12:23 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 07-07-2024 / 09:07

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Antes de asumir, Federico Sturzenegger ya sentó las bases de su nefasto plan

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.

El país transita la tercera experiencia de Federico Sturzenegger en el gobierno. Tiene facultades políticas y legales para realizar una intervención profunda en el Estado. Expectativas y realidad de un gobierno en búsqueda de oxigeno.

Javier Milei no miente cuando se jacta de haber hecho "la reforma estructural más grande de la Argentina". Las disposiciones del DNU 70/23, que sigue en vigencia (con la excepción de un puñado de artículos frenados por el Poder Judicial), sumadas a las que fueron sancionadas en el marco de la ley de bases, sentaron la arquitectura legal para dar vuelta el país como una media.

Sus efectos pueden ser diferidos pero están destinados a cambiar, thatcherianamente, más temprano que tarde, el espíritu de la Nación, a quebrarlo hasta volverlo irreconocible. Ese es el objetivo explícito. El ejecutor es un viejo conocido: Federico Sturzenneger.

El problema es que todo lo que se hizo hasta ahora resulta insuficiente. Ni la aprobación tácita del DNU ni la explícita de la ley alcanzan para aplacar las dudas que generan un plan económico inconsistente y un gobierno sin palabra.

Sin devaluación ni salida del cepo, nadie quiere apostar la suya: ni el campo, que liquidó apenas lo mínimo y necesario, ni el FMI, ni siquiera los empresarios locales que dictaron al oído del presidente las reformas que siempre soñaron y luego hicieron todo lo posible para conseguir su aprobación. Los grandes beneficiarios de estos primeros meses de Milei ya pasaron por caja, pero sólo retiraron su parte.

Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.

Para sus primeros días en el cargo promete una nueva tanda de reformas. Gracias a la tarea de diputados y senadores, muchas de ellas podrán llevarse a cabo sin pasar por el Congreso; entre ellas algunas de las iniciativas que eran parte de la ley de bases original y quedaron por el camino fruto de las negociaciones con sus aliados.

A partir del viernes 29 de diciembre del año pasado está vigente el DNU 70/23. Ya lleva más de medio año.

Desde entonces rigen, entre otras, las siguientes reformas:

·         Derogación de la ley de alquileres y desregulación del mercado inmobiliario.
·         Derogación de la ley de tierras. Ya no hay límites para la adquisición de territorios limítrofes por capitales extranjeros.
·         Derogación de la ley de abastecimiento. El gobierno no tiene herramientas para intervenir en el mercado interno en casos de escasez.
·         Derogación de la ley de góndolas y el observatorio de precios, dos de los mecanismos que regulaban el comercio minorista para proteger a consumidores y empresas pequeñas y medianas de conductas predatorias de los grandes jugadores del sector.
·         Desregulación del mercado aerocomercial. Esta semana se publicarán más decretos complementarios para avanzar en este sentido.
·         Desregulación de la salud privada. Permitió la espiralización de los precios de las prepagas.
·         Desregulación de las tarjetas de crédito. No hay límite para los intereses y punitorios por mora.
·         Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, paso previo para su privatización.
·         Eliminación de los programas de promoción industrial y comercial y derogación de la ley de compre argentino. Condena a la desaparición a miles de PyMEs.
·         Derogación de regímenes jurídicos que norman industrias con actores dominantes, como la del azúcar.
·         Eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero, que se encargaba de los controles de esa actividad.
·         Modificaciones al Código Aduanero y al régimen de comercio exterior para eliminar cupos, controles y tasas de importación y exportación.
·         Modificaciones al Código Civil y Comercial para dar márgenes mayores de libertad contractual, erosionando la protección de la parte más débil.
·         Obligación de pagar los compromisos en moneda extranjera en la misma divisa, no pudiendo saldarse en moneda de curso legal.
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El decreto fue cuestionado judicialmente por no corroborarse las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional para que el presidente se arrogue facultades legislativas. Siete meses más tarde, la Corte Suprema no se explayó todavía sobre la cuestión. Resulta evidente que no existe tal urgencia, pero a efectos prácticos el máximo tribunal aceptó la validez del DNU. El Congreso tampoco pudo ponerle un freno.

A pesar del rechazo en el Senado, la ley que reglamenta establece que para derogarlo es necesario el concurso de ambas cámaras. Hasta ahora, los diputados no lo han puesto en consideración.

En cambio el Poder Legislativo sí aprobó, finalmente, en los últimos días de junio, la ley de bases junto al acuerdo fiscal. En cuanto se publique la reglamentación (una tarea que se está demorando más de lo previsto y, según fuentes oficiales, podría ir ejecutándose de manera paulatina durante varios meses), tendrá plena vigencia otra serie de normas que avanzan en el mismo sentido que el decreto 70/23:

