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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Entre Ríos - 01-07-2024 / 10:07
MEGAJUICIO POR CORRUPCIÓN

¿Sergio Urribarri busca otra dilación?: planea acudir con un recurso de revisión ante Casación Penal

¿Sergio Urribarri busca otra dilación?: planea acudir con un recurso de revisión ante Casación Penal
En la última semana de junio, la Justicia rechazó un recurso de reposición que habían presentado los defensores del exgobernador Sergio Urribarri en el marco de la tramitación del pedido del Ministerio Público Fiscal para que se hagan efectivas las penas aplicadas en el marco del megajuicio. Según trascendió periodísticamente, buscarán otra dilación ya que en el inicio de este julio tienen previsto acudir con un recurso de revisión ante la Cámara de Casación Penal.
En la última semana de junio, la Justicia rechazó un recurso de reposición que habían presentado los defensores del exgobernador Sergio Urribarri en el marco de la tramitación del pedido del Ministerio Público Fiscal para que se hagan efectivas las penas aplicadas en el marco del megajuicio.
 
Sin embargo, esa conformación del tribunal otra vez se puso en discusión por parte del equipo de defensores del exgobernador Urribarri: Fernando Burlando, Javier Ignacio Baños y Leopoldo Cappa. Según trascendió periodísticamente, buscarán otra dilación ya que en el inicio de este julio tienen previsto acudir con un recurso de revisión ante la Cámara de Casación Penal.
 
 
La condena en 2022
  
El 7 de abril de 2022 el exgobernador Sergio Daniel Urribarri fue condenado a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, una investigación penal que indagó sobre el sistema de contrataciones y retornos en el Estado en la contratación de la instalación de un pelotero en Mar del Plata, la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Paraná, en 2014, y la injerencia de dos empresas que se adjudicaron al cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera, en la contratación de publicidad gubernamental en vía pública.
 
El proceso se había iniciado en 2021, en medio de la pandemia de coronavirus, y estuvo a punto de naufragar. La acusación la llevó adelante la exProcuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción Cecilia Goyeneche junto a los fiscales Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull. A poco de arrancar las audiencias, Goyeneche debió apartarse, fue sometida a un proceso de jury y el 24 de mayo de 2022 fue destituida acusada de mal desempeño.
 
 
El pedido de "inmediata detención"
  
Casi dos años después de aquella condena en el megajuicio, el 18 de abril de 2024, los fiscales Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la "inmediata detención" del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.
 
Recién a finales de mayo quedó integrado el tribunal que debía resolver esa petición: lo conforman María Carolina Castagano, Julián Carlos Vergara y Elvio Osir Garzón. En medio, la defensa del exgobernador Sergio Urribarri planteó un recurso de reposición y sostuvo que el organismo que debía integrar el tribunal es la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) y no el tribunal que finalmente lo resolvió.
 
En el ínterin, el exministro Báez solicitó que en vez de la cárcel ser beneficiado con arresto domiciliario por razones de salud.
 
Aunque aquella conformación del tribunal otra vez se puso en discusión por parte del equipo de defensores del exgobernador. El tribunal conformado por los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Carola Bacaluzzo aceptó la inhibición del juez Santiago Brugo y aceptó la recusación del juez Juan Francisco Malvasio, y de ese modo se abrió el camino para conformar el equipo de magistrados que definirían el pedido de Fiscalía.
 
