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Entre Ríos - 27-05-2024 / 09:05
LA DECISIÓN DE LA SALA PENAL PONE AL EXGOBERNADOR AL BORDE DE LA CÁRCEL

Megajuicio a Sergio Urribarri: definen apartamiento de dos jueces y quién resolverá prisiones

Megajuicio a Sergio Urribarri: definen apartamiento de dos jueces y quién resolverá prisiones
El 18 de abril, los fiscales Ignacio Aramerry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la "inmediata detención" del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.
El 18 de abril, los fiscales Ignacio Aramerry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la "inmediata detención" del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses.
 
Fue después de que el 17 de abril la Sala Penal rechazara el recurso de queja presentado por el ex gobernador Sergio Urribarri contra la sentencia del megajuicio, remedio a través del cual intentó poner en cuestión la condena a 8 años de cárcel dictada en 2022 en el marco del megajuicio.
 
La Sala Penal rechazó "por inadmisibles"  los recursos de queja articulados por los  defensores José Raúl Velázquez e Ignacio Esteban Díaz, en carácter de defensores técnicos de Germán Buffa; Raúl Enrique Barrandeguy y José Candelario Pérez, en carácter de defensores técnicos de Sergio Daniel Urribarri; Emilio Fouces, en carácter de defensor técnico de Gerardo Daniel Caruso;  Juan Antonio Méndez, en carácter de defensor técnico de Gustavo Rubén Tamay; Miguel Ángel Cullen, en carácter de defensor técnico de Corina Cargnel y Emiliano Giacopuzzi; y  Marcos Rodríguez Allende, en carácter de defensor técnico de Luciana Almada y Juan Pablo Aguilera, contra la Resolución Nº 155 dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala I, de esta ciudad, en fecha 25 de agosto de 2023, con costas".
 
La decisión de la Sala Penal pone al exgobernador al borde de la cárcel: ese escenario ocurrirá si el alto cuerpo rechaza el recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
 
Urribarri fue condenado el 7 de abril de 2022 a 8 años de cárcel por el delito de peculado por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Esa condena fue confirmada el 31 de mayo de este año por la Cámara de Casación Penal de Paraná, que en agosto pasado negó la impugnación extraordinaria, por lo que el caso llegó en queja a la Sala Penal del STJ.
 
Pero la suerte de Urribarri, Báez, Aguilera y Cía depende de dos resoluciones: que la Sala Penal del STJ rechace el recurso extraordinario federal presentado por el nuevo abogado de Urribarri, Fernando Burlando, para que la Corte analice las condenas, o que se constituya el tribunal que debe resolver los pedidos de detención que formuló el Ministerio Público Fiscal. La Sala Penal de momento no resolvió el recurso; tampoco se ha podido constituir el tribunal que debe resolver si se hacen efectivas las condenas.
 
Respecto del exministro de Cultura y Comunicación, al rechazar la Sala Penal del STJ la queja planteada contra la condena del megajuicio, "se desprende que la defensa del condenado Pedro Ángel Báez no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación, por lo cual la misma ha quedado firme".
 
En ese sentido, plantean que "la sentencia que condena al mencionado a la pena de 6 años y 6 meses de prisión se torna ejecutoria, por lo que se solicita se disponga la inmediata detención del mismo y su traslado a Unidad Penal Nº 1 de la ciudad de Paraná, conforme doctrina de esa Excelentísima Sala en lo Penal".  El argumento es que la defensa de Báez no presentó recurso alguno contra la decisión de la Cámara de Casación Penal, que en 2023 ratificó la condena y rechazó el recurso extraordinario.
 
En cuanto a Urribarri y Aguilera, "ante el rechazo por mayoría de esa Sala del recurso de queja por denegatoria de impugnación extraordinaria, entendemos que la instancia provincial está próxima a agotarse para que la sentencia de condena se torne ejecutiva". En ese marco, el Ministerio Público Fiscal, y "a los fines de hacer efectiva la aplicación de la ley penal y que no se torne ilusoria la sentencia", plantea, "se impone asegurar su cometido a través de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de lo dispuesto".
 
"Frente a esta nueva situación, cobra especial relevancia el denominado riesgo de fuga", dicen los fiscales, y por cuanto, en función de la jurisprudencia de la Sala Penal, "se encuentra cercana en el tiempo la posibilidad que se torne ejecutoria la condena impuesta a los encausados".
 
Con ese razonamiento, se pidió que se "disponga la inmediata prisión preventiva" de Urribarri y de su cuñado Aguilera. "En subsidio, para el caso de no hacer lugar al pedido de prisión preventiva, interesamos que se les imponga cauciones acordes a la naturaleza y entidad de las condenas impuestas, junto con la prohibición de salida del país, efectuando las comunicaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones, Policía Federal Argentina y a la Policía Provincial; disponiéndose que deberán asistir una vez a la semana a la Comisaría correspondiente a su domicilio, a fin de dar cuenta de sus lugares de residencia".
 
Báez ya se adelantó y pidió que se le aplique prisión domiciliaria por cuanto entiende, a través de una presentación que hizo su defensor Ignacio Díaz de que la Unidad Penal no le garantiza las condiciones necesarias para tratar su cuadro de diabetes.
 
