12:17 | Miercoles 04 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-07-2024 / 09:07

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Antes de asumir, Federico Sturzenegger ya sentó las bases de su nefasto plan

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.

El país transita la tercera experiencia de Federico Sturzenegger en el gobierno. Tiene facultades políticas y legales para realizar una intervención profunda en el Estado. Expectativas y realidad de un gobierno en búsqueda de oxigeno.

Javier Milei no miente cuando se jacta de haber hecho "la reforma estructural más grande de la Argentina". Las disposiciones del DNU 70/23, que sigue en vigencia (con la excepción de un puñado de artículos frenados por el Poder Judicial), sumadas a las que fueron sancionadas en el marco de la ley de bases, sentaron la arquitectura legal para dar vuelta el país como una media.

Sus efectos pueden ser diferidos pero están destinados a cambiar, thatcherianamente, más temprano que tarde, el espíritu de la Nación, a quebrarlo hasta volverlo irreconocible. Ese es el objetivo explícito. El ejecutor es un viejo conocido: Federico Sturzenneger.

El problema es que todo lo que se hizo hasta ahora resulta insuficiente. Ni la aprobación tácita del DNU ni la explícita de la ley alcanzan para aplacar las dudas que generan un plan económico inconsistente y un gobierno sin palabra.

Sin devaluación ni salida del cepo, nadie quiere apostar la suya: ni el campo, que liquidó apenas lo mínimo y necesario, ni el FMI, ni siquiera los empresarios locales que dictaron al oído del presidente las reformas que siempre soñaron y luego hicieron todo lo posible para conseguir su aprobación. Los grandes beneficiarios de estos primeros meses de Milei ya pasaron por caja, pero sólo retiraron su parte.

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.

Para sus primeros días en el cargo promete una nueva tanda de reformas. Gracias a la tarea de diputados y senadores, muchas de ellas podrán llevarse a cabo sin pasar por el Congreso; entre ellas algunas de las iniciativas que eran parte de la ley de bases original y quedaron por el camino fruto de las negociaciones con sus aliados.

A partir del viernes 29 de diciembre del año pasado está vigente el DNU 70/23. Ya lleva más de medio año.

Desde entonces rigen, entre otras, las siguientes reformas:

·         Derogación de la ley de alquileres y desregulación del mercado inmobiliario.
·         Derogación de la ley de tierras. Ya no hay límites para la adquisición de territorios limítrofes por capitales extranjeros.
·         Derogación de la ley de abastecimiento. El gobierno no tiene herramientas para intervenir en el mercado interno en casos de escasez.
·         Derogación de la ley de góndolas y el observatorio de precios, dos de los mecanismos que regulaban el comercio minorista para proteger a consumidores y empresas pequeñas y medianas de conductas predatorias de los grandes jugadores del sector.
·         Desregulación del mercado aerocomercial. Esta semana se publicarán más decretos complementarios para avanzar en este sentido.
·         Desregulación de la salud privada. Permitió la espiralización de los precios de las prepagas.
·         Desregulación de las tarjetas de crédito. No hay límite para los intereses y punitorios por mora.
·         Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, paso previo para su privatización.
·         Eliminación de los programas de promoción industrial y comercial y derogación de la ley de compre argentino. Condena a la desaparición a miles de PyMEs.
·         Derogación de regímenes jurídicos que norman industrias con actores dominantes, como la del azúcar.
·         Eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero, que se encargaba de los controles de esa actividad.
·         Modificaciones al Código Aduanero y al régimen de comercio exterior para eliminar cupos, controles y tasas de importación y exportación.
·         Modificaciones al Código Civil y Comercial para dar márgenes mayores de libertad contractual, erosionando la protección de la parte más débil.
·         Obligación de pagar los compromisos en moneda extranjera en la misma divisa, no pudiendo saldarse en moneda de curso legal.
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El decreto fue cuestionado judicialmente por no corroborarse las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional para que el presidente se arrogue facultades legislativas. Siete meses más tarde, la Corte Suprema no se explayó todavía sobre la cuestión. Resulta evidente que no existe tal urgencia, pero a efectos prácticos el máximo tribunal aceptó la validez del DNU. El Congreso tampoco pudo ponerle un freno.

A pesar del rechazo en el Senado, la ley que reglamenta establece que para derogarlo es necesario el concurso de ambas cámaras. Hasta ahora, los diputados no lo han puesto en consideración.

En cambio el Poder Legislativo sí aprobó, finalmente, en los últimos días de junio, la ley de bases junto al acuerdo fiscal. En cuanto se publique la reglamentación (una tarea que se está demorando más de lo previsto y, según fuentes oficiales, podría ir ejecutándose de manera paulatina durante varios meses), tendrá plena vigencia otra serie de normas que avanzan en el mismo sentido que el decreto 70/23:

·         Delegación de facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética.
·         Reforma del Estado. Facultades para la modificación, reorganización, transferencia a provincias y eliminación de organismos públicos. Control sobre los fondos fiduciarios públicos.
·         Privatización de empresas públicas (AySA, Nucleoeléctrica Argentina, los trenes, entre otras).
·         Reforma de procedimiento administrativo. Interpretación positiva del silencio administrativo para ciertos casos.
·         Reforma de la ley de empleo público. Eliminación de la estabilidad de la planta permanente. Se habilitan las jubilaciones forzadas. Prohibición de la actividad política a los empleados públicos. Endurecimiento de sanciones.
·         Renegociación de todos los contratos de obra pública.
·         Blanqueo laboral sin costos para el empleador.
·         Reforma laboral. Reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese. Ampliación de los períodos de prueba. Eliminación de multas por subregistro. Flexibilización de las relaciones laborales. Límites en el derecho a protesta.
·         Desregulación de la actividad hidrocarburífera. Se elimina la prioridad del abastecimiento interno.
·         Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con beneficios estúpidamente generosos y garantía de estabilidad durante tres décadas.
·         Blanqueo de capitales casi gratis, apalancado en una reforma fiscal que le baja el impuesto a los Bienes Personales a los más ricos y vuelve a imponer Ganancias a un millón de trabajadores que no alcanzan a cubrir dos canastas básicas.
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Entre los planes inmediatos del flamante ministro están:

