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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 16-06-2024 / 10:06
LA “DOCTRINA” DEL FISCAL MACRISTA STORNELLI GENERA LOS PRIMEROS PRESOS POLÍTICOS DE LA ERA MILEI

¿La desquiciada Patricia Bullrich plantó servicios de inteligencia infiltrados para crear el caos entre los manifestantes?

¿La desquiciada Patricia Bullrich plantó servicios de inteligencia infiltrados para crear el caos entre los manifestantes?
LOS SIMULADORES. Cómo se construyó el sabotaje a la movilización opositora en Plaza Congreso. El papel de Bullrich y la Policía Federal, el ataque a los diputados para preparar el terreno, la absurda inacción de los uniformados ante el incendio del auto, los dos hombres que participaron del hecho y no fueron molestados, y el “terrorista” que fue recibido con abrazos por los represores.
Jefes sonrientes. Estaban todos conformes con la operación, que tuvo un objetivo primordial: romper la concentración del miércoles contra la Ley Bases antes que llegara el grueso de la gente. O sea, antes que llegaran los gremios y, sobre todo, evitar que la plaza se llene con ciudadanos comunes que se acercarían al atardecer, después de salir del trabajo.
 
Ninguno de los jefes federales podía responder, por ejemplo, a la pregunta de por qué habiendo decenas de motos, ninguna llegó enseguida al lugar donde prendían fuego al móvil de Cadena 3. Tampoco llegaron cuando, minutos después, dos hombres terminaron de vandalizar el móvil y se fueron tranquilamente en un viejo vehículo con la patente NBO 056 dada vuelta. La patente es trucha, no existe.
 
Todos los jefes de la Federal se hacen los distraídos ante el dato de que efectivos tiraron gases desde el séptimo piso de la ex Caja de Ahorro, ahora anexo del Congreso, sobre Hipólito Yrigoyen. Nadie hubiera admitido la imagen del hombre que participó de disturbios y luego fue muy bien recibido detrás de las vallas por los policías. Y nadie puede explicar que entre los detenidos no están los que quemaron el auto, sino manifestantes apresados a 5 o 6 cuadras de la plaza, principalmente sobre la avenida 9 de julio.
 
Un viejo sabueso de los servicios de inteligencia razonó: "nosotros esto lo hacíamos, pero para dispersar, para que no haya gente, no para meter manifestantes presos. Cuando quemamos Modart, en 1988, en avenida De Mayo y Perú, el objetivo era terminar con el acto que encabezaba (Saúl) Ubaldini. No hubo nadie preso. Eso sí, en la semana siguiente se vieron a unos cuantos de la SIDE muy bien vestidos".


Cuando a las 13.30 salieron los diputados a ver qué sucedía, se acercaron a la formación de policías con mucha tranquilidad. No había ningún elemento de agresión. Desde atrás de la formación de policías, apareció un efectivo y de manera brutal les tiró gas en la cara, principalmente a Carlos Castagneto y a Eduardo ValdésLas fuerzas de Bullrich, en lugar de prevenir desmanes, los provocan. El mensaje era "no se acerquen a la plaza, porque si le hacemos esto a los diputados, se imaginan lo que les haremos a los demás".

Como ocurrió antes y después de ese momento, los efectivos de las fuerzas de seguridad hostigaron a los que estaban en la plaza e incluso a los que iban llegando tranquilamente. Los uniformados avanzaban en formación y, después de agredir a los diputados, pusieron en marcha los dos camiones hidrantes que estaban frente al Congreso. El objetivo fue siempre el mismo: impedir que la concentración perdurara hasta el atardecer.

La operación del miércoles no sólo estuvo destinada a romper la movilización contra la Ley Bases, sino también a meter presos a manifestantes e instalar el temor a protestar de aquí en más. Todo el clima fue represivo. Se maltrató a los detenidos de una manera que registra pocos antecedentes en los últimos años: a las mujeres las tuvieron horas y horas en un celular policial, esposadas, sin permitirles ir al baño.

El control total de la operación, para crear un clima de terror que desaliente la resistencia popular, lo tuvo la Federal, con Patricia Bullrich monitoreando desde el Departamento Central. La brutal agresión a los diputados, cuando no había conflicto y sin justificación alguna, fue defendida por la ministra. Parece evidente de dónde salió la orden.

 
CÓMO SE CONSTRUYÓ EL SABOTAJE POLICIAL A LA MOVILIZACIÓN OPOSITORA
 
Infiltrados, la operación de los servicios para romper la protesta en Plaza Congreso
 
El papel de Bullrich y la Policía Federal, el ataque a los diputados para preparar el terreno, la absurda inacción de los uniformados ante el incendio del auto, los dos hombres que participaron del hecho y no fueron molestados, el "terrorista" que fue recibido con abrazos por los represores.
 
La provocación se demuestra con el hecho de que hubo recientemente movilizaciones incluso más grandes que las del miércoles, que cortaron calles por su masividad -por ejemplo, la marcha universitaria o la de la CGT del 1 de mayo- y no hubo problema alguno. Todo transcurrió en paz. Aquí irrumpió Bullrich y su patota.
 
 
Con poca gente, es más fácil
 
Para el momento de la agresión a los diputaos, las fuerzas de seguridad ya habían obstaculizado el paso a las columnas gremiales más poderosas, Camioneros, Smata y CTA. La policía sabe que esos gremios tienen su propia seguridad y cualquier cosa que hagan los uniformados es de final imprevisible: los policías pueden pegar y recibir.
 
