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Nacionales - 29-06-2024 / 10:06
EL ATENTADO FUE SOSTENIDO POR EL DISCURSO DE ODIO QUE SE INSTALÓ Y LA LEY BASES FUE LA CONSAGRACIÓN DE LOS INTERESES QUE INFLARON ESE DISCURSO

¿Cómo se relaciona la Ley Bases con el intento terrorista de asesinato de Cristina Kirchner?

¿Cómo se relaciona la Ley Bases con el intento terrorista de asesinato de Cristina Kirchner?
En la misma semana que comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner –ninguneado por las corporaciones de medios-- se aprobó la ley Bases. El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses. Y la aprobación de la Ley Bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina.
El comienzo del juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner y la aprobación de la ley Bases dieron forma esta semana a un diagnóstico muy aproximado sobre la crisis o sobre la forma como el país resolvió los conflictos y tomó un rumbo. El resultado es alarmante por la salud institucional de una democracia atravesada por discursos de odio instrumentados por sectores del poder económico que finalmente logran favorecer sus intereses.
 
El capítulo impositivo de la ley Base es auto incriminatorio: un millón de trabajadores pasarán a pagar Ganancias por el equivalente al 0,5 por ciento del PBI. Y por la rebaja al impuesto a los Bienes Personales, los 120 mil millonarios que fugaron dólares al exterior, dejarán de pagar el equivalente al 0,4 por ciento del PBI. Pierden los trabajadores, ganan los millonarios que fugaron dólares.
 
Ambos impuestos son coparticipables y formaron parte de la extorsión del gobierno sobre los gobernadores para la aprobación de la ley. Los del centro del país, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, agarraron viaje sin dudarlo porque el porcentaje de trabajadores afectados por Ganancias es menor.
 
En cambio, los gobernadores de las provincias del Sur, como Chubut, donde los salarios son más altos porque se considera zona desfavorable, hicieron el teatro de protestar, pero sus diputados igual firmaron. Como la cantidad coparticipable prácticamente no varía, estos gobernadores aceptaron que les aumenten los impuestos a los trabajadores y se los bajen a los ricos.
 
Los diputados de Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires votaron en contra de esos cambios igual que la gran mayoría de esa bancada, además de los diputados de la izquierda. El tema impositivo no fue el más importante pero es muy claro para exponer de manera inapelable quién gana y quién pierde con esa ley. Y muy claro también para mostrar la forma como el gobierno corrompe la política.
 
Pero quizás lo más clarificador fue que muchos de los diputados que votaron a favor de esta norma, hicieron discursos en contra, con críticas muy certeras a lo que estaban votando. El diputado radical por Córdoba, Rodrigo de Loredo, resultó quizás el más famoso por este rasgo esquizofrénico de una parte de la política nacional.
 
"Nosotros le dijimos al oficialismo ¿en serio quieren bajar impuestos a los más ricos, a los que tienen la plata fuera? Si ustedes quieren eso, nosotros lo apoyamos, aunque estamos en contra, porque es lo que votó la gente". Se sacó la responsabilidad de encima, como si a él no lo hubiera votado nadie.
 
Y hubo gobernadores que podrían haber negociado la explotación del litio con muchos más beneficios para sus provincias, pero mandaron votar a favor porque temieron quedar por fuera de un probable desembarco atropellado de empresas atraídas por una legislación tan favorable como la del RIGI. Cuando se perciban a fondo las consecuencias desfavorables en las provincias es probable que esos gobernadores ya no gobiernen. Serán otros los que pagarán el costo. 
 

 
La política tiene que ser una herramienta para mejorar la vida de las personas y no solamente de las empresas a costa de las personas. La decisión de estos gobernadores para que los costos de sus decisiones las paguen los que vengan después, también es una forma de corromper a la política.
 
Se aceptó sin discutir ni investigar que las normas incluídas en la Ley Base fueron redactadas por los estudios de abogacía de las principales corporaciones. Cada una puso lo que le convenía a sus clientes. Ni el poder económico ni los estudios de abogados forman parte de los poderes republicanos. Son poderes fácticos, igual que los medios de comunicación tradicionales y las redes. A poco de recuperar la democracia se estableció una tensión intensa entre los poderes republicanos y los poderes fácticos.
 
La aprobación de la Ley Bases es la consecuencia de que finalmente los tres poderes republicanos han sido arrasados por los poderes fácticos englobados en la cúspide de de la pirámide social, un sector del capital concentrado en alianza con transnacionales.
 
Los sectores populares, tanto los que aún defienden sus intereses como los que fueron cooptados por el discurso opuesto a ellos, quedaron arrinconados por la ofensiva salvaje de esta alianza reaccionaria, que es el principal factor de corrupción de la política porque sólo utiliza la compra de voluntades en la justicia y la política y la difamación en los medios y las redes.
 
Una expresión clara de esta forma de hacer política ha sido la intervención de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich en el caso dramático de la desaparición del niño Loan Peña. Después de diez días de silencio, anunció con gran teatralidad que viajaba a Paraguay porque había indicios de que el niño había sido llevado a ese país.
 
Y en realidad era mentira porque se trataba de un viaje programado desde mucho antes para una reunión de ministros del Mercosur. Después de ese papelón anunció que ahora sí "venía con todo" y que incluso iba a mirar con aparatos especiales el interior de la panza de animales salvajes, por si se habían comido a Loan.
 
Ha sido un viaje largo para convertir a la política en este mamarracho. Cuando Patricia Bullrich era presidenta del PRO se negó a repudiar el intento de asesinato de Cristina Kirchner. En ese punto se quebró el contrato democrático establecido cuando se retiró la dictadura. Los que festejaron, los que callaron, los que minimizaron, fueron cómplices del discurso de odio que habían instalado en la sociedad y que culminó con ese atentado. "Sé que hubiera provocado una guerra civil" dijo el criminal en el banquillo de los acusados.
 
En las narices de la justicia y de los investigadores borraron los celulares de los atacantes y de todas las personas involucradas, no se investigaron los vínculos políticos de los acusados, militantes de agrupaciones macristas caracterizados por sus acciones violentas, ni sus fuentes de financiamiento, cuando era sabido que uno de sus principales dirigentes recibía mucho dinero de empresas de la familia Caputo.
 
Cómplices los periodistas que acusaron sin pruebas en medios que amplificaron mentiras y cómplices los jueces que condenaron sin fundamentos. Cristina Kirchner era el obstáculo, una referente popular que molestaba a estos intereses que buscaron sacarla de circulación con esa campaña.
 
El discurso de odio se enfocó con mucha claridad en la obra pública y en las políticas sociales como formas de corrupción que servían para enriquecer a Cristina Kirchner quien, en sus presidencias impulsó ambas líneas de acción estatal. No comprobaron nada, investigaron y amplificaron mucho más estas falsas denuncias que su intento de asesinato.
 
En la misma semana que comenzó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner -ninguneado por las corporaciones de medios-- se aprobó la ley Bases. El juicio, una consecuencia del discurso de odio alimentado por quienes querían proscribir y erradicar un obstáculo para sus intereses. Y la aprobación de la Ley Bases, la consagración de esos intereses. Una semana que explica a la Argentina.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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