21:33 | Lunes 15 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos
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Entre Ríos - 10-06-2010 / 10:06
Crónica del anuncio. Concluido el discurso de Fernández, los asambleístas lanzaron cánticos y gritos con consignas como “traidor” y otros epítetos irreproducibles
De un desalojo se pasó a una querella del gobierno contra asambleístas de la ciudad
Los asambleístas escuchan atentamente el anuncio del Gobierno Nacional de que los querellaría. Al finalizar el mismo, estallaron con gritos de bronca y repudio por la decisión adoptada.
Por Rubén Skubij y Carlos Riera
Asombro, perplejidad, indignación, sorpresa. Estas y otras sensaciones se observaron anoche en el refugio de Arroyo Verde y en la comunidad de Gualeguaychú al escuchar las palabras del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien anunció la denuncia que el gobierno nacional realizará contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, más precisamente contra vecinos "con nombre y apellido".
Asombro, perplejidad, indignación, sorpresa. Estas y otras sensaciones se observaron anoche en el refugio de Arroyo Verde y en la comunidad de Gualeguaychú al escuchar las palabras del Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien anunció la denuncia que el gobierno nacional realizará contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, más precisamente contra vecinos "con nombre y apellido".
La extensa jornada comenzó en horas tempranas en el kilómetro 28, a donde fueron arribando cientos de vecinos con el propósito de estar en la zona en el momento del arribo de la Gendarmería para concretar la orden emanada por el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel.
Una vez más, el paraje declarado histórico, ubicado sobre la ruta 136, 'cobró vida' en estos días y ayer fue epicentro de una las noticias más fuertes de los últimos tiempos. Claro que nadie se imaginaba que iban a terminar los asambleístas denunciados por el propio gobierno argentino.
El paso de las horas y la ausencia de los gendarmes "para hacer cumplir la orden del juez" de acuerdo a lo que se había informado a la Asamblea; hizo ganar más expectativa e incertidumbre a los ciudadanos.
Los periodistas de Radio Cero y Diario El Día, presentes durante toda la jornada, recepcionaron diversas interpretaciones: "Fernández viajó a Uruguay para reunirse con Pimentel", "Alax se pondrá en comunicación con Pimentel", "vienen a la tarde para intentar hacer el desalojo"; y muchas opiniones más.
Luego se conoció la noticia del encuentro de la Presidenta de la Nación con Aníbal Fernández y Julio Alax (ministro de Justicia) y de la conferencia que brindaría el Jefe de Gabinete. Con las cámaras encendidas de todos los canales de Capital Federal -con excepción del 7, emisora estatal-, y del Uruguay, en el interior del refugio se observó el discurso de Fernández y, con este, los reproches y enojos.
El funcionario dijo que el Gobierno presentó "una denuncia penal con nombres y apellidos", en la causa en la Justicia Federal contra quienes cortan el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
Entendió afirmó que para el gobierno nacional el conflicto por Botnia "terminó cuando se dictaminó el fallo" de La Haya, y consideró a los asambleístas de Gualeguaychú "han tenido actitudes radicalizadas". Abundó además que con "conductas" de los asambleístas se "impedirán el control y el monitoreo". (ver aparte)
Concluido el discurso comenzaron los cantos y gritos: "traidor" y otros epítetos irreproducibles. Jorge Fritzler no quiso responder y prefirió analizar las palabras. Gilda Veronesi dijo "estar sorprendida, no puedo creer que un gobierno de mi país ataque de esa manera a los vecinos que defienden el medio ambiente". En el mismo sentido se pronunció Ana Costa: "no podemos aceptar este indigno ataque, resulta que ahora somos culpables de que no puedan hacer un control. No lo quieren hacer, se olvidaron que gritaban a todos que era una causa nacional".
Reunión en el refugio
Se había establecido que la reunión de los miércoles se iba a realizar en Arroyo Verde. Hasta allí se dirigieron cientos de vecinos quienes dejaron en claro un rechazó enfático al nuevo paso dado por la gestión de Cristina Fernández. También se dio lectura de los nombres de vecinos que formularon la denuncia ante Pimentel y que derivó en una situación inesperada.
Con la entrada vedada a los periodistas, decenas de voces se escucharon y también con atención los abogados de la Asamblea formularon el primer análisis de la decisión de demandar penal y civilmente a un grupo de vecinos. ¿Quiénes y cuántos asambleístas son parte de la demanda del gobierno? ¿Por qué unos sí y no miles que votaron el corte años atrás?. Estas preguntas y otras tantas se efectuaron anoche.
