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Sociedad e Interés General - 31-05-2024 / 06:05
31 DE MAYO DE 1852

Se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el arquetipo de la Constitución nacional de 1853

Se firma el Acuerdo de San Nicolás, que será el arquetipo de la Constitución nacional de 1853
El Acuerdo de San Nicolás fue un pacto firmado el 31 de mayo de 1852 y ratificado por trece provincias argentinas, de las que estaba exceptuada la Provincia de Buenos Aires.
El Acuerdo de San Nicolás fue un pacto firmado el 31 de mayo de 1852 y ratificado por trece provincias argentinas, de las que estaba exceptuada la Provincia de Buenos Aires. Redactado en 19 artículos, su objetivo fue sentar las bases de la organización nacional de Argentina y sirvió como precedente a la sanción de la Constitución de 1853, figurando genéricamente como uno de los «pactos preexistentes» mencionados en el preámbulo de la Constitución.
 
El Acuerdo nombró a Justo José de Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina, estableció la vigencia del Pacto Federal de 1831 y dispuso la reunión de un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe.
 
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El 6 de abril de 1852, se procedió a la firma del «Protocolo de Palermo», tras una reunión celebrada entre los gobernadores de Buenos Aires, Corrientes, el representante de Santa Fe y el representante de Entre Ríos.
 
El Protocolo nombró a Justo José de Urquiza para dirigir las Relaciones Exteriores de la República, hasta tanto que, reunido el Congreso Nacional, se estableciera definitivamente a quién correspondería ocupar el cargo.
 
Dos días después, el 8 de abril, Urquiza invitó a los gobernadores de las provincias, a una reunión que se desarrollaría el 20 de mayo, en San Nicolás de los Arroyos. El Acuerdo fue firmado el 31 de mayo de 1852.
 
Fuente: Wikipedia

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El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 48 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.
 
Carlos Morales para La Opinión Popular 

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