·         Despido de alrededor de 30 mil empleados estatales, entre contratados, transitorios y permanentes.
·         Una ley (bautizada "hojarasca") y varios decretos simples que eliminarán regulaciones para el sector privado, incluyendo normas de control ambiental, bromatología, de seguridad, entre otros.
·         Profundización de la apertura comercial, con eliminación de aranceles, cupos y controles.
·         Reforma electoral y política. Eliminación de las PASO. Boleta única. Relajamiento en los límites para el financiamiento privado de la política.
·         Privatizaciones de las empresas que fueron excluidas de la ley de bases.
·         Derogación o modificación de leyes ambientales, como la ley de fuegos, ley de bosques y ley de glaciares.
·         Reforma educativa, incluyendo el arancelamiento universitario.
·         Derogación de la ley de competencia.
·         Desregulación de la actividad editorial
·         Desregulación del mercado de compra, venta y reventa de entradas para espectáculos.
·         Eliminación o reducción del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, del INCAA, del Instituto Nacional de la Música y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
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Nunca está de más recordarlo. Estamos transitando la tercera experiencia de Sturzenegger en el gobierno. Las otras no terminaron bien. En el sector privado nunca serían tan indulgentes. Para peor, las similitudes son alarmantes. En marzo de 2001, asumió, jovencísimo, como número dos de Domingo Cavallo en el ministerio de Economía, para salvar el gobierno de Fernando De La Rúa. Contaban, para esa tarea, con facultades extraordinarias aprobadas con pocos días de diferencia en el Congreso. La consigna, igual que ahora, era déficit cero. Con la recaudación fiscal se debían pagar intereses de la deuda antes que los salarios.

Fue el autor intelectual y material del "megacanje", una operación que engrosó criminalmente la deuda pública y empapeló a los bancos con letras del Tesoro garantizadas por el dinero de los impuestos. Con una recesión galopante, la actividad cayó a pique y, con ella, la recaudación que respaldaba esos papeles. El final de la historia lo conocemos. Depósitos incautados, muertos en las calles y la sucesión de cinco presidentes en una semana; pero para Sturzenegger y algunos bancos intermediarios fue una operación por demás lucrativa. Fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo sobreseyeron 15 años más tarde, convenientemente a poco de comenzar su segundo paso por la administración nacional, en esta ocasión como presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. En aquel momento decidieron sacar el cepo de golpe pero no tocaron el déficit fiscal, que incluso aumentó. Exactamente al revés que ahora, que fueron a fondo por el superávit pero no levantan las regulaciones cambiarias. No es casualidad: hasta ellos saben que si aplican las recetas que predican, todo vuela por los aires. Por eso intentan, cada vez, distintas combinaciones de shock y gradualismo, ortodoxia y heterodoxia. Nunca funciona.

Uno podría creer que, a esta altura del partido, existió un aprendizaje y esta vez las cosas pueden terminar distinto. Pues no. Como casi todos los especímenes del ecosistema Milei, el flamante ministro está fascinado con Elon Musk. Su biografía circula de mano en mano en el gabinete. En las habituales charlas que da con empresarios, Sturzenegger destaca un pasaje de ese libro que sirve para explicar a la perfección qué podemos esperar de esta, su tercera experiencia en el gobierno. Se refiere a SpaceX, la empresa que tiene el dueño de Tesla y que se dedica a desarrollar vehículos de transporte espacial.

En sus charlas, el ministro cuenta que cuando empezó a desarrollar cohetes, un ingeniero le advirtió a Musk que había que hacer una serie de pruebas antes del primer lanzamiento. El magnate amenazó con echar al ingeniero hasta que le explicaron que eran requerimientos de la NASA. "Por eso los cohetes de la NASA salen 2000 millones y yo voy a fabricarlos por 100 millones", dijo. Sturzenegger explica que Musk prefiere no hacer ningún test y dejar que los cohetes fallen y exploten que sobrecargar los costos con exámenes preventivos. "No se trata de evitar riesgos sino de encontrar rápido dónde está el problema y resolverlo", es la lección.

Musk necesitó tres despegues fallidos antes de anotar su primer éxito. Ninguno de esos cohetes estaba tripulado. Sturzenegger intentará, por tercera vez, hacer despegar su experimento económico. A bordo viajamos los 47 millones de argentinos.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular

02-02-2026 / 11:02

Politica Comic Show: Javier “el Loco” Milei y el insulto como política de Estado

El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.

Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.

Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.

A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."

Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.

Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar. Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.

La Opinión Popular

01-02-2026 / 10:02

La política del engaño: Pinocho Milei gobierna en base de exageraciones y datos falsos

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.

Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.

El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.

La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.

Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.

La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.

La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.

En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.

La Opinión Popular

31-01-2026 / 09:01

La política del grotesco de Milei sin propuesta alguna para el conjunto del pueblo

Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.

Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.

Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.

Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.

Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.

Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.

Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.

Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.

Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.

Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.

Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.

El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso.