02:09 | Domingo 04 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 30-06-2024 / 08:06

EL TORNIQUETE EXTRAORDINARIO DE CAPUTO PARA SECAR LA PLAZA DE PESOS Y EVITAR UNA DEVALUACIÓN, ES UN RECONOCIMIENTO DEL FRACASO

Milei sin buenas noticias: La ley de bases no le alcanza para salvar su desastroso gobierno

Sucede que los cimientos del programa de gobierno que desplegó desde diciembre están fallando. El superávit por ahora es sólo un ejercicio de creatividad contable. Todavía no se resolvió la deuda con las empresas energéticas, agravada por la decisión de posponer una nueva suba de tarifas. El saldo comercial con los importadores ya superó largamente los 10 mil millones de dólares, contando desde diciembre. La recaudación se cae a pedazos porque se desploma el consumo, el empleo y la actividad. Esta semana el propio Milei puso en duda el bono de 70 mil pesos para más de cinco millones de jubilados, que ya pagaron la mayor parte del ajuste, por “cómo vienen los números fiscales”.

Doscientos días más tarde, Javier "el Loco" Milei consiguió aprobar la ley de bases y el acuerdo fiscal. En el camino dejó los seis meses más valiosos de su presidencia, su luna de miel con la opinión pública y el círculo rojo, y dos terceras partes del articulado; asumió compromisos que no puede o no quiere cumplir; amenazó a gobernadores, diputados y senadores; se retorcieron hasta lo irreconocible las reglas procedimentales; se negoció en habitaciones de hotel, en estudios jurídicos y en departamentos privados.

Además sacrificó un jefe de Gabinete; ordenó reprimir una marcha en la que detuvieron sin motivo a 36 personas, de las cuales 5 continúan presas; cambió un voto, el de la senadora neuquina Lucila Crexell, por una embajada en París, y otros, quién sabe cuántos, por cargos, fondos públicos y favores cuya naturaleza, seguramente, no lleguemos a conocer en detalle. ¿Valía ese precio? ¿O pagó demasiado?

La respuesta la dio el mercado financiero el mismo viernes antes del mediodía. Donde se esperaba ganancias, hubo pérdida. Donde se esperaba verde, hubo rojo. Donde se esperaba euforia hubo confusión.

El cascoteado ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, junto al independiente titular del Banco Central, su socio Santiago Bausili, improvisaron una conferencia de prensa para sobreactuar compromiso fiscal. La transferencia de la deuda del BCRA al Tesoro equivale a una promesa de mayor ajuste. Hablamos de cifras astronómicas: en mayo el BCRA tuvo que pagar más de 1 billón de pesos en concepto de intereses.

Ahora, ese dinero saldrá de la misma caja de la que dependen las jubilaciones, los salarios del sector público, los insumos hospitalarios, el mantenimiento de las rutas nacionales, las transferencias a las provincias y a las universidades y cualquier gasto del Estado nacional. Y deberá saldarse, todos los meses, con superávit.

Es un manotazo de ahogado que, en el mejor de los casos, va a ganarle algo de tiempo a Caputo, al que muchos le ven los días contados en el cargo, a cambio de liquidar definitivamente cualquier expectativa de recuperación de la actividad económica en lo que queda de este año.

Que nadie se engañe: esto no era parte del plan de un gobierno que en el verano prometía que a esta altura del año no habría cepo ni brecha y estaríamos transitando, con una economía vigorizada por niveles nunca antes vistos de libertad, la parte ascendente de una V. El archivo para corroborar estas promesas es abundante.

El contraste con la realidad se corrobora casi a diario. Ni la calle ni las estadísticas que se leen a diario en el círculo rojo avizoran un cambio de tendencia. El torniquete extraordinario que anunció Caputo para secar la plaza de pesos, último intento desesperado de evitar una devaluación, es justamente un reconocimiento de ese fracaso.

Sucede que los cimientos del programa de gobierno que desplegó desde diciembre están fallando. El superávit por ahora es sólo un ejercicio de creatividad contable. Todavía no se resolvió la deuda con las empresas energéticas, agravada por la decisión de posponer una nueva suba de tarifas.

El saldo comercial con los importadores ya superó largamente los 10 mil millones de dólares, contando desde diciembre. La recaudación se cae a pedazos porque se desploma el consumo, el empleo y la actividad. Esta semana el propio Milei puso en duda el bono de 70 mil pesos para más de cinco millones de jubilados, que ya pagaron la mayor parte del ajuste, por "cómo vienen los números fiscales".

Esas inconsistencias meten ruido en el panorama cambiario; en estas condiciones el dólar está demasiado bajo, según coinciden el FMI y los dueños de los silobolsas que se pueden ver desde las rutas argentinas en todo el centro del país, acumulándose como nunca antes.

Las desprolijidades constitucionales que se cometieron en el embate para aprobar la ley de bases comprometen, adicionalmente, los recursos previstos por haber repuesto el impuesto a las ganancias, una fuente de financiamiento al tesoro que, en los cálculos del gobierno, debe aportar cada año casi medio punto del producto bruto.

Aprobada dos veces por la cámara de Diputados pero ninguna por el Senado, esa recaudación sufre una doble amenaza, en los tribunales, donde se impugnará la constitucionalidad del trámite, y en las calles, por parte de sindicatos poderosos que se ven especialmente afectados por la imposición.

Los primeros fueron los aceiteros, que comenzaron esta semana un paro en protesta por la sanción de la ley de bases. En la sesión, el diputado Jorge Ávila, dirigente petrolero chubutense alineado con el gobernador PRO Nacho Torres, advirtió: "Apenas tengamos el primer descuento, le vamos a parar toda la actividad del país".

Será un desafío para los historiadores del futuro explicar el apoyo transversal que obtuvo, en este contexto, la ley de bases, y que permitió que un gobierno casi sin representación legislativa consiguiera los votos para hacer una cantidad de reforma que nunca hubieran logrado otras gestiones mucho más asentadas.

Sin dudas el Régimen Especial para Grandes Inversiones, y particularmente los sponsors comprometidos con esa iniciativa (tanto que se tomaron el trabajo de escribir la letra) es una de las razones más poderosas. Algunas gestiones fueron transparentes y a la luz del día, otras transcurrieron por canales menos visibles.

El interés en los recursos estratégicos que tiene la Argentina, y ahora se ofrecen con impudicia al mejor postor, excede largamente las oportunidades de negocios para corporaciones privadas locales y extranjeras; también son asunto de interés geopolítico para las grandes potencias.

El alzamiento militar de este miércoles en Bolivia se explica principalmente por la crisis institucional causada por el quiebre entre las dos facciones de la alianza nacional-popular que encabezan el actual presidente, Luis Arce, y su antecesor Evo Morales. Pero sucede en un contexto más amplio en el que no puede soslayarse el factor geopolítico.

Sin ir más lejos, el litio fue uno de los móviles principales detrás del golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019, algo que inmortalizó Elon Musk en un tuit celebratorio. "Vamos a dar todos los golpes que tengamos ganas. Jodete", escribió por entonces el dueño de Tesla, compañía de autos eléctricos que necesitan, para funcionar, baterías de litio.

En febrero de ese año, Morales había firmado un acuerdo con un consorcio chino para articular un circuito de extracción y procesamiento con centralidad la empresa pública Yacimiento de Litio Boliviano. En enero de este año, Arce volvió a anunciar un acuerdo similar.

¿Qué pasó en el medio? Es una historia que reveló en 2021 la organización de periodistas de investigación ingleses Declassified UK, especializada en asuntos estratégicos y cuestiones vinculadas a la inteligencia. Sólo El Destape, en aquella ocasión, se hizo eco de la noticia.

Tras el golpe, la presidenta de facto Jeanine Añez designó un nuevo director para YLB, Juan Carlos Zuleta, que en su primera entrevista anunció límites a la participación extranjera en la explotación de litio. En la práctica eso hizo volar por los aires el acuerdo con China.