El tribunal encargado de resolver esa petición quedó integrado por los jueces Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Osir Garzón. Lo que debía seguir era la constitución del tribunal para evacuar la petición de los fiscales respecto de las prisiones. Sin embargo, parece que habrá una dilación más.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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La relación de subordinación total de Rogelio Frigerio para con el Gobierno de Javier Milei solo reporta para la Provincia nuevos avales para emitir endeudamiento, que le permitirán concretar una emisión internacional de U$S 500 millones. Todo lo demás son costos crecientes y pérdidas constantes. Enero fue el séptimo mes de coparticipación en baja, la actividad económica no muestra reacción, la negociación por los fondos de la Caja de Jubilaciones está completamente paralizada, el colapso del sector industrial vaticina consecuencias laborales provinciales dramáticas y hay una reforma laboral en ciernes que el Gobierno de Milei diseñó con precisión quirúrgica para arrebatarles más recursos a las provincias: Entre Ríos perdería unos $ 80 mil millones más. Las provincias serán las que solventen la parte mayoritaria de la reducción de Ganancias a 145 grandes empresas. Un gobierno solo para los más ricos.
 
Varios gobernadores, sin la participación de Frigerio, se reúnen para exigirle a Milei que saque el capítulo de Ganancias de la reforma laboral. Entraron en alerta cuando detectaron que Nación introdujo un capítulo impositivo que dispone una rebaja de Ganancias a 145 grandes empresas que tendría un costo fiscal de 130 mil millones de pesos mensuales para las provincias. Si Milei no saca ese capítulo no apoyarán la reforma laboral amenazan, aunque no es el único reclamo. También están pidiendo que Nación pague diferentes deudas que mantiene con esas provincias, vinculadas a la atención de afiliados del PAMI, de Anses y de obras que eran conjuntas y que terminaron pagando los gobernadores porque Milei las abandonó.
 
En el interior federal hay alerta por la caída de la coparticipación nacional y porque observan que la recaudación no se recupera. Entre los mandatarios provinciales coinciden en que viene un año muy duro. En ese marco, el gobierno de Frigerio se expone, en 2026, a mayores recortes presupuestarios antes las necesidades financieras coyunturales y la caída de fondos federales. Las preocupaciones crecen porque los problemas no dejan de brotar. "Nos comimos la alcancía para llegar, con relativa tranquilidad, a fin de año", indica uno de los colaboradores del gobernador. De ahora en adelante, el recorte de partidas será más por obligación que por convicción.
 
De allí la necesidad del mandatario para recuperar parte de las acreencias que Entre Ríos ha acumulado y que tiene como deudor nada menos que al gobierno de Milei. Si no es este año, ¿entonces cuándo?, es la pregunta que flota en varias oficinas de la Casa Gris. El temor es llegar a marzo más que ajustados, ya que estos meses suelen ser de baja recaudación, más aún cuando la actividad económica no ha mostrado signos de recuperación. Ahogar más al sector privado provincial no es la salida. Las dificultades son crecientes y no se ajustan sólo a la carga fiscal. Un claro ejemplo es lo que sucede con las industrias, que tuvieron que bajar sus niveles de producción porque las importaciones la devoraron.
 
Se ha cerrado un 2025 para el olvido, con cientos de suspensiones de personal privado y con la amenaza latente de bajar las persianas en empresas y comercios. Algunos patrones comunicaron que pueden aguantar un poco más pero que, en el camino, necesitan que el presidente Milei sea más gradualista a la hora de abrir las importaciones. El jefe de Estado está totalmente alineado con su par yanqui, Donald Trump, pero no frena la embestida vendedora que llega de Asia. Los chinos son aliados comerciales estratégicos, según definió en Davos.
 
La Argentina, en general, y Entre Ríos, en particular, no están en condiciones de soportar que cambie el clima y que las tensiones sociales se acrecienten. El pesimismo sobre el rumbo económico abarca a más de la mitad de la población, según varias encuestas realizadas por las consultoras privadas. El Gobierno libertario sigue acomodando la macroeconomía, pero hacia abajo no se evidencia la lluvia que alivia, sino que se recrudece la tormenta que agobia.
 
Por caso, el 74,7% de las personas que participaron en un sondeo realizado por Zentrix Consultora afirma que su salario está perdiendo contra la inflación, un indicador de malestar económico extendido en la vida cotidiana. El endeudamiento familiar está en niveles históricos y la tarjeta de crédito está explotada.
 

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