La Opinión Popular
                  19:51  |  Viernes 02 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
Recomendar Imprimir
Nacionales - 02-06-2024 / 10:06
NO PIENSAN GESTIONAR, SÓLO DESTRUIR

¿Quién gobierna?: La Argentina comienza a derrumbarse mientras Milei pasea demasiado tiempo por el extranjero con la plata nuestra

¿Quién gobierna?: La Argentina comienza a derrumbarse mientras Milei pasea demasiado tiempo por el extranjero con la plata nuestra
¿Quién gobierna? ¿Alguien se encarga, en la Casa Rosada, de la gestión cotidiana de la inmensa maquinaria del Estado? Todo indica que no. El presidente pasa demasiado tiempo afuera del país y demasiado tiempo en las redes sociales. No tiene, casi nunca, agenda oficial. No suele hablar con sus funcionarios, exceptuando a la hermana y a Pettovello. Cuando está en el país visita poco la sede del gobierno y prefiere quedarse en la quinta de Olivos.
La inútil e inhumana Sandra Pettovello está aterrada. No quiere ir presa. La investigación de Ari Lijalad para El Destape que dio con cinco millones de toneladas de alimentos inmovilizados en depósitos del ministerio de Capital Humano inició una sucesión de escándalos dentro de la cartera que la involucran directamente, incluyendo delitos graves como incumplimiento de deberes, malversación de fondos públicos y amenazas, en el marco de un conflicto a cielo abierto del gobierno de los hermanos Milei con Comodoro Py.
 
De acuerdo al relato coincidente de un testigo en Buenos Aires y otro en California, durante el viaje que hizo esta semana el presidente Javier "Embajador Internacional de la Luz" Milei tuvo que interrumpir varias veces sus actividades para contener a la funcionaria, que volvió a amenazar con la renuncia, como ya había hecho otras veces. El respaldo también fue público, a través de sus redes sociales, de manera efusiva, reiterada y en horarios intempestivos de la madrugada en San Francisco, para mayor tranquilidad.
 
En el gobierno insisten: son inseparables. La relación comenzó siendo terapéutica, hace más de quince años. Ella es una de las pocas personas, junto con su hermana Karina, que pueden calmar a Milei en sus momentos más delicados. Por eso, sin otro pergamino, recibió la responsabilidad de gestionar cinco ministerios, que claramente excede sus escasas capacidades y aptitudes. La dependencia entre los dos ahora es mutua, pero ambos eslabones siguen siendo inestables. Así de frágil todo.
 
Milei aterrizará en la Argentina esta noche después de haber pasado toda la semana afuera. Las horas que sigan a su arribo serán cruciales para el futuro de Pettovello. La salida del exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo De La Torre, no funcionó como un cortafuegos sino que potenció el conflicto, revelando una trama de acusaciones cruzadas, sobresueldos y contratos truchos financiados con fondos de la Organización de Estados Iberoamericanos destinados a la compra de alimentos.
 
En un primer momento la ministra intentó clausurar el escándalo usando a De La Torre como chivo expiatorio, pero se topó con los límites que impone la realidad. Las denuncias de corrupción la comprometen también a ella y la decisión política de no repartir comida fue expresada en reiteradas ocasiones por las principales figuras del gobierno, comenzando por Milei. Las reglas de la política son claras en casos como este. Javier y Karina asumen el riesgo de sostenerla, por ahora.
 
Además de cumplir el mandato judicial de repartir los cinco millones de kilos de alimentos que existen en los depósitos, el gobierno tendrá, ahora, la tarea de montar nuevamente el complejo operativo que se requiere para comprar y repartir comida de forma cotidiana en un país en el que más de diez millones de personas dependen de algún tipo de ayuda para tener dos platos por día sobre la mesa. ¿Tiene, esta administración, la capacidad de llevar adelante esa tarea, que no es optativa?
 