Apoyo a Gualeguaychú
Ante la situación planteada en Gualeguaychú, "entendiendo que solo su comunidad puede decidir el modo de resistir el avasallamiento de sus derechos de vivir en un ambiente sano, nos manifestamos contrarios a toda acción represiva que se ejerza en Arroyo Verde", expresó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón.
Gendarmería Nacional, cuyo lema es ser el 'Centinela de la Patria', "dará por tierra con su esencia en caso de actuar contra los ciudadanos de Gualeguaychú, en particular, sabiendo íntimamente que le asiste la razón y el derecho a los ciudadanos".
En Colón, "en repudio y solidaridad, se estableció un alerta de movilización al puente Gral. Artigas en caso de que se instrumente la represión a los que desde hace 4 años se manifiestan en defensa de la vida, asumiendo una actitud digna, ante el atropello de Botnia UPM y el Estado incumplidor de la R. O. del Uruguay", se consignó.
Por su parte, Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, respondió con dureza a las declaraciones de Fernández. "Más que doble discurso, el gobierno K es directamente caradura. Dice que no va a reprimir a los asambleístas, pero los denuncia penalmente y de ese modo manda a reprimirlos. Así quiere ponerle punto final a la 'causa nacional' que decía Néstor Kirchner".
Carta abierta a Pimentel
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú remitió una carta abierta al Juez Federal Gustavo Pimentel y a la Fiscal Milagros Squivo. "Por estas horas llevan ustedes sobre sus hombros una carga impuesta por circunstancias a las que son ajenos. Se está pretendiendo utilizar el Código Penal como herramienta para enfrentar uno de los más intensos conflictos sociales que sacude a la República y que la trasciende porque involucra a un país vecino y a comunidades hermanas".
La instalación ilegal de la pastera contaminante de la empresa finlandesa Botnia-UPM en la Cuenca del Río Uruguay "ha desatado diferencias y enfrentamientos inimaginables en el pasado reciente cuando todo parecía prometer un futuro promisorio, hermanados los pueblos de la región en el origen y en el destino. Hoy, lamentablemente, se ciernen oscuros intereses sobre nuestra naturaleza que ponen en riesgo la vida y la salud del ecosistema y de las personas y son la matriz de las divisiones que lastiman a los pueblos. Estamos en medio de un profundo debate con una lucha activa por parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú que levanta una causa que no va a menguar por la aplicación de las estrechas posibilidades que otorga el procedimiento penal. Algo está pasando en la Argentina dada la conflictividad social existente".
"De modo tal que se está viendo como tanto en los fallos judiciales como en el pensamiento de calificados juristas, se pone de resalto que no es el derecho penal el camino para afrontar las luchas sociales. A ustedes los han colocado en una situación difícil, sobre todo porque quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aportar soluciones miran para otro lado en tanto alientan a los mezquinos que, impulsados por el lucro y la ambición, no dudan en denunciar resultando funcionales a quienes pretenden debilitarnos y fragmentarnos. Sin embargo, en su condición de ciudadanos y constructores del derecho, tienen una oportunidad de demostrar que se puede pasar por encima de las acechanzas y la oscuridad".
Recordar el fallo de La Haya
Han pasado varias semanas del fallo del tribunal de La Haya, el cual ordenó una serie de puntos que algunos olvidaron o no se dieron por aludido.
Por ejemplo, el punto 281 de la sentencia del Tribunal dice: "La Corte puntualiza que el Estatuto de 1975 pone a las Partes bajo un deber de cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí, para asegurar el cumplimiento de su objetivo y fin. La obligación de cooperar trae aparejado monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia).
En este sentido, la Corte observa que las Partes tienen una larga y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU, las Partes han establecido una real comunidad de intereses y derechos en el aprovechamiento del Río Uruguay y en la protección de su ambiente.
También han coordinado sus acciones a través del mecanismo conjunto de la CARU, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de 1975, y han hallado solucionas apropiadas a sus diferencias dentro de este marco sin sentir la necesidad de recurrir a la solución judicial de disputas que prevé el artículo 60 del Estatuto hasta que el presente caso fue incoado ante la Corte".
Por otra parte, los mandatarios acordaron llevar adelante a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) "un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia (Punto 281) de la Corte Internacional, del 20 de abril pasado. Además, "un plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay en el tramo compartido entre la República Oriental del Uruguay y Argentina".
