07:36 | Domingo 22 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 28-05-2024 / 08:05

CRUELDAD Y SADISMO: MILEI APELARÁ LA MEDIDA DE LA JUSTICIA

Gobierno de miserables: se niegan a repartir los 5 millones de kilos de alimentos a pesar del hambre, la decisión de la Justicia y el pedido de la Iglesia

Hay indignación general por el caso de los alimentos para comedores retenidos por el miserable gobierno de Javier “el Loco” Milei, luego de que se conociera que más de 5.000 toneladas de comida sin entregar permanecen en los depósitos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la inútil Sandra Viviana Pettovello, no realizó entrega de mercadería para comedores y merenderos, adquiridos durante el gobierno anterior y almacenados a la espera de su entrega, bajo el falso argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en supuestas irregularidades.

Hay indignación general por el caso de los alimentos para comedores retenidos por el miserable gobierno de Javier "el Loco" Milei, luego de que se conociera que más de 5.000 toneladas de comida sin entregar permanecen en los depósitos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la inútil Sandra Viviana Pettovello, no realizó entrega de mercadería para comedores y merenderos, adquiridos durante el gobierno anterior y almacenados a la espera de su entrega, bajo el falso argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en supuestas irregularidades.

En la investigación que compromete al gobierno de Milei y a la ministra de Capital Humano, Pettovello, en la interrupción de la entrega de alimentos a comedores de organizaciones sociales, el juez Sebastián Casanello le dio como máximo 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería que mantiene guardados en dos galpones y que hasta ahora se negó a otorgar con la burda excusa de una auditoría. En una actitud que muestra la política de la crueldad y sadismo del Gobierno, apelará ante la Justicia y seguirá sin entregar los alimentos.

La medida se basa en un dictamen de la fiscala Paloma Ochoa, quien había advertido que si la cartera de Pettovello quiere mejorar o perfeccionar la cadena de reparto eso "en modo alguno puede traducirse en una interrupción de la satisfacción de la demanda de alimentos, que según las pruebas reunidas, excedería los cinco meses". El Gobierno anunció que resistirá la decisión.

Casanello le indica también que debe distribuir la mercadería que está guardada con una planificación ya que las "competencias" del ministerio de Pettovello incluyen la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores".

El relevamiento llevado adelante por el Gobierno de Milei se realizó sobre merenderos y comedores que habían abierto durante la crisis por el coronavirus, cuando las restricciones habían generado una ampliación en esta forma de asistencia en los barrios populares, al punto de que los centros comunitarios pasaron de 8.000 a 50.000. Cuando se superó la pandemia, muchos de ellos cerraron.

Si la gestión de Milei está dejando que las ratas se coman la harina y el pan, porque no quería ceder el manejo de la comida a las organizaciones sociales, se debería haber recurrido a otras instituciones, como iglesias. Hay millones de personas cagadas de hambre, y muchísimos merenderos que están cerrando por falta de alimentos. Hay una sensación de gran impotencia, estos alimentos tienen fecha de vencimiento y a pesar de estar envasados, la humedad y el paso del tiempo hacen que se arruinen. Cada niño que no ha merendado es una estomago vacío que de noche no duerme, o que al otro día se duerme en clases o directamente no va a la escuela.

La Opinión Popular

EL JUEZ CASANELLO ORDENA DISTRIBUIR LAS TONELADAS DE MERCADERÍA GUARDADAS

La primera derrota libertaria en la batalla por los alimentos

El juez le dio al gobierno 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería. El vocero Adorni anunció que apelarán la decisión judicial.

La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que es querellante en la causa, había denunciado que desde la llegada del actual gobierno no recibió absolutamente nada de alimento. Ellos tienen 250 comedores y dan de comer a 32.400 personas.

La "fila del hambre" de más de 20 cuadras que se hizo en febrero, después de que Pettovello dijera que no recibiría a movimientos sociales sino de a uno a quienes no tuvieran para comer, dejó en evidencia la magnitud del problema. La semana pasada volvieron referentes de varias organizaciones a documentar que sus comedores existen, contra la acusación oficial de que son "comedores fantasma".

El Gobierno empacado

La orden de presentación del juez (una medida más amable que un allanamiento) está dirigida a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo De la Torre, el funcionario que el viernes le dijo al dirigente Juan Grabois a través de la red "X", en tono burlón, que los alimentos estaban "reservados para emergencias climáticas". En el mismo texto le decía que "la comida está llegando a la gente que la necesita, tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas", aunque los comedores denuncian lo contrario. Grabois (Argentina Humana) es quien hizo la denuncia original que dio lugar a esta causa que puso en evidencia al Ministerio de Capital Humano. De la Torre siguió con sus posteos el fin de semana.

Manuel Adorni había admitido la semana pasada que la mercadería existe y estaba guardada deliberadamente. "Están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos", dijo. Agregó que eran compras del gobierno de Alberto Fernández. Este lunes se alineó con el argumento de De la Torre y mencionó que es alimento está reservado para "emergencias o catástrofes". Anunció que la resolución de Casanello será apelada.

"Esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública", sostuvo. Capital Humano emitió un comunicado donde confirma ese anuncio y asevera que de las 5 mil toneladas guardadas "3 mil corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a un contratación irregular que realizó la gestión anterior y que se encuentra bajo auditoría". Agrega que era de mala calidad.