Ya que estamos en tema: ¿Quién gobierna? ¿Alguien se encarga, en la Casa Rosada, de la gestión cotidiana de la inmensa maquinaria del Estado? Todo indica que no. El presidente pasa demasiado tiempo afuera del país y demasiado tiempo en las redes sociales. No tiene, casi nunca, agenda oficial. No suele hablar con sus funcionarios, exceptuando a la hermana y a Pettovello. Cuando está en el país visita poco la sede del gobierno y prefiere quedarse en la quinta de Olivos.
 

 
Según informó esta semana el periodista Sebastián Iñurrieta, en seis meses desde que asumió Milei solamente registró doce audiencias, la décima parte que Mauricio Macri o Alberto Fernández a esta altura de sus mandatos. Hay, seguramente, algo de subregistro de sus reuniones (que también es problemático, por no decir ilegal, y tiene como antecedente inmediato su estadía en el Hotel Libertador) pero el dato da cuenta del desapego con las responsabilidades que trae consigo el cargo.
 
Tampoco es Karina Milei quien se encarga de hacer andar el país cada día. Permanece en el exterior tanto tiempo como su hermano, del que no se separa nunca, y en la Argentina está abocada exclusivamente al armado político de un partido propio. Encuentra obstáculos y fuego amigo. La crisis en Capital Humano tuvo como coda la ruptura con Joaquín De La Torre, hermano del funcionario defenestrado, exintendente de San Miguel y armador libertario en conurbano norte.
 
Algunos gobernadores tienen la esperanza de que, a partir de ahora, sea Guillermo Francos el responsable de la gestión, pero hasta el momento se trata solamente de eso, una esperanza. En sus primeras horas como jefe de Gabinete se encuentra dedicado exclusivamente a conseguir que se apruebe una versión aceptable de la ley de bases. A pesar de haber inaugurado su tarea con un dictámen firmado, las disidencias pronostican un tratamiento tumultuoso en el recinto.
 
El modus operandi es el mismo que fracasó en el verano. A diferencia de Nicolás Posse, que prefería postergar cada paso hasta no tener garantizados los votos y apostaba, incluso, a ganar por cansancio, Francos elige una permanente fuga hacia adelante. Acuerdos parciales, promesas dudosas, negociaciones a libro abierto, compromisos vaporosos. Todo vale. Terminemos el día con una buena noticia y mañana vemos.  El riesgo es que todo se termine cayendo, como ya sucedió.
 
Habrá que ver hasta dónde puede llegar su tarea de componedor político antes que los hermanos vuelvan a ponerle límites. En qué momento chocará el pragmatismo del jefe de Gabinete con la cruzada ideológica del presidente. Hay quienes fantasean con que Milei se dedique a viajar por el mundo como referente de la ultraderecha global y le deje las llaves a Francos. Así, creen, el gobierno podría conjugar amabilidad con el establishment y gobernabilidad. Difícil.
 
Quien atiende cada vez más asuntos de gestión y se mueve por Casa Rosada como la persona a cargo es Santiago Caputo. Su rol inicial de consejero en asuntos de comunicación estratégica se fue ampliando y ahora asume responsabilidades de gestión en distintas áreas y comisariado político. Fue el gran ganador de la salida de Posse porque quedó a cargo del sistema de inteligencia, que sigue engrosando su presupuesto, a contramano con la austeridad aplicada en otras áreas.
 
En ausencia de los hermanos Milei utiliza un broche con el símbolo de "la mano del rey", tomado de la serie de televisión Game of Thrones. De acuerdo a esa fantasía, su portador tiene autoridad real cuando el monarca no se encuentra en el palacio. Caputo es el intelectual orgánico que pavimenta la deriva autoritaria de Javier Milei. Sus opiniones, vertidas a través de cuentas anónimas en X que usa y descarta periódicamente, corren el límite de lo aceptable por el sistema, con poca resistencia.
 
