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Nacionales - 25-07-2024 / 09:07
CIEN MIL MILLONES DE PESOS EN JUEGO PARA LOS “GASTOS RESERVADOS” DE LA SIDE

Interna libertaria al rojo vivo: Milei y Villarruel riñen por quién presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia

Interna libertaria al rojo vivo: Milei y Villarruel riñen por quién presidirá la Comisión Bicameral de Inteligencia
RIÑA DE PESO. En público dicen que la relación es “excelente”, pero detrás de escena ya empezó el nuevo round de la pelea entre el presidente Milei y la vice Villarruel. Los dos se quieren asegurar la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, que deberá controlar el destino de los 100.000 millones que el Gobierno le asignó por decreto a la SIDE.
La asignación de $100.000 millones a la flamante Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en materia de fondos reservados volvió a poner sobre la mesa una pelea por el control de los organismos dedicados al espionaje, siempre sospechados de maniobras ilegales. A partir de esa ampliación de las partidas presupuestarias, todas las miradas comenzaron a posarse sobre el Congreso, más precisamente en la estratégica Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Seguridad e Inteligencia, que a ocho meses de la asunción de Javier "el Loco" Milei todavía no está conformada.
 
Se trata del único órgano con potestad de monitorear los gastos reservados de la SIDE, encabezada hoy por el inexperto Sergio Neiffert, pero comandada en las sombras por el cada vez más poderoso asesor presidencial Santiago Caputo alias "Caputito". En La Libertad Avanza tienen un obstáculo en su debilidad legislativa: la titularidad de la bicameral, por reglamento, le corresponde a un integrante de la Cámara alta, pero no hay senadores libertarios que vayan a integrar la comisión, sino solo diputados.
 
Ese lugar está disputado por el dirigente misionero del PRO, Martín Goerling, y el peronista tránsfuga entrerriano Gustavo Kueider, un aliado clave del Gobierno en el Senado. El principal impulsor de la candidatura de Kueider es ni más ni menos que Caputito. Ambos estrecharon lazos en el último tiempo a partir del acompañamiento del senador del PJ a la ley Bases. Como recompensa a su voto afirmativo, Kueider logró colocar a un hombre de su confianza al frente de la conducción de la represa de Salto Grande.
 
Sin embargo, puertas adentro de La Libertad Avanza no hay consenso y se reaviva la guerra que por estas horas cruza el vínculo de la vicepresidenta Victoria Villarruel con Karina Milei. "Muy peronista", deslizan cerca de la titular del Senado en referencia al Kueider. ¿Hubo un acuerdo entre el macrismo y Villarruel para que sea Goerling quien comande la Comisión de Inteligencia? Los movimientos autónomos de Villarruel incluyen coqueteos PRO.
 
En el libertarianismo están muy interesados en que la bicameral cuente con una mayoría de legisladores afines que frene cualquier investigación de chanchullos. Por eso, la semana pasada, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, tomó una decisión de alto impacto: le quitó el lugar que le había prometido a Emilio Monzó para dárselo a un diputado libertario, una actitud que detonó los puentes construidos con el bloque de Hacemos Coalición Federal, comandado por Miguel Ángel Pichetto. En la mesa chica del Presidente no cayó bien la ausencia del diputado al Pacto de Mayo en Tucumán. "Sabían que era un evento importante para el Gobierno y aún así no fueron", deslizan, con rencor.
 
Nada es casualidad. Pocos días antes del lanzamiento del nuevo organigrama de la SIDE, desde la Casa Rosada le bajaron la orden a Menem para que acelerase la conformación de la Comisión de Inteligencia, que cuenta con algunas peculiaridades: sus miembros sesionan en secreto, en una oficina del quinto piso del edificio anexo del Senado, donde reciben a los agentes y estudian la documentación enviada por los funcionarios.
 
"Es grave que se haya resuelto una reforma de la AFI por DNU", advirtió Leopoldo Moreau. La oposición considera que La Libertad Avanza tendría que haber enviado un proyecto de ley para ser debatido en el Congreso debido a que la AFI fue creada en marzo de 2015 con la promulgación de la Ley de Inteligencia Nacional (N° 25 520), que disolvió la otrora Secretaría de Inteligencia (SI).
 
La Opinión Popular
 

 
MILEI Y VILLARRUEL DISPUTAN EL CONTROL DE LA BICAMERAL DE INTELIGENCIA
 
La interna libertaria no se toma vacaciones
 
La conformación de la comisión, clave por la supervisión de los gastos reservados de la SIDE, aumenta la disputa. A pesar de la evidente tensión, la vice asegura que la relación es "excelente".
 
Por más que en las declaraciones públicas desde los dos bandos oficialistas intentan apagar el fuego de la interna, en privado el conflicto entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el círculo íntimo del presidente Javier Milei sigue escalando. El mandatario se subió junto a su hermana a un avión privado para participar de la apertura de los juegos olímpicos en Francia, pero la batalla entre el Senado y la Casa Rosada no se toma vacaciones.
 
En este momento las rispideces giran en torno a otro tema sensible: la conformación de las comisiones bicamerales, en particular en Balcarce 50 están con todos los ojos puestos sobre la de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI).
 
Sucede que, según consigna el artículo 37 de la Ley de Inteligencia nacional, esa comisión será la encargada de "supervisar y controlar los Gastos Reservados que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional". Es decir, es la que controlará qué hace el gobierno con los 100 mil millones de pesos que el asesor presidencial todoterreno, Santiago Caputo, consiguió para usar en la SIDE --bajo el liderazgo de su hombre de su extrema confianza, Sergio Neiffert-- sin tener que dar explicaciones.
 
