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Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 07-06-2024 / 09:06
LA SUCESIÓN DE FRACASOS, CHANCHULLOS Y MALA PRAXIS COMIENZAN A DESTAPARSE EN EL GOBIERNO DE MILEI

Impericia, caos y corrupción: Sandra Pettovello está hasta las manos en una nueva compra dudosa de alimentos

Impericia, caos y corrupción: Sandra Pettovello está hasta las manos en una nueva compra dudosa de alimentos
La sucesión de fracasos, chanchullos y mala praxis que comienzan a destaparse en el gobierno de Javier “el Loco” Milei está marcando un antes y después. Se cierra el círculo sobre Sandra Pettovello. Contra todo lo que establece la Ley de Administración Financiera, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, para que participe de las compras de alimentos. Para colmo, el dinero se mandó, pero aún no terminó el proceso licitatorio, por lo que la comida no está disponible.
La sucesión de fracasos, chanchullos y mala praxis que comienzan a destaparse en el gobierno de Javier "el Loco" Milei está marcando un antes y después. Se cierra el círculo sobre Sandra Pettovello. Contra todo lo que establece la Ley de Administración Financiera, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, para que participe de las compras de alimentos. Para colmo, el dinero se mandó, pero aún no terminó el proceso licitatorio, por lo que la comida no está disponible.

Ahora la Ministra deberá responder por la entrega de 14 mil millones de pesos al PNUD para adquirir alimentos, que todavía no se concretó. Aquí empieza el capítulo dos de la compra de mercadería para asistencia alimentaria con procedimientos dudosos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Pettovello. En una resolución del 8 de febrero último, la Ministra autorizó solo con su firma la trasferencia de 14.000 millones de pesos al "Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre".

Era para que el organismo internacional participara en la compra de alimentos para los comedores comunitarios. Más allá de que hasta ahora era la propia cartera la que se encargaba de las compras, el punto es que Pettovello excedió por lejos el monto que está habilitada a conceder por su cuenta.
 
La Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta establecen que si el desembolso supera los 2.700 millones de pesos debe llevar la aprobación y firma de la Jefatura de Gabinete. Además, el dinero se transfirió pero el proceso licitatorio no terminó, es decir que el alimento (arroz, fideos y leche en polvo) no llegó. En el PNUD están en estado de incertidumbre sin saber qué va a pasar con este proceso.
 
El primer capítulo de esta historia, que derivó en una denuncia penal, revelaba que Pettovello había delegado la licitación y adquisición de lentejas y aceite a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que por esa gestión le pagaba una comisión que fijó primero en un 6% y luego redujo a un 5%. Para eso giró, sin la firma del jefe de Gabinete, 6.772.500.000 pesos.
 
En este caso las compras se hicieron: 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos. Aunque hubo un traspié: una de las marcas seleccionadas de lentejas, Alimentos Fransro SRL, había sido denunciada por el propio Ministerio de Capital Humano por el supuesto direccionamiento de la adquisición durante el gobierno de Alberto Fernández.
 
Eso llevó a dejar sin efecto la compra de 400.000 paquetes. El resto apareció en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, donde el Gobierno acopia los alimentos que no quería entregar hasta que se supo que miles de kilos de leche se vencían y quedó cercado por una medida cautelar confirmada por la Cámara Federal.
 
La gestión de Pettovello llegó con el discurso de la transparencia y agilidad, pero no es lo que se vio hasta el momento en el ministerio multi-rubro a su cargo. 
 

 
Historia y novedades
 
El PNUD es un organismo internacional con prestigio que coopera con la Argentina desde hace cerca de dos décadas. El llamado "Abordaje Comunitario" fue un proyecto de gran importancia, desde 2006, como respuesta a la crisis de 2001. Ha mantenido convenios con el país a lo largo de los años. "Acompaña y facilita el financiamiento  de fondos de gobierno hacia organizaciones comunitarias que brindan prestaciones alimentarias en forma eficaz", explican en sus oficinas. Apunta a garantizar "el acceso a los alimentos de calidad" a grupos vulnerables.
 
Durante la gestión anterior tuvo dos modalidades de acción. Una era la asistencia regular a comedores y merenderos a través de instituciones "conveniantes" (organizaciones no gubernamentales) que a la vez trabajaban con "ejecutantes" que eran los comedores propiamente dichos que recibían acompañamiento social y nutricional. La ONG debía rendir a PNUD el uso del dinero cada 45 días y el organismo al Estado nacional.
 
La otra política que se aplicó, después de un escándalo por supuestos sobreprecios en la compra de fideos en 2020, fue la transferencia esporádica de fondos gestionados por PNUD a organizaciones para que pudieran reforzar la compra de alimentos "secos" (arroz, lentejas, aceite, yerba, entre otros). La rendición la tenían que hacer las propias organizaciones sociales.
 
 
La marca Pettovello
 
Al ahora exsecretario de Niñez, Pablo de la Torre, lo echaron cuando apareció el alimento vencido y por vencer en los galpones, pero lo denunciaron por contratos laborales truchos con convenios con la OEI que se habrían utilizado también para cambiar dólares y distribuirlos entre funcionarios, según la denuncian penal del propio Gobierno. De la Torre era, por su cargo, el director del proyecto PNUD en Argentina y además responsable de la "unidad ejecutora".
 
Desde el inicio de la administración de Javier Milei se cortó la entrega de alimentos a los movimientos sociales que debía llegar a comedores y merenderos comunitarios. Ahora, apremiado por la imagen de dos galpones con 5,9 millones de kilos de comida, parte de la cual se venció y miles de kilos de leche en polvo cerca vencer, sumado el revés que sufrió en Comodoro Py con un fallo de la Cámara Federal, Capital Humano se presentó en el juzgado de Sebastián Casanello con un plan: dijo que distribuirá la mercadería en escuelas vulnerables.
 
Desde diciembre, los programas de PNUD se suspendieron parcialmente. Lo novedoso es que Pettovello impulsó la intervención de la organización para asociarla en la compra de alimentos secos (en lugar de darles el dinero a las organizaciones). Puede hacerlo. El llamado a licitación lo suscribe De la Torre.
 
La resolución de febrero de la Ministra donde dispone la transferencia de los 14.000 millones argumenta que la intervención del PNUD en la adquisición de mercadería es factible en ciertos casos.
 
Plantea: "...Que con el fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población y familias argentinas y con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, el PROGRAMA ABORDAJE COMUNITARIO - PNUD ARG 20/004, bajo la fiscalización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de financiar Proyectos de Prestaciones Alimentarias Comunitarias asiste en el proceso de adquisición de productos alimenticios destinados a organizaciones sociales en aquellos casos en que los procesos quedaran desiertos o no lograran su objetivo para garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional y complementar la cobertura alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad social..."
 
Lo que no explicitó el Ministerio es qué procesos quedaron desiertos o no lograron su objetivo. Aquella resolución estaba avalada por la supervisión de la subsecretaria Legal Leila Gianni, la misma que protagonizó el escándalo ante la Cámara Federal cuando se trenzó con Juan Grabois, el dirigente que ya en febrero denunció la falta de alimentos.
 
"Se elevan los presentes actuados con la conformidad de quien suscribe, para su consideración", escribió el mismo 8 de febrero de la resolución. De los 14.000 millones, el Programa PNUD implica para el Estado un costo de de gestión del 3% ($ 420 millones en este caso).
 
 
Todavía nada
  
La convocatoria para licitar está fechada el 11 de marzo. ¿Qué se pretende adquirir? 1 millón de paquetes de "leche en polvo entera fortificada" (de 1 kilo), 1 millón de paquetes de "arroz blanco o pulido de grano largo fino calidad 0000" (de 1 kilo), 1 millón de paquetes de "fideos secos de sémola" (de medio kilo). Página/12 intentó rastrear el estado de la licitación y pudo reconstruir que la presentación de ofertas y su apertura estaba prevista hasta el 17 de abril. Después no habría pasado más nada.
 
En el PNUD explicaron que están "a la espera de una comunicación formal de la Unidad Ejecutora del Proyecto por parte de la Secretaría para ver si el proceso continúa o no y proceder en función de la decisión tomada". Hay preocupación. De todos modos, sostienen que el paso al que iba la licitación no estaba fuera de lo esperado.
 
Así las cosas: el desembolso de los 14.000 millones se hizo y habría sido en abril, según la documentación disponible. El proceso no avanza y en el propio organismo internacional crece la inquietud por lo que pase y cómo deberán actuar. La nueva secretaria de Niñez, Yanina Nano Lembo, está ahora al frente del proyecto PNUD.
 
 
Límites excedidos
  
Las normas que estaría infringiendo la ministra Pettovello son el artículo 35 de la Ley 24.156 (de Administración Financiera y de los Sistemas de Control) y su Decreto Reglamentario N° 1344/07, que establecen las competencias y los límites en la autorización de erogaciones.
 
El decreto establece cuál es "la autoridad competente para aprobar gastos". "Si supera el importe que representa los cien mil módulos (100.000)" es "el jefe de Gabinete de ministros para todas las jurisdicciones o máximas autoridades de los organismos descentralizados). El valor de los módulos los van aggiornando los gobiernos. Hoy es de 27.000 pesos. Por lo tanto, si se superan los 2.700 millones tendría que estar la firma del jefe de Gabinete. En este caso le hubiera tocado a Nicolás Posse.
 
Durante el gobierno anterior, en diferentes gestiones al frente de Desarrollo social, cuando las compras -que hacía el Ministerio- excedían el límite en cuestión firmaban por lo general el jefe de Gabinete y el ministro/a del área. No hubo convenios con la OEI, que además están más bien enfocados en cultura, educación y ciencia, ni para tercerizar la compra de alimentos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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15-06-2024 / 08:06
La idea de distribuir los alimentos a través del Ejército, que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei tenía encanutados en galpones a la Fundación Conin, dirigida por el polémico ultra derechista Abel Albino, surgió luego de que el Ministerio de Capital Humano, que conduce la inepta Sandra Pettovello, fuera intimado por la justicia a entregar los alimentos que tenía almacenados en galpones ya que la mercadería estaba próxima a vencer.
 
Esto derivó en un hecho de corrupción que se conoció esta semana luego de una denuncia de la organización elegida por la ministra Pettovello para distribuir los productos almacenados. Luego de que el Ministerio de Capital Humano enviara 87 mil kilos de leche en polvo a la ciudad de Las Heras, en Mendoza, la fundación Conin denunció que parte de esos productos se pusieron a la venta. Su director ejecutivo acusó a asociaciones, pero también manifestó que hubo particulares que lo hicieron. Hay malestar en los movimientos sociales: "Nos pusieron trabas para controlarnos porque supuestamente así iban a controlar que nadie la vendiera. No nos la entregaron a nosotros y aún así les pasó", afirmaron.
 
La denuncia fue realizada este jueves en la Oficina Fiscal N° 6 de Mendoza bajo la carátula de defraudación en perjuicio de la administración pública. El director Diego Álvarez calificó de "sinvergüenzas" a quienes aprovecharon la necesidad para hacer un negocio y aclaró: "Son dos cosas distintas. En Marketplace había personas que ofrecían una o dos cajas de leche, particulares que las habían recibido. Pero después nos enteramos que corrían audios de que pedían 1000 pesos por caja de leche", sostuvo.
 
Sin dar nombres, detalló que hubo organizaciones civiles que de inmediato comenzaron con la venta a sus asociados, algo que también fue percibido por la policía. "Una familia que recibe dos cajas ha ido a un almacén y la ha canjeado porque no la necesitaba. Esto es distinto a publicar que se venden las cajas de leche en la asociación y este es el caso", diferenció.
 
"El miércoles llegaron los camiones de leche. Ese día se distribuyo el 80 por ciento. Ayer fue cuando advertimos y nos llegaron mensajes de que la estaban ofreciendo en Marketplace", dijo en diálogo con radio LV Diez. "Hay comedores y merenderos con los que trabajamos. Esto nos superó, entonces empezamos a recibir pedidos de otras asociaciones que no asistíamos. En estos dos días hemos distribuido en más de 180 comedores", agregó el directivo.
 
El miércoles llegó el cargamento con decenas de cajas enviadas por la cartera de la inepta Sandra Pettovello y, de acuerdo a Álvarez, el jueves se completó toda la entrega. Ahora, la investigación avanza sobre los sospechados de querer cobrar 3000 pesos por cada caja o 30.000 pesos por 12 unidades.
 
El objetivo del Gobierno anarco capitalista, según expresaron en reiteradas oportunidades sus funcionarios, es cortar con los "intermediarios" para que la ayuda social llegue directamente a quienes la necesitan y evitar los "curros". La venta de la leche en polvo destinada a comedores, en un contexto en el que alrededor de 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos lácteos que en el 2023, es un paso en falso.
 
La Opinión Popular
 

15-06-2024 / 06:06
El ensañamiento con los detenidos durante el acto del miércoles en Congreso, unido a la acusación de terroristas, estableció un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado.
 
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
 
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
 
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
 
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
 
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
 
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
 
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
 

14-06-2024 / 10:06
La ministra de Seguridad, la macrista Patricia "Pato" Bullrich, acusa a los detenidos ilegales por la represión en el Congreso de "sedición", con el agravante de "terrorismo". La absurda estrategia tiene el apoyo del fiscal ultra macrista Carlos Stornelli. Ninguno de esos detenidos fue responsabilizado del incendio del auto, ejecutado por servicios de inteligencia oficialistas, ni de cualquier acción concreta. Hay una familia de vendedores de empanadas (abuelo, hija y nieta), otro de choripanes y una señora que filmaba los excesos policiales. Ahora son acusados de sedición y ataque al orden constitucional.
 
En concreto, el Gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dijo que frente al Parlamento hubo "terroristas" que querían un "golpe de Estado". El fiscal Stornelli se sumó a la opereta y pide prisión preventiva para decenas de personas que fueron cazadas al voleo lejos del Congreso, horas después de la feroz represión hacia aquellos que se manifestaban contra la Ley de Bases. El arco politico repudia las falsas imputaciones y calumnias de Bullrich y Manuel Adorni, así como el dictamen del fiscal Stornelli, que atacan a organizaciones, manifestantes y legisladores que fueron parte de la masiva movilización.
 
Quedaron a disposición de la jueza María Servini y el fiscal Stornelli, quien pidió prisión preventiva para todos/as y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional. Como broche, amenazó con aplicar, oh causalidad, un agravante previsto en delitos que buscan "atemorizar a la población" (o sea, terrorismo).
 
El día pos votación la ministra Bullrich respaldó la comunicación oficial. Dijo que hubo un "golpe de Estado moderno". Lo definió como "el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción", su forma particular de entender la crítica popular a una ley promovida por una administración empobrecedora. ¿Un golpe de Estado con palos y piedras?

Son las típicas figuras -cuyas penas Bullrich quiere agravar- que se usan cuando la policía agarra gente al voleo como método disciplinador y marcar supuestos "violentos". Esta vez hubo 23 detenciones en el ámbito porteño y una decena que fueron a parar a la justicia federal. El juez de la Ciudad Pablo Casas se declaró incompetente y Servini/Stornelli se quedaron con todo. Ahí se pueden imputar delitos federales graves.

El accionar represivo a cargo de Bullrich es siempre proclive a la violencia de los uniformados. No es posible que una familia que vende chorizos fuera a tomar el Congreso para un golpe de Estado. Lo que se vio en todos los medios fue la violencia de la policía contra manifestantes indefensos, también los que incendiaron el coche, que tuvieron contacto con los uniformados, y es muy posible que sean de las fuerzas represivas. La "libertad" de reclamar y expresarse está ausente en este gobierno "libertario". 
Así Argentina va camino a una tiranía con fachada democrática que no alcanza a encubrir su rostro autoritario. 


La Opinión Popular



13-06-2024 / 08:06
Con modificaciones, la nefasta ley Bases, que pretende consolidar el coloniaje y la entrega de la Patria, se aprobó y ahora regresa a Diputados. En medio de la brutal represión a la multitud que protestaba en Plaza Congreso, como en los peores tiempos de la dictadura, donde hasta fueron atacados varios diputados con gas pimienta, el Senado aprobó en general la ley Bases. A pesar de los numerosos cambios aceptados por el Gobierno para conseguirlo, que obligan a que el proyecto vuelva a Diputados, tuvo que decidir Victoria Villarruel porque la votación terminó empatada.
 
Con el show de Patricia Bullrich, un montaje mediático y represivo para desalojar la plaza antes de que se vote, la ministra de Seguridad no solo instaló un desmesurado operativo policial sino que también montó falsas acusaciones contra la izquierda y el kirchnerismo con el objetivo de militarizar el centro porteño. Tuvo un gran apoyo de grandes corporaciones mediáticas porteñas a esta operación para intentar aprobar una ley a favor de los poderosos y en contra de los sectores populares.
 
El objetivo Bullrich era claro: desalojar las calles del centro porteño aledañas al Congreso Nacional, para que cuando se vote la Ley Bases -un paquetazo a favor del gran poder económico-, el territorio estuviera despejado. Un ataque en toda la línea contra el derecho a protestar y los que manifestaban su descontento contra una situación social muy grave y un plan económico para profundizar el ajuste.
 
En medio de amenazas, cambio de votos por cargos y represión a los manifestantes en las afueras del Congreso, el gobierno logró la aprobación en general de la ley Bases en el Senado, aunque con modificaciones en el RIGI, las privatizaciones y la continuidad de la moratoria previsional. La votación terminó 36 a 36 y la que desempató fue la vicepresidenta ¡ Villarruel, que justificó voto y se regocijó por la represión callejera.
 
A continuación, comenzó el tratamiento en particular del extenso articulado. Más allá de eso, los proyectos deberán volver a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo podrá insistir con su versión original. Javier "el Loco" Milei, mientras tanto, tenía que subirse al ARG 01 para participar del G7, pero decidió demorar la partida para poder viajar con la sesión resuelta.
 
El interbloque de Unión por la Patria (UxP) aportó 33 votos en contra. A ellos se sumaron los dos senadores de Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano y también el presidente de la UCR, Martín Lousteau. La santacruceña cometió un error al votar y apareció apoyando el proyecto. A viva voz pidió el cambio del sentido de su voto. Se lo concedieron.
 
En tanto, los 36 positivos se alcanzaron con los 7 de La Libertad Avanza, 6 del PRO, 12 de la UCR y 11 de distintos bloques provinciales. Como indica el reglamento, los senadores volvieron a votar y como la paridad se mantenía, llegó el turno de Villarruel que desempató en favor del gobierno anarco capitalista. Con una sonrisa de oreja a oreja lo hizo como si se tratara de una revancha luego que fuera corrida de gran parte de las negociaciones por la Casa Rosada. Después de la represión, en un tuit ridículo, el gobierno libertario habló de "grupos terroristas" y denunció las protestas como un insólito "golpe de Estado" solo con piedras y palos.
 
La Opinión Popular


12-06-2024 / 09:06
A la senadora neuquina Lucila Crexell su mandato le concluye el 09/12/2025 y ella está buscando hace tiempo un cargo público para cuando tenga que dejar la Cámara Alta. Olfateó la oportunidad de canjear sus críticas a la Ley Ómnibus por voto positivo. París era una fiesta, escribió alguna vez Ernest Hemingway. Crexell quiere saber si es cierto. La mesa estaba servida hace tiempo pero no había quien pagara la fiesta. Entonces, Javier Milei decidió hacerse cargo de la cuenta. Algunos dicen que pagó con una Banelco. En el Senado la palabra Banelco suena feo, siempre.
 
El problema es que todo fue muy grosero, por Santiago Caputo, por Guillermo Francos... tan chabacano resultó que el gobernador neuquino Rolo Figueroa tuvo que afirmar que él no había dado ninguna autorización al respecto. Crexell entró en crisis, y comenzó (tardíamente) a articular una explicación que, básicamente, no es verificable, y no le creen sus colegas del Senado de la Nación, donde ella sumó ahora críticas y hasta le han quitado el crédito.
 
A la senadora nacional por Neuquén / Juntos por el Cambio le cabría una denuncia por el delito de dádivas, fundamentada en su apoyo a Ley Bases a cambio de la embajada argentina ante la Unesco (en París, Francia), con un sueldo mensual de 15.000 dólares, una recompensa por su voto.
 
En la víspera del tratamiento en el Senado de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, las negociaciones se empantanaron para la Casa Rosada. El Gobierno confiaba contar con 37 o 38 senadores garantizados para el quórum, y luego para la votación en general, pero los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano denunciaron a través de un video que el oficialismo desconoció a último momento los acuerdos a los que habían llegado para firmar el dictamen, y sorpresivamente llamaron a no bajar al recinto.
 
El mensaje descolocó al jefe de Gabinete, Francos, que se enteró por la prensa que estaba a punto de perder dos votos clave. Sin embargo, La Libertad Avanza podrá sesionar igual este miércoles, porque el radical Martín Lousteau, que estaba en duda, confirmó luego de reunirse con Victoria Villarruel que se sentará en su banca. "Mañana voy a estar sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos", se justificó. Más allá del quórum, el resultado final sigue abierto. La moneda está en el aire: Milei podría finalmente festejar este miércoles un día de gloria en el Congreso o sumar una nueva frustración política.
 
El poroteo marca que para la votación en general habría 33 votos en contra --de Unión por la Patria-- y los 36 a favor que habría logrado juntar el oficialismo. En duda estaban los dos senadores de Santa Cruz, que con el video de este martes están más cerca de ser negativos, y el de Lousteau, que firmó un dictamen propio.
 
Si ellos tres votan por la negativa desempatarían (según la hora que se vote) Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (cuyo voto valdría doble). Sucede que, después de las 22.30, Milei estará viajando para una nueva gira fuera del país y Villarruel tendrá que hacerse cargo del Poder Ejecutivo.
 
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