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Nacionales - 24-07-2024 / 10:07
REGRESA EL ESPIONAJE POLÍTICO ILEGAL, LOS PAGOS A TROLLS Y PARA DESVIAR A LA JUSTICIA, COMO EN EL CASO AMIA

Plata sí hay, para la corrupción libertaria: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados

Plata sí hay, para la corrupción libertaria: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados
Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias “Caputito”. Son “fondos reservados”, por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que decidió a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en “gastos reservados”.
La siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Javier "el Loco" Milei renació bañada en oro. El Gobierno anarco capitalista dispuso por decreto otorgarle 100.000 millones de pesos en carácter de fondos reservados, sin rendición de cuentas, lo que vuelve muy difícil su control real y anuncia el regreso del espionaje político ilegal y las operaciones que lo caracterizaron. Desde los pagos para desviar a la Justicia, como en el caso AMIA, a la corrupción lisa y llana, como en la ley Banelco, para la compra de senadores nacionales. El 75 por ciento del presupuesto del organismo de inteligencia será secreto. Desde los organismos de DDHH y la oposición advierten sobre la falta de fiscalización de los servicios.
 
Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias "Caputito". Son "fondos reservados", por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que dictaminó a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en "gastos reservados".
 
La erogación de doce cifras ayudará a poner en marcha a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su nuevo armado reminiscente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y nutrido de exfuncionarios del menemismo. Para coronar, el área responde al influyente asesor de Gobierno Santiago Caputo.
 
Es que tan polémica como la magnitud del desembolso habilitado para la cartera que rinde cuentas directas al presidente es la justificación del monto garantizado. Según se detalló en el Boletín Oficial, la medida tiene el objetivo de brindar las "partidas presupuestarias" necesarias para "solventar las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los organismos que lo integran". Poco más se indica respecto de los motivos detrás de la disposición o del destino del dinero.

De hecho, el decreto establece explícitamente el "carácter reservado de los fondos", por lo que su utilización será discrecional y no requerirá de los mismos controles que las billeteras de cualquier otra cartera requieren. En criollo, esto significa que la población general jamás conocerá a qué fueron destinados los $100.000.000.000 de los que goza desde hoy la SIDE - lo único que se sabe hasta el momento es que el titular del organismo es el extitular de la AFI, Sergio Neiffert, que solo le rinde cuentas al desconocido asesor presidencial Santiago Caputo.

La casta sigue más viva que nunca. Ahora con muchos dineros del Estado, reservados y sin rendición
, para "encanutarlos" en beneficio propio y para la corrupción política lisa y llana haciendo uso de los sobornos y de los chantajes para obtener sus propósitos más espurios en perjuicio del pueblo.


La Opinión Popular

 
EL FANTASMA DEL ESPIONAJE Y DE UN ORGANISMO SIN CONTROL
 
Plata sí hay: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados
 
 
Plata no hay, vocifera Javier Milei. Sin embargo, a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no le va tan mal. Después de reformar todo el sistema por decreto, el gobierno decidió ampliar la partida en 100.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 878 por ciento. El agravante es que los fondos inyectados al organismo serán reservados, por lo que su control se vuelve más difuso -a lo que debe sumársele que aún no se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI).
 
Como advirtieron desde organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los fondos reservados se usaron en el pasado para desviar la actuación de la justicia -como sucedió en el caso AMIA-, para la corrupción -como en la ley Banelco- y para las operaciones políticas.
 
La semana pasada, el gobierno de Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reflotar la SIDE -nombre asociado directamente con los sótanos de la política y la justicia argentina. La SIDE -a cargo de Sergio Darío Neiffert- es el vértice del sistema de inteligencia nacional, que también conforman la Dirección de Inteligencia Criminal -que depende de Patricia Bullrich- y la Dirección Inteligencia Estratégica Militar, que depende de Luis Petri.
 
Hacia el interior, la SIDE está conformada por tres órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) -a cargo de Alejandro Walter Colombo-, la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) -en manos de Alejandro Cecati- y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) -que maneja Ariel Waissbein. A estos tres órganos se suma una división de Asuntos Internos, que supuestamente quedará bajo el control de un magistrado conocido de Neiffert.
 
El gobierno del Frente de Todos (FdT) terminó con un presupuesto de 15.557,8 millones de pesos para la AFI. De esos, 650 millones eran fondos reservados -según pudo reconstruir este diario. Es decir, representaban un cuatro por ciento del total que manejaba el organismo.
 
