18:08 | Lunes 02 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos
Las claves del modelo ideológico neoliberal del gobierno de Macri
Por Carlos Andujar
Por Carlos Andujar
“Un país que destruye la Escuela Pública no lo hace nunca por dinero, porque falten recursos o su costo sea excesivo. Un país que desmonta la Educación, está gobernado por aquellos que pierden con la difusión del saber”. Ítalo Calvino
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Nacionales - 09-06-2024 / 08:06
MÁS ESCLAVISTARIO QUE LIBERTARIO: CON LA LEY BASES REVIVEN LA BANELCO Y EL DIPUTRUCHO
Es suicida otorgarle facultades extraordinarias a Milei que quiere vaciar el Congreso y destruir el Estado
El Congreso no puede otorgar facultades extraordinarias al que se propone anularlo y destruir al Estado. Por más migajas de concesiones que consigan algunos pocos gobernadores, las instituciones no se pueden pegar un tiro en el pie.
Tres días después del Ni Una Menos el gobierno de Javier "el Loco" Milei desmanteló la subsecretaría contra la Violencia de Género; cuatro días antes del Día del Periodista, el gobierno denunció a dos periodistas, y el jueves Milei reconoció públicamente que pidió facultades especiales para destruir al Estado. Ni la violencia contra las mujeres ni la libertad de prensa le interesan a este gobierno, pero reconocer que su objetivo es destruir el Estado amerita su destitución vía juicio político.
Desde que asumió Milei, la relación del Ejecutivo con los demás poderes republicanos es al menos conflictiva, en especial con el Congreso a cuyos integrantes no los bajó de la clasificación zoológica de ratas. Asumió de espaldas al Parlamento como primera señal de su desprecio y desde el principio trató de anularlo con un DNU y luego con una ley ómnibus donde reclamaba la delegación de facultades en 11 áreas, por los cuatro años de su mandato, prácticamente el ejercicio absolutista del poder público.
Esa medida puso en evidencia la falta de convicción democrática del gobierno más esclavistario que libertario. Después de una negociación en la que se cansó de insultar a sus aliados de la oposición concesiva, el pedido de facultades especiales se redujo a las áreas administrativa, económica, financiera y energética y a cuatro temas: la reforma del Estado, la cuestión de la competencia, la energía y los incentivos a las grandes inversiones, por el término de un año.
De las más de 600 leyes que se creaban o reformaban, el gobierno mandó un nuevo proyecto recauchutado con 279. La norma tuvo rápido dictamen, con otras reformas y cuando fue aprobada, los diputados que la respaldaban y los funcionarios que fueron convocados para defenderla, no sabían con exactitud lo que se estaba votando.
Esa aprobación pasará a la historia de los agujeros negros en la vida institucional democrática del país como en su momento lo fueron el diputrucho y la ley Banelco. El proyecto con media sanción llegó al Senado, sin que la mayoría de los Diputados supiera lo que se había votado porque el oficialismo había reescrito lo que se había cambiado. Y el resultado final fue una manta de remiendos, algunos de los cuales se anulaban entre sí.
Desde el inicio, cada remiendo había sido escrito por los estudios de abogados de las principales empresas, que pusieron lo que les convenía. Un ejemplo de esta práctica fue la insólita resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación de sacarles a las compañías de seguros la obligación del servicio de grúa. El seguro no bajó el precio, pero las compañías se ahorraron decenas de millones de pesos que deberá pagar el usuario.
Después del bochorno que fue la aprobación en Diputados, los senadores se lo tomaron con más seriedad y se dieron tiempo para, en algunos casos, estudiar la norma, y en otros para que los gobernadores más cercanos al oficialismo negociaran concesiones especiales para sus distritos. El súper ministro Guillermo Francos acaba de anunciar la reanudación de obras públicas que habían sido abandonadas a cambio de la aprobación de la ley.
Desde que asumió Milei, la relación del Ejecutivo con los demás poderes republicanos es al menos conflictiva, en especial con el Congreso a cuyos integrantes no los bajó de la clasificación zoológica de ratas. Asumió de espaldas al Parlamento como primera señal de su desprecio y desde el principio trató de anularlo con un DNU y luego con una ley ómnibus donde reclamaba la delegación de facultades en 11 áreas, por los cuatro años de su mandato, prácticamente el ejercicio absolutista del poder público.
Esa medida puso en evidencia la falta de convicción democrática del gobierno más esclavistario que libertario. Después de una negociación en la que se cansó de insultar a sus aliados de la oposición concesiva, el pedido de facultades especiales se redujo a las áreas administrativa, económica, financiera y energética y a cuatro temas: la reforma del Estado, la cuestión de la competencia, la energía y los incentivos a las grandes inversiones, por el término de un año.
De las más de 600 leyes que se creaban o reformaban, el gobierno mandó un nuevo proyecto recauchutado con 279. La norma tuvo rápido dictamen, con otras reformas y cuando fue aprobada, los diputados que la respaldaban y los funcionarios que fueron convocados para defenderla, no sabían con exactitud lo que se estaba votando.
Esa aprobación pasará a la historia de los agujeros negros en la vida institucional democrática del país como en su momento lo fueron el diputrucho y la ley Banelco. El proyecto con media sanción llegó al Senado, sin que la mayoría de los Diputados supiera lo que se había votado porque el oficialismo había reescrito lo que se había cambiado. Y el resultado final fue una manta de remiendos, algunos de los cuales se anulaban entre sí.
Desde el inicio, cada remiendo había sido escrito por los estudios de abogados de las principales empresas, que pusieron lo que les convenía. Un ejemplo de esta práctica fue la insólita resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación de sacarles a las compañías de seguros la obligación del servicio de grúa. El seguro no bajó el precio, pero las compañías se ahorraron decenas de millones de pesos que deberá pagar el usuario.
Después del bochorno que fue la aprobación en Diputados, los senadores se lo tomaron con más seriedad y se dieron tiempo para, en algunos casos, estudiar la norma, y en otros para que los gobernadores más cercanos al oficialismo negociaran concesiones especiales para sus distritos. El súper ministro Guillermo Francos acaba de anunciar la reanudación de obras públicas que habían sido abandonadas a cambio de la aprobación de la ley.
Pero mientras se desarrollaba este proceso en el Senado, en Diputados se produjo el acuerdo inesperado, aunque fuera el más lógico, entre Unión por la Patria, los radicales, Hacemos Coalición Federal, Iniciativa Federal y la Coalición Cívica para sacar dictamen positivo y aprobar en el recinto un proyecto mejorado de actualización de las jubilaciones.
La aprobación con los dos tercios de los diputados presentes sacó de quicio a Milei a quien le importó "tres carajos" y anunció que iba a rechazar "a puro veto" todas las normas que salieran del Congreso y pusieran en riesgo el déficit cero. En realidad, los cambios en la jubilación apenas modifican los números de la macro, pero, igual que con la comida de los pobres, Milei sólo reconoce los derechos del gran capital y desconoce los derechos populares como la alimentación o la jubilación.
La reacción de Milei, tanto con los alimentos de los pobres que escondió en los depósitos del ministerio de Capital Humano, como con las jubilaciones, no está relacionada con el gasto sino con mostrar en los hechos que las necesidades no generan derechos, como establece la máxima justicialista. Para Milei, la justicia social es una "aberración", es una "injusticia" para las empresas.
Milei va desplegando su pensamiento. La denuncia contra Darío Villarruel y Nancy Pazos por las coberturas del escándalo con los alimentos y la desaparición de la Subsecretaría contra la Violencia de Género forman parte de ese bagaje de antiprincipios, o sea de todo lo que los argentinos han podido ciudadanizar o democratizar tras la salida del largo ciclo de las dictaduras militares.
Porque la esencia de ese pensamiento brutal en su ignorancia y en su incapacidad de gestionarlo, con representaciones intermitentes y burdas, es muy parecido al de las dictaduras militares. Es un gobierno de extrema derecha respaldado por las grandes corporaciones que manejan la economía del país, pero además es un mal gobierno.
Y en este momento solamente piensa en el resultado de las próximas elecciones en Estados Unidos con la esperanza de que un triunfo de Donald Trump en noviembre le consiga los dólares que no han conseguido en ningún lado. Para el gobierno es la única luz al final del camino mientras el reloj mide el tiempo de la paciencia popular.
En la entrevista que se conoció el jueves en la publicación The Free Press, de California, la periodista le preguntó a Milei si no pensaba en lo que sienten las personas que tienen hambre y no tienen qué comer. El Presidente dijo varias frases, como "hay que terminar el mito del paraíso". O sea que solamente en el paraíso la gente no se muere de hambre. Estamos fritos.
Pero después arrancó con el Lamborghini. La mujer le preguntó por la gente que tiene hambre y no por lo que piensa el dueño de un Lamborghini. Pero Milei agarró por ahí para explicar la relatividad de los sentimientos. "Si tienes un Lamborghini y estás rodeado de pobres, seguramente serás feliz, pero si tienes un Lamborghini junto a otras 15 o veinte que también tienen Lamborghinis, no sé si estarías tan feliz". La periodista escribió que Milei "es la clase de animal que puede arruinar cualquier fiesta".
Lo de animal corre por cuenta de ella, pero efectivamente el tipo no conectó nunca con lo que pensaría el que no puede comer. Ensambla con el que tiene un Lamborghini. Y resulta que aún así serás feliz siempre que tengas el autazo y los que te rodeen no. Para Milei, la felicidad está en la desgracia de los demás. El animal que puede arruinar cualquier fiesta también puede arruinar cualquier vida.
Pero lo más grave es su idea de que está dispuesto a destruir al Estado. No fue actuación. Lo ha dicho siempre. El Estado es el que organiza y evita que un país se convierta en bandas de salvajes enfrentados unos contra otros o sojuzgados por el que tenga más fuerza.
La idea de destruir al Estado amerita la destitución vía juicio político. A confesión de parte, la evidencia es incontrastable. Al menos, el Congreso no puede otorgar facultades extraordinarias al que se propone anularlo y destruir al Estado. Por más migajas de concesiones que consigan algunos pocos gobernadores, las instituciones no se pueden pegar un tiro en el pie.
Por Luis Bruschtein
Fuente: Página 12
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