18:30 | Martes 23 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Entre Ríos - 05-07-2024 / 11:07

LA QUERELLA PEDIRÁ QUE AGRAVEN LA IMPUTACIÓN

El macrista Juan Ruiz Orrico conducía con 1,2 gramos de alcohol en sangre, según la pericia

El ex funcionario de Frigerio, Juan Ruiz Orrico, exdirector del Instituto Portuario de Entre Ríos y miembro del PRO en Concepción del Uruguay, conducía con 1,2 gramos de alcohol en sangre la madrugada del 20 de junio por la Ruta 39, cerca de Caseros, cuando chocó de frente contra un vehículo en el que viajaban cuatro trabajadores, quienes murieron en el acto.

El dato lo confirmó una pericia de laboratorio, según confirmó el abogado querellante Mario Arcusín al programa Puro Cuento (Radio Plaza), publicó Plaza Web, y adelantó que pedirá se le aplique al exfuncionario el delito de homicidio con dolo eventual, cuya pena en expectativa va de 8 a 25 años de prisión efectiva.

Los trabajadores fallecidos fueron Leandro Almada, Axel Rossi, y los hermanos Lucas y Brian Izaguirre, todos de Basavilbaso.

Declaraciones de la querella

El querellante dijo también que el velocímetro del vehículo en el que circulaba Orrico se detuvo en 160 kilómetros y que se envió la computadora del auto oficial a la empresa Volkswagen para que determine de manera fehaciente a qué velocidad iba en el momento del choque fatal.

Arcusín explicó que con estos datos -el alcohol en sangre y la velocidad en la circulaba- pedirá a la Fiscalía que agrave la imputación. "Con esos datos tendremos dos opciones: la Fiscalía plantea aplicar el artículo 84, que la pena máxima es de seis años de prisión efectiva. Yo apunto a la aplicación del artículo 80, que es el que se aplicó en Paraná con el caso de Silvio Díaz. Allí se aplicó el homicidio con dolo eventual y una pena de 8 a 25 años de prisión. Le dieron ocho años y medio", sostuvo.

El letrado citó el caso ocurrido el 6 de junio de 2014, cuando Díaz atropelló al pequeño de seis años Juan Manuel Martínez Zurbano frente a la escuela Centenario y le provocó la muerte. En el juicio se determinó que había consumido alcohol y drogas.

En esa línea, refirió que "el artículo 80 bis del Código Penal dice, respecto de la velocidad, que más de 30 kilómetros de lo permitido, es exceso; y que es una agravante contener más de un gramo de alcohol en sangre".

En cuanto al alcohol en sangre, mencionó que Orrico podría haber tenido más en su organismo ya que la extracción se realizó a las 8 de la mañana. Es decir, tres horas después del choque fatal.

"Desde la clínica me dicen que en esas dos horas hay una metabolización grande y posible pérdida de alcohol en sangre. Tengo distintas versiones. Algunos especialistas llevan la cifra (de alcohol) a más del doble. No obstante, con más de un gramo me alcanza (para el caso penal), pero el impacto de tres gramos sería más fuerte", puntualizó.

En cuanto a la velocidad en la que circulaba Orrico al momento del choque, dijo que "se mandó la computadora del vehículo a Volkswagen para saber a qué velocidad venía a la hora determinada. Ese dato será indiscutible".

Fuente: Plaza Web - Análisis

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El silencio cómplice de Frigerio con Milei perjudica a Entre Ríos

Lo que debía convertirse en el primer triunfo del nuevo Congreso libertario se transformó en una seria complicación y atenuó la euforia del gobierno de los Hermanos Milei, que pasó de celebrar con estrépito una victoria a advertir que había sufrido otra derrota, en ambas cámaras del Congreso y también en las calles. La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de Presupuesto de ajuste resultó un tiro en el pie del programa económico, debido a que los legisladores rechazaron el Capítulo 11 que hacía caer una serie de gastos necesarios, incluidos áreas como educación, discapacidad y asignaciones familiares, pero incompatibles con la política libertaria. Rogelio Frigerio, el cómplice que apoyó todo, quedó helado.

La derrota fue consecuencia de una errónea estrategia parlamentaria. El proyecto fue aprobado en general, pero la votación fue negativa para el renglón que incluía la derogación del financiamiento universitario, fondos para atender la discapacidad, el recorte de subsidios energéticos (zona fría), el pago de compensaciones a Cammesa y el giro de la cuota de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires (añadido a último momento para salvar la votación).

Los diputados alineados con Frigerio y los sectores que acompañan la gestión de Milei votaron a favor del proyecto: Beltrán Benedit (La Libertad Avanza), Andrés Laumann (La Libertad Avanza), Alicia Fregonese (PRO) y Francisco Morchio (Encuentro Federal / PRO-ER), Estos legisladores votaron el Presupuesto 2026 sin decir una sola palabra en su defensa, siguiendo al gobernador en su apoyo total al anarco capitalista y su nefasto experimento económico. Un silencio cómplice que perjudica a Entre Ríos. Frigerio tendrá que gestionar la provincia con menores recursos, el PRO diluido y La Libertad Avanza al acecho de la gobernación en 2027, que de momento no piensan en compartir la fórmula.

Pero el bochorno mayor fue la compra de voluntades con los ATN previo a la votación. A lo Kueider. Pero los ATN no son un premio ni deben comprar nada; son de las provincias. El Presupuesto aprobado ha generado una fuerte controversia por su impacto negativo en las arcas provinciales. Aunque el Gobierno de Milei logró el apoyo de varios gobernadores a cambio de "limosnas" en ATN, el esquema general profundiza un modelo de saqueo fiscal que recae directamente sobre el interior federal. Veamos un detalle de los puntos por los cuales este presupuesto perjudica a las provincias:

- Continua el "cepo" a la Obra Pública. El presupuesto 2026 consolida la decisión de no iniciar nuevas obras públicas con fondos nacionales. La mayoría de las provincias dependen de los giros de la Nación para infraestructura (rutas, escuelas, cloacas). El nuevo esquema traslada esa responsabilidad financiera a las provincias o al sector privado, lo cual es inviable para muchas jurisdicciones del interior. Incluso el mantenimiento de rutas nacionales carece de partidas suficientes en términos reales, lo que se traduce en accidentes y muertes.

- Siguen las transferencias discrecionales como "Moneda de Cambio". Si bien las transferencias automáticas (ley de coparticipación) se mantienen, las transferencias no automáticas (fondos discrecionales y ATN) se han convertido en una herramienta de extorsión política. El presupuesto le da a Milei un amplio margen para decidir a quién enviar fondos extras (Aportes del Tesoro Nacional - ATN). Esto obliga a los gobernadores a negociar "voto a voto" y apoyar cada ley en el Congreso para obtener fondos que antes llegaban de forma regular.

- Se profundiza el desfinanciamiento de educación y salud. Aunque el Congreso logró rechazar el artículo que derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, el presupuesto general mantiene techos de gasto muy bajos. La eliminación definitiva de fondos que antes cubría Nación obliga a las provincias a usar recursos propios para pagar salarios docentes si no quieren que los sueldos caigan mucho frente a la inflación. Además, varias provincias (incluida Entre Ríos) mantienen el reclamo por la falta de giro de fondos para cubrir los déficits de sus cajas de jubilaciones no transferidas, un punto que el presupuesto 2026 no resuelve de manera automática. Esto obligará a mayores ajustes provinciales.

Uno de los puntos más críticos, denunciado por el entrerriano Guillermo Michel, es la Reducción de la Coparticipación en la Reforma Laboral truculenta, que no tiene nada a favor de los trabajadores y que se trata en el Senado, y afecta al presupuesto. La reducción de contribuciones patronales y cambios en el Impuesto a las Ganancias de sociedades, para beneficiar a los más ricos, implica una caída en la recaudación nacional. Al ser impuestos coparticipables, cualquier baja en su recaudación reduce automáticamente la masa de dinero que la Nación envía a las provincias. Se estima que esta reforma podría costar cerca del 0,8% del PBI, afectando directamente los fondos que reciben las provincias.

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