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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 28-06-2024 / 10:06
DESPUÉS DE SEIS MESES, EL GOBIERNO TIENE SU LEY Y LOS ARGENTINOS TENDRÁN MÁS PROBLEMAS EN UN PAÍS INJUSTO Y CRUEL

La casta corrupta salvó a Milei: se sancionó la nefasta Ley Bases y el Paquete Fiscal

La casta corrupta salvó a Milei: se sancionó la nefasta Ley Bases y el Paquete Fiscal
La Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para Milei, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.
El "nido de ratas" de la Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier "el Loco" Milei, a 6 meses de su gestión, gracias a los votos de los bloques colaboracionistas. La Ley Bases obtuvo 147 afirmativos con las modificaciones del Senado con una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para "Mono con Navaja" Milei, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales. El Paquete Fiscal se aprobó con la restitución del abusivo impuesto al salario para trabajadores y la rebaja de bienes personales para los más ricos. Con ella, Milei se lanzará al desguace del Estado. Ambas leyes están cuestionadas por la corrupción que rodeó la votación del Senado con la compra de votos, y promete judicializarse.
 
Con el respaldo de la "casta corrupta" del PRO, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal y gran parte de las fuerzas provinciales, el paquete fiscal, con su reversión del impuesto a las Ganancias y la reforma de Bienes Personales, también consiguió apoyo mayoritario. El regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores obtuvo 136 votos a favor y 116 en contra, con 3 abstenciones. La rebaja en los Bienes Personales para los más ricos alcanzó 134 votos positivos frente a 118 en contra y también 3 abstenciones. Se abre ahora la instancia de la judicialización, sobre todo del impuesto a las Ganancias, por lo irregular del trámite seguido.
 
El PRO, pese a la guerra interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich, saldría a defender las dos leyes como si fueran propias. "Solo quien vive como casta podía no entender que en diciembre había una crisis que no podía esperar", señaló la ex paloma, María Eugenia Vidal
 
Sería la izquierda y el peronismo, así como los socialistas santafesinos, los que encabezarían las críticas a la ley. "Pone los beneficios en el sector empresario y quita derechos de los trabajadores. Pone en situación de despido cuando haya una huelga. Y sigue permitiendo el fraude laboral", denunció Sergio Palazzo. "¿Vamos a cometer la injusticia de restaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores? Hace menos de un año el propio Milei dijo que era un delirio descomunal tratar al salario como ganancias. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?", chicaneó, por otro lado, Eduardo Valdés (UxP).
 
El sindicalista petrolero de Chubut que responde al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, Jorge Ávila, sin embargo, pasaría por encima de las discusiones constitucionales y advertiría que, de aprobarse Ganancias, sería toda la Patagonia la que se pondría en pie de guerra. "¿Creen que le vamos a entregar el impuesto a las Ganancias? Nosotros apenas tengamos el primer descuento le vamos a parar toda la actividad del país", advirtió.
 
Milei, el topo decidido a "destruir el Estado desde adentro", logró la sanción de estas leyes luego de un sinuoso camino de negociación con los bloques colaboracionistas. No solo tuvieron que retroceder de varios capítulos y artículos, sino que incluyó crisis políticas con la caída de la primera sesión de febrero, escándalos de corrupción, un empate en el Senado, persistentes movilizaciones de rechazo afuera del Congreso y violenta represión. Pero el camino para el gobierno libertario con estas leyes no terminó: habrá judicialización por la restitución del impuesto a las ganancias por inconstitucional.
 
La Opinión Popular
 

 
ESTA MADRUGADA SE VOTÓ LA LEY BASES Y EL PAQUETE FISCAL EN DIPUTADOS
 
El Gobierno tiene su ley y los argentinos tendrán ahora más problemas
 
La Cámara baja sancionó la primera ley del gobierno de Javier Milei, que incluye el regreso de ganancias para los trabajadores, bajas de impuestos para los más ricos, una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para el Gobierno, privatizaciones y beneficios exorbitantes para las multinacionales.
 
La tercera es la vencida y tras seis meses de idas y vueltas, de sesiones fallidas y cientos de artículos modificados, de misiles presidenciales contra el "nido de ratas" del Congreso y una oposición dialoguista que le rogaba al gobierno que los ayudara a ayudarlos, la Cámara de Diputados votó la primera ley de Javier Milei.
 
Pasada la una de la mañana, la Ley Bases - que incluye una regresiva reforma laboral, facultades extraordinarias para eliminar organismos públicos, la privatización de ocho empresas públicas y un régimen de inversiones con beneficios exorbitantes para las empresas multinacionales - fue sancionada, con las modificaciones introducidas por el Senado,
 
Desde temprano, en la Cámara de Diputados predominaba el cansancio y la sensación de que, tras seis meses de debate, se cerraba finalmente una etapa del gobierno de Milei. Los radicales y pichettistas, que luego acompañarían la sanción de las dos leyes, sacaban pecho y aseguraban que "ahora al presidente se le acabaron las excusas".
 