No puede esperarse de él una gestión de los grises engranajes de la burocracia, pues considera que su reino es el de los grandes asuntos y desprecia el Estado, al que propone destruir. En su credo, compartido con el presidente, cuando algo no funciona no nace la necesidad de arreglarlo sino una oportunidad para venderlo, fundirlo, vaciarlo, eliminarlo o una combinación de dos o más de esas opciones. "No hay nada que gestionar. Sólo desarmar", tuiteó el viernes por la noche.
 
Esa combinación de desinterés e incapacidad para afrontar las responsabilidad que trae consigo el gobierno ya comienza a exhibir sus consecuencias gravosas para el país y sus habitantes. La crisis auto infringida en el sistema energético que estalló esta semana es el ejemplo perfecto. Una sucesión de decisiones estúpidas llevaron a la interrupción de la industria en todo el país por más de un día completo para evitar que los cortes afecten el tendido domiciliario.
 
El día del último paro nacional, el 9 de mayo, varios canales de televisión transmitieron toda la jornada con un contador en pantalla que iba diciendo cuánto dinero le costaba supuestamente al país la medida de fuerza. Esta vez se olvidaron de calcular las pérdidas que causó la falta de gas. Las empresas del sector advierten que habrá más cortes durante el invierno. Mientras tanto las facturas llegan a hogares y empresas con cifras que a veces multiplican por diez la del mes anterior.
 
Es un desguace planificado. El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advierte que en la obra comenzada durante el gobierno anterior y suspendida desde el 10 de diciembre hay invertidos más de 6 mil millones de dólares del fisco, que van a perderse si esas iniciativas se dejan abandonadas durante cuatro años. Eso sin contar los problemas que cause la falta de mantenimiento sobre toda la infraestructura del país.
 
El paso del tiempo es implacable. Abandonado al descuido, todo comienza a caerse a pedazos. En el norte de Santa Cruz, cerca de la localidad de Cañadón Seco, apareció recientemente un socavón debajo del trazado de la Ruta 3. El intendente Jorge Soloaga denuncia que Vialidad Nacional solamente rellenó el hueco pero no se hicieron tareas estructurales de reparación. "Hicieron un simple amontonamiento de tierra", advierte Soloaga, "falsa tranquilidad para hoy y tragedia para mañana".
 
Si la ruta 3 se interrumpiera por un derrumbe, dos provincias argentinas quedarían aisladas por tierra del resto del continente. Quienes viven en Río Gallegos, o en Tierra del Fuego saben que cada vez que una protesta interrumpe el tránsito pueden pasar días o semanas sin encontrar frutas o verduras frescas en las góndolas. Además, por allí pasa el tendido de fibra óptica que brinda conectividad a toda la Patagonia argentina. El escenario es potencialmente catastrófico.
 
El abandono no es cuestión exclusiva de los parajes lejanos al centro del país. En plena ciudad de Buenos Aires colapsó esta semana por falta de mantenimiento la terapia intensiva del Hospital Durand. Los pacientes tuvieron que ser trasladados a un área de menor complejidad. Las autoridades locales adoptaron rápidamente y con gusto la filosofía de abandono de la ciudadanía propuesta por Milei, como puede apreciarse rápidamente en cualquier paseo por las calles.
 
Hablando de salud: mientras las grandes prepagas acordaron con el gobierno y podrán retomar sus aumentos desde julio y devolver en cuotas lo que ya cobraron de más, las pequeñas empezaron a quebrar por tener mayores costos y menos clientes. Es el caso de Servin Vida, una de las 600 empresas inscriptas en la Superintendencia de Servicios de Salud para brindar esta clase de cobertura, y que tenía 2800 afiliados, en su mayoría adultos mayores y personas con discapacidad.
 
En otro momento, el Estado se hubiera hecho cargo de transferir esa cartera a otra compañía para garantizar que todos ellos siguieran recibiendo el servicio por el que pagaron durante buena parte de su vida. El problema es que el DNU 70/23, en plena vigencia, establece que "en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades de una empresa de medicina prepaga la autoridad de aplicación no transferirá la cobertura de salud de sus afiliados a otros prestadores". ¿La gente hará algo para no morirse?
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

Agreganos como amigo a Facebook
02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar