02:30 | Sabado 03 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 06-06-2024 / 07:06

EL ESTADO ENTREGÓ US$33 MILLONES A LAS EMPRESAS DE LA FAMILIA PRESIDENCIAL

El padre de Milei consolidó su fortuna con subsidios millonarios que impartió el kirchnerismo

El Estado entregó US$33 millones a las empresas de colectivos de Norberto Milei como ayudas públicas entre 2005 y 2007. Luego se diversificó como empresario inmobiliario y agrícola. Regaló bienes a sus hijos, quienes aceptaron que se les adelante parte de su herencia a pesar de defenestrar al Estado y todo lo que nace de él. Contradicciones de una dupla en el poder. En la imagen: Los padres del presidente Javier Milei, Alicia Lucich y Norberto "Beto" Milei.

El Presidente es un acérrimo detractor de la intervención estatal en la economía. "Yo odio al Estado", repetía durante la última campaña electoral. Pero la historia de su familia registra un capítulo de millonarias ayudas estatales a las empresas de transporte en las que su padre era accionista y presidió entre 2002 y 2007. Y, años después, tanto el Presidente como su hermana y funcionaria, Karina Milei, cosecharon beneficios de esa fortuna familiar, como un auto y una casa que adquirieron con dinero de su padre, respectivamente.

Norberto "Beto" Milei, el padre del mandatario, fue presidente y accionista de Rocaraza SA y Teniente General Roca SA, dos compañías de colectivos que funcionan en el área metropolitana de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte argentina distribuyó subsidios estatales a estas dos empresas por al menos US$33 millones entre 2005 y mediados de 2007, según aparece en cientos de planillas de ese organismo que revisaron elDiarioAR y La Nación en una investigación coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

"Mi papá empezó como chofer de colectivos. El dueño del colectivo le dejaba trabajar para él los feriados, entonces mi mamá lo acompañaba con un termo de café y un fibrón negro", ironizó el libertario, durante una entrevista televisiva en "Los Andino en casa", cuando apenas comenzaba su carrera política.

"Beto" Milei, como todos lo conocen en el mundo del transporte, pasó de conducir un autobús en la década de 1970 a ser accionista y presidente de tres empresas, cuya cabecera fue la firma Francisco de Viedma SA desde 2001. El padre del presidente argentino controlaba mediante esa sociedad a la compañía Teniente General Roca SA que, a su vez, era dueña de la mitad de las acciones de Rocaraza SA.

Su salto del autobús al escritorio fue contundente: sólo Teniente General Roca llegó a ostentar una flota de 115 colectivos, según consta en los papeles de la empresa presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ). El rol de Norberto Milei fue preponderante dentro de ese conglomerado: presidió las compañías entre 2001 y 2007. Más aún, durante los primeros años fue, también, su accionista mayoritario, según decenas de balances de estas tres firmas que fueron revisados para esta investigación. Las empresas operaban las líneas de autobuses 21, 31, 108 y 146, que trasladaban a miles de personas que atravesaban Buenos Aires de norte a sur y de este a oeste.

Pero el transporte de pasajeros sufrió la gran crisis de Argentina en 2001. Tras la caída del presidente Fernando de la Rúa y una fuerte devaluación, el Estado nacional congeló las tarifas y, a cambio, inició la distribución de subsidios que permitieron, con altibajos, mantener a flote la actividad y, en algunos casos, embolsar ganancias fabulosas.

En ese contexto, la Secretaría de Transporte distribuyó subsidios para Teniente General Roca y Rocaraza, las empresas manejadas por Milei, por al menos US$33 millones (a los tipos de cambio entonces vigentes) entre 2005 y mediados de 2007. La cifra se desprende de cientos de planillas PDF que esa dependencia publicaba mes a mes en su página web con el monto detallado de ayudas por empresa y que fueron revisadas para esta investigación. La ayuda del Estado fue clave para consolidar la fortuna de los Milei.

Fortuna familiar

Los subsidios fueron un salvavidas para Teniente General Roca, que había abierto un concurso de acreedores el 2 de abril de 2002 en el Juzgado en lo Comercial N°14 de la Ciudad de Buenos Aires, según consta en los balances. Tres años después, en 2005, la compañía firmó el acuerdo para pagar su deuda mientras recibía millones en ayudas estatales.

Las empresas, sin embargo, consignaron que recibieron subsidios por montos menores en los balances que presentaron con la firma del padre del presidente argentino ante la IGJ. Las compañías declararon ayudas públicas por unos US$10 millones entre 2003 y 2007, apenas un tercio de lo que indican las planillas de la Secretaría de Transporte. elDiarioAR, La Nación y el CLIP pidieron en reiteradas ocasiones al Ministerio de Transporte la información completa sobre los subsidios, identificados por empresa receptora entre 2002 y 2015, pero desde esa dependencia no entregaron los datos.

"Beto" Milei vendió su participación accionaria en medio de esa lluvia de subsidios, allá por 2006, pero continuó como ejecutivo del conglomerado hasta mediados de 2007. No está claro el destino de aproximadamente US$23 millones, fondos que la Secretaría de Transporte publicó en su sitio web como pagados a las empresas del padre de Milei durante más de dos años, pero que no aparecen en los balances de estas compañías.

Lo que sí se conoce es que el padre del actual presidente montó otras empresas cercanas al sector del transporte y del mundo agropecuario. También ayudó a sus hijos. Karina Milei recibió un departamento de 150 metros cuadrados en una de las zonas más acomodadas de Vicente López, que rotuló como "herencia" al presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Esa "herencia" corresponde a un adelanto de herencia de su padre, según pudo corroborar este equipo de fuentes con conocimiento del caso. Por su parte, Javier Milei compró en 2013 una coupé Peugeot RCZ con "fondos propios" que mantiene hasta la actualidad como parte de su patrimonio, según declaró ante la OA. El periodista Juan Luis González, sin embargo, asegura en su libro "El Loco" que el coche también fue un regalo de su padre.

Este equipo de investigación envió un cuestionario al vocero presidencial sobre los negocios de Norberto Milei pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta. Cerca del Presidente dijeron que "son cosas de hace 20 años, de terceras personas, y los bienes de él están todos declarados como corresponde".

La ayuda kirchnerista

Los subsidios al transporte comenzaron durante la presidencia de Eduardo Duhalde, poco después del fin de la convertibilidad. Pero llegaron a otra dimensión de la mano del presidente Néstor Kirchner y su secretario de Transporte, Ricardo Jaime, quien fue condenado por la Justicia por actos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Primero, se creó el Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau) y, desde 2006, el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) previsto para las líneas 1 a 200 que circulan en Buenos Aires y su conurbano.

Pero las ayudas oficiales no se agotaron allí. El Estado Nacional también subsidiaba cada litro de gasoil que consumían los colectivos, que pagaban menos de un tercio de su valor en surtidor. La suma de estos subsidios convirtió al transporte automotor de pasajeros en una costosa mochila para las cuentas públicas. Ricardo Jaime se volvió "El señor de los subsidios" y cuando su enriquecimiento ilícito comenzó a resultar evidente provocó que el reparto de estos fondos quedara bajo investigación judicial.

La primera mención de "Beto" Milei sobre la importancia de la colaboración pública aparece en la Memoria de 2003 de Teniente General Roca. Incluso, el empresario reclamó más ayuda estatal. "No podemos pasar por alto el esfuerzo que el Gobierno Nacional viene haciendo para paliar esta situación de emergencia de nuestra actividad, evitando generar un aumento de costos para la población usuaria del servicio mediante el otorgamiento de subsidios a las empresas, de todas maneras queda claro que ha sido y es insuficiente", decía en ese documento societario con su firma.

La posición de "Beto" Milei no podría ser más distinta a la que expresó su hijo en múltiples ocasiones, como economista, candidato y también como presidente argentino. "Los subsidios nos cuestan 4 puntos del PBI (...). Hay que lograr que la gente entienda que las cosas no son gratis, alguien las tiene que pagar", enfatizó el entonces candidato durante una entrevista, en octubre pasado. Y afirmó que de llegar a la Casa Rosada los eliminaría "todos".

