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Nacionales - 29-06-2024 / 10:06
EL ATENTADO FUE SOSTENIDO POR EL DISCURSO DE ODIO QUE SE INSTALÓ Y LA LEY BASES FUE LA CONSAGRACIÓN DE LOS INTERESES QUE INFLARON ESE DISCURSO

¿Cómo se relaciona la Ley Bases con el intento terrorista de asesinato de Cristina Kirchner?

¿Cómo se relaciona la Ley Bases con el intento terrorista de asesinato de Cristina Kirchner?
En la misma semana que comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner –ninguneado por las corporaciones de medios-- se aprobó la ley Bases. El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses. Y la aprobación de la Ley Bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina.
El comienzo del juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner y la aprobación de la ley Bases dieron forma esta semana a un diagnóstico muy aproximado sobre la crisis o sobre la forma como el país resolvió los conflictos y tomó un rumbo. El resultado es alarmante por la salud institucional de una democracia atravesada por discursos de odio instrumentados por sectores del poder económico que finalmente logran favorecer sus intereses.
 
El capítulo impositivo de la ley Base es auto incriminatorio: un millón de trabajadores pasarán a pagar Ganancias por el equivalente al 0,5 por ciento del PBI. Y por la rebaja al impuesto a los Bienes Personales, los 120 mil millonarios que fugaron dólares al exterior, dejarán de pagar el equivalente al 0,4 por ciento del PBI. Pierden los trabajadores, ganan los millonarios que fugaron dólares.
 
Ambos impuestos son coparticipables y formaron parte de la extorsión del gobierno sobre los gobernadores para la aprobación de la ley. Los del centro del país, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, agarraron viaje sin dudarlo porque el porcentaje de trabajadores afectados por Ganancias es menor.
 
En cambio, los gobernadores de las provincias del Sur, como Chubut, donde los salarios son más altos porque se considera zona desfavorable, hicieron el teatro de protestar, pero sus diputados igual firmaron. Como la cantidad coparticipable prácticamente no varía, estos gobernadores aceptaron que les aumenten los impuestos a los trabajadores y se los bajen a los ricos.
 
Los diputados de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires votaron en contra de esos cambios igual que la gran mayoría de esa bancada, además de los diputados de la izquierda. El tema impositivo no fue el más importante pero es muy claro para exponer de manera inapelable quién gana y quién pierde con esa ley. Y muy claro también para mostrar la forma como el gobierno corrompe la política.
 
Pero quizás lo más clarificador fue que muchos de los diputados que votaron a favor de esta norma, hicieron discursos en contra, con críticas muy certeras a lo que estaban votando. El diputado radical por Córdoba, Rodrigo de Loredo, resultó quizás el más famoso por este rasgo esquizofrénico de una parte de la política nacional.
 
"Nosotros le dijimos al oficialismo ¿en serio quieren bajar impuestos a los más ricos, a los que tienen la plata fuera? Si ustedes quieren eso, nosotros lo apoyamos, aunque estamos en contra, porque es lo que votó la gente". Se sacó la responsabilidad de encima, como si a él no lo hubiera votado nadie.
 
Y hubo gobernadores que podrían haber negociado la explotación del litio con muchos más beneficios para sus provincias, pero mandaron votar a favor porque temieron quedar por fuera de un probable desembarco atropellado de empresas atraídas por una legislación tan favorable como la del RIGI. Cuando se perciban a fondo las consecuencias desfavorables en las provincias es probable que esos gobernadores ya no gobiernen. Serán otros los que pagarán el costo. 
 

 
La política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no solamente de las empresas a costa de las personas. La decisión de estos gobernadores para que los costos de sus decisiones las paguen los que vengan después, también es una forma de corromper a la política.
 
Se aceptó sin discutir ni investigar que las normas incluídas en la Ley Base fueron redactadas por los estudios de abogacía de las principales corporaciones. Cada una puso lo que le convenía a sus clientes. Ni el poder económico ni los estudios de abogados forman parte de los poderes republicanos. Son poderes fácticos, igual que los medios de comunicación tradicionales y las redes. A poco de recuperar la democracia se estableció una tensión intensa entre los poderes republicanos y los poderes fácticos.
 
La aprobación de la Ley Bases es la consecuencia de que finalmente los tres poderes republicanos han sido arrasados por los poderes fácticos englobados en la cúspide de de la pirámide social, un sector del capital concentrado en alianza con transnacionales.
 
Los sectores populares, tanto los que aún defienden sus intereses como los que fueron cooptados por el discurso opuesto a ellos, quedaron arrinconados por la ofensiva salvaje de esta alianza reaccionaria, que es el principal factor de corrupción de la política porque sólo utiliza la compra de voluntades en la justicia y la política y la difamación en los medios y las redes.
 
Una expresión clara de esta forma de hacer política ha sido la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en el caso dramático de la desaparición del niño Loan Peña. Después de diez días de silencio, anunció con gran teatralidad que viajaba a Paraguay porque había indicios de que el niño había sido llevado a ese país.
 
Y en realidad era mentira porque se trataba de un viaje programado desde mucho antes para una reunión de ministros del Mercosur. Después de ese papelón anunció que ahora sí "venía con todo" y que incluso iba a mirar con aparatos especiales el interior de la panza de animales salvajes, por si se habían comido a Loan.
 
Ha sido un viaje largo para convertir a la política en este mamarracho. Cuando Patricia Bullrich era presidenta del PRO se negó a repudiar el intento de asesinato de Cristina Kirchner. En ese punto se quebró el contrato democrático establecido cuando se retiró la dictadura. Los que festejaron, los que callaron, los que minimizaron, fueron cómplices del discurso de odio que habían instalado en la sociedad y que culminó con ese atentado. "Sé que hubiera provocado una guerra civil" dijo el criminal en el banquillo de los acusados.
 
En las narices de la justicia y de los investigadores borraron los celulares de los atacantes y de todas las personas involucradas, no se investigaron los vínculos políticos de los acusados, militantes de agrupaciones macristas caracterizados por sus acciones violentas, ni sus fuentes de financiamiento, cuando era sabido que uno de sus principales dirigentes recibía mucho dinero de empresas de la familia Caputo.
 
Cómplices los periodistas que acusaron sin pruebas en medios que amplificaron mentiras y cómplices los jueces que condenaron sin fundamentos. Cristina Kirchner era el obstáculo, una referente popular que molestaba a estos intereses que buscaron sacarla de circulación con esa campaña.
 
El discurso de odio se enfocó con mucha claridad en la obra pública y en las políticas sociales como formas de corrupción que servían para enriquecer a Cristina Kirchner quien, en sus presidencias impulsó ambas líneas de acción estatal. No comprobaron nada, investigaron y amplificaron mucho más estas falsas denuncias que su intento de asesinato.
 
En la misma semana que comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner -ninguneado por las corporaciones de medios-- se aprobó la ley Bases. El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses. Y la aprobación de la Ley Bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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