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Groucho Marx dijo: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". En ese punto, Javier Milei es marxista.
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Nacionales - 28-05-2024 / 08:05
CRUELDAD Y SADISMO: MILEI APELARÁ LA MEDIDA DE LA JUSTICIA

Gobierno de miserables: se niegan a repartir los 5 millones de kilos de alimentos a pesar del hambre, la decisión de la Justicia y el pedido de la Iglesia

Gobierno de miserables: se niegan a repartir los 5 millones de kilos de alimentos a pesar del hambre, la decisión de la Justicia y el pedido de la Iglesia
Hay indignación general por el caso de los alimentos para comedores retenidos por el miserable gobierno de Javier “el Loco” Milei, luego de que se conociera que más de 5.000 toneladas de comida sin entregar permanecen en los depósitos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la inútil Sandra Viviana Pettovello, no realizó entrega de mercadería para comedores y merenderos, adquiridos durante el gobierno anterior y almacenados a la espera de su entrega, bajo el falso argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en supuestas irregularidades.
Hay indignación general por el caso de los alimentos para comedores retenidos por el miserable gobierno de Javier "el Loco" Milei, luego de que se conociera que más de 5.000 toneladas de comida sin entregar permanecen en los depósitos. El Ministerio de Capital Humano, a cargo de la inútil Sandra Viviana Pettovello, no realizó entrega de mercadería para comedores y merenderos, adquiridos durante el gobierno anterior y almacenados a la espera de su entrega, bajo el falso argumento de que las cooperativas, las fundaciones y otras entidades designadas para esta tarea por la gestión anterior habían incurrido en supuestas irregularidades.
 
En la investigación que compromete al gobierno de Milei y a la ministra de Capital Humano, Pettovello, en la interrupción de la entrega de alimentos a comedores de organizaciones sociales, el juez Sebastián Casanello le dio como máximo 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería que mantiene guardados en dos galpones y que hasta ahora se negó a otorgar con la burda excusa de una auditoría. En una actitud que muestra la política de la crueldad y sadismo del Gobierno, apelará ante la Justicia y seguirá sin entregar los alimentos.
 
La medida se basa en un dictamen de la fiscala Paloma Ochoa, quien había advertido que si la cartera de Pettovello quiere mejorar o perfeccionar la cadena de reparto eso "en modo alguno puede traducirse en una interrupción de la satisfacción de la demanda de alimentos, que según las pruebas reunidas, excedería los cinco meses". El Gobierno anunció que resistirá la decisión.
 
Casanello le indica también que debe distribuir la mercadería que está guardada con una planificación ya que las "competencias" del ministerio de Pettovello incluyen la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza, el desarrollo de igualdad de oportunidades para los sectores más vulnerables, en particular para las personas con discapacidad, las niñas, los niños y adolescentes, las mujeres y los adultos mayores".
 
El relevamiento llevado adelante por el Gobierno de Milei se realizó sobre merenderos y comedores que habían abierto durante la crisis por el coronavirus, cuando las restricciones habían generado una ampliación en esta forma de asistencia en los barrios populares, al punto de que los centros comunitarios pasaron de 8.000 a 50.000. Cuando se superó la pandemia, muchos de ellos cerraron.
 
Si la gestión de Milei está dejando que las ratas se coman la harina y el pan, porque no quería ceder el manejo de la comida a las organizaciones sociales, se debería haber recurrido a otras instituciones, como iglesias. Hay millones de personas cagadas de hambre, y muchísimos merenderos que están cerrando por falta de alimentos. Hay una sensación de gran impotencia, estos alimentos tienen fecha de vencimiento y a pesar de estar envasados, la humedad y el paso del tiempo hacen que se arruinen. Cada niño que no ha merendado es una estomago vacío que de noche no duerme, o que al otro día se duerme en clases o directamente no va a la escuela.
 