"Es una comisión estratégica para el Ejecutivo y debe ser el Ejecutivo el que decida", disparan desde el círculo íntimo de Milei como si no existiera la división de poderes en la Argentina. Los fondos reservados de la SIDE, según analizan desde la oposición, no serán solo los 100 mil millones que anunciaron por decreto, sino que a eso se le sumarán unos 40 mil millones más que tenía la AFI en el presupuesto de 2023. "Ni Ucrania o cualquier país en guerra tienen algo semejante", expresan.
 
En el oficialismo argumentan que utilizarán parte de esos fondos reservados para la construcción de nuevos edificios para todas las áreas que se crearon con la reestructuración de la SIDE. Sin embargo, eso es extraño porque para comprar inmuebles no se necesitan fondos reservados.
 
Además, mediante el decreto 636/2024 que fue publicado este fin de semana y está dedicado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el gobierno buscará vender la mayor cantidad posible de terrenos y edificios públicos. Es decir, sería contradictorio que compren edificios nuevos cuando lo que dicen es que quieren deshacerse de los bienes del Estado.
 
La comisión bicameral de Inteligencia, que será la encargada de controlar esos gastos, en tanto, está conformada por ocho miembros: cuatro senadores y cuatro diputados y para designar a un presidente se necesitan ocho votos. Es decir, su conformación no es algo que el poder Ejecutivo pueda decidir por decreto.
 
La discusión con Villarruel entra en juego en este tema porque ella es muy cercana al senador Enrique Martín Goerling Lara y, por más que en su entorno dicen que "Victoria no tiene interés en alguien en especial", y que "los que tienen que definirlo son los miembros de la comisión", él sería el favorito de la vicepresidenta para comandarla.
 
Desde Casa Rosada, en cambio, quieren que el elegido sea el senador peronista de Entre Ríos, Edgargo Kueider, que, luego de votar a favor de la Ley Bases, está muy cerca de La Libertad Avanza. Si bien Kueider fue elegido como senador por la boleta de Alberto Fernández en 2019, los rumores consignan que durante los últimos días habría pedido al oficialismo ser candidato de Milei el año que viene en Entre Ríos, donde hoy gobierna Rogelio Frigerio, de JxC. De hecho, Kueider hasta se sacó una foto con el presidente del Partido Libertario de esa provincia, Juan Erro.
 
Cerca de Milei apuntan contra Villarruel, una vez más: "si hubo algún tipo de acuerdo en el Senado para la conformación y presidencia de esa comisión lo desconocemos", dicen y se quejan porque no hubo comunicación por parte del Senado para hablar de nada vinculado a ese tema. "No sabemos qué quiere Victoria", espetan.
 
Además de reclamar la presidencia Kueider y Goerling Lara, los radicales se suman. Ellos vociferan que tenían un acuerdo con el gobierno y que la presidencia de la comisión de Inteligencia les corresponde. Lo cierto es que, por ahora, nadie junta los ocho votos necesarios. Los miembros del Frente de Todos serán tres.
 
Otro que viene perdiendo en la repartija es el diputado Emilio Monzó, que quería formar parte de la comisión de Inteligencia. El presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, había reclamado un lugar en ese espacio para su bloque, pero desde el oficialismo le respondieron que eso no corresponde.
 
"Es mentira el argumento que dan desde HCF y que quieren instalar. Ellos venden que tienen 31 legisladores --porque cuentan adentro a la CC y a Innovación Federal, pero son 16", resaltan la presidencia de Diputados.
 
En esa línea, agregan desde el oficialismo, "para cada discusión particular no podés armar una coalición, decir que tenés un bloque, y pedir cargos". Dicen que no le dieron a HCF un lugar en Inteligencia, pero que, de todos modos, propondrán que Pichetto sea presidente de la Comisión Revisora de Cuentas. "El problema es Monzó, no Pichetto", opinan en el oficialismo y disparan: "Quieren comisiones porque son contratos millonarios. La revisora de cuentas, por ejemplo, tiene mil millones de pesos".
 
La vicepresidenta, mientras tanto, este miércoles fue a la exposición Rural, antes de que lo haga el Presidente, que recién irá el domingo cuando vuelva de Francia para dar el discurso de cierre del evento. Allí, más allá de que no fue con Milei y se anticipó, Villarruel dijo que la relación con el Presidente "es excelente". Esas declaraciones se sumaron a las del día anterior, cuando habló de su tweet que generó un conflicto diplomático con Francia: "Yo siempre quise defender a la Selección Argentina y a los argentinos así que todas las demás interpretaciones, la verdad que paso por alto y no me ofendo", había remarcado.
 
Además, el martes por la noche, la presidenta del Senado se encargó de subir a sus redes sociales decenas de fotos de una recorrida que hizo por la provincia de Catamarca. Ella se muestra como una dirigente que recorre el país y que está "cerca de la gente". En Rosada responden que "históricamente" hubo peleas entre los Presidentes y sus vices y rematan jocosos "es natural que el tipo que está abajo intente que el que está arriba se muera. No tiene más función que esa".
 
Ante la comparación de internas entre la de Villarruel y Milei y la de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, responden: "No es igual, porque entre Alberto y Cristina la que tenía más poder era ella. Acá no". A Villarruel, confían cerca de Milei, "le será muy complejo construir políticamente dentro de La Libertad Avanza", porque la que cerrará las listas el año que viene, recuerdan, será Karina.
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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