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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 05-06-2024 / 09:06
NEGACIONISMO CRUEL DE UN GOBIERNO AL QUE NO LO INMUTA NI EL HAMBRE NI LA POBREZA QUE AUMENTAN DÍA TRAS DÍA

Casta: La comida ya viaja, pero solo a las provincias amigas de Milei

Casta: La comida ya viaja, pero solo a las provincias amigas de Milei
Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.
La inepta ministra Sandra Pettovello está en el ojo de la tormenta, aunque el presidente Javier "el Loco" Milei se empeñe en defenderla con argumentos ridículos. "... los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos", expresó Mlei en su cuenta de X. Todas las pruebas y actuaciones judiciales apuntan a la corrupción de Pettovello, pero los corruptos serían los otros.
 
Cuando el periodista Ari Lijalad denunció, hace dos semanas, que 5 mil toneladas de alimentos estaban almacenadas en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y en Tafí Viejo, Tucumán, el gobierno lo desmintió. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni y todos los funcionarios de ese ministerio, incluida su titular. Fue la primera de una serie de mentiras. Juan Grabois hizo una denuncia judicial por ese acopio, que debía llegar a los comedores populares, y el juez federal Sebastián Casanello ordenó al gobierno que debía presentar un plan para el reparto de esos alimentos, lo que le valió que la subsecretaria legal del ministerio Leila Gianni, lo llamara "juez militante". La segunda mentira del gobierno fue decir que esos alimentos no eran para entregar a comedores sino para casos de "emergencias y catástrofes". Pero no fueron usados para ayudar a la población de Bahía Blanca ante el tornado ocurrido en diciembre, que dejó un saldo de 13 muertos, decenas de heridos y familias sin techo.
 
El escándalo de los alimentos sin repartir, se vuelve más cruel y obsceno en una situación de crecimiento exponencial de la pobreza e indigencia. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la pobreza pasó del 44,7 por ciento en el tercer trimestre del 2023 al 55,5 por ciento en el primer trimestre de este año. La indigencia, en tanto, pasó del 9,6 por ciento al 17,5 por ciento en el mismo período, casi se duplicó.
 
Desenmascarado en sus mentiras e inoperancia, finalmente el ministerio de Capital Inhumano tuvo que salir a repartir los alimentos cuya existencia negaba hasta hace pocos días. Pero siguió negándoles esa asistencia a los miles de comedores y merenderos que funcionan a lo largo y ancho del país, sostenidos con mucho esfuerzo por organizaciones sociales, la mayoría de ellas conformadas por mujeres de las barriadas, quienes le ponen el cuerpo a las crisis.
 
El gobierno firmó un convenio con la organización CONIN, cuyo presidente es el médico Abel Albino, que posee 64 centros de distribución, con comedores y merenderos. No se conoce auditoría sobre la totalidad de las organizaciones que brindan asistencia alimentaria a la población, que permita asegurar que CONIN sea más transparente que otras a quienes el gobierno les niega esos productos, hoy próximos a vencer. Albino es un conocido médico, cercano al Opus Dei, que se opone al aborto y a los métodos anticonceptivos, incluso para evitar enfermedades de transmisión sexual. Para este personaje de pensamiento cuasi-medieval, el mejor anticonceptivo es la "virginidad" de las mujeres.
 
Según el plan de Pettovello, Mendoza será la provincia más beneficiada con este reparto, con 190.806 kilos de leche en polvo; así como Entre Ríos, que recibirá 43.380 kilos. Son dos provincias con gobernadores aliados de La Libertad Avanza. La provincia con el 40 por ciento de la población del país, y con altos índices de pobreza e indigencia, Buenos Aires, solo recibirá 5.129 kilos.
 
Pettovello enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, impulsada por referentes políticos, sindicales y sociales, por "mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por el escándalo por la ausencia de distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, muchos de los cuales ya están en mal estado". Todo huele muy mal en este escándalo, mientras la casta libertaria goza de muy buena salud.
 
La Opinión Popular
 

 
LA ROSADA TERCERIZA LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CONIN
 
La comida ya viaja, pero a las provincias amigas
 
El envío de 465 mil kilos de leche en polvo se hizo a través de camiones del Ejército. Mendoza el distrito más beneficiado. La provincia de Buenos Aires solo mandaron el 2 por ciento.
 
Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.
 
En Casa Rosada dicen que eligieron a Conin, presidida por el antiderechos Abel Albino, porque "es una fundación de muchísimo prestigio", y aclaran que "una vez entregado el stock heredado, la idea es no stockear más y empezar a usar la cláusula gatillo para situaciones de emergencia".
 
Con "cláusula gatillo", se refieren a la idea que propuso Federico Sturzenegger para privatizar y correr al Estado de la entrega de alimentos. Desde Conin, en tanto, justifican que "están haciendo algo que excede a sus tareas habituales", y que por eso "no pueden llegar a todos". "Justamente es por eso que el Estado es el que debería hacerse cargo: para que el reparto sea equitativo y federal y no quede a merced de un privado que hace lo que puede", dicen desde la oposición.
 
