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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 15-06-2024 / 06:06
LOS ANARCOCAPITALISTAS TRATARÁN DE REVERTIR EN DIPUTADOS LOS PEQUEÑOS CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL SENADO

Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei

Ganó el pichuleo mezquino: Las pequeñas concesiones le dieron la Ley Bases y el RIGI al gobierno del Loco Milei
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para “privatizar todo lo que haya que privatizar”.
El ensañamiento con los detenidos durante el acto del miércoles en Congreso, unido a la acusación de terroristas, estableció un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado.
 
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
 
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
 
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
 
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
 
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
 
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
 
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
 

 
La senadora Lucila Crexell cerró de forma penosa el linaje político de la familia Sapag, que contó en sus filas con buenos gobernadores y senadores neuquinos y dos militantes de la JotaPe desaparecidos en la dictadura. Tras emitir su voto a favor de la Ley Bases y el RIGI, espera hacer la valija para asumir la embajada argentina en la UNESCO, en Paris, cargo que le fue concedido por el gobierno, sin formar parte de él.
 
Hace rato que Crexell abandonó las filas del peronismo. No es el caso del entrerriano Edgardo Kueider. Aunque sigue en el peronismo, se había separado del interbloque de Unión por la Patria. Poco después de su voto junto al oficialismo, se conoció la designación de tres entrerrianos para integrar el Consejo Técnico Asesor de la represa de Salto Grande. El PJ de Entre Ríos se proponía expulsarlo de sus filas. 
 
El otro voto panqueque fue el del senador correntino Camau Espínola, también prófugo del interbloque de Unión por la Patria junto con Kueider.
 
En realidad, los que pusieron el interbloque al borde de una crisis fueron tres senadores, de Catamarca, Tucumán y Jujuy, que integran el interbloque y que, siguiendo las posiciones de sus gobernadores, votaron contra la ley pero a favor del RIGI.
 
El pichuleo mezquino incluyó cambios en la ley, pero el gobierno ya anunció que tratará de sacarlos cuando sea el debate en Diputados. Y si no lo consigue, enviará nuevas leyes para "Privatizar todo lo que haya que privatizar".
 
Los medios corporativos se centraron en los supuestos desórdenes que en realidad fueron provocados por la represión, y no hicieron eje en los contenidos de la norma, que anula derechos de los trabajadores y condena al país a ser testigo pasivo del saqueo de sus riquezas.
 
Y la cobertura de la votación se centró más en los pocos que dieron vuelta su voto, que en los que se mantuvieron firmes. Es cierto que los que se dieron vuelta provienen del peronismo. Pero es más cierto que la única oposición que abarcó las dos cámaras fue la de Unión por la Patria. En el 2015, los bloques de lo que era el Frente de Todos en Diputados y en el Senado prácticamente se partieron y la oposición al macrismo fue mínima.
 
En función de esa experiencia fallida, en el 2019, Cristina Kirchner tuvo más protagonismo en la conformación de las listas de legisladores provincia por provincia, con algunas concesiones donde había liderazgos más fuertes.
 
También aplica el porcentaje de engaño y error en esas designaciones, pero si se compara lo que pasó durante el macrismo y ahora, tras sufrir una derrota electoral más fuerte, los bloques parlamentarios de Unión por la Patria fueron más homogéneos y, de hecho, constituyen la oposición más importante.
 
Es lógico que el desgaste como consecuencia de una derrota electoral se traduzca en discusiones internas y pases de factura. Esos procesos pueden llevar a un debate falso si no se reconocen las representaciones y se exacerban las diferencias.
 
La provincia de Buenos Aires se ha convertido en el blanco de las represalias de Javier Milei contra sus opositores. El gobernador Axel Kicillof, que incluso fue impulsado por Cristina Kirchner en 2019 para consolidar el movimiento popular en el distrito más poblado del país, pudo crecer y generar un respaldo importante a su gestión, incluso entre los intendentes que no integran Unión por la Patria.
 
En estos días, cuando Milei rompía la tradición pacifista del país al afiliar a la Argentina al Grupo Rammstein, aliado de Ucrania en la guerra con Rusia, Kicillof se reunía con el Papa Francisco en Roma.
 
En contraste con Milei, que metió al país en una guerra cuyas derivaciones todavía son imprevisibles, al igual que hizo en el conflicto de Medio Oriente, el gesto del gobernador bonaerense entronca con la tradición neutralista y pacifista del país.
 
En ese debate abierto se ponen en tela de juicio las candidaturas presidenciales que se decidieron desde el peronismo a partir del 2015. Más allá de las discusiones menores de poder, el peronismo deberá construir un proyecto de país que dé cuenta de las profundas transformaciones que se produjeron en el mundo y específicamente en Argentina.
 
Hay nuevos sujetos sociales y nuevas generaciones con nuevas experiencias que expresan nuevos reclamos y nuevos desafíos. Es una resultante que no surgirá de la noche a la mañana.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página 12
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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