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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 07-06-2024 / 09:06
LA SUCESIÓN DE FRACASOS, CHANCHULLOS Y MALA PRAXIS COMIENZAN A DESTAPARSE EN EL GOBIERNO DE MILEI

Impericia, caos y corrupción: Sandra Pettovello está hasta las manos en una nueva compra dudosa de alimentos

Impericia, caos y corrupción: Sandra Pettovello está hasta las manos en una nueva compra dudosa de alimentos
La sucesión de fracasos, chanchullos y mala praxis que comienzan a destaparse en el gobierno de Javier “el Loco” Milei está marcando un antes y después. Se cierra el círculo sobre Sandra Pettovello. Contra todo lo que establece la Ley de Administración Financiera, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, para que participe de las compras de alimentos. Para colmo, el dinero se mandó, pero aún no terminó el proceso licitatorio, por lo que la comida no está disponible.
La sucesión de fracasos, chanchullos y mala praxis que comienzan a destaparse en el gobierno de Javier "el Loco" Milei está marcando un antes y después. Se cierra el círculo sobre Sandra Pettovello. Contra todo lo que establece la Ley de Administración Financiera, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, para que participe de las compras de alimentos. Para colmo, el dinero se mandó, pero aún no terminó el proceso licitatorio, por lo que la comida no está disponible.

Ahora la Ministra deberá responder por la entrega de 14 mil millones de pesos al PNUD para adquirir alimentos, que todavía no se concretó. Aquí empieza el capítulo dos de la compra de mercadería para asistencia alimentaria con procedimientos dudosos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Pettovello. En una resolución del 8 de febrero último, la Ministra autorizó solo con su firma la trasferencia de 14.000 millones de pesos al "Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre".

Era para que el organismo internacional participara en la compra de alimentos para los comedores comunitarios. Más allá de que hasta ahora era la propia cartera la que se encargaba de las compras, el punto es que Pettovello excedió por lejos el monto que está habilitada a conceder por su cuenta.
 
La Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta establecen que si el desembolso supera los 2.700 millones de pesos debe llevar la aprobación y firma de la Jefatura de Gabinete. Además, el dinero se transfirió pero el proceso licitatorio no terminó, es decir que el alimento (arroz, fideos y leche en polvo) no llegó. En el PNUD están en estado de incertidumbre sin saber qué va a pasar con este proceso.
 
El primer capítulo de esta historia, que derivó en una denuncia penal, revelaba que Pettovello había delegado la licitación y adquisición de lentejas y aceite a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que por esa gestión le pagaba una comisión que fijó primero en un 6% y luego redujo a un 5%. Para eso giró, sin la firma del jefe de Gabinete, 6.772.500.000 pesos.
 
En este caso las compras se hicieron: 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos. Aunque hubo un traspié: una de las marcas seleccionadas de lentejas, Alimentos Fransro SRL, había sido denunciada por el propio Ministerio de Capital Humano por el supuesto direccionamiento de la adquisición durante el gobierno de Alberto Fernández.
 
Eso llevó a dejar sin efecto la compra de 400.000 paquetes. El resto apareció en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, donde el Gobierno acopia los alimentos que no quería entregar hasta que se supo que miles de kilos de leche se vencían y quedó cercado por una medida cautelar confirmada por la Cámara Federal.
 
La gestión de Pettovello llegó con el discurso de la transparencia y agilidad, pero no es lo que se vio hasta el momento en el ministerio multi-rubro a su cargo. 
 

 
Historia y novedades
 
El PNUD es un organismo internacional con prestigio que coopera con la Argentina desde hace cerca de dos décadas. El llamado "Abordaje Comunitario" fue un proyecto de gran importancia, desde 2006, como respuesta a la crisis de 2001. Ha mantenido convenios con el país a lo largo de los años. "Acompaña y facilita el financiamiento  de fondos de gobierno hacia organizaciones comunitarias que brindan prestaciones alimentarias en forma eficaz", explican en sus oficinas. Apunta a garantizar "el acceso a los alimentos de calidad" a grupos vulnerables.
 
Durante la gestión anterior tuvo dos modalidades de acción. Una era la asistencia regular a comedores y merenderos a través de instituciones "conveniantes" (organizaciones no gubernamentales) que a la vez trabajaban con "ejecutantes" que eran los comedores propiamente dichos que recibían acompañamiento social y nutricional. La ONG debía rendir a PNUD el uso del dinero cada 45 días y el organismo al Estado nacional.
 
La otra política que se aplicó, después de un escándalo por supuestos sobreprecios en la compra de fideos en 2020, fue la transferencia esporádica de fondos gestionados por PNUD a organizaciones para que pudieran reforzar la compra de alimentos "secos" (arroz, lentejas, aceite, yerba, entre otros). La rendición la tenían que hacer las propias organizaciones sociales.
 
 
La marca Pettovello
 
Al ahora exsecretario de Niñez, Pablo de la Torre, lo echaron cuando apareció el alimento vencido y por vencer en los galpones, pero lo denunciaron por contratos laborales truchos con convenios con la OEI que se habrían utilizado también para cambiar dólares y distribuirlos entre funcionarios, según la denuncian penal del propio Gobierno. De la Torre era, por su cargo, el director del proyecto PNUD en Argentina y además responsable de la "unidad ejecutora".
 
Desde el inicio de la administración de Javier Milei se cortó la entrega de alimentos a los movimientos sociales que debía llegar a comedores y merenderos comunitarios. Ahora, apremiado por la imagen de dos galpones con 5,9 millones de kilos de comida, parte de la cual se venció y miles de kilos de leche en polvo cerca vencer, sumado el revés que sufrió en Comodoro Py con un fallo de la Cámara Federal, Capital Humano se presentó en el juzgado de Sebastián Casanello con un plan: dijo que distribuirá la mercadería en escuelas vulnerables.
 
Desde diciembre, los programas de PNUD se suspendieron parcialmente. Lo novedoso es que Pettovello impulsó la intervención de la organización para asociarla en la compra de alimentos secos (en lugar de darles el dinero a las organizaciones). Puede hacerlo. El llamado a licitación lo suscribe De la Torre.
 
La resolución de febrero de la Ministra donde dispone la transferencia de los 14.000 millones argumenta que la intervención del PNUD en la adquisición de mercadería es factible en ciertos casos.
 
Plantea: "...Que con el fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población y familias argentinas y con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, el PROGRAMA ABORDAJE COMUNITARIO - PNUD ARG 20/004, bajo la fiscalización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de financiar Proyectos de Prestaciones Alimentarias Comunitarias asiste en el proceso de adquisición de productos alimenticios destinados a organizaciones sociales en aquellos casos en que los procesos quedaran desiertos o no lograran su objetivo para garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional y complementar la cobertura alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad social..."
 
Lo que no explicitó el Ministerio es qué procesos quedaron desiertos o no lograron su objetivo. Aquella resolución estaba avalada por la supervisión de la subsecretaria Legal Leila Gianni, la misma que protagonizó el escándalo ante la Cámara Federal cuando se trenzó con Juan Grabois, el dirigente que ya en febrero denunció la falta de alimentos.
 
"Se elevan los presentes actuados con la conformidad de quien suscribe, para su consideración", escribió el mismo 8 de febrero de la resolución. De los 14.000 millones, el Programa PNUD implica para el Estado un costo de de gestión del 3% ($ 420 millones en este caso).
 
 
Todavía nada
  
La convocatoria para licitar está fechada el 11 de marzo. ¿Qué se pretende adquirir? 1 millón de paquetes de "leche en polvo entera fortificada" (de 1 kilo), 1 millón de paquetes de "arroz blanco o pulido de grano largo fino calidad 0000" (de 1 kilo), 1 millón de paquetes de "fideos secos de sémola" (de medio kilo). Página/12 intentó rastrear el estado de la licitación y pudo reconstruir que la presentación de ofertas y su apertura estaba prevista hasta el 17 de abril. Después no habría pasado más nada.
 
En el PNUD explicaron que están "a la espera de una comunicación formal de la Unidad Ejecutora del Proyecto por parte de la Secretaría para ver si el proceso continúa o no y proceder en función de la decisión tomada". Hay preocupación. De todos modos, sostienen que el paso al que iba la licitación no estaba fuera de lo esperado.
 
Así las cosas: el desembolso de los 14.000 millones se hizo y habría sido en abril, según la documentación disponible. El proceso no avanza y en el propio organismo internacional crece la inquietud por lo que pase y cómo deberán actuar. La nueva secretaria de Niñez, Yanina Nano Lembo, está ahora al frente del proyecto PNUD.
 
 
Límites excedidos
  
Las normas que estaría infringiendo la ministra Pettovello son el artículo 35 de la Ley 24.156 (de Administración Financiera y de los Sistemas de Control) y su Decreto Reglamentario N° 1344/07, que establecen las competencias y los límites en la autorización de erogaciones.
 
El decreto establece cuál es "la autoridad competente para aprobar gastos". "Si supera el importe que representa los cien mil módulos (100.000)" es "el jefe de Gabinete de ministros para todas las jurisdicciones o máximas autoridades de los organismos descentralizados). El valor de los módulos los van aggiornando los gobiernos. Hoy es de 27.000 pesos. Por lo tanto, si se superan los 2.700 millones tendría que estar la firma del jefe de Gabinete. En este caso le hubiera tocado a Nicolás Posse.
 
Durante el gobierno anterior, en diferentes gestiones al frente de Desarrollo social, cuando las compras -que hacía el Ministerio- excedían el límite en cuestión firmaban por lo general el jefe de Gabinete y el ministro/a del área. No hubo convenios con la OEI, que además están más bien enfocados en cultura, educación y ciencia, ni para tercerizar la compra de alimentos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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