18:27 | Domingo 16 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 07-07-2024 / 09:07

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Antes de asumir, Federico Sturzenegger ya sentó las bases de su nefasto plan

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.

El país transita la tercera experiencia de Federico Sturzenegger en el gobierno. Tiene facultades políticas y legales para realizar una intervención profunda en el Estado. Expectativas y realidad de un gobierno en búsqueda de oxigeno.

Javier Milei no miente cuando se jacta de haber hecho "la reforma estructural más grande de la Argentina". Las disposiciones del DNU 70/23, que sigue en vigencia (con la excepción de un puñado de artículos frenados por el Poder Judicial), sumadas a las que fueron sancionadas en el marco de la ley de bases, sentaron la arquitectura legal para dar vuelta el país como una media.

Sus efectos pueden ser diferidos pero están destinados a cambiar, thatcherianamente, más temprano que tarde, el espíritu de la Nación, a quebrarlo hasta volverlo irreconocible. Ese es el objetivo explícito. El ejecutor es un viejo conocido: Federico Sturzenneger.

El problema es que todo lo que se hizo hasta ahora resulta insuficiente. Ni la aprobación tácita del DNU ni la explícita de la ley alcanzan para aplacar las dudas que generan un plan económico inconsistente y un gobierno sin palabra.

Sin devaluación ni salida del cepo, nadie quiere apostar la suya: ni el campo, que liquidó apenas lo mínimo y necesario, ni el FMI, ni siquiera los empresarios locales que dictaron al oído del presidente las reformas que siempre soñaron y luego hicieron todo lo posible para conseguir su aprobación. Los grandes beneficiarios de estos primeros meses de Milei ya pasaron por caja, pero sólo retiraron su parte.

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.

Para sus primeros días en el cargo promete una nueva tanda de reformas. Gracias a la tarea de diputados y senadores, muchas de ellas podrán llevarse a cabo sin pasar por el Congreso; entre ellas algunas de las iniciativas que eran parte de la ley de bases original y quedaron por el camino fruto de las negociaciones con sus aliados.

A partir del viernes 29 de diciembre del año pasado está vigente el DNU 70/23. Ya lleva más de medio año.

Desde entonces rigen, entre otras, las siguientes reformas:

·         Derogación de la ley de alquileres y desregulación del mercado inmobiliario.
·         Derogación de la ley de tierras. Ya no hay límites para la adquisición de territorios limítrofes por capitales extranjeros.
·         Derogación de la ley de abastecimiento. El gobierno no tiene herramientas para intervenir en el mercado interno en casos de escasez.
·         Derogación de la ley de góndolas y el observatorio de precios, dos de los mecanismos que regulaban el comercio minorista para proteger a consumidores y empresas pequeñas y medianas de conductas predatorias de los grandes jugadores del sector.
·         Desregulación del mercado aerocomercial. Esta semana se publicarán más decretos complementarios para avanzar en este sentido.
·         Desregulación de la salud privada. Permitió la espiralización de los precios de las prepagas.
·         Desregulación de las tarjetas de crédito. No hay límite para los intereses y punitorios por mora.
·         Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, paso previo para su privatización.
·         Eliminación de los programas de promoción industrial y comercial y derogación de la ley de compre argentino. Condena a la desaparición a miles de PyMEs.
·         Derogación de regímenes jurídicos que norman industrias con actores dominantes, como la del azúcar.
·         Eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero, que se encargaba de los controles de esa actividad.
·         Modificaciones al Código Aduanero y al régimen de comercio exterior para eliminar cupos, controles y tasas de importación y exportación.
·         Modificaciones al Código Civil y Comercial para dar márgenes mayores de libertad contractual, erosionando la protección de la parte más débil.
·         Obligación de pagar los compromisos en moneda extranjera en la misma divisa, no pudiendo saldarse en moneda de curso legal.
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El decreto fue cuestionado judicialmente por no corroborarse las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional para que el presidente se arrogue facultades legislativas. Siete meses más tarde, la Corte Suprema no se explayó todavía sobre la cuestión. Resulta evidente que no existe tal urgencia, pero a efectos prácticos el máximo tribunal aceptó la validez del DNU. El Congreso tampoco pudo ponerle un freno.

A pesar del rechazo en el Senado, la ley que reglamenta establece que para derogarlo es necesario el concurso de ambas cámaras. Hasta ahora, los diputados no lo han puesto en consideración.

En cambio el Poder Legislativo sí aprobó, finalmente, en los últimos días de junio, la ley de bases junto al acuerdo fiscal. En cuanto se publique la reglamentación (una tarea que se está demorando más de lo previsto y, según fuentes oficiales, podría ir ejecutándose de manera paulatina durante varios meses), tendrá plena vigencia otra serie de normas que avanzan en el mismo sentido que el decreto 70/23:

·         Delegación de facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética.
·         Reforma del Estado. Facultades para la modificación, reorganización, transferencia a provincias y eliminación de organismos públicos. Control sobre los fondos fiduciarios públicos.
·         Privatización de empresas públicas (AySA, Nucleoeléctrica Argentina, los trenes, entre otras).
·         Reforma de procedimiento administrativo. Interpretación positiva del silencio administrativo para ciertos casos.
·         Reforma de la ley de empleo público. Eliminación de la estabilidad de la planta permanente. Se habilitan las jubilaciones forzadas. Prohibición de la actividad política a los empleados públicos. Endurecimiento de sanciones.
·         Renegociación de todos los contratos de obra pública.
·         Blanqueo laboral sin costos para el empleador.
·         Reforma laboral. Reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese. Ampliación de los períodos de prueba. Eliminación de multas por subregistro. Flexibilización de las relaciones laborales. Límites en el derecho a protesta.
·         Desregulación de la actividad hidrocarburífera. Se elimina la prioridad del abastecimiento interno.
·         Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con beneficios estúpidamente generosos y garantía de estabilidad durante tres décadas.
·         Blanqueo de capitales casi gratis, apalancado en una reforma fiscal que le baja el impuesto a los Bienes Personales a los más ricos y vuelve a imponer Ganancias a un millón de trabajadores que no alcanzan a cubrir dos canastas básicas.
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Entre los planes inmediatos del flamante ministro están:

·         Despido de alrededor de 30 mil empleados estatales, entre contratados, transitorios y permanentes.
·         Una ley (bautizada "hojarasca") y varios decretos simples que eliminarán regulaciones para el sector privado, incluyendo normas de control ambiental, bromatología, de seguridad, entre otros.
·         Profundización de la apertura comercial, con eliminación de aranceles, cupos y controles.
·         Reforma electoral y política. Eliminación de las PASO. Boleta única. Relajamiento en los límites para el financiamiento privado de la política.
·         Privatizaciones de las empresas que fueron excluidas de la ley de bases.
·         Derogación o modificación de leyes ambientales, como la ley de fuegos, ley de bosques y ley de glaciares.
·         Reforma educativa, incluyendo el arancelamiento universitario.
·         Derogación de la ley de competencia.
·         Desregulación de la actividad editorial
·         Desregulación del mercado de compra, venta y reventa de entradas para espectáculos.
·         Eliminación o reducción del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, del INCAA, del Instituto Nacional de la Música y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
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Nunca está de más recordarlo. Estamos transitando la tercera experiencia de Sturzenegger en el gobierno. Las otras no terminaron bien. En el sector privado nunca serían tan indulgentes. Para peor, las similitudes son alarmantes. En marzo de 2001, asumió, jovencísimo, como número dos de Domingo Cavallo en el ministerio de Economía, para salvar el gobierno de Fernando De La Rúa. Contaban, para esa tarea, con facultades extraordinarias aprobadas con pocos días de diferencia en el Congreso. La consigna, igual que ahora, era déficit cero. Con la recaudación fiscal se debían pagar intereses de la deuda antes que los salarios.

Fue el autor intelectual y material del "megacanje", una operación que engrosó criminalmente la deuda pública y empapeló a los bancos con letras del Tesoro garantizadas por el dinero de los impuestos. Con una recesión galopante, la actividad cayó a pique y, con ella, la recaudación que respaldaba esos papeles. El final de la historia lo conocemos. Depósitos incautados, muertos en las calles y la sucesión de cinco presidentes en una semana; pero para Sturzenegger y algunos bancos intermediarios fue una operación por demás lucrativa. Fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo sobreseyeron 15 años más tarde, convenientemente a poco de comenzar su segundo paso por la administración nacional, en esta ocasión como presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. En aquel momento decidieron sacar el cepo de golpe pero no tocaron el déficit fiscal, que incluso aumentó. Exactamente al revés que ahora, que fueron a fondo por el superávit pero no levantan las regulaciones cambiarias. No es casualidad: hasta ellos saben que si aplican las recetas que predican, todo vuela por los aires. Por eso intentan, cada vez, distintas combinaciones de shock y gradualismo, ortodoxia y heterodoxia. Nunca funciona.

Uno podría creer que, a esta altura del partido, existió un aprendizaje y esta vez las cosas pueden terminar distinto. Pues no. Como casi todos los especímenes del ecosistema Milei, el flamante ministro está fascinado con Elon Musk. Su biografía circula de mano en mano en el gabinete. En las habituales charlas que da con empresarios, Sturzenegger destaca un pasaje de ese libro que sirve para explicar a la perfección qué podemos esperar de esta, su tercera experiencia en el gobierno. Se refiere a SpaceX, la empresa que tiene el dueño de Tesla y que se dedica a desarrollar vehículos de transporte espacial.

En sus charlas, el ministro cuenta que cuando empezó a desarrollar cohetes, un ingeniero le advirtió a Musk que había que hacer una serie de pruebas antes del primer lanzamiento. El magnate amenazó con echar al ingeniero hasta que le explicaron que eran requerimientos de la NASA. "Por eso los cohetes de la NASA salen 2000 millones y yo voy a fabricarlos por 100 millones", dijo. Sturzenegger explica que Musk prefiere no hacer ningún test y dejar que los cohetes fallen y exploten que sobrecargar los costos con exámenes preventivos. "No se trata de evitar riesgos sino de encontrar rápido dónde está el problema y resolverlo", es la lección.

Musk necesitó tres despegues fallidos antes de anotar su primer éxito. Ninguno de esos cohetes estaba tripulado. Sturzenegger intentará, por tercera vez, hacer despegar su experimento económico. A bordo viajamos los 47 millones de argentinos.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

16-11-2025 / 09:11

Coimeros: Macri, Milei, Spagnuolo y la trama detrás de los sobre precios increíbles y el 3% para la hermana Karina

El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.

Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.

Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.

En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".

La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.

Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.

A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.

El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.

15-11-2025 / 10:11

La falacia de los precios y la pobreza: la inflación sigue subiendo, pero el Indec no refleja la realidad

Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.

Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.

Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.

La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.

La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.

La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.

En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.

La Opinión Popular

15-11-2025 / 09:11

Miserable sumisión del gobierno del cipayo Javier Milei a Donald Trump

En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza.

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".

Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.

Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.

En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.

No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.

Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.

La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.

La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía.

14-11-2025 / 09:11

Yes, bwana: Acuerdo del Loco Milei con Trump para convertir Argentina en colonia yanqui

La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.

Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.

El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.

En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.

El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.

Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.

Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.

La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11

La reforma laboral esclavista, promovida por el Loco Milei, ni moderniza ni crea empleo

Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.

El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?

Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.

Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.

Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.

No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.

¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...

Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres.

La Opinión Popular