En simultáneo, el BID aprobó el financiamiento de un proyecto destinado a "optimizar la exploración del litio en Bolivia (en los salares de Coipasa y Pastos Grandes) usando tecnología británica". Por esa época, la embajada británica en La Paz financió un proyecto de desarrollo satelital para "optimizar la exploración y explotación de los mejores y más grandes yacimiento de litio en los salares de Copiasa y Pastos Grandes".

Hay más: en marzo de 2020, cuatro meses después del golpe, la embajada británica y el ministerio de Minería boliviano co-organizaron un seminario internacional para empresas del sector extractivo.

Parte del evento fue tercerizado por la compañía británica Watchman. Los documentos a los que tuvo acceso Declassified UK indican que "ofrece servicios para compañías mineras bolivianas que buscan encontrar soluciones win-win para sus controversias con habitantes indígenas o pueblos localizados en el área de influencia de sus actividades".

En su página web exhibe el logo del Foreign Office. Su director asociado, Gabriel Carter, proviene de la industria de la seguridad privada y tuvo otro emprendimiento que daba "apoyo a empresas norteamericanas y británicas que desarrollan proyectos" en Afganistán. Carter también trabajó para Goldman Sachs y, según la publicación, es miembro del Special Forces Club, exclusivo para exagentes de inteligencia y fuerzas de élite.

Otra empresa había comenzado a operar en La Paz en los meses previos al golpe de Estado. Darktrace figura como una compañía de ciberseguridad y se registró el 10 de junio de 2013.

Es una fecha llamativa, porque un día antes Edward Snowden, desde el exilio, había confirmado la autenticidad de sus filtraciones sobre los programas de inteligencia ilegal del gobierno de Barack Obama. Según el reporte de Declassified UK, la firma que controla a Darktrace está vinculada a la inteligencia británica y trabaja con personal de inteligencia norteamericano, incluyendo agentes de la CIA y la NSA.

En Bolivia fue contratada por la embajada británica para participar en un seminario, en este caso de banqueros. Del mismo evento participó Chatham House, un think tank con base en Londres, dirigido por una ex directora del MI5 y financiado por el Departamento de Estado, el Foreign Office, la Armada británica, British Petroleum y Chevron.

La revelación más sorprendente, sin embargo, es que Londres estuvo involucrado directamente en el financiamiento del golpe contra Morales.

Siempre según esta investigación, "la embajada británica gastó ocho mil libras para formar una alianza de organizaciones de la sociedad civil que coordinen un operativo con ciudadanos para ser veedores de las elecciones de 2019. Esa alianza llevó a cabo una encuesta de intención de voto previo a las elecciones, que a su vez sirvió como insumo importante para el reporte de la misión de la OEA que denunció irregularidades en el proceso".

Además, en febrero del mismo año había financiado con casi 10 mil libras a la fundación Thomson Reuters para entrenar a 30 periodistas en "técnicas de verificación y pre-planeamiento de una cobertura electoral que de información balanceada, precisa y libre de polarización" que también se utilizaron como insumo para la operación mediática e institucional que apoyó a los golpistas.

Para la misma época que en Bolivia se pergeñaba el ataque contra la democracia, a pocos kilómetros de allí, en Jujuy, Mauricio Macri y Gerardo Morales, por entonces presidente de la Nación y gobernador de Jujuy, organizaron la primera Mesa del Litio argentina para "avanzar en los temas que permitan promover las inversiones".

Se conformó allí un grupo de empresarios, legisladores nacionales, funcionarios nacionales y provinciales y lobbistas, que volvieron a verse las caras algunas semanas más tarde, en abril, esta vez en la embajada británica en Buenos Aires.

Pero no hay dos sin tres: una delegación de más de ochenta invitados, entre empresarios, funcionarios y legisladores, viajó en mayo, durante tres días, a Londres, invitados por la Cámara de Comercio Británico Argentina. Entre las pasajeras de ese viaje había una joven senadora por la provincia de Neuquén que, quizá, ya por entonces anhelaba una embajada europea.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".