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Nacionales - 07-07-2024 / 09:07
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Antes de asumir, Federico Sturzenegger ya sentó las bases de su nefasto plan

Antes de asumir, Federico Sturzenegger ya sentó las bases de su nefasto plan
Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.
El país transita la tercera experiencia de Federico Sturzenegger en el gobierno. Tiene facultades políticas y legales para realizar una intervención profunda en el Estado. Expectativas y realidad de un gobierno en búsqueda de oxigeno.
 
Javier Milei no miente cuando se jacta de haber hecho "la reforma estructural más grande de la Argentina". Las disposiciones del DNU 70/23, que sigue en vigencia (con la excepción de un puñado de artículos frenados por el Poder Judicial), sumadas a las que fueron sancionadas en el marco de la ley de bases, sentaron la arquitectura legal para dar vuelta el país como una media.
 
Sus efectos pueden ser diferidos pero están destinados a cambiar, thatcherianamente, más temprano que tarde, el espíritu de la Nación, a quebrarlo hasta volverlo irreconocible. Ese es el objetivo explícito. El ejecutor es un viejo conocido: Federico Sturzenneger.
 
El problema es que todo lo que se hizo hasta ahora resulta insuficiente. Ni la aprobación tácita del DNU ni la explícita de la ley alcanzan para aplacar las dudas que generan un plan económico inconsistente y un gobierno sin palabra. 
 
Sin devaluación ni salida del cepo, nadie quiere apostar la suya: ni el campo, que liquidó apenas lo mínimo y necesario, ni el FMI, ni siquiera los empresarios locales que dictaron al oído del presidente las reformas que siempre soñaron y luego hicieron todo lo posible para conseguir su aprobación. Los grandes beneficiarios de estos primeros meses de Milei ya pasaron por caja, pero sólo retiraron su parte.
 
Sturzenegger, coordinador de este plan, que tiene sus terminales en los grandes estudios jurídicos de la City, asumió el viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Hasta entonces, él y su equipo habían trabajado de manera cuasi clandestina, sin ninguna responsabilidad legal sobre su tarea.
 
Para sus primeros días en el cargo promete una nueva tanda de reformas. Gracias a la tarea de diputados y senadores, muchas de ellas podrán llevarse a cabo sin pasar por el Congreso; entre ellas algunas de las iniciativas que eran parte de la ley de bases original y quedaron por el camino fruto de las negociaciones con sus aliados.
 

 
A partir del viernes 29 de diciembre del año pasado está vigente el DNU 70/23. Ya lleva más de medio año.
 
Desde entonces rigen, entre otras, las siguientes reformas:


·         Derogación de la ley de alquileres y desregulación del mercado inmobiliario.
·         Derogación de la ley de tierras. Ya no hay límites para la adquisición de territorios limítrofes por capitales extranjeros.
·         Derogación de la ley de abastecimiento. El gobierno no tiene herramientas para intervenir en el mercado interno en casos de escasez.
·         Derogación de la ley de góndolas y el observatorio de precios, dos de los mecanismos que regulaban el comercio minorista para proteger a consumidores y empresas pequeñas y medianas de conductas predatorias de los grandes jugadores del sector.
·         Desregulación del mercado aerocomercial. Esta semana se publicarán más decretos complementarios para avanzar en este sentido.
·         Desregulación de la salud privada. Permitió la espiralización de los precios de las prepagas.
·         Desregulación de las tarjetas de crédito. No hay límite para los intereses y punitorios por mora.
·         Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas, paso previo para su privatización.
·         Eliminación de los programas de promoción industrial y comercial y derogación de la ley de compre argentino. Condena a la desaparición a miles de PyMEs.
·         Derogación de regímenes jurídicos que norman industrias con actores dominantes, como la del azúcar.
·         Eliminación del Sistema Nacional de Comercio Minero, que se encargaba de los controles de esa actividad.
·         Modificaciones al Código Aduanero y al régimen de comercio exterior para eliminar cupos, controles y tasas de importación y exportación.
·         Modificaciones al Código Civil y Comercial para dar márgenes mayores de libertad contractual, erosionando la protección de la parte más débil.
·         Obligación de pagar los compromisos en moneda extranjera en la misma divisa, no pudiendo saldarse en moneda de curso legal.
·          
El decreto fue cuestionado judicialmente por no corroborarse las condiciones de necesidad y urgencia que exige la Constitución Nacional para que el presidente se arrogue facultades legislativas. Siete meses más tarde, la Corte Suprema no se explayó todavía sobre la cuestión. Resulta evidente que no existe tal urgencia, pero a efectos prácticos el máximo tribunal aceptó la validez del DNU. El Congreso tampoco pudo ponerle un freno. 
 
A pesar del rechazo en el Senado, la ley que reglamenta establece que para derogarlo es necesario el concurso de ambas cámaras. Hasta ahora, los diputados no lo han puesto en consideración.
 
