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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-06-2024 / 11:06
PRONOSTICAN MESES DIFÍCILES CON AUMENTO DEL DESEMPLEO Y MESETA ECONÓMICA

El rápido deterioro de un Gobierno sin poder, pero con capacidad de daño

El rápido deterioro de un Gobierno sin poder, pero con capacidad de daño
En sus exposiciones públicas Javier “el Loco” Milei grita, salta, gesticula, insulta, le hace bullying a sus oponentes. Pero el show violento que atrajo a muchos votantes mutó en un stand up patético que ya no asusta. Espanta. La estampida con operaciones entre los propios es un signo del acelerado desgaste que erosiona al gobierno.
En sus exposiciones públicas Javier "el Loco" Milei grita, salta, gesticula, insulta, le hace bullying a sus oponentes. Pero el show violento que atrajo a muchos votantes mutó en un stand up patético que ya no asusta. Espanta. La estampida con operaciones entre los propios es un signo del acelerado desgaste que erosiona al gobierno.
 
Otras tres muestras del despoder en el que se sumergió Milei:
 
-La ecléctica Cámara Federal de Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico ordenó al gobierno hacer lo que no quiere: repartir los alimentos que mantiene retenidos desde que asumió. Los magistrados, sobre todo en Comodoro Py, tienen un sexto sentido para detectar el despoder. En las empresas se lo conoce como Ejecución estratégica: es la acción de decidir para beneficiarse del contexto en perspectiva. Es lo que suelen hacer los jueces, cuya única perspectiva es permanecer, gobierne quien gobierne.
 
-En el Congreso, peronistas y radicales alumbraron dos tercios para aprobar en Diputados una nueva fórmula jubilatoria. Lo mismo puede ocurrir en el Senado. La aritmética parlamentaria indica que con dos tercios se puede activar un juicio de destitución presidencial. ¿Será eso lo que en verdad preocupa al entorno político del presidente, que aceleró el toma y daca para evitar que el Senado repita la mayoría especial? Antes, el próximo 12 de junio, el gobierno probará la efectividad de su capacidad de convencimiento cuando se trate la media sanción de la Ley Bases que, aunque vuelva pasteurizada a Diputados, será presentada como un triunfo. Las ofertas que llegaron como tentación a los senadores incluyeron embajadas, obra pública, permisos financieros y mejoras en los presupuestos personales. Métodos de casta, puro y duro.
 
-Otra muestra de despoder es el derrumbe en los mercados y la presión cada vez más ostensible para que se devalúe. El campo no liquida la cosecha, los fondos de inversión se retiran de la timba que les armó Luis "Toto" Caputo, el Banco Central gasta divisas que no tiene para cubrir agujeros y evitar que se disparen los dólares financieros. Y el miércoles el FMI avisó que tiene dudas sobre el plan fiscal y demora la aprobación de los 800 millones de dólares para cubrir un tramo del acuerdo en julio. A diferencia de los jueces, el FMI no huele la cala: lleva la corona al velorio. Como ex funcionario de Fernando de la Rúa, Federico Sturzenegger pude dar fe.
 
La pérdida de poder no disminuye la capacidad de daño del Gobierno. Por el contrario, la potencia. Para agasajar las necesidades del FMI el gobierno retomó el plan de aumentos mensuales en las tarifas de luz y gas. El tarifazo se hará sentir con especial saña en los bolsillos de los sectores medios y bajos, con incrementos que van del 180 al 400%. Las agresiones al bolsillo, el creciente desempleo y el rebote de la inflación laceran el vínculo de Milei con sus votantes, los únicos que, según las encuestas, todavía lo aguantan.
 
Muchos de ellos padecen las inclemencias de la motosierra y la licuadora, pero siguen convencidos de que el presidente, en su condición de pretendido outsider, cumple con el mandato electoral de no robar. Habrá que ver cómo impacta en ese sector aún esperanzado de la población el creciente destape de corrupción, que se expande desde el ministerio de Capital Humano, de Sandra Pettovello, hacia otras oficinas del elenco y el entorno presidencial.
 
La Opinión Popular
 

 
Pronostican meses difíciles con aumento del desempleo y meseta económica
 
Según un informe del Banco Central, los próximos meses no serán los mejores en materia laboral, ya que se estima que seguirán creciendo los despidos en todas las áreas, en sintonía con lo que adelantó Milei, quien aseguró que habrá 50.000 estatales que quedarán sin trabajo.
 
En los últimos días, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió un informe en el que se arrojó un difícil resultado que advierte sobre la crecida del desempleo y un amesetamiento económico para el segundo semestre del año. Se trata de un relevamiento realizado entre los días 29 y 31 de mayo de 2024.
 
