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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 28-06-2024 / 10:06
DESPUÉS DE SEIS MESES, EL GOBIERNO TIENE SU LEY Y LOS ARGENTINOS TENDRÁN MÁS PROBLEMAS EN UN PAÍS INJUSTO Y CRUEL

La casta corrupta salvó a Milei: se sancionó la nefasta Ley Bases y el Paquete Fiscal

La casta corrupta salvó a Milei: se sancionó la nefasta Ley Bases y el Paquete Fiscal
La Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para Milei, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.
El "nido de ratas" de la Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier "el Loco" Milei, a 6 meses de su gestión, gracias a los votos de los bloques colaboracionistas. La Ley Bases obtuvo 147 afirmativos con las modificaciones del Senado con una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para "Mono con Navaja" Milei, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales. El Paquete Fiscal se aprobó con la restitución del abusivo impuesto al salario para trabajadores y la rebaja de bienes personales para los más ricos. Con ella, Milei se lanzará al desguace del Estado. Ambas leyes están cuestionadas por la corrupción que rodeó la votación del Senado con la compra de votos, y promete judicializarse.
 
Con el respaldo de la "casta corrupta" del PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y gran parte de las fuerzas provinciales, el paquete fiscal, con su reversión del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, también consiguió apoyo mayoritario. El regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores obtuvo 136 votos a favor y 116 en contra, con 3 abstenciones. La rebaja en los Bienes Personales para los más ricos alcanzó 134 votos positivos frente a 118 en contra y también 3 abstenciones. Se abre ahora la instancia de la judicialización, sobre todo del impuesto a las Ganancias, por lo irregular del trámite seguido.
 
El PRO, pese a la guerra interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, saldría a defender las dos leyes como si fueran propias. "Solo quien vive como casta podía no entender que en diciembre había una crisis que no podía esperar", señaló la ex paloma, María Eugenia Vidal
 
Sería la izquierda y el peronismo, así como los socialistas santafesinos, los que encabezarían las críticas a la ley. "Pone los beneficios en el sector empresario y quita derechos de los trabajadores. Pone en situación de despido cuando haya una huelga. Y sigue permitiendo el fraude laboral", denunció Sergio Palazzo. "¿Vamos a cometer la injusticia de restaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores? Hace menos de un año el propio Milei dijo que era un delirio descomunal tratar al salario como ganancias. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?", chicaneó, por otro lado, Eduardo Valdés (UxP).
 
El sindicalista petrolero de Chubut que responde al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, Jorge Ávila, sin embargo, pasaría por encima de las discusiones constitucionales y advertiría que, de aprobarse Ganancias, sería toda la Patagonia la que se pondría en pie de guerra. "¿Creen que le vamos a entregar el impuesto a las Ganancias? Nosotros apenas tengamos el primer descuento le vamos a parar toda la actividad del país", advirtió.
 
Milei, el topo decidido a "destruir el Estado desde adentro", logró la sanción de estas leyes luego de un sinuoso camino de negociación con los bloques colaboracionistas. No solo tuvieron que retroceder de varios capítulos y artículos, sino que incluyó crisis políticas con la caída de la primera sesión de febrero, escándalos de corrupción, un empate en el Senado, persistentes movilizaciones de rechazo afuera del Congreso y violenta represión. Pero el camino para el gobierno libertario con estas leyes no terminó: habrá judicialización por la restitución del impuesto a las ganancias por inconstitucional.
 
La Opinión Popular
 

 
ESTA MADRUGADA SE VOTÓ LA LEY BASES Y EL PAQUETE FISCAL EN DIPUTADOS
 
El Gobierno tiene su ley y los argentinos tendrán ahora más problemas
 
La Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el Gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.
 
La tercera es la vencida y tras seis meses de idas y vueltas, de sesiones fallidas y cientos de artículos modificados, de misiles presidenciales contra el "nido de ratas" del Congreso y una oposición dialoguista que le rogaba al gobierno que los ayudara a ayudarlos, la Cámara de Diputados votó la primera ley de Javier Milei.
 
Pasada la una de la mañana, la Ley Bases - que incluye una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para eliminar organismos públicos, la privatización de ocho empresas públicas y un régimen de inversiones con beneficios exorbitantes para las empresas multinacionales - fue sancionada, con las modificaciones introducidas por el Senado,
 
Desde temprano, en la Cámara de Diputados predominaba el cansancio y la sensación de que, tras seis meses de debate, se cerraba finalmente una etapa del gobierno de Milei. Los radicales y pichettistas, que luego acompañarían la sanción de las dos leyes, sacaban pecho y aseguraban que "ahora al presidente se le acabaron las excusas".
 