Las provincias que más leche en polvo recibirán --siempre en comedores y merenderos que responden a Conin-- son, casualmente, las que tienen gobernadores aliados al gobierno nacional. Es el caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, que recibirá 191 mil kilos (el 48 por ciento del total); Entre Ríos, del exministro macrista Rogelio Frigerio, al que le asignaron 92 mil (el 23 por ciento); Tucumán, gobernada por el aliado Osvaldo Jaldo, que recibirá 69 mil kilos (el 17 por ciento); Chaco, del radical Leandro Zdero, que tendrá 39 mil kilos; Córdoba, que conduce Martín Llaryora, donde ingresarán 30.840 kilos y la lista sigue con Santa Fe, del radical macrista Maximiliano Pullaro, con 10 mil kilos; y Corrientes, del radical Gustavo Valdéz, con 9.400 kilos. En octavo lugar se encuentra un distrito no afin al gobierno: Tierra del Fuego, con 8 mil kilos. En tanto, Rio Negro recibirá 4 mil kilos; Salta con 2.300; San Juan con 800. Por últimos, quedan las provincias no oficialistas La Pampa con apenas 600 kilos y Santiago del Estero, 590 kilos.
 
Buenos Aires, que contiene al 30 por ciento de la población argentina, aglutina la mayor cantidad de organizaciones sociales de todo el país, y está gobernada por Axel Kicillof, recibirá menos del 2 por ciento del cargamento. Y hay otras provincias a las que ni siquiera llegará un kilo de la leche en polvo. Es el caso de La Rioja, que conduce Ricardo Quintela; Formosa, que gobierna Gildo Infrán, Catamarca, de Raúl Jalil y también el de Ciudad de Buenos Aires,  Jujuy, Neuquén, San Luis y Misiones.
 
Otra provincia que tampoco recibirá leche es Santa Cruz, liderada por Claudio Vidal. El gobernador de la provincia patagónica este martes se mostró sonriente junto al ministro de Economía Luis Caputo. El titular de la cartera lo felicitó por pagar una deuda que la provincia tenía con la Nación por 23 mil millones de pesos. "Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a Pablo Quirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. Vino a pedir plata? No, vino a CANCELAR deuda", dijo y finalizó "Excelente gestión del gobernador. Pd: feliz cumpleaños Claudio!".
 
Desde la gobernación cuentan que efectivamente no reciben, ni recibirán alimento de Nación y que, para compensar esa situación la provincia inició un programa de alimentos "solidario", que se financia con recursos propios. "Llegó un envío el domingo y hoy se empezaron a repartir son 60 mil módulos de una dieta armada desde la provincia", explicaron y añadieron que se trata de unos "20 mil módulos por mes", y que, en breve, van a proceder a iniciar la siguiente compra.
 
Desde La Rioja, en tanto, no fueron tan condescendientes. Alfredo Menem, ministro provincial de desarrollo social firmó --junto a otros siete ministros provinciales de esa área-- un comunicado en el que reclamaron al gobierno nacional un esquema más equitativo de reparto de los alimentos. El riojano cuestionó la decisión del ministerio de Capital Humano de no incluir a La Rioja para la división y dijo en diálogo con AM750 "sentimos una impotencia muy grande porque todos los días tenemos que atender la demanda de los vecinos y vecinas por el alimento y los remedios oncológicos, que los desfinanciaron".
 
Luego, el ministro de Desarrollo Social riojano añadió "lo que ellos demonizan, que es tercerizar con los movimientos sociales, lo hacen con una fundación, y tienen denuncias de corrupción, de sobresueldos, de sobreprecios, y dejaron vencer la leche. Están haciendo desastres con la administración de los recursos de los argentinos".
 
Desde Conin, en tanto, dicen que "no saben con exactitud cómo va a ir llegando la leche en polvo a los distintos centros". Gabriela Sabio, directora de la fundación, explicó que "es CONIN el que se ocupa de decidir a quiénes les llega la leche en polvo", y que la van a entregar a los centros con los que ellos ya trabajan. "Tenemos 22 centros CONIN en Buenos Aires. En el conurbano se entregó poco porque cada centro tenía que garantizar la logística", justificó en diálogo radial intentando explicar por qué se entregarán solo unos cinco mil kilos de leche en polvo a una de las provincias con más población y mayores necesidades.
 
Sabio dijo que no sabe si volverán a hacer entrega de alimentos --en Casa Rosada dicen que ellos no stockearán más comida una vez que esta entrega termine--, y añadió que "la distribución de la leche por provincias responde a la capacidad de logística que tienen los centros CONIN". Señaló que La Rioja y Formosa no recibirán porque la fundación no tiene presencia allí. Desde el gobierno de Catamarca, según contaron a este diario, estuvieron hablando hasta última hora del martes con el gobierno nacional para pedir que se los sume a la lista y les entreguen alimento, pero al cierre de esta edición no habían logrado ningún tipo de confirmación por parte del Ministerio de Capital Humano.
 
Mientras la comida retenida por el gobierno nacional se comienza a entregar con urgencia antes de que venza en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, todavía el gobierno tiene que confirmar quién reemplazará a Pablo de la Torre en la secretaría de la Niñez. Él fue eyectado del cargo acusado de ser el responsable de la no entrega de alimentos y, además, denunciado por corrupción a partir del convenio que el ministerio tenía con la OEI. De manera extraoficial en Casa Rosada confirman que el lugar lo ocupará Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.
 
Por Melisa Molina
 
Fuente: Página 12
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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