Las acciones deben llevarse adelante "en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso relativo a las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay y del Estatuto del Río Uruguay de 1975", tal como señala textualmente el acuerdo firmado por Mujica y Cristina Fernández.
Instruyen también a sus respectivas delegaciones ante la CARU para que "en el término de 45 días acuerden, en el seno de dicha Comisión, los términos y criterios para la puesta en marcha de ambos planes y se comprometen asegurar los recursos financieros necesarios a tales fines".
Fuente: El Día (Gualeguaychú).
Una vez más, el paraje declarado histórico, ubicado sobre la ruta 136, 'cobró vida' en estos días y ayer fue epicentro de una las noticias más fuertes de los últimos tiempos. Claro que nadie se imaginaba que iban a terminar los asambleístas denunciados por el propio gobierno argentino.
El paso de las horas y la ausencia de los gendarmes "para hacer cumplir la orden del juez" de acuerdo a lo que se había informado a la Asamblea; hizo ganar más expectativa e incertidumbre a los ciudadanos.
Los periodistas de Radio Cero y Diario El Día, presentes durante toda la jornada, recepcionaron diversas interpretaciones: "Fernández viajó a Uruguay para reunirse con Pimentel", "Alax se pondrá en comunicación con Pimentel", "vienen a la tarde para intentar hacer el desalojo"; y muchas opiniones más.
Luego se conoció la noticia del encuentro de la Presidenta de la Nación con Aníbal Fernández y Julio Alax (ministro de Justicia) y de la conferencia que brindaría el Jefe de Gabinete. Con las cámaras encendidas de todos los canales de Capital Federal -con excepción del 7, emisora estatal-, y del Uruguay, en el interior del refugio se observó el discurso de Fernández y, con este, los reproches y enojos.
El funcionario dijo que el Gobierno presentó "una denuncia penal con nombres y apellidos", en la causa en la Justicia Federal contra quienes cortan el puente que une Gualeguaychú con Fray Bentos.
Entendió afirmó que para el gobierno nacional el conflicto por Botnia "terminó cuando se dictaminó el fallo" de La Haya, y consideró a los asambleístas de Gualeguaychú "han tenido actitudes radicalizadas". Abundó además que con "conductas" de los asambleístas se "impedirán el control y el monitoreo". (ver aparte)
Concluido el discurso comenzaron los cantos y gritos: "traidor" y otros epítetos irreproducibles. Jorge Fritzler no quiso responder y prefirió analizar las palabras. Gilda Veronesi dijo "estar sorprendida, no puedo creer que un gobierno de mi país ataque de esa manera a los vecinos que defienden el medio ambiente". En el mismo sentido se pronunció Ana Costa: "no podemos aceptar este indigno ataque, resulta que ahora somos culpables de que no puedan hacer un control. No lo quieren hacer, se olvidaron que gritaban a todos que era una causa nacional".
Reunión en el refugio
Se había establecido que la reunión de los miércoles se iba a realizar en Arroyo Verde. Hasta allí se dirigieron cientos de vecinos quienes dejaron en claro un rechazó enfático al nuevo paso dado por la gestión de Cristina Fernández. También se dio lectura de los nombres de vecinos que formularon la denuncia ante Pimentel y que derivó en una situación inesperada.
Con la entrada vedada a los periodistas, decenas de voces se escucharon y también con atención los abogados de la Asamblea formularon el primer análisis de la decisión de demandar penal y civilmente a un grupo de vecinos. ¿Quiénes y cuántos asambleístas son parte de la demanda del gobierno? ¿Por qué unos sí y no miles que votaron el corte años atrás?. Estas preguntas y otras tantas se efectuaron anoche.
Apoyo a Gualeguaychú
Ante la situación planteada en Gualeguaychú, "entendiendo que solo su comunidad puede decidir el modo de resistir el avasallamiento de sus derechos de vivir en un ambiente sano, nos manifestamos contrarios a toda acción represiva que se ejerza en Arroyo Verde", expresó la Asamblea Ciudadana Ambiental de Colón.
Gendarmería Nacional, cuyo lema es ser el 'Centinela de la Patria', "dará por tierra con su esencia en caso de actuar contra los ciudadanos de Gualeguaychú, en particular, sabiendo íntimamente que le asiste la razón y el derecho a los ciudadanos".
En Colón, "en repudio y solidaridad, se estableció un alerta de movilización al puente Gral. Artigas en caso de que se instrumente la represión a los que desde hace 4 años se manifiestan en defensa de la vida, asumiendo una actitud digna, ante el atropello de Botnia UPM y el Estado incumplidor de la R. O. del Uruguay", se consignó.
Por su parte, Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, respondió con dureza a las declaraciones de Fernández. "Más que doble discurso, el gobierno K es directamente caradura. Dice que no va a reprimir a los asambleístas, pero los denuncia penalmente y de ese modo manda a reprimirlos. Así quiere ponerle punto final a la 'causa nacional' que decía Néstor Kirchner".
Carta abierta a Pimentel
La Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú remitió una carta abierta al Juez Federal Gustavo Pimentel y a la Fiscal Milagros Squivo. "Por estas horas llevan ustedes sobre sus hombros una carga impuesta por circunstancias a las que son ajenos. Se está pretendiendo utilizar el Código Penal como herramienta para enfrentar uno de los más intensos conflictos sociales que sacude a la República y que la trasciende porque involucra a un país vecino y a comunidades hermanas".
La instalación ilegal de la pastera contaminante de la empresa finlandesa Botnia-UPM en la Cuenca del Río Uruguay "ha desatado diferencias y enfrentamientos inimaginables en el pasado reciente cuando todo parecía prometer un futuro promisorio, hermanados los pueblos de la región en el origen y en el destino. Hoy, lamentablemente, se ciernen oscuros intereses sobre nuestra naturaleza que ponen en riesgo la vida y la salud del ecosistema y de las personas y son la matriz de las divisiones que lastiman a los pueblos. Estamos en medio de un profundo debate con una lucha activa por parte de la Asamblea Ciudadana Ambiental Gualeguaychú que levanta una causa que no va a menguar por la aplicación de las estrechas posibilidades que otorga el procedimiento penal. Algo está pasando en la Argentina dada la conflictividad social existente".
"De modo tal que se está viendo como tanto en los fallos judiciales como en el pensamiento de calificados juristas, se pone de resalto que no es el derecho penal el camino para afrontar las luchas sociales. A ustedes los han colocado en una situación difícil, sobre todo porque quienes tienen en sus manos la responsabilidad de aportar soluciones miran para otro lado en tanto alientan a los mezquinos que, impulsados por el lucro y la ambición, no dudan en denunciar resultando funcionales a quienes pretenden debilitarnos y fragmentarnos. Sin embargo, en su condición de ciudadanos y constructores del derecho, tienen una oportunidad de demostrar que se puede pasar por encima de las acechanzas y la oscuridad".
Recordar el fallo de La Haya
Han pasado varias semanas del fallo del tribunal de La Haya, el cual ordenó una serie de puntos que algunos olvidaron o no se dieron por aludido.
Por ejemplo, el punto 281 de la sentencia del Tribunal dice: "La Corte puntualiza que el Estatuto de 1975 pone a las Partes bajo un deber de cooperar entre ellas, en los términos establecidos allí, para asegurar el cumplimiento de su objetivo y fin. La obligación de cooperar trae aparejado monitoreo continuo de un establecimiento industrial, como la planta Orion (Botnia).
En este sentido, la Corte observa que las Partes tienen una larga y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU, las Partes han establecido una real comunidad de intereses y derechos en el aprovechamiento del Río Uruguay y en la protección de su ambiente.
También han coordinado sus acciones a través del mecanismo conjunto de la CARU, de conformidad con las disposiciones del Estatuto de 1975, y han hallado solucionas apropiadas a sus diferencias dentro de este marco sin sentir la necesidad de recurrir a la solución judicial de disputas que prevé el artículo 60 del Estatuto hasta que el presente caso fue incoado ante la Corte".
Por otra parte, los mandatarios acordaron llevar adelante a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) "un plan de vigilancia para la planta de Botnia-UPM, conforme a lo establecido en la sentencia (Punto 281) de la Corte Internacional, del 20 de abril pasado. Además, "un plan de control y prevención de la contaminación del Río Uruguay en el tramo compartido entre la República Oriental del Uruguay y Argentina".
Las acciones deben llevarse adelante "en cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, en el caso relativo a las plantas de celulosa sobre el Río Uruguay y del Estatuto del Río Uruguay de 1975", tal como señala textualmente el acuerdo firmado por Mujica y Cristina Fernández.
Instruyen también a sus respectivas delegaciones ante la CARU para que "en el término de 45 días acuerden, en el seno de dicha Comisión, los términos y criterios para la puesta en marcha de ambos planes y se comprometen asegurar los recursos financieros necesarios a tales fines".
Fuente: El Día (Gualeguaychú).
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