El miércoles 29, a las 9, en los Tribunales de Paraná, se resolverán los planteos contra dos jueces que deben integrar el tribunal para resolver las prisiones, que se integró con María Carolina Castagno, Santiago Brugo y Juan Francisco Malvasio. Brugo se inhibió de intervenir, y Malvasio fue recusado.
 
La situación de esos dos magistrados será resuelta por un tribunal conformado por María Carolina Castagno y los jueces de Garantías Julián Vergara y Carola Bacaluzzo. La expectativa es que finalmente se deje conformado el tribunal que analice los pedidos de prisión, aunque resta que se pronuncie también la Sala Penal del STJ. Si la Sala Penal acepta el recurso extraordinario, no tendrán chances los pedidos de prisión; pero si hay rechazo, Urribarri, Báez y Aguilera, y el resto de los condenados terminarán con sus huesos en la cárcel.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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De nuevo, quedó expuesto con números el saqueo del gobierno centralista de Javier Milei al interior federal, con el que monta su "déficit cero". En 2024 del total de los ingresos tributarios nacionales, el 70,3% fue para Nación y el 29,7% para las 24 provincias. En paralelo, las jurisdicciones afrontaron el 55,7% de los gastos, mientras que el gobierno de Milei tan solo el 44,3%. Es un gran esfuerzo que deteriora las finanzas provinciales, y a pesar de contar con menos recursos, no pueden desertar de sus responsabilidades en: salud, educación y seguridad; aunque no pueden hacerse cargo de toda la desidia de Milei, al que Frigerio no reclama.
 
En el desglose, esta diferencia se ve mejor reflejada en la inversión en infraestructura: del 57% que invertían las provincias frente al 43% de Nación en 2023, se pasó a un esquema de 82% - 18% en el segundo trimestre del 2025. Además de la inversión de capital, el conjunto de las provincias aumentó su participación en muchas funciones esenciales del Estado. Por ejemplo, en Vivienda y urbanismo, la participación provincial se incrementó 30 puntos en comparación con el promedio de la última década. A su vez, se dio la caída relativa de los impuestos coparticipables (-10%) vs. los no coparticipables (2,7%) hace que la Nación concentre una porción mayor de los recursos.
 
Como es sabido, Milei es un presidente sin gobernadores. Llegó al poder sin el acompañamiento de estructuras provinciales y apenas si logró algunos pactos locales para las elecciones del 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza se presentó por primera vez como un partido nacional y enfrentó a los jefes provinciales en 19 de los 24 distritos. La sorpresiva victoria legislativa de octubre no le alcanzó a Milei para dominar el Congreso. En ese contexto sobrevuela un precedente: Guillermo Francos se fue de la Jefatura de Gabinete sin conseguir un solo acuerdo estructural con las provincias.
 
Milei tendrá un tercio en la Cámara de Diputados, lo necesario para blindar eventuales vetos y protegerse de un juicio político. Pero no pudo quedar al filo de la mayoría automática en ambos recintos para soñar con una agenda legislativa propia. Los números del próximo Congreso, hasta este fin de semana, están por debajo de lo que esperaba Milei la noche del 26 de octubre. LLA tiene por ahora 91 miembros en la cámara baja y 21 en el Senado. Son necesarios 129 y 37 voluntades, respectivamente, para abrir los recintos.
 
Frigerio y los mandatarios provinciales repiten un menú estable de demandas. Financiamiento para obras e infraestructura, con la expectativa de que Nación habilite avales para que las provincias puedan tomar deuda. El gesto inicial fue para Mendoza: US$75 millones del BID para obras de agua potable. El resto está en la bandeja del Ministerio de Economía. También reclaman que se regularice la deuda previsional con las cajas no transferidas: alrededor de $5 billones que la ANSES les debe a 13 distritos. Y piden discutir la distribución del impuesto a los combustibles y de los ATN.
 
Después de tres semanas de rosca, el gobierno libertario no pudo armar sus soñados interbloques, quedó tan lejos del quórum propio en ambas cámaras y cada negociación legislativa tendrá a muchos actores interactuando en simultáneo. Justo lo que Milei buscaba evitar. En este escenario, cada vez que quiera una ley, el Presidente deberá discutir párrafo por párrafo con aliados y, sobre todo, con los gobernadores, que, sin un frente oficialista amplio, tendrán más armas para hacerse valer en forma individual.
 
Como los ex-Juntos por el Cambio no se fundieron en el oficialismo, los gobernadores de todos los colores políticos, la mayoría derrotados en las elecciones de octubre, serán los árbitros del Congreso. Los próximos tiempos serán complejos para Milei en el Parlamento. Logrará sancionar algunas leyes, con el "método Edgardo Kueider", pero en otros temas -tal vez, en la mayoría- las negociaciones quedarán trabadas en discusiones por la distribución de los fondos. Frigerio es uno de los gobernadores más subordinados a Milei, sin embargo, su colaboracionismo en el Congreso no sirvió para que Nación envíe los dineros que necesita. Ahora, su amigo Diego Santilli negocia apoyos al Presupuesto 2026 y a las reformas mileistas, con más promesas que plata. 
 

24-11-2025 / 11:11
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