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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 15-06-2024 / 06:06
LOS ANARCOCAPITALISTAS TRATARÁN DE REVERTIR EN DIPUTADOS LOS PEQUEÑOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL SENADO

Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei

Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para “privatizar todo lo que haya que privatizar”.
El ensañamiento con los detenidos durante el acto del miércoles en Congreso, unido a la acusación de terroristas, estableció un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado.
 
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
 
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
 
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
 
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
 
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
 
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
 
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
 

 
La senadora Lucila Crexell cerró de forma penosa el linaje político de la familia Sapag, que contó en sus filas con buenos gobernadores y senadores neuquinos y dos militantes de la JotaPe desaparecidos en la dictadura. Tras emitir su voto a favor de la Ley Bases y el RIGI, espera hacer la valija para asumir la embajada argentina en la UNESCO, en Paris, cargo que le fue concedido por el gobierno, sin formar parte de él.
 
Hace rato que Crexell abandonó las filas del peronismo. No es el caso del entrerriano Edgardo Kueider. Aunque sigue en el peronismo, se había separado del interbloque de Unión por la Patria. Poco después de su voto junto al oficialismo, se conoció la designación de tres entrerrianos para integrar el Consejo Técnico Asesor de la represa de Salto Grande. El PJ de Entre Ríos se proponía expulsarlo de sus filas. 
 
El otro voto panqueque fue el del senador correntino Camau Espínola, también prófugo del interbloque de Unión por la Patria junto con Kueider.
 
En realidad, los que pusieron el interbloque al borde de una crisis fueron tres senadores, de Catamarca, Tucumán y Jujuy, que integran el interbloque y que, siguiendo las posiciones de sus gobernadores, votaron contra la ley pero a favor del RIGI.
 
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para "Privatizar todo lo que haya que privatizar".
 
Los medios corporativos se centraron en los supuestos desórdenes que en realidad fueron provocados por la represión, y no hicieron eje en los contenidos de la norma, que anula derechos de los trabajadores y condena al país a ser testigo pasivo del saqueo de sus riquezas.
 
Y la cobertura de la votación se centró más en los pocos que dieron vuelta su voto, que en los que se mantuvieron firmes. Es cierto que los que se dieron vuelta provienen del peronismo. Pero es más cierto que la única oposición que abarcó las dos cámaras fue la de Unión por la Patria. En el 2015, los bloques de lo que era el Frente de Todos en Diputados y en el Senado prácticamente se partieron y la oposición al macrismo fue mínima.
 
En función de esa experiencia fallida, en el 2019, Cristina Kirchner tuvo más protagonismo en la conformación de las listas de legisladores provincia por provincia, con algunas concesiones donde había liderazgos más fuertes.
 
También aplica el porcentaje de engaño y error en esas designaciones, pero si se compara lo que pasó durante el macrismo y ahora, tras sufrir una derrota electoral más fuerte, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria fueron más homogéneos y, de hecho, constituyen la oposición más importante.
 
Es lógico que el desgaste como consecuencia de una derrota electoral se traduzca en discusiones internas y pases de factura. Esos procesos pueden llevar a un debate falso si no se reconocen las representaciones y se exacerban las diferencias.
 
La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el blanco de las represalias de Javier Milei contra sus opositores. El gobernador Axel Kicillof, que incluso fue impulsado por Cristina Kirchner en 2019 para consolidar el movimiento popular en el distrito más poblado del país, pudo crecer y generar un respaldo importante a su gestión, incluso entre los intendentes que no integran Unión por la Patria.
 
En estos días, cuando Milei rompía la tradición pacifista del país al afiliar a la Argentina al Grupo Rammstein, aliado de Ucrania en la guerra con Rusia, Kicillof se reunía con el Papa Francisco en Roma.
 
En contraste con Milei, que metió al país en una guerra cuyas derivaciones todavía son imprevisibles, al igual que hizo en el conflicto de Medio Oriente, el gesto del gobernador bonaerense entronca con la tradición neutralista y pacifista del país.
 
En ese debate abierto se ponen en tela de juicio las candidaturas presidenciales que se decidieron desde el peronismo a partir del 2015. Más allá de las discusiones menores de poder, el peronismo deberá construir un proyecto de país que dé cuenta de las profundas transformaciones que se produjeron en el mundo y específicamente en Argentina.
 
Hay nuevos sujetos sociales y nuevas generaciones con nuevas experiencias que expresan nuevos reclamos y nuevos desafíos. Es una resultante que no surgirá de la noche a la mañana.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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