El oficialismo, mientras tanto, se mostraba exultante: había logrado reunir quórum pasado el mediodía sin ningún problema y se movía tranquilo con la seguridad de que, a la madrugada, podría finalmente ofrecerle al presidente las dos primeras leyes de su gestión. Ninguno había querido perderse el acontecimiento y, desde temprano, se vio pasar a Karina Milei y Victoria Villarruel - que llegaron al mismo tiempo pero no intercambiaron palabra -, así como a Guillermo Francos.
 
La única fuente de malestar oficialista giraba en torno al poroteo por la restitución de Ganancias para todas las personas que cobran más de 1,8 millones de pesos. La votación del paquete fiscal constaría de cuatro votaciones: primero el artículo 111 referido al gasto tributario, después Ganancias, Bienes Personales y, finalmente, el resto del proyecto con las modificaciones del Senado.
 
Y la rebelión de los radicales sin techo, como Karina Banfi, Fabio Quetglas o Roxana Reyes, tenía nervioso al gobierno: los diputados de la UCR se venían quejando de tener que arrastrar el costo político de una medida impopular cuando el presidente, que había votado en contra de Ganancias cuando era diputado, después saliera a acusarlo de "degenerados fiscales". Tanto nerviosismo terminó demostrándose infundado.
 
Ninguno de los radicales quería quedar marcado como el responsable de que Ganancias terminara siendo rechazado, por lo que la mayoría se mostraba dispuesto a negociar. La mayoría exigía fondos para financiar obras en municipios radicales. Otros, mientras tanto, reclamaban un diálogo más aceitado con el gobierno nacional.
 
La mayoría coincidía en que, al final del día, el impuesto se aprobaría, pero el número estaba finito, y se veía correr por los pasillos a la mendocina Pamela Verasay, así como otros radicales mileístas, trabajando para ordenar el bloque.
 
Distinto era el caso para Bienes Personales, capítulo que en abril había acompañado todo el bloque y que, ahora, la UCR sufriría al menos siete pérdidas de la línea Manes y Evolución. El oficialismo, sin embargo, igual contó con el número para aprobarlo.
 
 
El dilema peronista
  
Frente a la incertidumbre por Ganancias, el oficialismo apuntaba los cañones al peronismo. Específicamente a los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil que, en la votación de abril, se habían abstenido (excepto uno, Sebastian Nóblega, que había votado a favor). "Los gobernadores le están respirando en la nuca a algunos diputados. Acompañarán, los putearán, pero lo importante es no romper", analizaba, ya resignado, un dirigente sindical de UxP.
 
El bloque venía de mantener dos largas reuniones en las que se había escuchado las explicaciones de los legisladores que habían acompañado algunos puntos de la Ley Bases y el paquete fiscal y, pese algunas recriminaciones internas, se había coincidido en que lo importante era mantener la unidad del bloque en tanto única oposición "verdadera". El objetivo era rechazar las leyes del oficialismo, admitiendo que habría algunas filtraciones inevitables, y prepararse para la segunda etapa.
 
La mayor disyuntiva, sin embargo, era el RIGI. Debido al formato de la votación, que ponía a consideración el dictamen de mayoría que aceptaba las modificaciones realizadas por el Senado, no había posibilidad de una votación en particular. Por lo que para acompañar el RIGI, los sanjuaninos y catamarqueños (que ya lo habían votado) tendrían, ahora, que votar a favor de la Ley Bases en general.
 
El clima estaba espeso, sin embargo, ya que la experiencia del Senado --en donde varios peronistas habían acompañado el RIGI-- había terminado con un festival de amenazas de expulsión del PJ. Los sanjuaninos, como Walberto Allende o Ana Aubone, venían de reivindicar el efecto que el RIGI tendría sobre la explotación minera de sus provincia y algunos especulaban con que podrían terminar acompañando la ley. Al cierre, sin embargo, Allende aportó una de cal y una de arena: reivindicó la actividad minera, pero rechazó todo el articulado de la Ley Bases.
 
 
Judicialización y fin de ciclo: el debate final en Diputados
 
"Lo que hay hoy es un gran acuerdo de distintos sectores políticos confirmando el rumbo que votó el pueblo argentino. Esperamos que hoy esta ley sea el comienzo de un cambio", celebró Santiago Santurio, quien, como la mayoría libertaria, destacaría los seis meses de debate --en los que el gobierno había tenido que resignarse a negociar con la casta política-- como una bondad que había permitido sacar la mejor ley posible.
 
