07:45 | Viernes 02 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 05-06-2024 / 09:06

NEGACIONISMO CRUEL DE UN GOBIERNO AL QUE NO LO INMUTA NI EL HAMBRE NI LA POBREZA QUE AUMENTAN DÍA TRAS DÍA

Casta: La comida ya viaja, pero solo a las provincias amigas de Milei

Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.

La inepta ministra Sandra Pettovello está en el ojo de la tormenta, aunque el presidente Javier "el Loco" Milei se empeñe en defenderla con argumentos ridículos. "... los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos", expresó Mlei en su cuenta de X. Todas las pruebas y actuaciones judiciales apuntan a la corrupción de Pettovello, pero los corruptos serían los otros.

Cuando el periodista Ari Lijalad denunció, hace dos semanas, que 5 mil toneladas de alimentos estaban almacenadas en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y en Tafí Viejo, Tucumán, el gobierno lo desmintió. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni y todos los funcionarios de ese ministerio, incluida su titular. Fue la primera de una serie de mentiras. Juan Grabois hizo una denuncia judicial por ese acopio, que debía llegar a los comedores populares, y el juez federal Sebastián Casanello ordenó al gobierno que debía presentar un plan para el reparto de esos alimentos, lo que le valió que la subsecretaria legal del ministerio Leila Gianni, lo llamara "juez militante". La segunda mentira del gobierno fue decir que esos alimentos no eran para entregar a comedores sino para casos de "emergencias y catástrofes". Pero no fueron usados para ayudar a la población de Bahía Blanca ante el tornado ocurrido en diciembre, que dejó un saldo de 13 muertos, decenas de heridos y familias sin techo.

El escándalo de los alimentos sin repartir, se vuelve más cruel y obsceno en una situación de crecimiento exponencial de la pobreza e indigencia. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la pobreza pasó del 44,7 por ciento en el tercer trimestre del 2023 al 55,5 por ciento en el primer trimestre de este año. La indigencia, en tanto, pasó del 9,6 por ciento al 17,5 por ciento en el mismo período, casi se duplicó.

Desenmascarado en sus mentiras e inoperancia, finalmente el ministerio de Capital Inhumano tuvo que salir a repartir los alimentos cuya existencia negaba hasta hace pocos días. Pero siguió negándoles esa asistencia a los miles de comedores y merenderos que funcionan a lo largo y ancho del país, sostenidos con mucho esfuerzo por organizaciones sociales, la mayoría de ellas conformadas por mujeres de las barriadas, quienes le ponen el cuerpo a las crisis.

El gobierno firmó un convenio con la organización CONIN, cuyo presidente es el médico Abel Albino, que posee 64 centros de distribución, con comedores y merenderos. No se conoce auditoría sobre la totalidad de las organizaciones que brindan asistencia alimentaria a la población, que permita asegurar que CONIN sea más transparente que otras a quienes el gobierno les niega esos productos, hoy próximos a vencer. Albino es un conocido médico, cercano al Opus Dei, que se opone al aborto y a los métodos anticonceptivos, incluso para evitar enfermedades de transmisión sexual. Para este personaje de pensamiento cuasi-medieval, el mejor anticonceptivo es la "virginidad" de las mujeres.

Según el plan de Pettovello, Mendoza será la provincia más beneficiada con este reparto, con 190.806 kilos de leche en polvo; así como Entre Ríos, que recibirá 43.380 kilos. Son dos provincias con gobernadores aliados de La Libertad Avanza. La provincia con el 40 por ciento de la población del país, y con altos índices de pobreza e indigencia, Buenos Aires, solo recibirá 5.129 kilos.

Pettovello enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, impulsada por referentes políticos, sindicales y sociales, por "mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por el escándalo por la ausencia de distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, muchos de los cuales ya están en mal estado". Todo huele muy mal en este escándalo, mientras la casta libertaria goza de muy buena salud.

La Opinión Popular

LA ROSADA TERCERIZA LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CONIN

La comida ya viaja, pero a las provincias amigas

El envío de 465 mil kilos de leche en polvo se hizo a través de camiones del Ejército. Mendoza el distrito más beneficiado. La provincia de Buenos Aires solo mandaron el 2 por ciento.

Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.

En Casa Rosada dicen que eligieron a Conin, presidida por el antiderechos Abel Albino, porque "es una fundación de muchísimo prestigio", y aclaran que "una vez entregado el stock heredado, la idea es no stockear más y empezar a usar la cláusula gatillo para situaciones de emergencia".

Con "cláusula gatillo", se refieren a la idea que propuso Federico Sturzenegger para privatizar y correr al Estado de la entrega de alimentos. Desde Conin, en tanto, justifican que "están haciendo algo que excede a sus tareas habituales", y que por eso "no pueden llegar a todos". "Justamente es por eso que el Estado es el que debería hacerse cargo: para que el reparto sea equitativo y federal y no quede a merced de un privado que hace lo que puede", dicen desde la oposición.

Las provincias que más leche en polvo recibirán --siempre en comedores y merenderos que responden a Conin-- son, casualmente, las que tienen gobernadores aliados al gobierno nacional. Es el caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, que recibirá 191 mil kilos (el 48 por ciento del total); Entre Ríos, del exministro macrista Rogelio Frigerio, al que le asignaron 92 mil (el 23 por ciento); Tucumán, gobernada por el aliado Osvaldo Jaldo, que recibirá 69 mil kilos (el 17 por ciento); Chaco, del radical Leandro Zdero, que tendrá 39 mil kilos; Córdoba, que conduce Martín Llaryora, donde ingresarán 30.840 kilos y la lista sigue con Santa Fe, del radical macrista Maximiliano Pullaro, con 10 mil kilos; y Corrientes, del radical Gustavo Valdéz, con 9.400 kilos. En octavo lugar se encuentra un distrito no afin al gobierno: Tierra del Fuego, con 8 mil kilos. En tanto, Rio Negro recibirá 4 mil kilos; Salta con 2.300; San Juan con 800. Por últimos, quedan las provincias no oficialistas La Pampa con apenas 600 kilos y Santiago del Estero, 590 kilos.

Buenos Aires, que contiene al 30 por ciento de la población argentina, aglutina la mayor cantidad de organizaciones sociales de todo el país, y está gobernada por Axel Kicillof, recibirá menos del 2 por ciento del cargamento. Y hay otras provincias a las que ni siquiera llegará un kilo de la leche en polvo. Es el caso de La Rioja, que conduce Ricardo Quintela; Formosa, que gobierna Gildo Infrán, Catamarca, de Raúl Jalil y también el de Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, San Luis y Misiones.

Otra provincia que tampoco recibirá leche es Santa Cruz, liderada por Claudio Vidal. El gobernador de la provincia patagónica este martes se mostró sonriente junto al ministro de Economía Luis Caputo. El titular de la cartera lo felicitó por pagar una deuda que la provincia tenía con la Nación por 23 mil millones de pesos. "Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a Pablo Quirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. Vino a pedir plata? No, vino a CANCELAR deuda", dijo y finalizó "Excelente gestión del gobernador. Pd: feliz cumpleaños Claudio!".

Desde la gobernación cuentan que efectivamente no reciben, ni recibirán alimento de Nación y que, para compensar esa situación la provincia inició un programa de alimentos "solidario", que se financia con recursos propios. "Llegó un envío el domingo y hoy se empezaron a repartir son 60 mil módulos de una dieta armada desde la provincia", explicaron y añadieron que se trata de unos "20 mil módulos por mes", y que, en breve, van a proceder a iniciar la siguiente compra.

Desde La Rioja, en tanto, no fueron tan condescendientes. Alfredo Menem, ministro provincial de desarrollo social firmó --junto a otros siete ministros provinciales de esa área-- un comunicado en el que reclamaron al gobierno nacional un esquema más equitativo de reparto de los alimentos. El riojano cuestionó la decisión del ministerio de Capital Humano de no incluir a La Rioja para la división y dijo en diálogo con AM750 "sentimos una impotencia muy grande porque todos los días tenemos que atender la demanda de los vecinos y vecinas por el alimento y los remedios oncológicos, que los desfinanciaron".

Luego, el ministro de Desarrollo Social riojano añadió "lo que ellos demonizan, que es tercerizar con los movimientos sociales, lo hacen con una fundación, y tienen denuncias de corrupción, de sobresueldos, de sobreprecios, y dejaron vencer la leche. Están haciendo desastres con la administración de los recursos de los argentinos".

Desde Conin, en tanto, dicen que "no saben con exactitud cómo va a ir llegando la leche en polvo a los distintos centros". Gabriela Sabio, directora de la fundación, explicó que "es CONIN el que se ocupa de decidir a quiénes les llega la leche en polvo", y que la van a entregar a los centros con los que ellos ya trabajan. "Tenemos 22 centros CONIN en Buenos Aires. En el conurbano se entregó poco porque cada centro tenía que garantizar la logística", justificó en diálogo radial intentando explicar por qué se entregarán solo unos cinco mil kilos de leche en polvo a una de las provincias con más población y mayores necesidades.

Sabio dijo que no sabe si volverán a hacer entrega de alimentos --en Casa Rosada dicen que ellos no stockearán más comida una vez que esta entrega termine--, y añadió que "la distribución de la leche por provincias responde a la capacidad de logística que tienen los centros CONIN". Señaló que La Rioja y Formosa no recibirán porque la fundación no tiene presencia allí. Desde el gobierno de Catamarca, según contaron a este diario, estuvieron hablando hasta última hora del martes con el gobierno nacional para pedir que se los sume a la lista y les entreguen alimento, pero al cierre de esta edición no habían logrado ningún tipo de confirmación por parte del Ministerio de Capital Humano.

Mientras la comida retenida por el gobierno nacional se comienza a entregar con urgencia antes de que venza en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, todavía el gobierno tiene que confirmar quién reemplazará a Pablo de la Torre en la secretaría de la Niñez. Él fue eyectado del cargo acusado de ser el responsable de la no entrega de alimentos y, además, denunciado por corrupción a partir del convenio que el ministerio tenía con la OEI. De manera extraoficial en Casa Rosada confirman que el lugar lo ocupará Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

Por Melisa Molina

Fuente: Página 12

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.