El oficialismo, mientras tanto, se mostraba exultante: había logrado reunir quórum pasado el mediodía sin ningún problema y se movía tranquilo con la seguridad de que, a la madrugada, podría finalmente ofrecerle al presidente las dos primeras leyes de su gestión. Ninguno había querido perderse el acontecimiento y, desde temprano, se vio pasar a Karina Milei y Victoria Villarruel - que llegaron al mismo tiempo pero no intercambiaron palabra -, así como a Guillermo Francos.
 
La única fuente de malestar oficialista giraba en torno al poroteo por la restitución de Ganancias para todas las personas que cobran más de 1,8 millones de pesos. La votación del paquete fiscal constaría de cuatro votaciones: primero el artículo 111 referido al gasto tributario, después Ganancias, Bienes Personales y, finalmente, el resto del proyecto con las modificaciones del Senado.
 
Y la rebelión de los radicales sin techo, como Karina Banfi, Fabio Quetglas o Roxana Reyes, tenía nervioso al gobierno: los diputados de la UCR se venían quejando de tener que arrastrar el costo político de una medida impopular cuando el presidente, que había votado en contra de Ganancias cuando era diputado, después saliera a acusarlo de "degenerados fiscales". Tanto nerviosismo terminó demostrándose infundado.
 
Ninguno de los radicales quería quedar marcado como el responsable de que Ganancias terminara siendo rechazado, por lo que la mayoría se mostraba dispuesto a negociar. La mayoría exigía fondos para financiar obras en municipios radicales. Otros, mientras tanto, reclamaban un diálogo más aceitado con el gobierno nacional.
 
La mayoría coincidía en que, al final del día, el impuesto se aprobaría, pero el número estaba finito, y se veía correr por los pasillos a la mendocina Pamela Verasay, así como otros radicales mileístas, trabajando para ordenar el bloque.
 
Distinto era el caso para Bienes Personales, capítulo que en abril había acompañado todo el bloque y que, ahora, la UCR sufriría al menos siete pérdidas de la línea Manes y Evolución. El oficialismo, sin embargo, igual contó con el número para aprobarlo.
 
 
El dilema peronista
  
Frente a la incertidumbre por Ganancias, el oficialismo apuntaba los cañones al peronismo. Específicamente a los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil que, en la votación de abril, se habían abstenido (excepto uno, Sebastian Nóblega, que había votado a favor). "Los gobernadores le están respirando en la nuca a algunos diputados. Acompañarán, los putearán, pero lo importante es no romper", analizaba, ya resignado, un dirigente sindical de UxP.
 
El bloque venía de mantener dos largas reuniones en las que se había escuchado las explicaciones de los legisladores que habían acompañado algunos puntos de la Ley Bases y el paquete fiscal y, pese algunas recriminaciones internas, se había coincidido en que lo importante era mantener la unidad del bloque en tanto única oposición "verdadera". El objetivo era rechazar las leyes del oficialismo, admitiendo que habría algunas filtraciones inevitables, y prepararse para la segunda etapa.
 
La mayor disyuntiva, sin embargo, era el RIGI. Debido al formato de la votación, que ponía a consideración el dictamen de mayoría que aceptaba las modificaciones realizadas por el Senado, no había posibilidad de una votación en particular. Por lo que para acompañar el RIGI, los sanjuaninos y catamarqueños (que ya lo habían votado) tendrían, ahora, que votar a favor de la Ley Bases en general.
 
El clima estaba espeso, sin embargo, ya que la experiencia del Senado --en donde varios peronistas habían acompañado el RIGI-- había terminado con un festival de amenazas de expulsión del PJ. Los sanjuaninos, como Walberto Allende o Ana Aubone, venían de reivindicar el efecto que el RIGI tendría sobre la explotación minera de sus provincia y algunos especulaban con que podrían terminar acompañando la ley. Al cierre, sin embargo, Allende aportó una de cal y una de arena: reivindicó la actividad minera, pero rechazó todo el articulado de la Ley Bases.
 
 
Judicialización y fin de ciclo: el debate final en Diputados
 
"Lo que hay hoy es un gran acuerdo de distintos sectores políticos confirmando el rumbo que votó el pueblo argentino. Esperamos que hoy esta ley sea el comienzo de un cambio", celebró Santiago Santurio, quien, como la mayoría libertaria, destacaría los seis meses de debate --en los que el gobierno había tenido que resignarse a negociar con la casta política-- como una bondad que había permitido sacar la mejor ley posible.
 
