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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 28-05-2024 / 08:05
CRUELDAD Y SADISMO: MILEI APELARÁ LA MEDIDA DE LA JUSTICIA

Gobierno de miserables: se niegan a repartir los 5 millones de kilos de alimentos a pesar del hambre, la decisión de la Justicia y el pedido de la Iglesia

Gobierno de miserables: se niegan a repartir los 5 millones de kilos de alimentos a pesar del hambre, la decisión de la Justicia y el pedido de la Iglesia
Hay indignación general por el caso de los alimentos para comedores retenidos por el miserable gobierno de Javier “el Loco” Milei, luego de que se conociera que más de 5.000 toneladas de comida sin entregar permanecen en los depósitos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la inútil Sandra Viviana Pettovello, no realizó entrega de mercadería para comedores y merenderos, adquiridos durante el gobierno anterior y almacenados a la espera de su entrega, bajo el falso argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en supuestas irregularidades.
Hay indignación general por el caso de los alimentos para comedores retenidos por el miserable gobierno de Javier "el Loco" Milei, luego de que se conociera que más de 5.000 toneladas de comida sin entregar permanecen en los depósitos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la inútil Sandra Viviana Pettovello, no realizó entrega de mercadería para comedores y merenderos, adquiridos durante el gobierno anterior y almacenados a la espera de su entrega, bajo el falso argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en supuestas irregularidades.
 
En la investigación que compromete al gobierno de Milei y a la ministra de Capital Humano, Pettovello, en la interrupción de la entrega de alimentos a comedores de organizaciones sociales, el juez Sebastián Casanello le dio como máximo 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería que mantiene guardados en dos galpones y que hasta ahora se negó a otorgar con la burda excusa de una auditoría. En una actitud que muestra la política de la crueldad y sadismo del Gobierno, apelará ante la Justicia y seguirá sin entregar los alimentos.
 
La medida se basa en un dictamen de la fiscala Paloma Ochoa, quien había advertido que si la cartera de Pettovello quiere mejorar o perfeccionar la cadena de reparto eso "en modo alguno puede traducirse en una interrupción de la satisfacción de la demanda de alimentos, que según las pruebas reunidas, excedería los cinco meses". El Gobierno anunció que resistirá la decisión.
 
Casanello le indica también que debe distribuir la mercadería que está guardada con una planificación ya que las "competencias" del ministerio de Pettovello incluyen la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores".
 
El relevamiento llevado adelante por el Gobierno de Milei se realizó sobre merenderos y comedores que habían abierto durante la crisis por el coronavirus, cuando las restricciones habían generado una ampliación en esta forma de asistencia en los barrios populares, al punto de que los centros comunitarios pasaron de 8.000 a 50.000. Cuando se superó la pandemia, muchos de ellos cerraron.
 
Si la gestión de Milei está dejando que las ratas se coman la harina y el pan, porque no quería ceder el manejo de la comida a las organizaciones sociales, se debería haber recurrido a otras instituciones, como iglesias. Hay millones de personas cagadas de hambre, y muchísimos merenderos que están cerrando por falta de alimentos. Hay una sensación de gran impotencia, estos alimentos tienen fecha de vencimiento y a pesar de estar envasados, la humedad y el paso del tiempo hacen que se arruinen. Cada niño que no ha merendado es una estomago vacío que de noche no duerme, o que al otro día se duerme en clases o directamente no va a la escuela.
 
La Opinión Popular
 

 
EL JUEZ CASANELLO ORDENA DISTRIBUIR LAS TONELADAS DE MERCADERÍA GUARDADAS
 
La primera derrota libertaria en la batalla por los alimentos
 
El juez le dio al gobierno 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería. El vocero Adorni anunció que apelarán la decisión judicial.
 
La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que es querellante en la causa, había denunciado que desde la llegada del actual gobierno no recibió absolutamente nada de alimento. Ellos tienen 250 comedores y dan de comer a 32.400 personas.
 
La "fila del hambre" de más de 20 cuadras que se hizo en febrero, después de que Pettovello dijera que no recibiría a movimientos sociales sino de a uno a quienes no tuvieran para comer, dejó en evidencia la magnitud del problema. La semana pasada volvieron referentes de varias organizaciones a documentar que sus comedores existen, contra la acusación oficial de que son "comedores fantasma".
 