"Adorni y de la Torre mienten. Los alimentos en los galpones están destinados a comedores comunitarios y asistencia a personas vulnerables", replicó Grabois en "X". Y adjuntó los documentos que muestran que el programa "para atender las catástrofes" es otro, se llama "Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales" y está reglado por la resolución 485/2016.

"La mercadería acaparada" --añadió-- es exclusiva para "atender a la población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil" como parte de un "convenio de adquisición" con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Existe un convenio con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) encarado desde "el abordaje comunitario". "Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos", sostuvo Grabois.

La existencia de 5 millones de kilos de alimento guardado en un galpón en Villa Martelli (2.751.653 kilos) y otro en Tafí Viejo, en Tucumán (2.269.078 kilos) fue revelada por El Destape en base a la respuesta recibida a un pedido de acceso a la información pública. Un dato llamativo que surge tanto de la resolución de Casanello como del dictamen de la fiscalía es que el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, a cargo de un amparo que reclama la restitución del alimento, ya tenía en sus manos esa información.

Si bien dio algunos pasos relevantes en la causa, impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no dispuso aún una medida cautelar. El viernes último hizo la inscripción definitiva del amparo como colectivo, pidió información a Capital Humano sobre comedores inscriptos, presupuestos asignados y procesos licitatorios para adquirir alimentos y ejecuciones. Pero, además, convocó a presentarse a quienes pudieran tener un interés en el resultado del litigio".

Un dictamen lapidario

El comunicado de Capital Humano afirma que los alimentos retenidos eran utilizados por "las organizaciones" "para los comedores fantasma" y anuncia que "no se va a entregar alimento a comedores inexistentes para que quede en manos de las organizaciones extorsivas". Es una generalización que hace la cartera para justificar la decisión de no ocuparse del hambre. Son numerosos los comedores que demostraron su existencia pese a la acusación. Además, ese tema se discute en otra causas judicial que Pettovello usa, precisamente, como contraataque.

El dictamen de la fiscalía de Ochoa es revelador en relación al comportamiento de Capital Humano frente a los requerimientos judiciales. Algunos ejemplos:

* "No contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024". El reclamo de la querella dice que no entregaron nada.

* "Las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas (por la gestión actual) en el proceso de distribución de alimentos hasta diciembre de 2023, más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten". Se refiere a las acusaciones públicas de licitaciones supuestamente irregulares y comedores inexistentes.

*La respuesta al pedido de acceso a la información difundido la semana pasada, dice la fiscalía, detalla el stock hasta abril de 2024, habla de alimentos como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, puré de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, entre otros, pero no precisa la fecha en que fueron adquiridos ni cuando vencen. La afirmación de que los compró el gobierno anterior y que no están por vencer fue del vocero Adorni.

*Ochoa advierte que en el contexto de la actual "emergencia alimentaria" el ministerio de Pettovello denegó de manera "deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo" los requerimientos de alimento que hizo la asociación que es querellante en la causa así como otros "actores de la sociedad civil". Advierte que, además, habían recibido alimentos durante 2023 "derivándose de ello un legítimo derecho que posiblemente haya sido interrumpido". El Amanecer, según información del propio ministerio había recibido 367.600 kilos.

*Aunque las nuevas autoridades dijeron que "no hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción", dice Ochoa, eso no los exime "de fundamentar cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que direccionan sus actos de gobierno".

De hecho, advirtió que "la ley de presupuesto aplicable al año en curso, ha definido partidas para el abordaje de la problemática". Por lo tanto, no descarta responsabilidad penal, política o administrativa en negar el acceso a la alimentación.

Derechos básicos

La resolución de Casanello que ordena distribuir los alimentos se basó en el dictamen de Ochoa, aunque no hizo lugar a que se reparta entre los comedores que están en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. El juez invoca "el derecho humano fundamental a la alimentación" que "está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud", todos "expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que tienen rango constitucional". Afirma que dar seguridad alimentaria es una obligación del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ilustra, es el que trata de modo más extenso el derecho a la alimentación.

"Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente", dice y cita "los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria --el 14% de forma severa--". Ante el pedido de la fiscalía y la querella de entregar la mercadería basado en que puede haber "un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior" "vinculado con la impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población", Casanello evaluó que no se podía esperar e intimó al ministerio de Pettovello.

Por Irina Hauser

Fuente: Página 12

21-02-2026 / 10:02

Esclavos argentinos: Pese al masivo paro y a la oposición del peronismo, el Loco Milei avanzó con la reforma laboral

Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.

El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.

En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".

Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.

El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.

La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.

Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.

En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.

Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.

20-02-2026 / 10:02

El paro fue contundente y la movilización reprimida, pero la lucha recién comienza

La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.

El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.

La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.

Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.

Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.

Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.

Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.

La Opinión Popular

18-02-2026 / 10:02

Industricidio de Milei: FATE cierra su histórica fábrica y despide a 920 trabajadores

Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.

Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.

En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.

"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.

La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.

Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.

En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".

"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 10:02

Manipulador: Caputo te dice cuándo reír o llorar y se quejó porque los empresarios no aplauden sus medidas

El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.

El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.

El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.

Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.

Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.

Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.

Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.

Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.

La Opinión Popular

17-02-2026 / 08:02

Para la casta si hay plata: Cancillería le pagará $114 millones a la esposa de Sturzenegger por dar cursos de inglés

El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.

La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.

El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.

Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.

El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.

La Opinión Popular