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) heredó el presupuesto, pero las partidas se incrementaron en marzo a 19.355,8 millones y en julio a 36.742 millones de pesos. El salto cuantitativo vino con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656, que se publicó este martes en el Boletín Oficial. De esa forma, el presupuesto para la SIDE será de 136.000 millones de pesos.
 
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, estimó que la SIDE tendrá un total de 103.000 millones de pesos que funcionarán como fondos reservados, lo que equivale a decir que el 75 por ciento de su presupuesto será secreto. En Unión por la Patria (UxP) llegaban al mismo cálculo. "Un aumento sin control para controlarnos", lo definió Ferraro.
 
En los fundamentos del DNU 656, el gobierno afirmó que las partidas se emplearán para la "reorganización" del sistema de inteligencia nacional y el "adecuado funcionamiento" de los órganos desconcentrados. "Tales fondos tendrán como principal destino el sistema de inteligencia nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina", dice el decreto.
 
"Esto se inscribe en el paradigma de que el aparato de seguridad e inteligencia, para ser eficaz, sólo puede funcionar bajo el régimen del secreto y los fondos reservados -ya sea que se usen legal o ilegalmente", explica la abogada Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
"El punto más cuestionable es que entienden que alrededor del 75 por ciento de los gastos tiene que ser reservado. Esto quiere decir que no se sabe en qué se gasta y que tiene controles diferentes a los gastos normales de cualquier otra dependencia pública. Si están pensando en ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el uso de los fondos, es posible deducir que están pensando en actividades encubiertas o que no implican dar necesariamente explicaciones", advierte Litvachky.
 
Argentina acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad que rodeó al atentado a la AMIA, a partir de una denuncia que presentó Memoria Activa con el acompañamiento del CELS. Según el tribunal regional, la SIDE jugó un rol fundamental para que no se conozca la verdad. La Cámara Federal de Casación confirmó este año las sentencias que se dictaron en el juicio de encubrimiento -que acreditó que la SIDE destinó 400.000 dólares de sus fondos reservados para pagarle a Carlos Telleldín para que declarase e involucrase falsamente en el ataque a un grupo de policías bonaerenses.
 
La SIDE usó sus fondos reservados para lo que se llamaba la "cadena de la felicidad", pagos que podían llegar a manos de periodistas, jueces o funcionarios. En los tribunales recuerdan con gracia un episodio en el que un juez agradeció por el envío de un sobre con dinero -destinado a financiar un viaje- y la sorpresa que tuvo al enterarse de que el mensajero se había quedado con parte del vuelto.
 
"Los fondos reservados serán destinados a operaciones de inteligencia contra quien no piense igual, contra los enemigos imaginarios del gobierno", dice la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan que fueron espiados durante el gobierno de Cambiemos. "Permitirán que las prácticas nefastas del macrismo se reiteren con viejos personajes y con recursos para destinar a actividades prohibidas por la ley de inteligencia nacional, todo lo cual es grave y constituye un retroceso en materia de derechos".
 
Para H.I.J.O.S Capital, "el regreso de la SIDE y las característica que le otorga el gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel son un enorme retroceso en nuestra democracia".
 
 
Un DNU en la mira
  
Además de la lógica opaca, la ampliación de partidas tiene otros problemas. Desde UxP remarcan que hay materias prohibidas que no se pueden tratar por DNU. Si bien no se prohíben las modificaciones presupuestarias, éste es un caso especial.
 
La ley de Administración Financiera (24.156) establece en su artículo 37 que quedan reservadas al Congreso nacional las decisiones que afectan al monto total del presupuesto y el monto de endeudamiento previsto así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. "Este decreto puede ser impugnado en la Comisión de Seguimiento de los DNU", anticipó el diputado nacional Leopoldo Moreau, que presidió hasta el año pasado la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
 
"No es una materia prohibida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, pero esto no es una reasignación presupuestaria. Esto es un nuevo presupuesto. Hay motivos por los cuales no es razonable el DNU de inteligencia y nosotros obviamente lo vamos a rechazar", amplía su colega Carolina Gaillard.
 
 
Las razones de la reforma
  
Para Agustín Rossi, exinterventor de la AFI durante el gobierno del Frente de Todos, el DNU de esta semana explica el de la semana anterior. "Ahora se entiende por qué hicieron esta estructura. Es el argumento que encontraron para justificar el aumento de los fondos reservados".
 
Moreau, por su parte, estimó que gran parte de los fondos serán usados para dotar de tecnología a la Agencia Federal de Ciberseguridad, que, según el DNU 614, estará habilitada a hacer interceptaciones. Es un punto que genera preocupación porque la ley le había quitado esa facultad a la AFI: actualmente, las "escuchas" están en poder de la Corte Suprema.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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