 
El Gobierno empacado
  
La orden de presentación del juez (una medida más amable que un allanamiento) está dirigida a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo De la Torre, el funcionario que el viernes le dijo al dirigente Juan Grabois a través de la red "X", en tono burlón, que los alimentos estaban "reservados para emergencias climáticas". En el mismo texto le decía que "la comida está llegando a la gente que la necesita, tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas", aunque los comedores denuncian lo contrario. Grabois (Argentina Humana) es quien hizo la denuncia original que dio lugar a esta causa que puso en evidencia al Ministerio de Capital Humano. De la Torre siguió con sus posteos el fin de semana.
 
Manuel Adorni había admitido la semana pasada que la mercadería existe y estaba guardada deliberadamente. "Están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos", dijo. Agregó que eran compras del gobierno de Alberto Fernández. Este lunes se alineó con el argumento de De la Torre y mencionó que es alimento está reservado para "emergencias o catástrofes". Anunció que la resolución de Casanello será apelada.
 
"Esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública", sostuvo. Capital Humano emitió un comunicado donde confirma ese anuncio y asevera que de las 5 mil toneladas guardadas "3 mil corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a un contratación irregular que realizó la gestión anterior y que se encuentra bajo auditoría". Agrega que era de mala calidad. 
 
"Adorni y de la Torre mienten. Los alimentos en los galpones están destinados a comedores comunitarios y asistencia a personas vulnerables", replicó Grabois en "X". Y adjuntó los documentos que muestran que el programa "para atender las catástrofes" es otro, se llama "Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales" y está reglado por la resolución 485/2016.
 
"La mercadería acaparada" --añadió-- es exclusiva para "atender a la población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil" como parte de un "convenio de adquisición" con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Existe un convenio con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) encarado desde "el abordaje comunitario". "Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos", sostuvo Grabois.
 
La existencia de 5 millones de kilos de alimento guardado en un galpón en Villa Martelli (2.751.653 kilos) y otro en Tafí Viejo, en Tucumán (2.269.078 kilos) fue revelada por El Destape en base a la respuesta recibida a un pedido de acceso a la información pública. Un dato llamativo que surge tanto de la resolución de Casanello como del dictamen de la fiscalía es que el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, a cargo de un amparo que reclama la restitución del alimento, ya tenía en sus manos esa información.
 
Si bien dio algunos pasos relevantes en la causa, impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no dispuso aún una medida cautelar. El viernes último hizo la inscripción definitiva del amparo como colectivo, pidió información a Capital Humano sobre comedores inscriptos, presupuestos asignados y procesos licitatorios para adquirir alimentos y ejecuciones. Pero, además, convocó a presentarse a quienes pudieran tener un interés en el resultado del litigio".
 
 
Un dictamen lapidario
  
El comunicado de Capital Humano afirma que los alimentos retenidos eran utilizados por "las organizaciones" "para los comedores fantasma" y anuncia que "no se va a entregar alimento a comedores inexistentes para que quede en manos de las organizaciones extorsivas". Es una generalización que hace la cartera para justificar la decisión de no ocuparse del hambre. Son numerosos los comedores que demostraron su existencia pese a la acusación. Además, ese tema se discute en otra causas judicial que Pettovello usa, precisamente, como contraataque.
 
El dictamen de la fiscalía de Ochoa es revelador en relación al comportamiento de Capital Humano frente a los requerimientos judiciales. Algunos ejemplos:
 
* "No contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024". El reclamo de la querella dice que no entregaron nada.
 
* "Las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas (por la gestión actual) en el proceso de distribución de alimentos hasta diciembre de 2023, más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten". Se refiere a las acusaciones públicas de licitaciones supuestamente irregulares y comedores inexistentes.
 
*La respuesta al pedido de acceso a la información difundido la semana pasada, dice la fiscalía, detalla el stock hasta abril de 2024, habla de alimentos como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, puré de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, entre otros, pero no precisa la fecha en que fueron adquiridos ni cuando vencen. La afirmación de que los compró el gobierno anterior y que no están por vencer fue del vocero Adorni.
 
*Ochoa advierte que en el contexto de la actual "emergencia alimentaria" el ministerio de Pettovello denegó de manera "deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo" los requerimientos de alimento que hizo la asociación que es querellante en la causa así como otros "actores de la sociedad civil". Advierte que, además, habían recibido alimentos durante 2023 "derivándose de ello un legítimo derecho que posiblemente haya sido interrumpido". El Amanecer, según información del propio ministerio había recibido 367.600 kilos.
 
*Aunque las nuevas autoridades dijeron que "no hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción", dice Ochoa, eso no los exime "de fundamentar cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que direccionan sus actos de gobierno".
 
De hecho, advirtió que "la ley de presupuesto aplicable al año en curso, ha definido partidas para el abordaje de la problemática". Por lo tanto, no descarta responsabilidad penal, política o administrativa en negar el acceso a la alimentación.
 
 
Derechos básicos
  
La resolución de Casanello que ordena distribuir los alimentos se basó en el dictamen de Ochoa, aunque no hizo lugar a que se reparta entre los comedores que están en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. El juez invoca "el derecho humano fundamental a la alimentación" que "está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud", todos "expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que tienen rango constitucional". Afirma que dar seguridad alimentaria es una obligación del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ilustra, es el que trata de modo más extenso el derecho a la alimentación.
 
"Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente", dice y cita "los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria --el 14% de forma severa--". Ante el pedido de la fiscalía y la querella de entregar la mercadería basado en que puede haber "un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior" "vinculado con la impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población", Casanello evaluó que no se podía esperar e intimó al ministerio de Pettovello.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

14-02-2026 / 10:02
Hace 12 meses, Javier "el Loco" Milei promocionó el lanzamiento de la memecoin $Libra: hizo perder decenas millones de dólares a inversores en distintos continentes. Quedan flotando en el aire al menos 20 preguntas distintas que el Jefe de Estado debería responder, pero en la causa $Libra, en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano quienes aún no han citado a ninguno de los sospechosos.
 
La inacción llegó a tal punto que la Sala I de la Cámara Federal que le imprimiera celeridad a una acción que tiene como imputados al norteamericano Hayden Davis y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Por el escándalo están denunciados también el propio Jefe de Estado; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el empresario Julian Peh y Sergio Morales, ex funcionario de la Comisión Nacional de Valores.
 
1-¿Por qué dijo que consiguió el código alfa numérico para hacer la inversión desde internet si esa fuente de números y letras nunca había tomado estado público antes que él posteara? Ahora, se sabe que el mensaje exclusivo nació en Dallas y contenía un código de 44 dígitos que alternaba mayúsculas, minúsculas y números.
 
Servía como llave para comprar la recién creada criptomoneda $LIBRA. Sin ese mensaje, el precio del token no se hubiese disparado. - ¿Por qué el ex jefe de gabinete Guillermo Francos tampoco respondió cuando fue citado por el Congreso Nacional cómo accedió Milei al "contrato"? La respuesta del experimentado funcionario fue tan escueta como inverosímil: "No sé dónde estaba ese código".
 
2-Si $Libra se creó el 14 de febrero a las 18:38 horas. ¿Cómo puede ser que a las 19:00 horas (22 minutos más tarde) 74 billeteras compraron US$ 13 millones en cripto antes del tuit de Milei? ¿Tenían información privilegiada? Uno de los grandes ganadores del truco financiero embolsó US$ 8 millones en ganancias. Cabe recordar que el tuit del Jefe de Estado se produjo a las 19:01, apenas un minuto después que las posiciones estuvieron consolidadas.
 
3-¿Por qué borró su posteo a las 00.36 horas del sábado 15 de febrero si la baja estrepitosa de la cotización ya llevaba más de 4 horas "masacrando" inversores que confiaron en Milei a lo largo y ancho de todo el mundo? Alcanzó un monto de US$ 280 millones la recaudación en apenas 5 horas de la nueva cripto.
 
4-¿Por qué su posteo se materializó un viernes de San Valentín a una hora de la tarde/noche cuando los mercados estarían cerrados hasta las llegada del lunes 17 de febrero de 2025?
 
5-¿Por qué promocionó un producto de un "empresario" como Hayden Davis, quien ya tenía antecedentes negativos en el mercado cripto? Este pseudo financista, minutos después de la publicación de Milei en redes, hizo movimientos de blockchain: 2 transferencias por US$ 507.000 cada una enviadas a una billetera virtual perteneciente a un hombre de 75 años, señalado como intermediario en la conversión de criptos a moneda tradicional.
 
6-¿Tampoco conocía los antecedentes de Novelli y Terrones quienes estuvieron involucrados en "esquemas ponzi"?
 
7-¿Por qué no se pusieron los hermanos Milei a disposición inmediata de la justicia y la comisión parlamentaria investigadora del caso? ¿No hubiera ayudado su completa colaboración en lugar de plantear chicanas para evitar que Karina tuviera que comparecer en el Congreso Nacional?
 
8-¿No le llamó nunca la atención que todos los involucrados en $LIBRA haya escogido el silencio absoluto frente a los requerimientos de la Comisión Investigadora y todavía no fueron citados por la Justicia?
 

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