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Nacionales - 24-07-2024 / 10:07
REGRESA EL ESPIONAJE POLÍTICO ILEGAL, LOS PAGOS A TROLLS Y PARA DESVIAR A LA JUSTICIA, COMO EN EL CASO AMIA

Plata sí hay, para la corrupción libertaria: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados

Plata sí hay, para la corrupción libertaria: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados
Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias “Caputito”. Son “fondos reservados”, por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que decidió a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en “gastos reservados”.
La siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de Javier "el Loco" Milei renació bañada en oro. El Gobierno anarco capitalista dispuso por decreto otorgarle 100.000 millones de pesos en carácter de fondos reservados, sin rendición de cuentas, lo que vuelve muy difícil su control real y anuncia el regreso del espionaje político ilegal y las operaciones que lo caracterizaron. Desde los pagos para desviar a la Justicia, como en el caso AMIA, a la corrupción lisa y llana, como en la ley Banelco, para la compra de senadores nacionales. El 75 por ciento del presupuesto del organismo de inteligencia será secreto. Desde los organismos de DDHH y la oposición advierten sobre la falta de fiscalización de los servicios.
 
Con un escandaloso decreto, el Gobierno libertario dictaminó una salvaje erogación, el 400% más, para la nueva agencia de Inteligencia, que responde a Santiago Caputo, alias "Caputito". Son "fondos reservados", por lo que no se conocerá su destino. Disfrutando de su flamante composición menemista y, fundamentalmente, de su exuberante billetera que afortunadamente rebosa de fondos gracias a la decisión de Milei, que dictaminó a través de un escandaloso decreto con un broche de oro: que el dinero será utilizado en "gastos reservados".
 
La erogación de doce cifras ayudará a poner en marcha a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su nuevo armado reminiscente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y nutrido de exfuncionarios del menemismo. Para coronar, el área responde al influyente asesor de Gobierno Santiago Caputo.
 
Es que tan polémica como la magnitud del desembolso habilitado para la cartera que rinde cuentas directas al presidente es la justificación del monto garantizado. Según se detalló en el Boletín Oficial, la medida tiene el objetivo de brindar las "partidas presupuestarias" necesarias para "solventar las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los organismos que lo integran". Poco más se indica respecto de los motivos detrás de la disposición o del destino del dinero.

De hecho, el decreto establece explícitamente el "carácter reservado de los fondos", por lo que su utilización será discrecional y no requerirá de los mismos controles que las billeteras de cualquier otra cartera requieren. En criollo, esto significa que la población general jamás conocerá a qué fueron destinados los $100.000.000.000 de los que goza desde hoy la SIDE - lo único que se sabe hasta el momento es que el titular del organismo es el extitular de la AFI, Sergio Neiffert, que solo le rinde cuentas al desconocido asesor presidencial Santiago Caputo.

La casta sigue más viva que nunca. Ahora con muchos dineros del Estado, reservados y sin rendición
, para "encanutarlos" en beneficio propio y para la corrupción política lisa y llana haciendo uso de los sobornos y de los chantajes para obtener sus propósitos más espurios en perjuicio del pueblo.


La Opinión Popular

 
EL FANTASMA DEL ESPIONAJE Y DE UN ORGANISMO SIN CONTROL
 
Plata sí hay: volvió la SIDE y consiguió 100 mil millones de fondos reservados
 
 
Plata no hay, vocifera Javier Milei. Sin embargo, a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) no le va tan mal. Después de reformar todo el sistema por decreto, el gobierno decidió ampliar la partida en 100.000 millones de pesos, lo que representa un incremento del 878 por ciento. El agravante es que los fondos inyectados al organismo serán reservados, por lo que su control se vuelve más difuso -a lo que debe sumársele que aún no se conformó la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI).
 
Como advirtieron desde organismos de derechos humanos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los fondos reservados se usaron en el pasado para desviar la actuación de la justicia -como sucedió en el caso AMIA-, para la corrupción -como en la ley Banelco- y para las operaciones políticas.
 
La semana pasada, el gobierno de Milei decidió disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reflotar la SIDE -nombre asociado directamente con los sótanos de la política y la justicia argentina. La SIDE -a cargo de Sergio Darío Neiffert- es el vértice del sistema de inteligencia nacional, que también conforman la Dirección de Inteligencia Criminal -que depende de Patricia Bullrich- y la Dirección Inteligencia Estratégica Militar, que depende de Luis Petri.
 
Hacia el interior, la SIDE está conformada por tres órganos desconcentrados: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA) -a cargo de Alejandro Walter Colombo-, la Agencia Nacional de Seguridad (ANS) -en manos de Alejandro Cecati- y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) -que maneja Ariel Waissbein. A estos tres órganos se suma una división de Asuntos Internos, que supuestamente quedará bajo el control de un magistrado conocido de Neiffert.
 
El gobierno del Frente de Todos (FdT) terminó con un presupuesto de 15.557,8 millones de pesos para la AFI. De esos, 650 millones eran fondos reservados -según pudo reconstruir este diario. Es decir, representaban un cuatro por ciento del total que manejaba el organismo.
 
El gobierno de La Libertad Avanza (LLA) heredó el presupuesto, pero las partidas se incrementaron en marzo a 19.355,8 millones y en julio a 36.742 millones de pesos. El salto cuantitativo vino con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656, que se publicó este martes en el Boletín Oficial. De esa forma, el presupuesto para la SIDE será de 136.000 millones de pesos.
 
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica (CC) de Elisa Carrió, estimó que la SIDE tendrá un total de 103.000 millones de pesos que funcionarán como fondos reservados, lo que equivale a decir que el 75 por ciento de su presupuesto será secreto. En Unión por la Patria (UxP) llegaban al mismo cálculo. "Un aumento sin control para controlarnos", lo definió Ferraro.
 
En los fundamentos del DNU 656, el gobierno afirmó que las partidas se emplearán para la "reorganización" del sistema de inteligencia nacional y el "adecuado funcionamiento" de los órganos desconcentrados. "Tales fondos tendrán como principal destino el sistema de inteligencia nacional para garantizar la seguridad, defensa e integridad de la República Argentina", dice el decreto.
 
"Esto se inscribe en el paradigma de que el aparato de seguridad e inteligencia, para ser eficaz, sólo puede funcionar bajo el régimen del secreto y los fondos reservados -ya sea que se usen legal o ilegalmente", explica la abogada Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
"El punto más cuestionable es que entienden que alrededor del 75 por ciento de los gastos tiene que ser reservado. Esto quiere decir que no se sabe en qué se gasta y que tiene controles diferentes a los gastos normales de cualquier otra dependencia pública. Si están pensando en ese nivel de discrecionalidad y arbitrariedad en el uso de los fondos, es posible deducir que están pensando en actividades encubiertas o que no implican dar necesariamente explicaciones", advierte Litvachky.
 
Argentina acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la impunidad que rodeó al atentado a la AMIA, a partir de una denuncia que presentó Memoria Activa con el acompañamiento del CELS. Según el tribunal regional, la SIDE jugó un rol fundamental para que no se conozca la verdad. La Cámara Federal de Casación confirmó este año las sentencias que se dictaron en el juicio de encubrimiento -que acreditó que la SIDE destinó 400.000 dólares de sus fondos reservados para pagarle a Carlos Telleldín para que declarase e involucrase falsamente en el ataque a un grupo de policías bonaerenses.
 
La SIDE usó sus fondos reservados para lo que se llamaba la "cadena de la felicidad", pagos que podían llegar a manos de periodistas, jueces o funcionarios. En los tribunales recuerdan con gracia un episodio en el que un juez agradeció por el envío de un sobre con dinero -destinado a financiar un viaje- y la sorpresa que tuvo al enterarse de que el mensajero se había quedado con parte del vuelto.
 
"Los fondos reservados serán destinados a operaciones de inteligencia contra quien no piense igual, contra los enemigos imaginarios del gobierno", dice la abogada Valeria Carreras, que representa a familiares de los submarinistas del ARA San Juan que fueron espiados durante el gobierno de Cambiemos. "Permitirán que las prácticas nefastas del macrismo se reiteren con viejos personajes y con recursos para destinar a actividades prohibidas por la ley de inteligencia nacional, todo lo cual es grave y constituye un retroceso en materia de derechos".
 
Para H.I.J.O.S Capital, "el regreso de la SIDE y las característica que le otorga el gobierno de Milei y (Victoria) Villarruel son un enorme retroceso en nuestra democracia".
 
 
Un DNU en la mira
  
Además de la lógica opaca, la ampliación de partidas tiene otros problemas. Desde UxP remarcan que hay materias prohibidas que no se pueden tratar por DNU. Si bien no se prohíben las modificaciones presupuestarias, éste es un caso especial.
 
La ley de Administración Financiera (24.156) establece en su artículo 37 que quedan reservadas al Congreso nacional las decisiones que afectan al monto total del presupuesto y el monto de endeudamiento previsto así como las partidas que refieran a gastos reservados y de inteligencia. "Este decreto puede ser impugnado en la Comisión de Seguimiento de los DNU", anticipó el diputado nacional Leopoldo Moreau, que presidió hasta el año pasado la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.
 
"No es una materia prohibida por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, pero esto no es una reasignación presupuestaria. Esto es un nuevo presupuesto. Hay motivos por los cuales no es razonable el DNU de inteligencia y nosotros obviamente lo vamos a rechazar", amplía su colega Carolina Gaillard.
 
 
Las razones de la reforma
  
Para Agustín Rossi, exinterventor de la AFI durante el gobierno del Frente de Todos, el DNU de esta semana explica el de la semana anterior. "Ahora se entiende por qué hicieron esta estructura. Es el argumento que encontraron para justificar el aumento de los fondos reservados".
 
Moreau, por su parte, estimó que gran parte de los fondos serán usados para dotar de tecnología a la Agencia Federal de Ciberseguridad, que, según el DNU 614, estará habilitada a hacer interceptaciones. Es un punto que genera preocupación porque la ley le había quitado esa facultad a la AFI: actualmente, las "escuchas" están en poder de la Corte Suprema.
 
Por Luciana Bertoia
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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