00:17 | Martes 09 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 05-07-2024 / 11:07

LA QUERELLA PEDIRÁ QUE AGRAVEN LA IMPUTACIÓN

El macrista Juan Ruiz Orrico conducía con 1,2 gramos de alcohol en sangre, según la pericia

El ex funcionario de Frigerio, Juan Ruiz Orrico, exdirector del Instituto Portuario de Entre Ríos y miembro del PRO en Concepción del Uruguay, conducía con 1,2 gramos de alcohol en sangre la madrugada del 20 de junio por la Ruta 39, cerca de Caseros, cuando chocó de frente contra un vehículo en el que viajaban cuatro trabajadores, quienes murieron en el acto.

El dato lo confirmó una pericia de laboratorio, según confirmó el abogado querellante Mario Arcusín al programa Puro Cuento (Radio Plaza), publicó Plaza Web, y adelantó que pedirá se le aplique al exfuncionario el delito de homicidio con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión efectiva.

Los trabajadores fallecidos fueron Leandro Almada, Axel Rossi, y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, todos de Basavilbaso.

Declaraciones de la querella

El querellante dijo también que el velocímetro del vehículo en el que circulaba Orrico se detuvo en 160 kilómetros y que se envió la computadora del auto oficial a la empresa Volkswagen para que determine de manera fehaciente a qué velocidad iba en el momento del choque fatal.

Arcusín explicó que con estos datos -el alcohol en sangre y la velocidad en la circulaba- pedirá a la Fiscalía que agrave la imputación. "Con esos datos tendremos dos opciones: la Fiscalía plantea aplicar el artículo 84, que la pena máxima es de seis años de prisión efectiva. Yo apunto a la aplicación del artículo 80, que es el que se aplicó en Paraná con el caso de Silvio Díaz. Allí se aplicó el homicidio con dolo eventual y una pena de 8 a 25 años de prisión. Le dieron ocho años y medio", sostuvo.

El letrado citó el caso ocurrido el 6 de junio de 2014, cuando Díaz atropelló al pequeño de seis años Juan Manuel Martínez Zurbano frente a la escuela Centenario y le provocó la muerte. En el juicio se determinó que había consumido alcohol y drogas.

En esa línea, refirió que "el artículo 80 bis del Código Penal dice, respecto de la velocidad, que más de 30 kilómetros de lo permitido, es exceso; y que es una agravante contener más de un gramo de alcohol en sangre".

En cuanto al alcohol en sangre, mencionó que Orrico podría haber tenido más en su organismo ya que la extracción se realizó a las 8 de la mañana. Es decir, tres horas después del choque fatal.

"Desde la clínica me dicen que en esas dos horas hay una metabolización grande y posible pérdida de alcohol en sangre. Tengo distintas versiones. Algunos especialistas llevan la cifra (de alcohol) a más del doble. No obstante, con más de un gramo me alcanza (para el caso penal), pero el impacto de tres gramos sería más fuerte", puntualizó.

En cuanto a la velocidad en la que circulaba Orrico al momento del choque, dijo que "se mandó la computadora del vehículo a Volkswagen para saber a qué velocidad venía a la hora determinada. Ese dato será indiscutible".

Fuente: Plaza Web - Análisis

08-12-2025 / 20:12

Frigerio, el federalismo y el saqueo inaceptable de fondos que son de las provincias

Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.

El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.

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