·         Delegación de facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética.
·         Reforma del Estado. Facultades para la modificación, reorganización, transferencia a provincias y eliminación de organismos públicos. Control sobre los fondos fiduciarios públicos.
·         Privatización de empresas públicas (AySA, Nucleoeléctrica Argentina, los trenes, entre otras).
·         Reforma de procedimiento administrativo. Interpretación positiva del silencio administrativo para ciertos casos.
·         Reforma de la ley de empleo público. Eliminación de la estabilidad de la planta permanente. Se habilitan las jubilaciones forzadas. Prohibición de la actividad política a los empleados públicos. Endurecimiento de sanciones.
·         Renegociación de todos los contratos de obra pública.
·         Blanqueo laboral sin costos para el empleador.
·         Reforma laboral. Reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese. Ampliación de los períodos de prueba. Eliminación de multas por subregistro. Flexibilización de las relaciones laborales. Límites en el derecho a protesta.
·         Desregulación de la actividad hidrocarburífera. Se elimina la prioridad del abastecimiento interno.
·         Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con beneficios estúpidamente generosos y garantía de estabilidad durante tres décadas.
·         Blanqueo de capitales casi gratis, apalancado en una reforma fiscal que le baja el impuesto a los Bienes Personales a los más ricos y vuelve a imponer Ganancias a un millón de trabajadores que no alcanzan a cubrir dos canastas básicas.
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Entre los planes inmediatos del flamante ministro están:

·         Despido de alrededor de 30 mil empleados estatales, entre contratados, transitorios y permanentes.
·         Una ley (bautizada "hojarasca") y varios decretos simples que eliminarán regulaciones para el sector privado, incluyendo normas de control ambiental, bromatología, de seguridad, entre otros.
·         Profundización de la apertura comercial, con eliminación de aranceles, cupos y controles.
·         Reforma electoral y política. Eliminación de las PASO. Boleta única. Relajamiento en los límites para el financiamiento privado de la política.
·         Privatizaciones de las empresas que fueron excluidas de la ley de bases.
·         Derogación o modificación de leyes ambientales, como la ley de fuegos, ley de bosques y ley de glaciares.
·         Reforma educativa, incluyendo el arancelamiento universitario.
·         Derogación de la ley de competencia.
·         Desregulación de la actividad editorial
·         Desregulación del mercado de compra, venta y reventa de entradas para espectáculos.
·         Eliminación o reducción del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, del INCAA, del Instituto Nacional de la Música y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
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Nunca está de más recordarlo. Estamos transitando la tercera experiencia de Sturzenegger en el gobierno. Las otras no terminaron bien. En el sector privado nunca serían tan indulgentes. Para peor, las similitudes son alarmantes. En marzo de 2001, asumió, jovencísimo, como número dos de Domingo Cavallo en el ministerio de Economía, para salvar el gobierno de Fernando De La Rúa. Contaban, para esa tarea, con facultades extraordinarias aprobadas con pocos días de diferencia en el Congreso. La consigna, igual que ahora, era déficit cero. Con la recaudación fiscal se debían pagar intereses de la deuda antes que los salarios.

Fue el autor intelectual y material del "megacanje", una operación que engrosó criminalmente la deuda pública y empapeló a los bancos con letras del Tesoro garantizadas por el dinero de los impuestos. Con una recesión galopante, la actividad cayó a pique y, con ella, la recaudación que respaldaba esos papeles. El final de la historia lo conocemos. Depósitos incautados, muertos en las calles y la sucesión de cinco presidentes en una semana; pero para Sturzenegger y algunos bancos intermediarios fue una operación por demás lucrativa. Fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública.

Lo sobreseyeron 15 años más tarde, convenientemente a poco de comenzar su segundo paso por la administración nacional, en esta ocasión como presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. En aquel momento decidieron sacar el cepo de golpe pero no tocaron el déficit fiscal, que incluso aumentó. Exactamente al revés que ahora, que fueron a fondo por el superávit pero no levantan las regulaciones cambiarias. No es casualidad: hasta ellos saben que si aplican las recetas que predican, todo vuela por los aires. Por eso intentan, cada vez, distintas combinaciones de shock y gradualismo, ortodoxia y heterodoxia. Nunca funciona.

Uno podría creer que, a esta altura del partido, existió un aprendizaje y esta vez las cosas pueden terminar distinto. Pues no. Como casi todos los especímenes del ecosistema Milei, el flamante ministro está fascinado con Elon Musk. Su biografía circula de mano en mano en el gabinete. En las habituales charlas que da con empresarios, Sturzenegger destaca un pasaje de ese libro que sirve para explicar a la perfección qué podemos esperar de esta, su tercera experiencia en el gobierno. Se refiere a SpaceX, la empresa que tiene el dueño de Tesla y que se dedica a desarrollar vehículos de transporte espacial.

En sus charlas, el ministro cuenta que cuando empezó a desarrollar cohetes, un ingeniero le advirtió a Musk que había que hacer una serie de pruebas antes del primer lanzamiento. El magnate amenazó con echar al ingeniero hasta que le explicaron que eran requerimientos de la NASA. "Por eso los cohetes de la NASA salen 2000 millones y yo voy a fabricarlos por 100 millones", dijo. Sturzenegger explica que Musk prefiere no hacer ningún test y dejar que los cohetes fallen y exploten que sobrecargar los costos con exámenes preventivos. "No se trata de evitar riesgos sino de encontrar rápido dónde está el problema y resolverlo", es la lección.

Musk necesitó tres despegues fallidos antes de anotar su primer éxito. Ninguno de esos cohetes estaba tripulado. Sturzenegger intentará, por tercera vez, hacer despegar su experimento económico. A bordo viajamos los 47 millones de argentinos.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular