es igual, porque entre Alberto y Cristina la que tenía más poder era ella. Acá no". A Villarruel, confían cerca de Milei, "le será muy complejo construir políticamente dentro de La Libertad Avanza", porque la que cerrará las listas el año que viene, recuerdan, será Karina.
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
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