14:37 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 24-07-2024 / 10:07

REGRESA EL ESPIONAJE POLÍTICO ILEGAL, LOS PAGOS A TROLLS Y PARA DESVIAR A LA JUSTICIA, COMO EN EL CASO AMIA

Plata sí hay, para la corrupción libertaria: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados

Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias “Caputito”. Son “fondos reservados”, por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que decidió a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en “gastos reservados”.

La siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Javier "el Loco" Milei renació bañada en oro. El Gobierno anarco capitalista dispuso por decreto otorgarle 100.000 millones de pesos en carácter de fondos reservados, sin rendición de cuentas, lo que vuelve muy difícil su control real y anuncia el regreso del espionaje político ilegal y las operaciones que lo caracterizaron. Desde los pagos para desviar a la Justicia, como en el caso AMIA, a la corrupción lisa y llana, como en la ley Banelco, para la compra de senadores nacionales. El 75 por ciento del presupuesto del organismo de inteligencia será secreto. Desde los organismos de DDHH y la oposición advierten sobre la falta de fiscalización de los servicios.

Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias "Caputito". Son "fondos reservados", por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que dictaminó a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en "gastos reservados".

La erogación de doce cifras ayudará a poner en marcha a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su nuevo armado reminiscente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y nutrido de exfuncionarios del menemismo. Para coronar, el área responde al influyente asesor de Gobierno Santiago Caputo.

Es que tan polémica como la magnitud del desembolso habilitado para la cartera que rinde cuentas directas al presidente es la justificación del monto garantizado. Según se detalló en el Boletín Oficial, la medida tiene el objetivo de brindar las "partidas presupuestarias" necesarias para "solventar las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los organismos que lo integran". Poco más se indica respecto de los motivos detrás de la disposición o del destino del dinero.

De hecho, el decreto establece explícitamente el "carácter reservado de los fondos", por lo que su utilización será discrecional y no requerirá de los mismos controles que las billeteras de cualquier otra cartera requieren. En criollo, esto significa que la población general jamás conocerá a qué fueron destinados los $100.000.000.000 de los que goza desde hoy la SIDE - lo único que se sabe hasta el momento es que el titular del organismo es el extitular de la AFI, Sergio Neiffert, que solo le rinde cuentas al desconocido asesor presidencial Santiago Caputo.

La casta sigue más viva que nunca. Ahora con muchos dineros del Estado, reservados y sin rendición, para "encanutarlos" en beneficio propio y para la corrupción política lisa y llana haciendo uso de los sobornos y de los chantajes para obtener sus propósitos más espurios en perjuicio del pueblo.

La Opinión Popular

EL FANTASMA DEL ESPIONAJE Y DE UN ORGANISMO SIN CONTROL

Plata sí hay: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados

Plata no hay, vocifera Javier Milei. Sin embargo, a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no le va tan mal. Después de reformar todo el sistema por decreto, el gobierno decidió ampliar la partida en 100.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 878 por ciento. El agravante es que los fondos inyectados al organismo serán reservados, por lo que su control se vuelve más difuso -a lo que debe sumársele que aún no se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI).

Como advirtieron desde organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los fondos reservados se usaron en el pasado para desviar la actuación de la justicia -como sucedió en el caso AMIA-, para la corrupción -como en la ley Banelco- y para las operaciones políticas.

La semana pasada, el gobierno de Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reflotar la SIDE -nombre asociado directamente con los sótanos de la política y la justicia argentina. La SIDE -a cargo de Sergio Darío Neiffert- es el vértice del sistema de inteligencia nacional, que también conforman la Dirección de Inteligencia Criminal -que depende de Patricia Bullrich- y la Dirección Inteligencia Estratégica Militar, que depende de Luis Petri.

Hacia el interior, la SIDE está conformada por tres órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) -a cargo de Alejandro Walter Colombo-, la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) -en manos de Alejandro Cecati- y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) -que maneja Ariel Waissbein. A estos tres órganos se suma una división de Asuntos Internos, que supuestamente quedará bajo el control de un magistrado conocido de Neiffert.

El gobierno del Frente de Todos (FdT) terminó con un presupuesto de 15.557,8 millones de pesos para la AFI. De esos, 650 millones eran fondos reservados -según pudo reconstruir este diario. Es decir, representaban un cuatro por ciento del total que manejaba el organismo.