En concreto, el indicador de desempleo estima, también, una suba para los primeros tres meses del año, 7,4% contra un 5,7% del último trimestre de 2023, según el Indec. Y, con referencia al final del año, el relevamiento observa un amesetamiento del indicador.
 
En tanto, a nivel anual, se espera que la desocupación cierre el 2024 en 7,5% y proyecta una leve desaceleración para el año siguiente, ubicándose en 7,3%. De todas maneras, en ningún momento el relevamiento estima que el ­desempleo vuelva a indicadores anteriores al comienzo del Gobierno de Javier Milei.
 
Estos alarmantes datos coinciden con las últimas declaraciones del Presidente Milei, que en una de sus exposiciones internacionales en foros de economía adelantó que "vamos a terminar echando a 75.000 personas", ya que, contando a las que ya fueron despedidas, se ­sumarán unas 50.000 que perderán sus trabajos.
 
"Se redujo toda la estructura y eso no fue gratis. Eliminamos las transferencias discrecionales y la obra pública", resaltó Milei.
 
Asimismo, destacó: "El afuera significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso redujo la estructura del Estado a la mitad. Y eso no fue gratis porque obviamente que echamos gente... Digamos en materia de contratos vamos a terminar echando 75.000 personas, llevamos 25.000", reveló Milei al referirse a la frase con la que se lo suele recordar y "me gustaría que no fuera así".
 
Al respecto, quien analizó este escenario fue el analista Rosendo Fraga, quien en diálogo con la prensa manifestó que, si bien "la inflación está bajando, hay niveles de 6 o 7 por ciento mensual, y esto implica que los empleos se están deteriorando".
 
"Ahora, el problema que aparece es que, a medida que baja la inflación, empieza a crecer el desempleo, ahora esto es un gran problema", señaló.
 
Asimismo, coincidiendo con las declaraciones del Presidente, Javier Milei, el hombre manifestó: "Este es el ajuste más fuerte que se ha hecho en Argentina, el problema es el tiempo. Todavía gran parte de la gente cree que lo que hoy se vive es consecuencia del gobierno anterior, pero en realidad es consecuencia de sucesivos gobiernos anteriores".
 
"El punto ahora es que la inflación baja, y que el desempleo empieza a crecer, y yo lo que creo es que el segundo semestre es clave", consignó.
 
 
Un problema que afecta a todos
 
El crecimiento del desempleo no es una situación que preocupa a algunos pocos, sino que es un gran problema en prácticamente todas las áreas de argentina. Sin embargo, una de las áreas más afectadas viene siendo la de la construcción que, producto del freno de la obra pública y el aumento de insumos, vive uno de los momentos más complicados de la historia.
 
Sin ir más lejos, la Cámara de la Construcción (Comarco) informó que por unas 2.000 obras públicas que quedaron frenadas por decisión del Gobierno nacional crecen los despidos. Además, aseguran que la cantidad de puestos vacantes podría ascender a los 200.000 en diferentes puntos del país.
 
Según indicaron, entre fines de 2023 y el último dato disponible en febrero pasado, quedaron en el camino 2.117 proyectos que dejaron de ser financiados con fondos nacionales, según un reporte de la Asociación de Presupuesto Público (ASAP). A fines de 2023, había 2.417 obras en ejecución con recursos nacionales, mientras que, en febrero pasado, esa cifra bajó a apenas 300 proyectos. Esto representa una caída del 87,6%, según figura en el Banco de Proyectos de Inversión Pública.
 
El recorte del gasto en obra pública, traducido como transferencias de capital, alcanzó el 82,3% en términos reales hasta febrero pasado, según la ASAP.
 
Esta reducción fue una de las claves del Gobierno de Javier Milei para obtener superávit financiero en los primeros dos meses del año, de acuerdo con la estrategia de hacer ancla en lo fiscal para ­reducir la inflación, implementada por el ministro de Economía, Luis Caputo.
 
 
Poco importa
 
Pese a esto, las personas que se quedan en la calle parecen no interesarle a Milei, quien continúa paseando por convenciones y eventos hablando orgulloso de su plan económico. Sin ir más lejos, en los últimos días expresó: "Estoy haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, documentado por el staff del FMI (Fondo Monetario Internacional). Y no solo eso, sino que además he enviado un conjunto de reformas que la política está bloqueando".
 
"Eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse. Eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias", declaró Milei entonces.
 
Fuentes: Hoy en la Noticia y El Destape
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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