La Opinión Popular
 

 
EL JUEZ CASANELLO ORDENA DISTRIBUIR LAS TONELADAS DE MERCADERÍA GUARDADAS
 
La primera derrota libertaria en la batalla por los alimentos
 
El juez le dio al gobierno 72 horas para armar un plan y distribuir los 5 millones de kilos de mercadería. El vocero Adorni anunció que apelarán la decisión judicial.
 
La Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que es querellante en la causa, había denunciado que desde la llegada del actual gobierno no recibió absolutamente nada de alimento. Ellos tienen 250 comedores y dan de comer a 32.400 personas.
 
La "fila del hambre" de más de 20 cuadras que se hizo en febrero, después de que Pettovello dijera que no recibiría a movimientos sociales sino de a uno a quienes no tuvieran para comer, dejó en evidencia la magnitud del problema. La semana pasada volvieron referentes de varias organizaciones a documentar que sus comedores existen, contra la acusación oficial de que son "comedores fantasma".
 
 
El Gobierno empacado
  
La orden de presentación del juez (una medida más amable que un allanamiento) está dirigida a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo De la Torre, el funcionario que el viernes le dijo al dirigente Juan Grabois a través de la red "X", en tono burlón, que los alimentos estaban "reservados para emergencias climáticas". En el mismo texto le decía que "la comida está llegando a la gente que la necesita, tu problema es que ya no pasa por tus manos codiciosas", aunque los comedores denuncian lo contrario. Grabois (Argentina Humana) es quien hizo la denuncia original que dio lugar a esta causa que puso en evidencia al Ministerio de Capital Humano. De la Torre siguió con sus posteos el fin de semana.
 
Manuel Adorni había admitido la semana pasada que la mercadería existe y estaba guardada deliberadamente. "Están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos", dijo. Agregó que eran compras del gobierno de Alberto Fernández. Este lunes se alineó con el argumento de De la Torre y mencionó que es alimento está reservado para "emergencias o catástrofes". Anunció que la resolución de Casanello será apelada.
 
"Esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública", sostuvo. Capital Humano emitió un comunicado donde confirma ese anuncio y asevera que de las 5 mil toneladas guardadas "3 mil corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a un contratación irregular que realizó la gestión anterior y que se encuentra bajo auditoría". Agrega que era de mala calidad. 
 
"Adorni y de la Torre mienten. Los alimentos en los galpones están destinados a comedores comunitarios y asistencia a personas vulnerables", replicó Grabois en "X". Y adjuntó los documentos que muestran que el programa "para atender las catástrofes" es otro, se llama "Programa de Asistencia por Situaciones de Emergencias Climáticas y Catástrofes Naturales o Accidentales" y está reglado por la resolución 485/2016.
 
"La mercadería acaparada" --añadió-- es exclusiva para "atender a la población vulnerable en comedores y merenderos comunitarios de la sociedad civil" como parte de un "convenio de adquisición" con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Existe un convenio con el Programa de Naciones Unidas (PNUD) encarado desde "el abordaje comunitario". "Comprar alimentos para un destino y utilizarlos para otro tiene un nombre en el derecho penal: malversación de fondos públicos", sostuvo Grabois.
 
La existencia de 5 millones de kilos de alimento guardado en un galpón en Villa Martelli (2.751.653 kilos) y otro en Tafí Viejo, en Tucumán (2.269.078 kilos) fue revelada por El Destape en base a la respuesta recibida a un pedido de acceso a la información pública. Un dato llamativo que surge tanto de la resolución de Casanello como del dictamen de la fiscalía es que el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa, a cargo de un amparo que reclama la restitución del alimento, ya tenía en sus manos esa información.
 
Si bien dio algunos pasos relevantes en la causa, impulsada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), no dispuso aún una medida cautelar. El viernes último hizo la inscripción definitiva del amparo como colectivo, pidió información a Capital Humano sobre comedores inscriptos, presupuestos asignados y procesos licitatorios para adquirir alimentos y ejecuciones. Pero, además, convocó a presentarse a quienes pudieran tener un interés en el resultado del litigio".
 
 
Un dictamen lapidario
  
El comunicado de Capital Humano afirma que los alimentos retenidos eran utilizados por "las organizaciones" "para los comedores fantasma" y anuncia que "no se va a entregar alimento a comedores inexistentes para que quede en manos de las organizaciones extorsivas". Es una generalización que hace la cartera para justificar la decisión de no ocuparse del hambre. Son numerosos los comedores que demostraron su existencia pese a la acusación. Además, ese tema se discute en otra causas judicial que Pettovello usa, precisamente, como contraataque.
 
El dictamen de la fiscalía de Ochoa es revelador en relación al comportamiento de Capital Humano frente a los requerimientos judiciales. Algunos ejemplos:
 
* "No contestó lo preguntado con relación a la entrega o no de alimentos durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024". El reclamo de la querella dice que no entregaron nada.
 
* "Las múltiples irregularidades que habrían sido advertidas (por la gestión actual) en el proceso de distribución de alimentos hasta diciembre de 2023, más allá de las afirmaciones realizadas, no fueron acompañadas evidencias documentales, testimoniales, o analíticas, que las sustenten". Se refiere a las acusaciones públicas de licitaciones supuestamente irregulares y comedores inexistentes.
 
*La respuesta al pedido de acceso a la información difundido la semana pasada, dice la fiscalía, detalla el stock hasta abril de 2024, habla de alimentos como aceite, fideos, garbanzos, harina de trigo, leche en polvo, puré de tomate, yerba mate, arroz con carne, hortalizas, guiso de lentejas, entre otros, pero no precisa la fecha en que fueron adquiridos ni cuando vencen. La afirmación de que los compró el gobierno anterior y que no están por vencer fue del vocero Adorni.
 
*Ochoa advierte que en el contexto de la actual "emergencia alimentaria" el ministerio de Pettovello denegó de manera "deliberada, sistemática y sostenida en el tiempo" los requerimientos de alimento que hizo la asociación que es querellante en la causa así como otros "actores de la sociedad civil". Advierte que, además, habían recibido alimentos durante 2023 "derivándose de ello un legítimo derecho que posiblemente haya sido interrumpido". El Amanecer, según información del propio ministerio había recibido 367.600 kilos.
 
*Aunque las nuevas autoridades dijeron que "no hay normativa que determine los procesos de distribución de alimentos y requisitos de inscripción", dice Ochoa, eso no los exime "de fundamentar cuáles son las razones de oportunidad, mérito y conveniencia que direccionan sus actos de gobierno".
 
De hecho, advirtió que "la ley de presupuesto aplicable al año en curso, ha definido partidas para el abordaje de la problemática". Por lo tanto, no descarta responsabilidad penal, política o administrativa en negar el acceso a la alimentación.
 
 
Derechos básicos
  
La resolución de Casanello que ordena distribuir los alimentos se basó en el dictamen de Ochoa, aunque no hizo lugar a que se reparta entre los comedores que están en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios. El juez invoca "el derecho humano fundamental a la alimentación" que "está estrechamente ligado al derecho a la vida, a la dignidad y a la salud", todos "expresamente reconocidos en los tratados y convenciones de derechos humanos que tienen rango constitucional". Afirma que dar seguridad alimentaria es una obligación del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ilustra, es el que trata de modo más extenso el derecho a la alimentación.
 
"Los hechos de la causa deben ser enmarcados en los datos del presente", dice y cita "los informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) que señalan que el 57,4% de la población argentina se encuentra en situación de pobreza, dentro del cual se encuentra más del 60% de los niños, niñas y adolescentes, cuyo 32% padece inseguridad alimentaria --el 14% de forma severa--". Ante el pedido de la fiscalía y la querella de entregar la mercadería basado en que puede haber "un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior" "vinculado con la impostergable necesidad alimentaria de sectores vulnerables de la población", Casanello evaluó que no se podía esperar e intimó al ministerio de Pettovello.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página 12
 
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15-06-2024 / 08:06
La idea de distribuir los alimentos a través del Ejército, que el Gobierno de Javier "el Loco" Milei tenía encanutados en galpones a la Fundación Conin, dirigida por el polémico ultra derechista Abel Albino, surgió luego de que el Ministerio de Capital Humano, que conduce la inepta Sandra Pettovello, fuera intimado por la justicia a entregar los alimentos que tenía almacenados en galpones ya que la mercadería estaba próxima a vencer.
 
Esto derivó en un hecho de corrupción que se conoció esta semana luego de una denuncia de la organización elegida por la ministra Pettovello para distribuir los productos almacenados. Luego de que el Ministerio de Capital Humano enviara 87 mil kilos de leche en polvo a la ciudad de Las Heras, en Mendoza, la fundación Conin denunció que parte de esos productos se pusieron a la venta. Su director ejecutivo acusó a asociaciones, pero también manifestó que hubo particulares que lo hicieron. Hay malestar en los movimientos sociales: "Nos pusieron trabas para controlarnos porque supuestamente así iban a controlar que nadie la vendiera. No nos la entregaron a nosotros y aún así les pasó", afirmaron.
 
La denuncia fue realizada este jueves en la Oficina Fiscal N° 6 de Mendoza bajo la carátula de defraudación en perjuicio de la administración pública. El director Diego Álvarez calificó de "sinvergüenzas" a quienes aprovecharon la necesidad para hacer un negocio y aclaró: "Son dos cosas distintas. En Marketplace había personas que ofrecían una o dos cajas de leche, particulares que las habían recibido. Pero después nos enteramos que corrían audios de que pedían 1000 pesos por caja de leche", sostuvo.
 
Sin dar nombres, detalló que hubo organizaciones civiles que de inmediato comenzaron con la venta a sus asociados, algo que también fue percibido por la policía. "Una familia que recibe dos cajas ha ido a un almacén y la ha canjeado porque no la necesitaba. Esto es distinto a publicar que se venden las cajas de leche en la asociación y este es el caso", diferenció.
 
"El miércoles llegaron los camiones de leche. Ese día se distribuyo el 80 por ciento. Ayer fue cuando advertimos y nos llegaron mensajes de que la estaban ofreciendo en Marketplace", dijo en diálogo con radio LV Diez. "Hay comedores y merenderos con los que trabajamos. Esto nos superó, entonces empezamos a recibir pedidos de otras asociaciones que no asistíamos. En estos dos días hemos distribuido en más de 180 comedores", agregó el directivo.
 
El miércoles llegó el cargamento con decenas de cajas enviadas por la cartera de la inepta Sandra Pettovello y, de acuerdo a Álvarez, el jueves se completó toda la entrega. Ahora, la investigación avanza sobre los sospechados de querer cobrar 3000 pesos por cada caja o 30.000 pesos por 12 unidades.
 
El objetivo del Gobierno anarco capitalista, según expresaron en reiteradas oportunidades sus funcionarios, es cortar con los "intermediarios" para que la ayuda social llegue directamente a quienes la necesitan y evitar los "curros". La venta de la leche en polvo destinada a comedores, en un contexto en el que alrededor de 10 millones de chicas y chicos en Argentina comen menos lácteos que en el 2023, es un paso en falso.
 
La Opinión Popular
 

15-06-2024 / 06:06
El ensañamiento con los detenidos durante el acto del miércoles en Congreso, unido a la acusación de terroristas, estableció un paralelismo con el lenguaje de las viejas dictaduras, sumado al sarcasmo revanchista de acusarlos de intentar un golpe de Estado.
 
Fue como si estuvieran burlándose por la estupidez de haberlos votado. Ahora pueden aplicar el proyecto neocolonial y antipopular sin necesidad de recurrir a los militares, como en otras épocas. Llegaron al gobierno votados por muchos de los que sufrirán sus políticas.
 
Todos los detenidos fueron capturados en las zonas del acto donde no había disturbios. Donde sí los hubo, no se produjo ninguna detención. A la actuación de los infiltrados que incendiaron un automóvil para crear un escenario de violencia, más la captura de 33 manifestantes pacíficos para acusarlos de terrorismo, se sumó la colaboración del fiscal Carlos Stornelli, que fue central en la persecución judicial contra disidentes durante el macrismo.
 
Fiel a sus antecedentes, Stornelli los acusó de 15 delitos y pidió prisión preventiva, por lo cual la mayoría de ellos fue alojada en cárceles fuera de la ciudad. La supuesta aparición de una granada de gas en poder de uno de los detenidos resultó grotesca en ese cuadro de infiltrados que tras incendiar un automóvil se unían a las filas de los represores, personas detenidas al voleo y acusadas de intentar un golpe de Estado, y diputados heridos en el rostro con gases de gran poder corrosivo.
 
Ningún efectivo se hubiera animado a agredir de esa forma a los legisladores si no tuviera una orden directa. La ministra Patricia Bullrich dio a entender que ella fue la que dio la orden, al justificarla después en una conferencia de prensa.
 
Este gobierno, que a través de su vicepresidenta ha justificado las dictaduras y la represión sangrienta, acusó de intentar un golpe de Estado a los manifestantes que estaban ejerciendo en forma pacífica su derecho a expresarse: "Una forma moderna de golpe de Estado que pasa por desgastar al gobierno", dijo desde una ignorancia berreta la ministra Bullrich. Cualquier disidente entra en esa definición propia de golpistas bananeros.
 
El objetivo es el mismo: desalentar con el miedo a que las personas se expresen con libertad. No hubo ningún atisbo de toma del Congreso, como mintieron con un desparpajo propio del autoritarismo. Ignorancia y salvajismo. Dos cualidades que han ido de la mano de los autoritarios en este país. Son brutos y violentos.
 
El desproporcionado despliegue policial fue amedrentador desde el principio y se convirtió en provocador cuando impidió la llegada al Congreso de las columnas de los gremios. A partir de ese momento fue imposible el acceso de otras columnas. En la cabeza de todos rondaba el empate en la inminente votación. El gobierno no podía arriesgarse a que una inmensa concentración en la plaza provocara el arrepentimiento de alguno de los votos que habían comprado con concesiones mínimas.
 

14-06-2024 / 10:06
La ministra de Seguridad, la macrista Patricia "Pato" Bullrich, acusa a los detenidos ilegales por la represión en el Congreso de "sedición", con el agravante de "terrorismo". La absurda estrategia tiene el apoyo del fiscal ultra macrista Carlos Stornelli. Ninguno de esos detenidos fue responsabilizado del incendio del auto, ejecutado por servicios de inteligencia oficialistas, ni de cualquier acción concreta. Hay una familia de vendedores de empanadas (abuelo, hija y nieta), otro de choripanes y una señora que filmaba los excesos policiales. Ahora son acusados de sedición y ataque al orden constitucional.
 
En concreto, el Gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dijo que frente al Parlamento hubo "terroristas" que querían un "golpe de Estado". El fiscal Stornelli se sumó a la opereta y pide prisión preventiva para decenas de personas que fueron cazadas al voleo lejos del Congreso, horas después de la feroz represión hacia aquellos que se manifestaban contra la Ley de Bases. El arco politico repudia las falsas imputaciones y calumnias de Bullrich y Manuel Adorni, así como el dictamen del fiscal Stornelli, que atacan a organizaciones, manifestantes y legisladores que fueron parte de la masiva movilización.
 
Quedaron a disposición de la jueza María Servini y el fiscal Stornelli, quien pidió prisión preventiva para todos/as y les imputó 15 delitos, entre ellos contra el orden constitucional. Como broche, amenazó con aplicar, oh causalidad, un agravante previsto en delitos que buscan "atemorizar a la población" (o sea, terrorismo).
 
El día pos votación la ministra Bullrich respaldó la comunicación oficial. Dijo que hubo un "golpe de Estado moderno". Lo definió como "el desgaste permanente para tratar de generar una situación para que el Estado pierda la capacidad de acción", su forma particular de entender la crítica popular a una ley promovida por una administración empobrecedora. ¿Un golpe de Estado con palos y piedras?

Son las típicas figuras -cuyas penas Bullrich quiere agravar- que se usan cuando la policía agarra gente al voleo como método disciplinador y marcar supuestos "violentos". Esta vez hubo 23 detenciones en el ámbito porteño y una decena que fueron a parar a la justicia federal. El juez de la Ciudad Pablo Casas se declaró incompetente y Servini/Stornelli se quedaron con todo. Ahí se pueden imputar delitos federales graves.

El accionar represivo a cargo de Bullrich es siempre proclive a la violencia de los uniformados. No es posible que una familia que vende chorizos fuera a tomar el Congreso para un golpe de Estado. Lo que se vio en todos los medios fue la violencia de la policía contra manifestantes indefensos, también los que incendiaron el coche, que tuvieron contacto con los uniformados, y es muy posible que sean de las fuerzas represivas. La "libertad" de reclamar y expresarse está ausente en este gobierno "libertario". 
Así Argentina va camino a una tiranía con fachada democrática que no alcanza a encubrir su rostro autoritario. 


La Opinión Popular



13-06-2024 / 08:06
Con modificaciones, la nefasta ley Bases, que pretende consolidar el coloniaje y la entrega de la Patria, se aprobó y ahora regresa a Diputados. En medio de la brutal represión a la multitud que protestaba en Plaza Congreso, como en los peores tiempos de la dictadura, donde hasta fueron atacados varios diputados con gas pimienta, el Senado aprobó en general la ley Bases. A pesar de los numerosos cambios aceptados por el Gobierno para conseguirlo, que obligan a que el proyecto vuelva a Diputados, tuvo que decidir Victoria Villarruel porque la votación terminó empatada.
 
Con el show de Patricia Bullrich, un montaje mediático y represivo para desalojar la plaza antes de que se vote, la ministra de Seguridad no solo instaló un desmesurado operativo policial sino que también montó falsas acusaciones contra la izquierda y el kirchnerismo con el objetivo de militarizar el centro porteño. Tuvo un gran apoyo de grandes corporaciones mediáticas porteñas a esta operación para intentar aprobar una ley a favor de los poderosos y en contra de los sectores populares.
 
El objetivo Bullrich era claro: desalojar las calles del centro porteño aledañas al Congreso Nacional, para que cuando se vote la Ley Bases -un paquetazo a favor del gran poder económico-, el territorio estuviera despejado. Un ataque en toda la línea contra el derecho a protestar y los que manifestaban su descontento contra una situación social muy grave y un plan económico para profundizar el ajuste.
 
En medio de amenazas, cambio de votos por cargos y represión a los manifestantes en las afueras del Congreso, el gobierno logró la aprobación en general de la ley Bases en el Senado, aunque con modificaciones en el RIGI, las privatizaciones y la continuidad de la moratoria previsional. La votación terminó 36 a 36 y la que desempató fue la vicepresidenta ¡ Villarruel, que justificó voto y se regocijó por la represión callejera.
 
A continuación, comenzó el tratamiento en particular del extenso articulado. Más allá de eso, los proyectos deberán volver a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo podrá insistir con su versión original. Javier "el Loco" Milei, mientras tanto, tenía que subirse al ARG 01 para participar del G7, pero decidió demorar la partida para poder viajar con la sesión resuelta.
 
El interbloque de Unión por la Patria (UxP) aportó 33 votos en contra. A ellos se sumaron los dos senadores de Santa Cruz: José María Carambia y Natalia Gadano y también el presidente de la UCR, Martín Lousteau. La santacruceña cometió un error al votar y apareció apoyando el proyecto. A viva voz pidió el cambio del sentido de su voto. Se lo concedieron.
 
En tanto, los 36 positivos se alcanzaron con los 7 de La Libertad Avanza, 6 del PRO, 12 de la UCR y 11 de distintos bloques provinciales. Como indica el reglamento, los senadores volvieron a votar y como la paridad se mantenía, llegó el turno de Villarruel que desempató en favor del gobierno anarco capitalista. Con una sonrisa de oreja a oreja lo hizo como si se tratara de una revancha luego que fuera corrida de gran parte de las negociaciones por la Casa Rosada. Después de la represión, en un tuit ridículo, el gobierno libertario habló de "grupos terroristas" y denunció las protestas como un insólito "golpe de Estado" solo con piedras y palos.
 
La Opinión Popular


12-06-2024 / 09:06
A la senadora neuquina Lucila Crexell su mandato le concluye el 09/12/2025 y ella está buscando hace tiempo un cargo público para cuando tenga que dejar la Cámara Alta. Olfateó la oportunidad de canjear sus críticas a la Ley Ómnibus por voto positivo. París era una fiesta, escribió alguna vez Ernest Hemingway. Crexell quiere saber si es cierto. La mesa estaba servida hace tiempo pero no había quien pagara la fiesta. Entonces, Javier Milei decidió hacerse cargo de la cuenta. Algunos dicen que pagó con una Banelco. En el Senado la palabra Banelco suena feo, siempre.
 
El problema es que todo fue muy grosero, por Santiago Caputo, por Guillermo Francos... tan chabacano resultó que el gobernador neuquino Rolo Figueroa tuvo que afirmar que él no había dado ninguna autorización al respecto. Crexell entró en crisis, y comenzó (tardíamente) a articular una explicación que, básicamente, no es verificable, y no le creen sus colegas del Senado de la Nación, donde ella sumó ahora críticas y hasta le han quitado el crédito.
 
A la senadora nacional por Neuquén / Juntos por el Cambio le cabría una denuncia por el delito de dádivas, fundamentada en su apoyo a Ley Bases a cambio de la embajada argentina ante la Unesco (en París, Francia), con un sueldo mensual de 15.000 dólares, una recompensa por su voto.
 
En la víspera del tratamiento en el Senado de la Ley Bases y el Paquete Fiscal, las negociaciones se empantanaron para la Casa Rosada. El Gobierno confiaba contar con 37 o 38 senadores garantizados para el quórum, y luego para la votación en general, pero los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano denunciaron a través de un video que el oficialismo desconoció a último momento los acuerdos a los que habían llegado para firmar el dictamen, y sorpresivamente llamaron a no bajar al recinto.
 
El mensaje descolocó al jefe de Gabinete, Francos, que se enteró por la prensa que estaba a punto de perder dos votos clave. Sin embargo, La Libertad Avanza podrá sesionar igual este miércoles, porque el radical Martín Lousteau, que estaba en duda, confirmó luego de reunirse con Victoria Villarruel que se sentará en su banca. "Mañana voy a estar sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos", se justificó. Más allá del quórum, el resultado final sigue abierto. La moneda está en el aire: Milei podría finalmente festejar este miércoles un día de gloria en el Congreso o sumar una nueva frustración política.
 
El poroteo marca que para la votación en general habría 33 votos en contra --de Unión por la Patria-- y los 36 a favor que habría logrado juntar el oficialismo. En duda estaban los dos senadores de Santa Cruz, que con el video de este martes están más cerca de ser negativos, y el de Lousteau, que firmó un dictamen propio.
 
Si ellos tres votan por la negativa desempatarían (según la hora que se vote) Victoria Villarruel o el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (cuyo voto valdría doble). Sucede que, después de las 22.30, Milei estará viajando para una nueva gira fuera del país y Villarruel tendrá que hacerse cargo del Poder Ejecutivo.
 
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