En cambio el Poder Legislativo sí aprobó, finalmente, en los últimos días de junio, la ley de bases junto al acuerdo fiscal. En cuanto se publique la reglamentación (una tarea que se está demorando más de lo previsto y, según fuentes oficiales, podría ir ejecutándose de manera paulatina durante varios meses), tendrá plena vigencia otra serie de normas que avanzan en el mismo sentido que el decreto 70/23:


·         Delegación de facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética.
·         Reforma del Estado. Facultades para la modificación, reorganización, transferencia a provincias y eliminación de organismos públicos. Control sobre los fondos fiduciarios públicos.
·         Privatización de empresas públicas (AySA, Nucleoeléctrica Argentina, los trenes, entre otras).
·         Reforma de procedimiento administrativo. Interpretación positiva del silencio administrativo para ciertos casos.
·         Reforma de la ley de empleo público. Eliminación de la estabilidad de la planta permanente. Se habilitan las jubilaciones forzadas. Prohibición de la actividad política a los empleados públicos. Endurecimiento de sanciones.
·         Renegociación de todos los contratos de obra pública.
·         Blanqueo laboral sin costos para el empleador.
·         Reforma laboral. Reemplazo de indemnizaciones por fondos de cese. Ampliación de los períodos de prueba. Eliminación de multas por subregistro. Flexibilización de las relaciones laborales. Límites en el derecho a protesta.
·         Desregulación de la actividad hidrocarburífera. Se elimina la prioridad del abastecimiento interno.
·         Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con beneficios estúpidamente generosos y garantía de estabilidad durante tres décadas.
·         Blanqueo de capitales casi gratis, apalancado en una reforma fiscal que le baja el impuesto a los Bienes Personales a los más ricos y vuelve a imponer Ganancias a un millón de trabajadores que no alcanzan a cubrir dos canastas básicas.
·          
 
Entre los planes inmediatos del flamante ministro están:
 
·         Despido de alrededor de 30 mil empleados estatales, entre contratados, transitorios y permanentes.
·         Una ley (bautizada "hojarasca") y varios decretos simples que eliminarán regulaciones para el sector privado, incluyendo normas de control ambiental, bromatología, de seguridad, entre otros.
·         Profundización de la apertura comercial, con eliminación de aranceles, cupos y controles.
·         Reforma electoral y política. Eliminación de las PASO. Boleta única. Relajamiento en los límites para el financiamiento privado de la política.
·         Privatizaciones de las empresas que fueron excluidas de la ley de bases.
·         Derogación o modificación de leyes ambientales, como la ley de fuegos, ley de bosques y ley de glaciares.
·         Reforma educativa, incluyendo el arancelamiento universitario.
·         Derogación de la ley de competencia.
·         Desregulación de la actividad editorial
·         Desregulación del mercado de compra, venta y reventa de entradas para espectáculos.
·         Eliminación o reducción del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes, del INCAA, del Instituto Nacional de la Música y de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
·          
Nunca está de más recordarlo. Estamos transitando la tercera experiencia de Sturzenegger en el gobierno. Las otras no terminaron bien. En el sector privado nunca serían tan indulgentes. Para peor, las similitudes son alarmantes. En marzo de 2001, asumió, jovencísimo, como número dos de Domingo Cavallo en el ministerio de Economía, para salvar el gobierno de Fernando De La Rúa. Contaban, para esa tarea, con facultades extraordinarias aprobadas con pocos días de diferencia en el Congreso. La consigna, igual que ahora, era déficit cero. Con la recaudación fiscal se debían pagar intereses de la deuda antes que los salarios.
 
Fue el autor intelectual y material del "megacanje", una operación que engrosó criminalmente la deuda pública y empapeló a los bancos con letras del Tesoro garantizadas por el dinero de los impuestos. Con una recesión galopante, la actividad cayó a pique y, con ella, la recaudación que respaldaba esos papeles. El final de la historia lo conocemos. Depósitos incautados, muertos en las calles y la sucesión de cinco presidentes en una semana; pero para Sturzenegger y algunos bancos intermediarios fue una operación por demás lucrativa. Fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública.
 
Lo sobreseyeron 15 años más tarde, convenientemente a poco de comenzar su segundo paso por la administración nacional, en esta ocasión como presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. En aquel momento decidieron sacar el cepo de golpe pero no tocaron el déficit fiscal, que incluso aumentó. Exactamente al revés que ahora, que fueron a fondo por el superávit pero no levantan las regulaciones cambiarias. No es casualidad: hasta ellos saben que si aplican las recetas que predican, todo vuela por los aires. Por eso intentan, cada vez, distintas combinaciones de shock y gradualismo, ortodoxia y heterodoxia. Nunca funciona.
 
Uno podría creer que, a esta altura del partido, existió un aprendizaje y esta vez las cosas pueden terminar distinto. Pues no. Como casi todos los especímenes del ecosistema Milei, el flamante ministro está fascinado con Elon Musk. Su biografía circula de mano en mano en el gabinete. En las habituales charlas que da con empresarios, Sturzenegger destaca un pasaje de ese libro que sirve para explicar a la perfección qué podemos esperar de esta, su tercera experiencia en el gobierno. Se refiere a SpaceX, la empresa que tiene el dueño de Tesla y que se dedica a desarrollar vehículos de transporte espacial.
 
En sus charlas, el ministro cuenta que cuando empezó a desarrollar cohetes, un ingeniero le advirtió a Musk que había que hacer una serie de pruebas antes del primer lanzamiento. El magnate amenazó con echar al ingeniero hasta que le explicaron que eran requerimientos de la NASA. "Por eso los cohetes de la NASA salen 2000 millones y yo voy a fabricarlos por 100 millones", dijo. Sturzenegger explica que Musk prefiere no hacer ningún test y dejar que los cohetes fallen y exploten que sobrecargar los costos con exámenes preventivos. "No se trata de evitar riesgos sino de encontrar rápido dónde está el problema y resolverlo", es la lección.
 
Musk necesitó tres despegues fallidos antes de anotar su primer éxito. Ninguno de esos cohetes estaba tripulado. Sturzenegger intentará, por tercera vez, hacer despegar su experimento económico. A bordo viajamos los 47 millones de argentinos.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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