El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) heredó el presupuesto, pero las partidas se incrementaron en marzo a 19.355,8 millones y en julio a 36.742 millones de pesos. El salto cuantitativo vino con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656, que se publicó este martes en el Boletín Oficial. De esa forma, el presupuesto para la SIDE será de 136.000 millones de pesos.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, estimó que la SIDE tendrá un total de 103.000 millones de pesos que funcionarán como fondos reservados, lo que equivale a decir que el 75 por ciento de su presupuesto será secreto. En Unión por la Patria (UxP) llegaban al mismo cálculo. "Un aumento sin control para controlarnos", lo definió Ferraro.

En los fundamentos del DNU 656, el gobierno afirmó que las partidas se emplearán para la "reorganización" del sistema de inteligencia nacional y el "adecuado funcionamiento" de los órganos desconcentrados. "Tales fondos tendrán como principal destino el sistema de inteligencia nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina", dice el decreto.

"Esto se inscribe en el paradigma de que el aparato de seguridad e inteligencia, para ser eficaz, sólo puede funcionar bajo el régimen del secreto y los fondos reservados -ya sea que se usen legal o ilegalmente", explica la abogada Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

"El punto más cuestionable es que entienden que alrededor del 75 por ciento de los gastos tiene que ser reservado. Esto quiere decir que no se sabe en qué se gasta y que tiene controles diferentes a los gastos normales de cualquier otra dependencia pública. Si están pensando en ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el uso de los fondos, es posible deducir que están pensando en actividades encubiertas o que no implican dar necesariamente explicaciones", advierte Litvachky.

Argentina acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad que rodeó al atentado a la AMIA, a partir de una denuncia que presentó Memoria Activa con el acompañamiento del CELS. Según el tribunal regional, la SIDE jugó un rol fundamental para que no se conozca la verdad. La Cámara Federal de Casación confirmó este año las sentencias que se dictaron en el juicio de encubrimiento -que acreditó que la SIDE destinó 400.000 dólares de sus fondos reservados para pagarle a Carlos Telleldín para que declarase e involucrase falsamente en el ataque a un grupo de policías bonaerenses.

La SIDE usó sus fondos reservados para lo que se llamaba la "cadena de la felicidad", pagos que podían llegar a manos de periodistas, jueces o funcionarios. En los tribunales recuerdan con gracia un episodio en el que un juez agradeció por el envío de un sobre con dinero -destinado a financiar un viaje- y la sorpresa que tuvo al enterarse de que el mensajero se había quedado con parte del vuelto.

"Los fondos reservados serán destinados a operaciones de inteligencia contra quien no piense igual, contra los enemigos imaginarios del gobierno", dice la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan que fueron espiados durante el gobierno de Cambiemos. "Permitirán que las prácticas nefastas del macrismo se reiteren con viejos personajes y con recursos para destinar a actividades prohibidas por la ley de inteligencia nacional, todo lo cual es grave y constituye un retroceso en materia de derechos".

Para H.I.J.O.S Capital, "el regreso de la SIDE y las característica que le otorga el gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel son un enorme retroceso en nuestra democracia".

Un DNU en la mira

Además de la lógica opaca, la ampliación de partidas tiene otros problemas. Desde UxP remarcan que hay materias prohibidas que no se pueden tratar por DNU. Si bien no se prohíben las modificaciones presupuestarias, éste es un caso especial.

La ley de Administración Financiera (24.156) establece en su artículo 37 que quedan reservadas al Congreso nacional las decisiones que afectan al monto total del presupuesto y el monto de endeudamiento previsto así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. "Este decreto puede ser impugnado en la Comisión de Seguimiento de los DNU", anticipó el diputado nacional Leopoldo Moreau, que presidió hasta el año pasado la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

"No es una materia prohibida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, pero esto no es una reasignación presupuestaria. Esto es un nuevo presupuesto. Hay motivos por los cuales no es razonable el DNU de inteligencia y nosotros obviamente lo vamos a rechazar", amplía su colega Carolina Gaillard.

Las razones de la reforma

Para Agustín Rossi, exinterventor de la AFI durante el gobierno del Frente de Todos, el DNU de esta semana explica el de la semana anterior. "Ahora se entiende por qué hicieron esta estructura. Es el argumento que encontraron para justificar el aumento de los fondos reservados".

Moreau, por su parte, estimó que gran parte de los fondos serán usados para dotar de tecnología a la Agencia Federal de Ciberseguridad, que, según el DNU 614, estará habilitada a hacer interceptaciones. Es un punto que genera preocupación porque la ley le había quitado esa facultad a la AFI: actualmente, las "escuchas" están en poder de la Corte Suprema.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

02-01-2026 / 10:01

La SIDE, la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".