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Nacionales - 06-06-2024 / 07:06
EL ESTADO ENTREGÓ US$33 MILLONES A LAS EMPRESAS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL

El padre de Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que impartió el kirchnerismo

El padre de Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que impartió el kirchnerismo
El Estado entregó US$33 millones a las empresas de colectivos de Norberto Milei como ayudas públicas entre 2005 y 2007. Luego se diversificó como empresario inmobiliario y agrícola. Regaló bienes a sus hijos, quienes aceptaron que se les adelante parte de su herencia a pesar de defenestrar al Estado y todo lo que nace de él. Contradicciones de una dupla en el poder. En la imagen: Los padres del presidente Javier Milei, Alicia Lucich y Norberto "Beto" Milei.
El Presidente es un acérrimo detractor de la intervención estatal en la economía. "Yo odio al Estado", repetía durante la última campaña electoral. Pero la historia de su familia registra un capítulo de millonarias ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre era accionista y presidió entre 2002 y 2007. Y, años después, tanto el Presidente como su hermana y funcionaria, Karina Milei, cosecharon beneficios de esa fortuna familiar, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre, respectivamente. 
 
Norberto "Beto" Milei, el padre del mandatario, fue presidente y accionista de Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, dos compañías de colectivos que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte argentina distribuyó subsidios estatales a estas dos empresas por al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según aparece en cientos de planillas de ese organismo que revisaron elDiarioAR y La Nación en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
 
"Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados, entonces mi mamá lo acompañaba con un termo de café y un fibrón negro", ironizó el libertario, durante una entrevista televisiva en "Los Andino en casa", cuando apenas comenzaba su carrera política.
 
"Beto" Milei, como todos lo conocen en el mundo del transporte, pasó de conducir un autobús en la década de 1970 a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue la firma Francisco de Viedma SA desde 2001. El padre del presidente argentino controlaba mediante esa sociedad a la compañía Teniente General Roca SA que, a su vez, era dueña de la mitad de las acciones de Rocaraza SA.
 
Su salto del autobús al escritorio fue contundente: sólo Teniente General Roca llegó a ostentar una flota de 115 colectivos, según consta en los papeles de la empresa presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). El rol de Norberto Milei fue preponderante dentro de ese conglomerado: presidió las compañías entre 2001 y 2007. Más aún, durante los primeros años fue, también, su accionista mayoritario, según decenas de balances de estas tres firmas que fueron revisados para esta investigación. Las empresas operaban las líneas de autobuses 21, 31, 108 y 146, que trasladaban a miles de personas que atravesaban Buenos Aires de norte a sur y de este a oeste.
 
Pero el transporte de pasajeros sufrió la gran crisis de Argentina en 2001. Tras la caída del presidente Fernando de la Rúa y una fuerte devaluación, el Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar ganancias fabulosas.
 
En ese contexto, la Secretaría de Transporte distribuyó subsidios para Teniente General Roca y Rocaraza, las empresas manejadas por Milei, por al menos US$33 millones (a los tipos de cambio entonces vigentes) entre 2005 y mediados de 2007. La cifra se desprende de cientos de planillas PDF que esa dependencia publicaba mes a mes en su página web con el monto detallado de ayudas por empresa y que fueron revisadas para esta investigación. La ayuda del Estado fue clave para consolidar la fortuna de los Milei.
 

 
Fortuna familiar
  
Los subsidios fueron un salvavidas para Teniente General Roca, que había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, en 2005, la compañía firmó el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales.
 
Las empresas, sin embargo, consignaron que recibieron subsidios por montos menores en los balances que presentaron con la firma del padre del presidente argentino ante la IGJ. Las compañías declararon ayudas públicas por unos US$10 millones entre 2003 y 2007, apenas un tercio de lo que indican las planillas de la Secretaría de Transporte. elDiarioAR, La Nación y el CLIP pidieron en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transporte la información completa sobre los subsidios, identificados por empresa receptora entre 2002 y 2015, pero desde esa dependencia no entregaron los datos.
 
"Beto" Milei vendió su participación accionaria en medio de esa lluvia de subsidios, allá por 2006, pero continuó como ejecutivo del conglomerado hasta mediados de 2007. No está claro el destino de aproximadamente US$23 millones, fondos que la Secretaría de Transporte publicó en su sitio web como pagados a las empresas del padre de Milei durante más de dos años, pero que no aparecen en los balances de estas compañías.
 
Lo que sí se conoce es que el padre del actual presidente montó otras empresas cercanas al sector del transporte y del mundo agropecuario. También ayudó a sus hijos. Karina Milei recibió un departamento de 150 metros cuadrados en una de las zonas más acomodadas de Vicente López, que rotuló como "herencia" al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).
 
Esa "herencia" corresponde a un adelanto de herencia de su padre, según pudo corroborar este equipo de fuentes con conocimiento del caso. Por su parte, Javier Milei compró en 2013 una coupé Peugeot RCZ con "fondos propios" que mantiene hasta la actualidad como parte de su patrimonio, según declaró ante la OA. El periodista Juan Luis González, sin embargo, asegura en su libro "El Loco" que el coche también fue un regalo de su padre.
 
Este equipo de investigación envió un cuestionario al vocero presidencial sobre los negocios de Norberto Milei pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Cerca del Presidente dijeron que "son cosas de hace 20 años, de terceras personas, y los bienes de él están todos declarados como corresponde".
 
 
La ayuda kirchnerista
  
Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien fue condenado por la Justicia por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Primero, se creó el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en Buenos Aires y su conurbano.
 
Pero las ayudas oficiales no se agotaron allí. El Estado Nacional también subsidiaba cada litro de gasoil que consumían los colectivos, que pagaban menos de un tercio de su valor en surtidor. La suma de estos subsidios convirtió al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para las cuentas públicas. Ricardo Jaime se volvió "El señor de los subsidios" y cuando su enriquecimiento ilícito comenzó a resultar evidente provocó que el reparto de estos fondos quedara bajo investigación judicial.
 
La primera mención de "Beto" Milei sobre la importancia de la colaboración pública aparece en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca. Incluso, el empresario reclamó más ayuda estatal. "No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno Nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente", decía en ese documento societario con su firma.
 
La posición de "Beto" Milei no podría ser más distinta a la que expresó su hijo en múltiples ocasiones, como economista, candidato y también como presidente argentino. "Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...). Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar", enfatizó el entonces candidato durante una entrevista, en octubre pasado. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría "todos".
 
Los subsidios ayudaron en grande a las compañías de "Beto", pero, además, éstas no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Anses, la dependencia que maneja fondos previsionales, y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que luego buscaron regularizar. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por impuestos a los Ingresos Brutos y el Impuesto a la Radicación de Vehículos.
 
Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia argentina condenó a Teniente General Roca por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por US$35.000. Y en los balances, la compañía aparece adscrita a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con AFIP.
 
Norberto Milei no tuvo un mejor desempeño como contribuyente individual. Acumula al menos cuatro ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal durante 2009, además de afrontar otras vicisitudes similares en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, según documentos judiciales recopilados para esta investigación.
 
 
Sale Milei; entra DOTA
  
El final de Norberto Milei en el sector del transporte urbano de pasajeros llegó a mediados de 2007: entregó la presidencia de las empresas y sus acciones pasaron a personas y sociedades vinculadas al Grupo DOTA, un gigante del transporte de pasajeros. Los balances de las compañías no informan por cuánto dinero vendió sus acciones el padre del presidente argentino. Este equipo consultó a DOTA pero en la empresa declinaron responder por cuánto adquirieron el paquete accionario de las empresas de Milei padre.
 
A diferencia de Javier Milei, que estuvo años distanciado de sus padres, Karina Milei mantuvo una relación más estrecha con ellos. De hecho, la hoy Secretaria General de la Presidencia participó entonces en varias de las inversiones de su padre. Cuando él estaba a punto de vender sus acciones, su hija constituyó en marzo de 2007 la sociedad Neumáticos Acassuso SA, cuya actividad declarada era la venta de neumáticos y el servicio de lubricentro, una labor complementaria al sector en que históricamente se había manejado su padre.
 
"Beto" Milei, en tanto, comenzó a diversificar sus inversiones: continuó con su apuesta en la agroindustria con la firma Campo La Ponderosa SA, que había sido montada desde 2004 y que continúa activa (Karina Milei llegó a desempeñar un cargo directivo en esa firma años después); creó en febrero de 2007, justo antes de salir de los autobuses, Buena Yunta SA, también dedicada al campo.
 
Su última apuesta fue por el mercado inmobiliario. Por un lado, fundó la constructora Graviar SRL en 2011, una sociedad cuya última actividad se remonta oficialmente a 2017. "Beto" Milei expandió sus negocios con inversiones en Estados Unidos: montó la sociedad Alkary Investments junto a su mujer y su hija Karina, una firma que compró cuatro propiedades en Florida por US$ 2,7 millones, tal como publicaron elDiarioAR, La Nación y el CLIP en mayo pasado.
 
Más de una década después, el negocio de los colectivos continuó rodando y, otra vez, el apellido Milei apareció entremedio. Las acciones que alguna vez fueron de "Beto" Milei hoy están bajo el control de los hermanos Faijá, dueños de DOTA, considerados por fuentes del sector como los hombres duros en el transporte de pasajeros. DOTA no es sólo una empresa de transporte: ahora montó una fábrica chasis para buses que compite con Mercedes Benz.
 
Días después de que Javier Milei ingresara en la Casa Rosada, José Faijá cruzó esa puerta: el 27 de diciembre visitó al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, en una reunión donde se conversó sobre la política de subsidios, según detalla el Registro Único de Audiencias. Hubo más guiños: las líneas de colectivos de DOTA fueron las únicas que no se adhirieron a los últimos paros de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por las políticas de ajuste de Milei hijo.
 
Emilia Delfino
Iván Ruiz
Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP
 
Fuente: eldiadioar.com
 

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09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
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