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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 06-06-2024 / 07:06
EL ESTADO ENTREGÓ US$33 MILLONES A LAS EMPRESAS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL

El padre de Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que impartió el kirchnerismo

El padre de Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que impartió el kirchnerismo
El Estado entregó US$33 millones a las empresas de colectivos de Norberto Milei como ayudas públicas entre 2005 y 2007. Luego se diversificó como empresario inmobiliario y agrícola. Regaló bienes a sus hijos, quienes aceptaron que se les adelante parte de su herencia a pesar de defenestrar al Estado y todo lo que nace de él. Contradicciones de una dupla en el poder. En la imagen: Los padres del presidente Javier Milei, Alicia Lucich y Norberto "Beto" Milei.
El Presidente es un acérrimo detractor de la intervención estatal en la economía. "Yo odio al Estado", repetía durante la última campaña electoral. Pero la historia de su familia registra un capítulo de millonarias ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre era accionista y presidió entre 2002 y 2007. Y, años después, tanto el Presidente como su hermana y funcionaria, Karina Milei, cosecharon beneficios de esa fortuna familiar, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre, respectivamente. 
 
Norberto "Beto" Milei, el padre del mandatario, fue presidente y accionista de Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, dos compañías de colectivos que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte argentina distribuyó subsidios estatales a estas dos empresas por al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según aparece en cientos de planillas de ese organismo que revisaron elDiarioAR y La Nación en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
 
"Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados, entonces mi mamá lo acompañaba con un termo de café y un fibrón negro", ironizó el libertario, durante una entrevista televisiva en "Los Andino en casa", cuando apenas comenzaba su carrera política.
 
"Beto" Milei, como todos lo conocen en el mundo del transporte, pasó de conducir un autobús en la década de 1970 a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue la firma Francisco de Viedma SA desde 2001. El padre del presidente argentino controlaba mediante esa sociedad a la compañía Teniente General Roca SA que, a su vez, era dueña de la mitad de las acciones de Rocaraza SA.
 
Su salto del autobús al escritorio fue contundente: sólo Teniente General Roca llegó a ostentar una flota de 115 colectivos, según consta en los papeles de la empresa presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). El rol de Norberto Milei fue preponderante dentro de ese conglomerado: presidió las compañías entre 2001 y 2007. Más aún, durante los primeros años fue, también, su accionista mayoritario, según decenas de balances de estas tres firmas que fueron revisados para esta investigación. Las empresas operaban las líneas de autobuses 21, 31, 108 y 146, que trasladaban a miles de personas que atravesaban Buenos Aires de norte a sur y de este a oeste.
 
Pero el transporte de pasajeros sufrió la gran crisis de Argentina en 2001. Tras la caída del presidente Fernando de la Rúa y una fuerte devaluación, el Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar ganancias fabulosas.
 
En ese contexto, la Secretaría de Transporte distribuyó subsidios para Teniente General Roca y Rocaraza, las empresas manejadas por Milei, por al menos US$33 millones (a los tipos de cambio entonces vigentes) entre 2005 y mediados de 2007. La cifra se desprende de cientos de planillas PDF que esa dependencia publicaba mes a mes en su página web con el monto detallado de ayudas por empresa y que fueron revisadas para esta investigación. La ayuda del Estado fue clave para consolidar la fortuna de los Milei.
 

 
Fortuna familiar
  
Los subsidios fueron un salvavidas para Teniente General Roca, que había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, en 2005, la compañía firmó el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales.
 
Las empresas, sin embargo, consignaron que recibieron subsidios por montos menores en los balances que presentaron con la firma del padre del presidente argentino ante la IGJ. Las compañías declararon ayudas públicas por unos US$10 millones entre 2003 y 2007, apenas un tercio de lo que indican las planillas de la Secretaría de Transporte. elDiarioAR, La Nación y el CLIP pidieron en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transporte la información completa sobre los subsidios, identificados por empresa receptora entre 2002 y 2015, pero desde esa dependencia no entregaron los datos.
 
"Beto" Milei vendió su participación accionaria en medio de esa lluvia de subsidios, allá por 2006, pero continuó como ejecutivo del conglomerado hasta mediados de 2007. No está claro el destino de aproximadamente US$23 millones, fondos que la Secretaría de Transporte publicó en su sitio web como pagados a las empresas del padre de Milei durante más de dos años, pero que no aparecen en los balances de estas compañías.
 
Lo que sí se conoce es que el padre del actual presidente montó otras empresas cercanas al sector del transporte y del mundo agropecuario. También ayudó a sus hijos. Karina Milei recibió un departamento de 150 metros cuadrados en una de las zonas más acomodadas de Vicente López, que rotuló como "herencia" al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).
 
Esa "herencia" corresponde a un adelanto de herencia de su padre, según pudo corroborar este equipo de fuentes con conocimiento del caso. Por su parte, Javier Milei compró en 2013 una coupé Peugeot RCZ con "fondos propios" que mantiene hasta la actualidad como parte de su patrimonio, según declaró ante la OA. El periodista Juan Luis González, sin embargo, asegura en su libro "El Loco" que el coche también fue un regalo de su padre.
 
Este equipo de investigación envió un cuestionario al vocero presidencial sobre los negocios de Norberto Milei pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Cerca del Presidente dijeron que "son cosas de hace 20 años, de terceras personas, y los bienes de él están todos declarados como corresponde".
 
 
La ayuda kirchnerista
  
Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien fue condenado por la Justicia por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Primero, se creó el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en Buenos Aires y su conurbano.
 
Pero las ayudas oficiales no se agotaron allí. El Estado Nacional también subsidiaba cada litro de gasoil que consumían los colectivos, que pagaban menos de un tercio de su valor en surtidor. La suma de estos subsidios convirtió al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para las cuentas públicas. Ricardo Jaime se volvió "El señor de los subsidios" y cuando su enriquecimiento ilícito comenzó a resultar evidente provocó que el reparto de estos fondos quedara bajo investigación judicial.
 
La primera mención de "Beto" Milei sobre la importancia de la colaboración pública aparece en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca. Incluso, el empresario reclamó más ayuda estatal. "No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno Nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente", decía en ese documento societario con su firma.
 
La posición de "Beto" Milei no podría ser más distinta a la que expresó su hijo en múltiples ocasiones, como economista, candidato y también como presidente argentino. "Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...). Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar", enfatizó el entonces candidato durante una entrevista, en octubre pasado. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría "todos".
 
Los subsidios ayudaron en grande a las compañías de "Beto", pero, además, éstas no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Anses, la dependencia que maneja fondos previsionales, y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que luego buscaron regularizar. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por impuestos a los Ingresos Brutos y el Impuesto a la Radicación de Vehículos.
 
Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia argentina condenó a Teniente General Roca por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por US$35.000. Y en los balances, la compañía aparece adscrita a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con AFIP.
 
Norberto Milei no tuvo un mejor desempeño como contribuyente individual. Acumula al menos cuatro ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal durante 2009, además de afrontar otras vicisitudes similares en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, según documentos judiciales recopilados para esta investigación.
 
 
Sale Milei; entra DOTA
  
El final de Norberto Milei en el sector del transporte urbano de pasajeros llegó a mediados de 2007: entregó la presidencia de las empresas y sus acciones pasaron a personas y sociedades vinculadas al Grupo DOTA, un gigante del transporte de pasajeros. Los balances de las compañías no informan por cuánto dinero vendió sus acciones el padre del presidente argentino. Este equipo consultó a DOTA pero en la empresa declinaron responder por cuánto adquirieron el paquete accionario de las empresas de Milei padre.
 
A diferencia de Javier Milei, que estuvo años distanciado de sus padres, Karina Milei mantuvo una relación más estrecha con ellos. De hecho, la hoy Secretaria General de la Presidencia participó entonces en varias de las inversiones de su padre. Cuando él estaba a punto de vender sus acciones, su hija constituyó en marzo de 2007 la sociedad Neumáticos Acassuso SA, cuya actividad declarada era la venta de neumáticos y el servicio de lubricentro, una labor complementaria al sector en que históricamente se había manejado su padre.
 
"Beto" Milei, en tanto, comenzó a diversificar sus inversiones: continuó con su apuesta en la agroindustria con la firma Campo La Ponderosa SA, que había sido montada desde 2004 y que continúa activa (Karina Milei llegó a desempeñar un cargo directivo en esa firma años después); creó en febrero de 2007, justo antes de salir de los autobuses, Buena Yunta SA, también dedicada al campo.
 
Su última apuesta fue por el mercado inmobiliario. Por un lado, fundó la constructora Graviar SRL en 2011, una sociedad cuya última actividad se remonta oficialmente a 2017. "Beto" Milei expandió sus negocios con inversiones en Estados Unidos: montó la sociedad Alkary Investments junto a su mujer y su hija Karina, una firma que compró cuatro propiedades en Florida por US$ 2,7 millones, tal como publicaron elDiarioAR, La Nación y el CLIP en mayo pasado.
 
Más de una década después, el negocio de los colectivos continuó rodando y, otra vez, el apellido Milei apareció entremedio. Las acciones que alguna vez fueron de "Beto" Milei hoy están bajo el control de los hermanos Faijá, dueños de DOTA, considerados por fuentes del sector como los hombres duros en el transporte de pasajeros. DOTA no es sólo una empresa de transporte: ahora montó una fábrica chasis para buses que compite con Mercedes Benz.
 
Días después de que Javier Milei ingresara en la Casa Rosada, José Faijá cruzó esa puerta: el 27 de diciembre visitó al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, en una reunión donde se conversó sobre la política de subsidios, según detalla el Registro Único de Audiencias. Hubo más guiños: las líneas de colectivos de DOTA fueron las únicas que no se adhirieron a los últimos paros de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por las políticas de ajuste de Milei hijo.
 
Emilia Delfino
Iván Ruiz
Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP
 
Fuente: eldiadioar.com
 

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19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
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