Y, además, la seguridad de los gremios no permite que ningún extraño haga nada. Según se dice, ante el clima de patoteo, los gremios decidieron no transitar las dos cuadras que faltaban hasta la plaza. En los sindicatos aseguran que eso no fue así: que los efectivos les impidieron el paso con provocación tras provocación.
 
El episodio siguiente fue el lanzamiento de gases desde el edificio de la ex Caja de Ahorros, sobre Hipólito Yrigoyen. La versión es que le permitieron a efectivos subir hasta el séptimo piso y desde allí dispararon los gases. Por supuesto, produjo el efecto deseado: dispersar a la ya disminuida multitud.
 
 
Preguntas sin respuestas
 
Nadie en el Departamento Central de la Federal podía responder a la pregunta de por qué no llegaron las motos de inmediato al lugar donde dieron vuelta y quemaron el móvil de Cadena 3. Orlando Morales es un viejo conocido de todos: de los movimientos sociales y de los manifestantes. Siempre le facilitan el paso en cualquier marcha.
 
También los jefes policiales saben que siempre está, de manera que fue un objetivo de la misma estrategia: disolver la marcha con la maniobra espectacular que significa quemar el móvil de un medio de comunicación. "Esto estuvo armado -dijo Morales-. Estaba arriba del móvil. Dije que lo quería sacar. Me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron". Las fuerzas de seguridad estaban a 50 metros, pero ninguna moto se acercó.
 
Lo insólito es que minutos más tarde, cuando el fuego ya estaba apagado, dos individuos se acercaron al móvil y le sacaron cosas. Pareció una vandalización. Pero sea como fuera, nadie los paró, nadie les preguntó nada. Luego se subieron a un auto, con la patente trasera dada vuelta, y se fueron sin problemas. De acuerdo a lo relevado después, esa patente es inexistente, o sea falsa. En el video se escucha que algún efectivo desliza "hay que detenerlos", pero no pasó nada.
 
El mismo miércoles se viralizó la imagen de un supuesto manifestante, encapuchado, que pasó de ser un "terrorista", como lo definió el gobierno en el comunicado oficial, a cruzar las vallas y ser recibido con los brazos abiertos por los uniformados. Hay más imágenes de esa naturaleza, pero requieren de un chequeo más preciso.
 
 
Caras conocidas
 
Por supuesto que ninguna fuerza ni organismo reconoce a los encapuchados. Los de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aseguran que están sin gente y que el nuevo jefe, Sergio Neiffert, no está en condiciones de firmar ninguna orden todavía. Es un novato total, al punto que el día que asumió le tuvieron que explicar cuestiones elementales de funcionamiento y medidas de confidencialidad.
 
Las miradas están más puestas en lo que se conoce como los plumas, inteligencia de la Policía Federal. Son agentes muy orgánicos dedicados a juntar información, pero que de vez en cuando salen a la calle a hacer operaciones.
 
En el gobierno afirman que en la plaza había tres fuerzas de seguridad -Gendarmería, Prefectura y Policía Federal- y que ninguna se arriesgaría a que su gente sea detenida por otra fuerza.
 
 
La cacería inaudita
 
Los plumas de la Federal entran todavía más en las sospechas cuando se verifican que entre los detenidos no hay ni uno asociado, por ejemplo, a la quema del móvil de Cadena 3. Y la gran mayoría fueron arrestados lejos de la plaza del Congreso, principalmente en la avenida 9 de julio.
 
En el listado de 16 detenidos suministrado por la jueza María Servini, a seis se los acusa de tirar piedras, a dos de patear policías y al resto de cuestiones asombrosas: saltar la valla, ser beligerante (¿?), fotografiar, ayudar al fotógrafo, a una profesora universitaria de patear a un policía (se ve en la imagen que es una acusación falsa), y los señalados más seriamente son dos imputados, uno por tener una granada (parece que trucha) y, la otra, aparentemente, por haber incendiado las bicicletas.
 
Pese a esa descripción de la magistrada, tratándose de hechos de escasa relevancia, el gobierno habla de terrorismo y de impedir el funcionamiento de las instituciones.
 
 
Modart está de moda
  
La operación del miércoles no sólo estuvo destinada a romper la movilización contra la Ley Bases, sino también a meter presos a manifestantes e instalar el temor a protestar de aquí en más. Todo el clima fue represivo. Se maltrató a los detenidos de una manera que registra pocos antecedentes en los últimos años: a las mujeres las tuvieron horas y horas en un celular policial, esposadas, sin permitirles ir al baño.
 
Cuando los abogados salieron de Comodoro Py a tomar aire y a hablar con los medios de comunicación, no los dejaron volver a entrar. No se permitió el contacto de detenidos con sus familiares y algunos fueron trasladados a unidades carcelarias -ahora manejadas por Bullrich- sin que se hubiera resuelto su situación. El sábado, a los familiares no los dejaron entrar al penal de Ezeiza, donde están alojadas las mujeres.
 
El viejo hombre de la SIDE recordó y confesó las andanzas de los agentes de inteligencia. "sí, nosotros hicimos cosas como estas del miércoles. Pero las hacíamos con un grupito de infiltrados para dispersar a la gente, no para meterla presa. En aquel acto de Saúl Ubaldini, cuando hablaba en Plaza de Mayo, se hizo la vandalización de Modart. El objetivo era que la gente se fuera del acto. No más que eso. Lo del miércoles fue distinto: metieron gente presa y la dejan adentro por unos cuantos días. El objetivo es atemorizar. Lo nuestro era más light. Eso sí, la semana siguiente (febrero de 1988) veías a los agentes bien empilchaditos con la ropa que se llevaron de Modart".
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página 12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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