02:54 | Jueves 19 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 10-06-2024 / 08:06

IMPUGNACIÓN DEL PROCESO DE MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA QUE HIZO DE ARGENTINA UN EJEMPLO MUNDIAL

Seis meses de Milei en el gobierno: Con políticas de olvido, mentira e injusticia

A pesar de sus diferencias, en los primeros seis meses de gobierno Milei y Villarruel compartieron la impugnación del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que hizo de Argentina un ejemplo mundial. Juntos, buscan terminar con las políticas que constituyen el piso de la convivencia democrática y emprendieron la “batalla cultural” que incluye la reivindicación de los inconstitucionales indultos menemistas.

Javier "el Loco" Milei cumplirá el lunes seis meses en el gobierno. Sus diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel quedaron expuestas en innumerables ocasiones. Sin embargo, si hay algo en lo que coinciden es en la impugnación del proceso de memoria, verdad y justicia. Un relevamiento hecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memoria Abierta muestra cómo estas políticas -que hicieron de la Argentina un ejemplo en el mundo- tambalean desde que asumió la administración libertaria.

El 2 de abril pasado, Milei usó la conmemoración por los 42 años del desembarco en Malvinas para lanzar una consigna de futuro: llamó a la reconciliación con las Fuerzas Armadas. Un mes y medio después, en la Casa Rosada, inauguró un busto de Carlos Menem y habló de los indultos que el riojano firmó como una "herramienta constitucional" para pacificar la Argentina. No le importó que la Corte Suprema hubiera dicho que eran inconstitucionales.

Milei no encarna la batalla por la "memoria completa", pero los combates contra el movimiento de derechos humanos son parte de su "batalla cultural". Villarruel -que milita hace más de 20 años en organizaciones ligadas a la defensa o reivindicación de las fuerzas que actuaron en la represión ilegal- hizo en estos meses algunas intervenciones quirúrgicas que tuvieron que ver con el ataque a las referentes de los organismos -como Estela de Carlotto, Taty Almeida o Hebe de Bonafini-, la reedición del discurso del "curro de los derechos humanos" o la reivindicación de su padre por haber actuado en el Operativo Independencia -considerado por los tribunales como la "antesala" del genocidio que se implementó a lo largo y ancho del país.

Para el CELS y Memoria Abierta, las posiciones negacionistas y revisionistas que expresan los principales actores de La Libertad Avanza (LLA) "representan un daño mayúsculo a la construcción social, política e institucional que simbolizan el Nunca Más para la democracia, un piso común de acuerdo y convivencia al que se comprometieron todos los gobiernos previos, los tres poderes del Estado y el Ministerio Público Fiscal de la Nación".

Si bien desde el Ministerio de Justicia se mantuvieron las querellas en 266 causas por crímenes contra la humanidad, hubo desde otras carteras acciones tendientes a evitar que se investiguen estos delitos. La posición más clara en este sentido la adoptó el radical Luis Petri con el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental, que funcionaban desde 2010 y que aportaron información esencial a la justicia para lograr la identificación y la condena de los perpetradores.

Tanto Petri como Patricia Bullrich decidieron, además, no enviar la información que les requería la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para la búsqueda de los niños y las niñas apropiados durante el terrorismo de Estado. Creada en 1992, la Conadi es el órgano del Poder Ejecutivo que canaliza las búsquedas de quienes dudan sobre su identidad. Según informó Abuelas de Plaza de Mayo, el 90 por ciento de los casos que entran al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para su testeo provienen de la Conadi.

Existe un acuerdo extendido al interior del gabinete de Milei en favor de "dejar atrás el pasado". Mientras algunos reconocen la actuación ilegal de las fuerzas armadas, otros la ignoran y otros, incluso, llegan al extremo de reivindicarla.

INFORME DEL CELS Y MEMORIA ABIERTA

Seis meses de Milei en el gobierno: las políticas de memoria, verdad y justicia bajo asedio

El discurso negacionista de los crímenes y reivindicador de las Fuerzas Armadas se combina con acciones quirúrgicas destinadas a entorpecer el avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

En materia de juicios, el gobierno, además, disolvió los equipos de filmación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. El proceso comenzó con la puesta en disponibilidad de los trabajadores que registraban las audiencias tanto en los tribunales de Comodoro Py como en los de San Martín. En la práctica, significó la desaparición del Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social (MECIS), que se había creado a partir de un convenio que firmó en 2009 la Corte Suprema con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

A nivel de archivos, se interrumpió la mesa que se había conformado al interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la que participaban organismos de derechos humanos para avanzar en la desclasificación de información que permita contribuir a las causas y al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido. El CELS y Memoria Abierta resaltan, además, que faltan nombramientos clave en áreas sensibles como el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), que custodia -entre otros- el fondo documental de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).

Dentro de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) tampoco se designó a quien estará al frente de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria. En paralelo, se avanza en el desfinanciamiento de estos espacios a lo largo y ancho del país. Sus trabajadores están precarizados y las obras, paralizadas. El caso más evidente es el de la construcción de un memorial en Campo de Mayo -a la que se había comprometido el Estado argentino ante organismos internacionales.

El gobierno, además, auspició actos reivindicatorios de la dictadura dentro de los lugares que funcionaron como campos de concentración. Tal fue el caso de la irrupción de militares retirados en el Espacio Memoria y Derechos Humanos -exESMA- para celebrar el Día de la Armada. Después de que el CELS le reclamara explicaciones, Petri saludó y minimizó el hecho como un acto de argentinos cantando la marcha de la Marina. Antes, el ministro de Defensa había dicho que las Fuerzas Armadas fueron demonizadas por su actuación en la década de 1970.

El Ministerio de Justicia, por su parte, frenó el pago de las reparaciones económicas a las víctimas de la dictadura. Lo hizo invocando una auditoría por 180 días y usando como excusa una causa judicial que había sido impulsada por el gobierno anterior contra una banda que se dedicaba a falsear declaraciones para estafar al Estado. Para el CELS y Memoria Abierta, esto se dio conjuntamente con "denuncias generalizadas que pretenden extender sin sustento la sospecha de corrupción sobre la totalidad de la política pública".

La novedad, sin duda, del gobierno de LLA fue la centralidad de los argumentos negacionistas en los discursos públicos, que niegan el carácter sistemático de los crímenes cometidos, los minimizan, justifican la violencia estatal, deshumanizan a las víctimas e incluyen declaraciones a favor de la impunidad de los represores. "Existe un acuerdo extendido al interior del gabinete nacional en favor de dejar atrás el pasado. Mientras algunos reconocen la actuación ilegal de las fuerzas armadas, otros la ignoran y otros, incluso, llegan al extremo de reivindicarla", afirman en el informe.

El CELS y Memoria Abierta no solo recogen declaraciones de Milei o Villarruel, sino también de funcionarios de segunda línea -que son los encargados directos de la implementación de las políticas. Tal es el caso de Claudio Pasqualini, secretario de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM) del Ministerio de Defensa y exjefe del Ejército de Mauricio Macri. En una exposición ante el Rotary Club de Buenos Aires, Pasqualini revivió la teoría de la "guerra sucia" y la idea de la campaña antiargentina por parte de organizaciones "que reciben financiamiento desde el exterior" para atacar a los militares. Pasqualini -yerno de un represor condenado a perpetua- fue señalado como el responsable de desarmar los ERyA, tal como venían reclamando los acusados por crímenes aberrantes.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página 12

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular

16-02-2026 / 09:02

¿Anti casta?: Milei se metió sus denuncias retóricas contra “las ratas de los senadores” en el culo

Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.

Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.

Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.

Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.

Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.

Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.

Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.

Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.

Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.

Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.

15-02-2026 / 09:02

El cipayo Milei pretende que Argentina sea una colonia de los yanquis

Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial.

El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.

Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.

Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.

¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.

El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.

La Opinión Popular