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Nacionales - 07-06-2024 / 09:06
LA SUCESIÓN DE FRACASOS, CHANCHULLOS Y MALA PRAXIS COMIENZAN A DESTAPARSE EN EL GOBIERNO DE MILEI

Impericia, caos y corrupción: Sandra Pettovello está hasta las manos en una nueva compra dudosa de alimentos

Impericia, caos y corrupción: Sandra Pettovello está hasta las manos en una nueva compra dudosa de alimentos
La sucesión de fracasos, chanchullos y mala praxis que comienzan a destaparse en el gobierno de Javier “el Loco” Milei está marcando un antes y después. Se cierra el círculo sobre Sandra Pettovello. Contra todo lo que establece la Ley de Administración Financiera, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, para que participe de las compras de alimentos. Para colmo, el dinero se mandó, pero aún no terminó el proceso licitatorio, por lo que la comida no está disponible.
La sucesión de fracasos, chanchullos y mala praxis que comienzan a destaparse en el gobierno de Javier "el Loco" Milei está marcando un antes y después. Se cierra el círculo sobre Sandra Pettovello. Contra todo lo que establece la Ley de Administración Financiera, la ministra autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al PNUD, para que participe de las compras de alimentos. Para colmo, el dinero se mandó, pero aún no terminó el proceso licitatorio, por lo que la comida no está disponible.

Ahora la Ministra deberá responder por la entrega de 14 mil millones de pesos al PNUD para adquirir alimentos, que todavía no se concretó. Aquí empieza el capítulo dos de la compra de mercadería para asistencia alimentaria con procedimientos dudosos por parte del Ministerio de Capital Humano a cargo de Pettovello. En una resolución del 8 de febrero último, la Ministra autorizó solo con su firma la trasferencia de 14.000 millones de pesos al "Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre".

Era para que el organismo internacional participara en la compra de alimentos para los comedores comunitarios. Más allá de que hasta ahora era la propia cartera la que se encargaba de las compras, el punto es que Pettovello excedió por lejos el monto que está habilitada a conceder por su cuenta.
 
La Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta establecen que si el desembolso supera los 2.700 millones de pesos debe llevar la aprobación y firma de la Jefatura de Gabinete. Además, el dinero se transfirió pero el proceso licitatorio no terminó, es decir que el alimento (arroz, fideos y leche en polvo) no llegó. En el PNUD están en estado de incertidumbre sin saber qué va a pasar con este proceso.
 
El primer capítulo de esta historia, que derivó en una denuncia penal, revelaba que Pettovello había delegado la licitación y adquisición de lentejas y aceite a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y que por esa gestión le pagaba una comisión que fijó primero en un 6% y luego redujo a un 5%. Para eso giró, sin la firma del jefe de Gabinete, 6.772.500.000 pesos.
 
En este caso las compras se hicieron: 1.650.000 botellas de aceite de 900 mililitros y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos. Aunque hubo un traspié: una de las marcas seleccionadas de lentejas, Alimentos Fransro SRL, había sido denunciada por el propio Ministerio de Capital Humano por el supuesto direccionamiento de la adquisición durante el gobierno de Alberto Fernández.
 
Eso llevó a dejar sin efecto la compra de 400.000 paquetes. El resto apareció en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, donde el Gobierno acopia los alimentos que no quería entregar hasta que se supo que miles de kilos de leche se vencían y quedó cercado por una medida cautelar confirmada por la Cámara Federal.
 
La gestión de Pettovello llegó con el discurso de la transparencia y agilidad, pero no es lo que se vio hasta el momento en el ministerio multi-rubro a su cargo. 
 

 
Historia y novedades
 
El PNUD es un organismo internacional con prestigio que coopera con la Argentina desde hace cerca de dos décadas. El llamado "Abordaje Comunitario" fue un proyecto de gran importancia, desde 2006, como respuesta a la crisis de 2001. Ha mantenido convenios con el país a lo largo de los años. "Acompaña y facilita el financiamiento  de fondos de gobierno hacia organizaciones comunitarias que brindan prestaciones alimentarias en forma eficaz", explican en sus oficinas. Apunta a garantizar "el acceso a los alimentos de calidad" a grupos vulnerables.
 
Durante la gestión anterior tuvo dos modalidades de acción. Una era la asistencia regular a comedores y merenderos a través de instituciones "conveniantes" (organizaciones no gubernamentales) que a la vez trabajaban con "ejecutantes" que eran los comedores propiamente dichos que recibían acompañamiento social y nutricional. La ONG debía rendir a PNUD el uso del dinero cada 45 días y el organismo al Estado nacional.
 
La otra política que se aplicó, después de un escándalo por supuestos sobreprecios en la compra de fideos en 2020, fue la transferencia esporádica de fondos gestionados por PNUD a organizaciones para que pudieran reforzar la compra de alimentos "secos" (arroz, lentejas, aceite, yerba, entre otros). La rendición la tenían que hacer las propias organizaciones sociales.
 
 
La marca Pettovello
 
Al ahora exsecretario de Niñez, Pablo de la Torre, lo echaron cuando apareció el alimento vencido y por vencer en los galpones, pero lo denunciaron por contratos laborales truchos con convenios con la OEI que se habrían utilizado también para cambiar dólares y distribuirlos entre funcionarios, según la denuncian penal del propio Gobierno. De la Torre era, por su cargo, el director del proyecto PNUD en Argentina y además responsable de la "unidad ejecutora".
 
Desde el inicio de la administración de Javier Milei se cortó la entrega de alimentos a los movimientos sociales que debía llegar a comedores y merenderos comunitarios. Ahora, apremiado por la imagen de dos galpones con 5,9 millones de kilos de comida, parte de la cual se venció y miles de kilos de leche en polvo cerca vencer, sumado el revés que sufrió en Comodoro Py con un fallo de la Cámara Federal, Capital Humano se presentó en el juzgado de Sebastián Casanello con un plan: dijo que distribuirá la mercadería en escuelas vulnerables.
 
Desde diciembre, los programas de PNUD se suspendieron parcialmente. Lo novedoso es que Pettovello impulsó la intervención de la organización para asociarla en la compra de alimentos secos (en lugar de darles el dinero a las organizaciones). Puede hacerlo. El llamado a licitación lo suscribe De la Torre.
 
La resolución de febrero de la Ministra donde dispone la transferencia de los 14.000 millones argumenta que la intervención del PNUD en la adquisición de mercadería es factible en ciertos casos.
 
Plantea: "...Que con el fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de la población y familias argentinas y con especial atención en los sectores de mayor vulnerabilidad económica y social, el PROGRAMA ABORDAJE COMUNITARIO - PNUD ARG 20/004, bajo la fiscalización del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de financiar Proyectos de Prestaciones Alimentarias Comunitarias asiste en el proceso de adquisición de productos alimenticios destinados a organizaciones sociales en aquellos casos en que los procesos quedaran desiertos o no lograran su objetivo para garantizar el acceso a los alimentos, mejorar la calidad nutricional y complementar la cobertura alimentaria de las familias en situación de vulnerabilidad social..."
 
Lo que no explicitó el Ministerio es qué procesos quedaron desiertos o no lograron su objetivo. Aquella resolución estaba avalada por la supervisión de la subsecretaria Legal Leila Gianni, la misma que protagonizó el escándalo ante la Cámara Federal cuando se trenzó con Juan Grabois, el dirigente que ya en febrero denunció la falta de alimentos.
 
"Se elevan los presentes actuados con la conformidad de quien suscribe, para su consideración", escribió el mismo 8 de febrero de la resolución. De los 14.000 millones, el Programa PNUD implica para el Estado un costo de de gestión del 3% ($ 420 millones en este caso).
 
 
Todavía nada
  
La convocatoria para licitar está fechada el 11 de marzo. ¿Qué se pretende adquirir? 1 millón de paquetes de "leche en polvo entera fortificada" (de 1 kilo), 1 millón de paquetes de "arroz blanco o pulido de grano largo fino calidad 0000" (de 1 kilo), 1 millón de paquetes de "fideos secos de sémola" (de medio kilo). Página/12 intentó rastrear el estado de la licitación y pudo reconstruir que la presentación de ofertas y su apertura estaba prevista hasta el 17 de abril. Después no habría pasado más nada.
 
En el PNUD explicaron que están "a la espera de una comunicación formal de la Unidad Ejecutora del Proyecto por parte de la Secretaría para ver si el proceso continúa o no y proceder en función de la decisión tomada". Hay preocupación. De todos modos, sostienen que el paso al que iba la licitación no estaba fuera de lo esperado.
 
Así las cosas: el desembolso de los 14.000 millones se hizo y habría sido en abril, según la documentación disponible. El proceso no avanza y en el propio organismo internacional crece la inquietud por lo que pase y cómo deberán actuar. La nueva secretaria de Niñez, Yanina Nano Lembo, está ahora al frente del proyecto PNUD.
 
 
Límites excedidos
  
Las normas que estaría infringiendo la ministra Pettovello son el artículo 35 de la Ley 24.156 (de Administración Financiera y de los Sistemas de Control) y su Decreto Reglamentario N° 1344/07, que establecen las competencias y los límites en la autorización de erogaciones.
 
El decreto establece cuál es "la autoridad competente para aprobar gastos". "Si supera el importe que representa los cien mil módulos (100.000)" es "el jefe de Gabinete de ministros para todas las jurisdicciones o máximas autoridades de los organismos descentralizados). El valor de los módulos los van aggiornando los gobiernos. Hoy es de 27.000 pesos. Por lo tanto, si se superan los 2.700 millones tendría que estar la firma del jefe de Gabinete. En este caso le hubiera tocado a Nicolás Posse.
 
Durante el gobierno anterior, en diferentes gestiones al frente de Desarrollo social, cuando las compras -que hacía el Ministerio- excedían el límite en cuestión firmaban por lo general el jefe de Gabinete y el ministro/a del área. No hubo convenios con la OEI, que además están más bien enfocados en cultura, educación y ciencia, ni para tercerizar la compra de alimentos.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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