Durante el correr de las horas, sin embargo, gran parte del debate terminaría girando en torno a una posible judicialización del paquete fiscal, específicamente por el capítulo de Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazados por el Senado.
 
"Los jueces van a recibir cientos de miles de demandas, pero no del kirchnerismo, sino por lo menos de 800 mil trabajadores que se le cambió tres veces su situación impositiva en los últimos 9 meses", advirtió Vanesa Siley (UxP), que denunció que insistir en la aprobación de Ganancias y BBPP iba contra el artículo 81 de la Constitución: "Los dos títulos del paquete fiscal poseen autonomía normativa y se estructuran como leyes propias, por lo que desechadas totalmente no pueden volver a ser tratadas".
 
"Le corresponde a la Cámara de Diputados decidir si insiste o no. Es lamentable que quienes se ven derrotados en el ámbito parlamentario pretendan judicializar la política", la cruzó el libertario Nicolás Mayoraz.
 
Fue Silvia Losppenato, sin embargo, quien tomó la posta para defender la interpretación constitucional del gobierno: "No existe en la Constitución impedimento alguno para tratar varias materias en una ley. Lo que no pudieron en las urnas pretenden conseguirlo en los estrados judiciales. ¿Pero saben qué? Van a correr la misma suerte que corrieron hasta ahora. Señores integrantes del club del helicóptero fracasaron otra vez porque hoy habrá ley", chicaneó la exlarretista que representa, hoy por hoy, el mayor cuadro técnico del oficialismo.
 
 
La Patagonia en pie de guerra
  
El sindicalista petrolero de Chubut que responde al gobernador Ignacio "Nacho" Torres, Jorge Ávila, sin embargo, pasaría por encima de las discusiones constitucionales y advertiría que, de aprobarse Ganancias, sería toda la Patagonia la que se pondría en pie de guerra. "¿Creen que le vamos a entregar el impuesto a las Ganancias? Nosotros apenas tengamos el primer descuento le vamos a parar toda la actividad del país", advirtió.
 
Los radicales, mientras tanto, expusieron sus diferencias internas. Mientras que Francisco Monti (Catamarca) defendía, a puro golpe de la banca, la restitución al impuesto a las Ganancias y llamaba a sus coterráneos peronistas a que hicieran lo mismo --"No me importan las banderías partidarias, voy a votar un impuesto progresivo"--, otros, como Fernando Carbajal (Formosa) advertía que el capítulo se judicializaría.
 
Los diputados de HCF, mientras tanto, aprovecharon por señalar que el gobierno, después de mucho pataleo, había terminado negociando con la "casta política". "El gobierno aprendió a negociar", chicaneó Oscar Agost Carreño, uno de los diputados responsables, junto a Miguel Ángel Pichetto, de que el gobierno hubiera tenido que retirar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina del listado de privatizaciones. "Terminaron los pretextos y la cortina de humo", señaló, a su vez, Nicolás Massot.
 
Sería la izquierda y UxP, así como los socialistas santafesinos, los que encabezarían las críticas a la ley. "Pone los beneficios en el sector empresario y quita derechos de los trabajadores. Pone en situación de despido cuando haya una huelga. Y sigue permitiendo el fraude laboral", denunció Sergio Palazzo. También tomaría la palabra, ya cerca de la medianoche, Máximo Kirchner, quien haría particular hincapié en las consecuencias del RIGI: "Es verdad que esta ley contiene cercenamiento de derecho laborales, deberá entonces la oposición pensar cómo construye un 2027 para restituir esos derechos. Pero el RIGI excede el mandato del actual presidente", advirtió el líder de La Cámpora y recordó, a modo de ejemplo, el caso de Petronas: "Petronas firmó un acuerdo con YPF que tiene media aprobación de Diputados y, sin embargo, ahora quiere el RIGI nuevo. ¿Qué significa? Que las condiciones favorecen a Malasia y a Petronas y no a YPF y al pueblo argentino".
 
"¿Vamos a cometer la injusticia de restaurar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores? Hace menos de un año el propio Milei dijo que era un delirio descomunal tratar al salario como ganancias. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?", chicaneó, por otro lado, Eduardo Valdés (UxP).
 
La Coalición Cívica tendría su propia bandera: la restitución del artículo 111, que insta al Ejecutivo a enviar un proyecto que disminuya en un 20 por ciento el gasto tributario. Se necesitaban dos tercios para imponerlo, ya que esa era la mayoría con la cual el Senado lo había rechazado, y era una batalla perdida: sólo serviría como insumo a la oposición dialoguista para criticar al gobierno.
 
Por María Cafferata
 
Fuente: Página 12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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