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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-06-2024 / 06:06
LOS ANARCOCAPITALISTAS TRATARÁN DE REVERTIR EN DIPUTADOS LOS PEQUEÑOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL SENADO

Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei

Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para “privatizar todo lo que haya que privatizar”.
El ensañamiento con los detenidos durante el acto del miércoles en Congreso, unido a la acusación de terroristas, estableció un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado.
 
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
 
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
 
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
 
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
 
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
 
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
 
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
 

 
La senadora Lucila Crexell cerró de forma penosa el linaje político de la familia Sapag, que contó en sus filas con buenos gobernadores y senadores neuquinos y dos militantes de la JotaPe desaparecidos en la dictadura. Tras emitir su voto a favor de la Ley Bases y el RIGI, espera hacer la valija para asumir la embajada argentina en la UNESCO, en Paris, cargo que le fue concedido por el gobierno, sin formar parte de él.
 
Hace rato que Crexell abandonó las filas del peronismo. No es el caso del entrerriano Edgardo Kueider. Aunque sigue en el peronismo, se había separado del interbloque de Unión por la Patria. Poco después de su voto junto al oficialismo, se conoció la designación de tres entrerrianos para integrar el Consejo Técnico Asesor de la represa de Salto Grande. El PJ de Entre Ríos se proponía expulsarlo de sus filas. 
 
El otro voto panqueque fue el del senador correntino Camau Espínola, también prófugo del interbloque de Unión por la Patria junto con Kueider.
 
En realidad, los que pusieron el interbloque al borde de una crisis fueron tres senadores, de Catamarca, Tucumán y Jujuy, que integran el interbloque y que, siguiendo las posiciones de sus gobernadores, votaron contra la ley pero a favor del RIGI.
 
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para "Privatizar todo lo que haya que privatizar".
 
Los medios corporativos se centraron en los supuestos desórdenes que en realidad fueron provocados por la represión, y no hicieron eje en los contenidos de la norma, que anula derechos de los trabajadores y condena al país a ser testigo pasivo del saqueo de sus riquezas.
 
Y la cobertura de la votación se centró más en los pocos que dieron vuelta su voto, que en los que se mantuvieron firmes. Es cierto que los que se dieron vuelta provienen del peronismo. Pero es más cierto que la única oposición que abarcó las dos cámaras fue la de Unión por la Patria. En el 2015, los bloques de lo que era el Frente de Todos en Diputados y en el Senado prácticamente se partieron y la oposición al macrismo fue mínima.
 
En función de esa experiencia fallida, en el 2019, Cristina Kirchner tuvo más protagonismo en la conformación de las listas de legisladores provincia por provincia, con algunas concesiones donde había liderazgos más fuertes.
 
También aplica el porcentaje de engaño y error en esas designaciones, pero si se compara lo que pasó durante el macrismo y ahora, tras sufrir una derrota electoral más fuerte, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria fueron más homogéneos y, de hecho, constituyen la oposición más importante.
 
Es lógico que el desgaste como consecuencia de una derrota electoral se traduzca en discusiones internas y pases de factura. Esos procesos pueden llevar a un debate falso si no se reconocen las representaciones y se exacerban las diferencias.
 
La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el blanco de las represalias de Javier Milei contra sus opositores. El gobernador Axel Kicillof, que incluso fue impulsado por Cristina Kirchner en 2019 para consolidar el movimiento popular en el distrito más poblado del país, pudo crecer y generar un respaldo importante a su gestión, incluso entre los intendentes que no integran Unión por la Patria.
 
En estos días, cuando Milei rompía la tradición pacifista del país al afiliar a la Argentina al Grupo Rammstein, aliado de Ucrania en la guerra con Rusia, Kicillof se reunía con el Papa Francisco en Roma.
 
En contraste con Milei, que metió al país en una guerra cuyas derivaciones todavía son imprevisibles, al igual que hizo en el conflicto de Medio Oriente, el gesto del gobernador bonaerense entronca con la tradición neutralista y pacifista del país.
 
En ese debate abierto se ponen en tela de juicio las candidaturas presidenciales que se decidieron desde el peronismo a partir del 2015. Más allá de las discusiones menores de poder, el peronismo deberá construir un proyecto de país que dé cuenta de las profundas transformaciones que se produjeron en el mundo y específicamente en Argentina.
 
Hay nuevos sujetos sociales y nuevas generaciones con nuevas experiencias que expresan nuevos reclamos y nuevos desafíos. Es una resultante que no surgirá de la noche a la mañana.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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