Durante el correr de las horas, sin embargo, gran parte del debate terminaría girando en torno a una posible judicialización del paquete fiscal, específicamente por el capítulo de Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazados por el Senado.
 
"Los jueces van a recibir cientos de miles de demandas, pero no del kirchnerismo, sino por lo menos de 800 mil trabajadores que se le cambió tres veces su situación impositiva en los últimos 9 meses", advirtió Vanesa Siley (UxP), que denunció que insistir en la aprobación de Ganancias y BBPP iba contra el artículo 81 de la Constitución: "Los dos títulos del paquete fiscal poseen autonomía normativa y se estructuran como leyes propias, por lo que desechadas totalmente no pueden volver a ser tratadas".
 
"Le corresponde a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no. Es lamentable que quienes se ven derrotados en el ámbito parlamentario pretendan judicializar la política", la cruzó el libertario Nicolás Mayoraz.
 
Fue Silvia Losppenato, sin embargo, quien tomó la posta para defender la interpretación constitucional del gobierno: "No existe en la Constitución impedimento alguno para tratar varias materias en una ley. Lo que no pudieron en las urnas pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley", chicaneó la exlarretista que representa, hoy por hoy, el mayor cuadro técnico del oficialismo.
 
 
La Patagonia en pie de guerra
  
El sindicalista petrolero de Chubut que responde al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, Jorge Ávila, sin embargo, pasaría por encima de las discusiones constitucionales y advertiría que, de aprobarse Ganancias, sería toda la Patagonia la que se pondría en pie de guerra. "¿Creen que le vamos a entregar el impuesto a las Ganancias? Nosotros apenas tengamos el primer descuento le vamos a parar toda la actividad del país", advirtió.
 
Los radicales, mientras tanto, expusieron sus diferencias internas. Mientras que Francisco Monti (Catamarca) defendía, a puro golpe de la banca, la restitución al impuesto a las Ganancias y llamaba a sus coterráneos peronistas a que hicieran lo mismo --"No me importan las banderías partidarias, voy a votar un impuesto progresivo"--, otros, como Fernando Carbajal (Formosa) advertía que el capítulo se judicializaría.
 
Los diputados de HCF, mientras tanto, aprovecharon por señalar que el gobierno, después de mucho pataleo, había terminado negociando con la "casta política". "El gobierno aprendió a negociar", chicaneó Oscar Agost Carreño, uno de los diputados responsables, junto a Miguel Ángel Pichetto, de que el gobierno hubiera tenido que retirar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina del listado de privatizaciones. "Terminaron los pretextos y la cortina de humo", señaló, a su vez, Nicolás Massot.
 
Sería la izquierda y UxP, así como los socialistas santafesinos, los que encabezarían las críticas a la ley. "Pone los beneficios en el sector empresario y quita derechos de los trabajadores. Pone en situación de despido cuando haya una huelga. Y sigue permitiendo el fraude laboral", denunció Sergio Palazzo. También tomaría la palabra, ya cerca de la medianoche, Máximo Kirchner, quien haría particular hincapié en las consecuencias del RIGI: "Es verdad que esta ley contiene cercenamiento de derecho laborales, deberá entonces la oposición pensar cómo construye un 2027 para restituir esos derechos. Pero el RIGI excede el mandato del actual presidente", advirtió el líder de La Cámpora y recordó, a modo de ejemplo, el caso de Petronas: "Petronas firmó un acuerdo con YPF que tiene media aprobación de Diputados y, sin embargo, ahora quiere el RIGI nuevo. ¿Qué significa? Que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas y no a YPF y al pueblo argentino".
 
"¿Vamos a cometer la injusticia de restaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores? Hace menos de un año el propio Milei dijo que era un delirio descomunal tratar al salario como ganancias. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?", chicaneó, por otro lado, Eduardo Valdés (UxP).
 
La Coalición Cívica tendría su propia bandera: la restitución del artículo 111, que insta al Ejecutivo a enviar un proyecto que disminuya en un 20 por ciento el gasto tributario. Se necesitaban dos tercios para imponerlo, ya que esa era la mayoría con la cual el Senado lo había rechazado, y era una batalla perdida: sólo serviría como insumo a la oposición dialoguista para criticar al gobierno.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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