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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 03-07-2024 / 10:07
CON LA RECAUDACIÓN POR EL PISO Y CON EL TRASPASO DE DEUDA ANUNCIADO, EL AJUSTE PROFUNDIZA AÚN MÁS LA CRISIS

Caos financiero: El Loco Milei reunió a los ministros y Toto Caputo intenta mostrarse en control de la situación

Caos financiero: El Loco Milei reunió a los ministros y Toto Caputo intenta mostrarse en control de la situación
Caos y confusión en la peor crisis del anarco capitalista Javier “el Loco” Milei. Los dólares paralelos volvieron a subir, el riesgo país se mantiene por encima de los 1500 y la brecha cambiaria supera el 55%, el máximo en la era libertaria. Los bancos, las empresas, las patronales del campo están muy inquietos por el rumbo económico. Los mercados en rojo y el dólar disparado impactan en un gobierno paralizado por las diferencias internas y los giros alocados que le imprime Milei a su gestión.
Caos y confusión en la peor crisis del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei. Los dólares paralelos volvieron a subir, el riesgo país se mantiene por encima de los 1500 y la brecha cambiaria supera el 55%, el máximo en la era libertaria. Los bancos, las empresas, las patronales del campo están muy inquietos por el rumbo económico. Los mercados en rojo y el dólar disparado impactan en un gobierno paralizado por las diferencias internas y los giros alocados que le imprime Milei a su gestión.
 
Luis "Toto" Caputo sugirió acelerar la devaluación mensual del 2 al 5% y Federico Sturzenegger lo critica por "no haber ido más rápido" de entrada. Fue el propio Milei quien le ordenó "anunciá algo" el viernes pasado al ministro, desatando el caos. Luego, el Presidente buscó llevar calma a sus funcionarios frente a la escalada del dólar. Junto a Caputo, descartó una devaluación y prometió sostener el rumbo económico. No le creen.
 
La confusión que transmitió el ministro de Economía Caputo, a los banqueros nacionales y extranjeros tras el anuncio del viernes sobre el traspaso de deuda del Banco Central al Tesoro, es la confusión que existe en todo el gabinete nacional sobre qué hacer en la primera gran crisis política y económica del gobierno de Milei.
 
Un cúmulo de propuestas, alternativas y rumbos diferentes para intentar capear la volatilidad en los mercados en una cartera de Hacienda que el Presidente tomó por asalto, según confiaron en su entorno, para garantizar una sola cosa: no devaluar para no perder el resultado, por ahora inestable, del proceso de desinflación.
 
En paralelo, corren la idea de Caputo y algunos de sus asesores de acelerar el crawling peg para evitar ir a una devaluación y cumplirle el sueño a Milei. Y la del talibán Sturzenegger, el asesor por ahora sin cartera, que presiona, le habla al oído al presidente y le dice, casi a diario, "que se llegó a esta situación de tensión por no haber ido a fondo de entrada".
 
Cuando hay ruido en los "mercados" y sube el dólar paralelo, puede haber una devaluación. Si esto sucede, cuando aumenta su cotización cae el poder de compra del salario y, por ende, se deterioran las condiciones de vida. Una devaluación acentuaría en lo inmediato la recesión, la pérdida salarial, la desocupación y la pobreza. Ganan con una devaluación, los agroexportadores, los grandes empresarios, mientras pierden la clase trabajadora, sectores de la clase media, y el pueblo pobre.
 
El vocero presidencial, Manuel "Cara de Piedra" Adorni, en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada dijo este martes "no vamos a devaluar, no nos vamos a mover de lo que anunció Caputo". Es evidente que la aprobación de la Ley Bases no frenó la crisis. La curiosidad llegó por la frase que usó Adorni para ratificar el rumbo: "No vamos a dar un paso atrás ni para tomar impulso", dijo el vocero. La frase es del revolucionario cubano Fidel Castro y la suele utilizar el presidente de México, Andrés López Obrador, dos líderes de izquierda que están en las antípodas del pensamiento ultra derechista libertario.
 
La Opinión Popular
 

CON LOS MERCADOS EN ROJO Y EL DÓLAR DISPARADO, EL GOBIERNO NO REACCIONA Y HAY DIFERENCIAS INTERNAS
 
Caos y confusión en la peor crisis de Milei
  
Milei tomó el control de Hacienda y está negado a una corrección cambiaria. Caputo sugiere pasar de 2 a 5 por ciento el crawling peg para evitar ir a una devaluación. Sturzenegger presiona, le habla al oído al presidente y le dice que "esta crisis es por no haber ido más rápido" en las reformas. Cálculos desesperados para conseguir dólares y el dilema de los fusibles políticos del gabinete.
 
Mucho de eso se transformó en preguntas concretas que Milei debió responder en la reunión de Gabinete de este martes, donde reinó la preocupación por el contexto, que ya establece como una crisis ultra recesiva, con inflación alta y, ahora también, problemas macro y de tenencia de dólares.
 
"Es momento de hacer política de la delicada", acotó en ese debate un ministro que no es del área económica. Caputo, lejos de llevar calma, insistió en que "el plan económico no se mueve, pero es cierto que va a seguir habiendo volatilidad, De todos modos, la macro ordena todo". Nadie se fue tranquilo, porque muchos creen que Caputo no está viendo lo que está pasando en el contexto general.
 
 
La etapa 2 "son los padres"
  
Esa demostración de Milei haciéndose cargo de la política económica tuvo un primer gesto, errático: fue él quien le pidió a Caputo hacer la conferencia de prensa del viernes, para intentar generar un shock de confianza tras la Ley Bases. "Anunciá algo", le dijo el presidente al ministro. Lo más curioso es que el Presidente sigue creyendo, y lo dijo en la reunión de Gabinete, que la conferencia del viernes "no fue un error".
 
En esa conferencia, el ministro de Economía, con pocos conejos en la galera, no pudo explicar ni dar tiempos sobre nada de lo importante, entre eso se incluye cuándo se levantará el cepo, qué pasará con el Impuesto País y qué harán con el tipo de cambio ante la disparada de los dólares Blue, financieros y el Riesgo País. Y no sólo eso: Caputo y Bausili volvieron a decir, en la reunión con los bancos, que en los próximos meses el BCRA perderá reservas por más de 3000 millones de dólares y, en plena corrida, el ministro habló de un peso fuerte.
 
Todo lo que no hay que decir porque refleja debilidades estructrurales que el Gobierno luego intenta negar. Los inversores internacionales que tienen filiales locales quedaron desconcertados, porque les preguntaban de casa matríz cuestiones lógicas, como cuánto vas a vender, qué perspectiva hay, qué va a ocurrir con temas estratégicos.
 
Alertó de esto, en una entrevista radial, Alejandro Díaz, el ceo de AMCHAM, la cámara que agrupa a empresas estadounidenses. "Acá la clave es que el Gobierno encuentre una dinámica de transmitir a los mercados cuáles son los detalles de la fase 2, de manera tal que este proceso de licuación activa que ha dado su resultado y lo tenemos en la inflación, la reducción de la inflación me refiero, ahora se pueda cristalizar en la posibilidad de revertir el desarrollo de la economía a través de un progresivo crecimiento", dijo uno de los interlocutores más importantes con firmas multinacionales.
 
Para los bancos, que también percibieron que Caputo no tiene plan, la cosa fue menos traumática. Algún memorioso que vivió la crisis del 2001 desde adentro, con roles en las mesas de negociación, recordó que, en noviembre de ese año, la Asociación de Bancos Argentinos, representada por Manuel Sacerdote, el jefe del extinto BankBoston, se reunió con Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo. Un rato después, la entidad emitió un comunicado respaldando el "nuevo plan" económico, que incluía un canje de deuda y una preocupación muy fuerte por la caída de depósitos.
 
"No habían entendido nada del nuevo plan o les daba terror", contó la fuente, que recuerda lo que pasó en aquel mitín. Este lunes, tras verse con Caputo y Bausili y con un delay de más de 7 horas desde la reunión, los bancos nacionales sacaron un comunicado diciendo que bancan el "nuevo plan", o la etapa dos del plan. Naturalmente, el contexto actual es otro, pero ni entonces ni ahora los banqueros entendieron los objetivos del Gobierno.
 
 
Todos opinan
  
Parte del caos y confusión en el Gobierno, hoy, responde a la cantidad de voces que le sugieren cosas económicas a Milei.
 
En una de las últimas charlas que mantuvo el mandatario con Sturzenegger, el exBCRA le recordó que Macri salió del cepo el primer día, y que eso disparó dos cosas: una, arriesgó un inicio muy inflacionario; dos, se generó un ingreso de dólares especulativos, que luego salieron, pero que le permitieron sostener el corto plazo. "La verdad, teníamos mucho miedo a una híper", suele responde Milei cuando le hablan de por qué no salió antes del cepo.
 
Otra de las variantes para capear la crisis la acercó un asesor: "Si vas a devaluar, hacelo saliendo del cepo", le sugirió en una jugada osada pero nada despreciable. Le dijo que se olvide, porque el salto cambiario se iba a pegar a la cotización de los financieros, disparando la inflación. En una oficina del Quinto Piso de Hacienda, en tanto, un hombre de confianza de Caputo empezó a hacer cuentas desesperadas de ingreso de dólares sin contar con el FMI ni el agro, que sigue guardando.
 
"Podemos conseguir 30 mil millones de dólares por el blanqueo y estimamos unos 4000 millones de organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y las gestiones que se están haciendo con capitales árabes", contó el gestor. Muchos se le rieron, porque 30 mil millones dólares es el total de la inversión supuesta de la malaya Petronas en la planta de GNL en Bahía Blanca, es técnicamente imposible un blanqueo de esos montos.
 
Milei odia tomar sol, cuentan los que lo frecuentan, pero se va a Camboriú a una cumbre de la derecha brasileña mientras la crisis acecha. Nadie está contento con esa escapadita a Santa Catarina, pero tampoco se animan a enfrentarlo con cosas negativas. Antes de que haga las valijas, la gente de Caputo le acercó la posibilidad, para evitar la devaluación, una alternativa de aceleración de las microdevaluaciones. Según supo este diario, la sugerencia es aumentar el crawling peg del 2 al 5 por ciento mensual, para empezar a corregir de a poco hasta que lleguen divisas.
 
Esa posición entra en tensión con aquellos que, también cercanos a "Toto", aseguran que "hay que ajustar 10 por ciento de una vez", pero Milei está cerrado y Caputo no quiere arriesgar. El problema, en realidad, está planteado en el diagnóstico del FMI: Caputo no tiene plan, no lo puede explicar, no tiene dólares y quiere un préstamo nuevo. Si no devalúa, no hay plata del Fondo. Si lo hace, Milei tendrá no sólo que resignar las metas inflacionarias sino que caerá en una crisis política expuesta para la que hoy no parece tener espaldas para soportar.
 
Por Leandro Renou
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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