Los subsidios ayudaron en grande a las compañías de "Beto", pero, además, éstas no pagaron varios impuestos y acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Anses, la dependencia que maneja fondos previsionales, y Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), que luego buscaron regularizar. Rocaraza, por ejemplo, ingresó en 2005 en moratorias por impuestos a los Ingresos Brutos y el Impuesto a la Radicación de Vehículos.

Las deudas que acumularon esas empresas terminaron, en ocasiones, en los tribunales. La Justicia argentina condenó a Teniente General Roca por evasión de tributos de ARBA durante 2002 y 2003 por US$35.000. Y en los balances, la compañía aparece adscrita a moratorias por Ingresos Brutos y por Seguridad e Higiene; había ingresado, además, a un plan de pagos con AFIP.

Norberto Milei no tuvo un mejor desempeño como contribuyente individual. Acumula al menos cuatro ejecuciones fiscales iniciadas por la AFIP en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal durante 2009, además de afrontar otras vicisitudes similares en los tribunales de la provincia de Buenos Aires, según documentos judiciales recopilados para esta investigación.

Sale Milei; entra DOTA

El final de Norberto Milei en el sector del transporte urbano de pasajeros llegó a mediados de 2007: entregó la presidencia de las empresas y sus acciones pasaron a personas y sociedades vinculadas al Grupo DOTA, un gigante del transporte de pasajeros. Los balances de las compañías no informan por cuánto dinero vendió sus acciones el padre del presidente argentino. Este equipo consultó a DOTA pero en la empresa declinaron responder por cuánto adquirieron el paquete accionario de las empresas de Milei padre.

A diferencia de Javier Milei, que estuvo años distanciado de sus padres, Karina Milei mantuvo una relación más estrecha con ellos. De hecho, la hoy Secretaria General de la Presidencia participó entonces en varias de las inversiones de su padre. Cuando él estaba a punto de vender sus acciones, su hija constituyó en marzo de 2007 la sociedad Neumáticos Acassuso SA, cuya actividad declarada era la venta de neumáticos y el servicio de lubricentro, una labor complementaria al sector en que históricamente se había manejado su padre.

"Beto" Milei, en tanto, comenzó a diversificar sus inversiones: continuó con su apuesta en la agroindustria con la firma Campo La Ponderosa SA, que había sido montada desde 2004 y que continúa activa (Karina Milei llegó a desempeñar un cargo directivo en esa firma años después); creó en febrero de 2007, justo antes de salir de los autobuses, Buena Yunta SA, también dedicada al campo.

Su última apuesta fue por el mercado inmobiliario. Por un lado, fundó la constructora Graviar SRL en 2011, una sociedad cuya última actividad se remonta oficialmente a 2017. "Beto" Milei expandió sus negocios con inversiones en Estados Unidos: montó la sociedad Alkary Investments junto a su mujer y su hija Karina, una firma que compró cuatro propiedades en Florida por US$ 2,7 millones, tal como publicaron elDiarioAR, La Nación y el CLIP en mayo pasado.

Más de una década después, el negocio de los colectivos continuó rodando y, otra vez, el apellido Milei apareció entremedio. Las acciones que alguna vez fueron de "Beto" Milei hoy están bajo el control de los hermanos Faijá, dueños de DOTA, considerados por fuentes del sector como los hombres duros en el transporte de pasajeros. DOTA no es sólo una empresa de transporte: ahora montó una fábrica chasis para buses que compite con Mercedes Benz.

Días después de que Javier Milei ingresara en la Casa Rosada, José Faijá cruzó esa puerta: el 27 de diciembre visitó al entonces ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, en una reunión donde se conversó sobre la política de subsidios, según detalla el Registro Único de Audiencias. Hubo más guiños: las líneas de colectivos de DOTA fueron las únicas que no se adhirieron a los últimos paros de la Confederación General de Trabajadores (CGT) y de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por las políticas de ajuste de Milei hijo.

Emilia Delfino
Iván Ruiz
Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP

Fuente: eldiadioar.com

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".