09:57 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 05-06-2024 / 09:06

NEGACIONISMO CRUEL DE UN GOBIERNO AL QUE NO LO INMUTA NI EL HAMBRE NI LA POBREZA QUE AUMENTAN DÍA TRAS DÍA

Casta: La comida ya viaja, pero solo a las provincias amigas de Milei

Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.

La inepta ministra Sandra Pettovello está en el ojo de la tormenta, aunque el presidente Javier "el Loco" Milei se empeñe en defenderla con argumentos ridículos. "... los muy corruptos salen en manada a denunciar falta de sensibilidad social, cuando en rigor están defendiendo el quiosco/curro. Amorales, hipócritas, chorros y mentirosos", expresó Mlei en su cuenta de X. Todas las pruebas y actuaciones judiciales apuntan a la corrupción de Pettovello, pero los corruptos serían los otros.

Cuando el periodista Ari Lijalad denunció, hace dos semanas, que 5 mil toneladas de alimentos estaban almacenadas en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires y en Tafí Viejo, Tucumán, el gobierno lo desmintió. Lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni y todos los funcionarios de ese ministerio, incluida su titular. Fue la primera de una serie de mentiras. Juan Grabois hizo una denuncia judicial por ese acopio, que debía llegar a los comedores populares, y el juez federal Sebastián Casanello ordenó al gobierno que debía presentar un plan para el reparto de esos alimentos, lo que le valió que la subsecretaria legal del ministerio Leila Gianni, lo llamara "juez militante". La segunda mentira del gobierno fue decir que esos alimentos no eran para entregar a comedores sino para casos de "emergencias y catástrofes". Pero no fueron usados para ayudar a la población de Bahía Blanca ante el tornado ocurrido en diciembre, que dejó un saldo de 13 muertos, decenas de heridos y familias sin techo.

El escándalo de los alimentos sin repartir, se vuelve más cruel y obsceno en una situación de crecimiento exponencial de la pobreza e indigencia. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la pobreza pasó del 44,7 por ciento en el tercer trimestre del 2023 al 55,5 por ciento en el primer trimestre de este año. La indigencia, en tanto, pasó del 9,6 por ciento al 17,5 por ciento en el mismo período, casi se duplicó.

Desenmascarado en sus mentiras e inoperancia, finalmente el ministerio de Capital Inhumano tuvo que salir a repartir los alimentos cuya existencia negaba hasta hace pocos días. Pero siguió negándoles esa asistencia a los miles de comedores y merenderos que funcionan a lo largo y ancho del país, sostenidos con mucho esfuerzo por organizaciones sociales, la mayoría de ellas conformadas por mujeres de las barriadas, quienes le ponen el cuerpo a las crisis.

El gobierno firmó un convenio con la organización CONIN, cuyo presidente es el médico Abel Albino, que posee 64 centros de distribución, con comedores y merenderos. No se conoce auditoría sobre la totalidad de las organizaciones que brindan asistencia alimentaria a la población, que permita asegurar que CONIN sea más transparente que otras a quienes el gobierno les niega esos productos, hoy próximos a vencer. Albino es un conocido médico, cercano al Opus Dei, que se opone al aborto y a los métodos anticonceptivos, incluso para evitar enfermedades de transmisión sexual. Para este personaje de pensamiento cuasi-medieval, el mejor anticonceptivo es la "virginidad" de las mujeres.

Según el plan de Pettovello, Mendoza será la provincia más beneficiada con este reparto, con 190.806 kilos de leche en polvo; así como Entre Ríos, que recibirá 43.380 kilos. Son dos provincias con gobernadores aliados de La Libertad Avanza. La provincia con el 40 por ciento de la población del país, y con altos índices de pobreza e indigencia, Buenos Aires, solo recibirá 5.129 kilos.

Pettovello enfrenta un pedido de juicio político en la Cámara de Diputados, impulsada por referentes políticos, sindicales y sociales, por "mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones por el escándalo por la ausencia de distribución de alimentos a los sectores más vulnerables, muchos de los cuales ya están en mal estado". Todo huele muy mal en este escándalo, mientras la casta libertaria goza de muy buena salud.

La Opinión Popular

LA ROSADA TERCERIZA LA ENTREGA DE LOS ALIMENTOS A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN CONIN

La comida ya viaja, pero a las provincias amigas

El envío de 465 mil kilos de leche en polvo se hizo a través de camiones del Ejército. Mendoza el distrito más beneficiado. La provincia de Buenos Aires solo mandaron el 2 por ciento.

Por fin el gobierno se decidió acatar lo que le reclamó la justicia y comenzó el operativo para la entrega de alimentos a punto de vencer, que el Ministerio de Capital Humano tiene almacenados mientras miles de comedores y merenderos no cuentan con comida para darle a las personas que más lo necesitan. La distribución, tal como contó este diario, será solo de leche en polvo y se hará de manera discrecional a cada una de las provincias "amigas" en las que hay merenderos y comedores que dependen de Conin, la fundación que Sandra Pettovello eligió para tercerizar la entrega de alimentos.

En Casa Rosada dicen que eligieron a Conin, presidida por el antiderechos Abel Albino, porque "es una fundación de muchísimo prestigio", y aclaran que "una vez entregado el stock heredado, la idea es no stockear más y empezar a usar la cláusula gatillo para situaciones de emergencia".

Con "cláusula gatillo", se refieren a la idea que propuso Federico Sturzenegger para privatizar y correr al Estado de la entrega de alimentos. Desde Conin, en tanto, justifican que "están haciendo algo que excede a sus tareas habituales", y que por eso "no pueden llegar a todos". "Justamente es por eso que el Estado es el que debería hacerse cargo: para que el reparto sea equitativo y federal y no quede a merced de un privado que hace lo que puede", dicen desde la oposición.

Las provincias que más leche en polvo recibirán --siempre en comedores y merenderos que responden a Conin-- son, casualmente, las que tienen gobernadores aliados al gobierno nacional. Es el caso de Mendoza, gobernada por el radical Alfredo Cornejo, que recibirá 191 mil kilos (el 48 por ciento del total); Entre Ríos, del exministro macrista Rogelio Frigerio, al que le asignaron 92 mil (el 23 por ciento); Tucumán, gobernada por el aliado Osvaldo Jaldo, que recibirá 69 mil kilos (el 17 por ciento); Chaco, del radical Leandro Zdero, que tendrá 39 mil kilos; Córdoba, que conduce Martín Llaryora, donde ingresarán 30.840 kilos y la lista sigue con Santa Fe, del radical macrista Maximiliano Pullaro, con 10 mil kilos; y Corrientes, del radical Gustavo Valdéz, con 9.400 kilos. En octavo lugar se encuentra un distrito no afin al gobierno: Tierra del Fuego, con 8 mil kilos. En tanto, Rio Negro recibirá 4 mil kilos; Salta con 2.300; San Juan con 800. Por últimos, quedan las provincias no oficialistas La Pampa con apenas 600 kilos y Santiago del Estero, 590 kilos.

Buenos Aires, que contiene al 30 por ciento de la población argentina, aglutina la mayor cantidad de organizaciones sociales de todo el país, y está gobernada por Axel Kicillof, recibirá menos del 2 por ciento del cargamento. Y hay otras provincias a las que ni siquiera llegará un kilo de la leche en polvo. Es el caso de La Rioja, que conduce Ricardo Quintela; Formosa, que gobierna Gildo Infrán, Catamarca, de Raúl Jalil y también el de Ciudad de Buenos Aires, Jujuy, Neuquén, San Luis y Misiones.

Otra provincia que tampoco recibirá leche es Santa Cruz, liderada por Claudio Vidal. El gobernador de la provincia patagónica este martes se mostró sonriente junto al ministro de Economía Luis Caputo. El titular de la cartera lo felicitó por pagar una deuda que la provincia tenía con la Nación por 23 mil millones de pesos. "Les cuento algo que para mí representa un cambio de época: hoy recibimos junto a Pablo Quirno a Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, y a su equipo de gobierno. Vino a pedir plata? No, vino a CANCELAR deuda", dijo y finalizó "Excelente gestión del gobernador. Pd: feliz cumpleaños Claudio!".

Desde la gobernación cuentan que efectivamente no reciben, ni recibirán alimento de Nación y que, para compensar esa situación la provincia inició un programa de alimentos "solidario", que se financia con recursos propios. "Llegó un envío el domingo y hoy se empezaron a repartir son 60 mil módulos de una dieta armada desde la provincia", explicaron y añadieron que se trata de unos "20 mil módulos por mes", y que, en breve, van a proceder a iniciar la siguiente compra.

Desde La Rioja, en tanto, no fueron tan condescendientes. Alfredo Menem, ministro provincial de desarrollo social firmó --junto a otros siete ministros provinciales de esa área-- un comunicado en el que reclamaron al gobierno nacional un esquema más equitativo de reparto de los alimentos. El riojano cuestionó la decisión del ministerio de Capital Humano de no incluir a La Rioja para la división y dijo en diálogo con AM750 "sentimos una impotencia muy grande porque todos los días tenemos que atender la demanda de los vecinos y vecinas por el alimento y los remedios oncológicos, que los desfinanciaron".

Luego, el ministro de Desarrollo Social riojano añadió "lo que ellos demonizan, que es tercerizar con los movimientos sociales, lo hacen con una fundación, y tienen denuncias de corrupción, de sobresueldos, de sobreprecios, y dejaron vencer la leche. Están haciendo desastres con la administración de los recursos de los argentinos".

Desde Conin, en tanto, dicen que "no saben con exactitud cómo va a ir llegando la leche en polvo a los distintos centros". Gabriela Sabio, directora de la fundación, explicó que "es CONIN el que se ocupa de decidir a quiénes les llega la leche en polvo", y que la van a entregar a los centros con los que ellos ya trabajan. "Tenemos 22 centros CONIN en Buenos Aires. En el conurbano se entregó poco porque cada centro tenía que garantizar la logística", justificó en diálogo radial intentando explicar por qué se entregarán solo unos cinco mil kilos de leche en polvo a una de las provincias con más población y mayores necesidades.

Sabio dijo que no sabe si volverán a hacer entrega de alimentos --en Casa Rosada dicen que ellos no stockearán más comida una vez que esta entrega termine--, y añadió que "la distribución de la leche por provincias responde a la capacidad de logística que tienen los centros CONIN". Señaló que La Rioja y Formosa no recibirán porque la fundación no tiene presencia allí. Desde el gobierno de Catamarca, según contaron a este diario, estuvieron hablando hasta última hora del martes con el gobierno nacional para pedir que se los sume a la lista y les entreguen alimento, pero al cierre de esta edición no habían logrado ningún tipo de confirmación por parte del Ministerio de Capital Humano.

Mientras la comida retenida por el gobierno nacional se comienza a entregar con urgencia antes de que venza en los galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo, Tucumán, todavía el gobierno tiene que confirmar quién reemplazará a Pablo de la Torre en la secretaría de la Niñez. Él fue eyectado del cargo acusado de ser el responsable de la no entrega de alimentos y, además, denunciado por corrupción a partir del convenio que el ministerio tenía con la OEI. De manera extraoficial en Casa Rosada confirman que el lugar lo ocupará Yanina Nano Lembo, actual directora del Consejo de Políticas Sociales y exfuncionaria del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en CABA.

Por Melisa Molina

Fuente: Página 12

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular