La Opinión Popular
                  03:24  |  Lunes 17 de Noviembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

Por
“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
Recomendar Imprimir
Nacionales - 27-05-2024 / 08:05
SON CINCO MIL TONELADAS DE ALIMENTOS, COMPRADOS DURANTE LA GESTIÓN ANTERIOR, ENCANUTADOS POR PETTOVELLO

La Iglesia se planta y le exige al maligno Milei que reparta rápidamente los alimentos que mantiene retenidos

La Iglesia se planta y le exige al maligno Milei que reparta rápidamente los alimentos que mantiene retenidos
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA. El obispo Oscar Ojea, titular del Episcopado, le exigió al Gobierno que entregue a los comedores populares las cinco mil toneladas de alimentos compradas durante la gestión anterior y que retienen desde que asumieron. “Nos preocupa que se vaya perdiendo la sensibilidad frente a un derecho primario como es el derecho al alimento”, expresó al reclamar que se abran los depósitos.
El brutal ajuste que ejecuta Javier "el Loco" Milei es cruel, insensible, maligno y con saña. Pese a que la indigencia se duplicó con su Gobierno, el anarco capitalista cortó totalmente el envío de alimentos a comedores populares. El vocero Manuel "Cara de Piedra" Adorni confirmó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se niega a entregar 5 millones de kilos de alimentos para comedores, productos adquiridos por la administración anterior, muchos de los cuales estarían por vencerse. Es una vergüenza, es un escándalo y sobre todo es un delito que haya chicos con hambre mientras la Pettovello mantiene encanutados alimentos en un galpón.
 
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de San Isidro, Oscar Ojea, reclamó al gobierno de Milei que entregue los alimentos que la ministra Pettovello, sacó del circuito de reparto para los comedores y los almacenó en depósitos. "Nos hemos enterado que existen dos depósitos de alimentos en el ministerio de Desarrollo Social, que tienen 5 millones de kilos de alimentos guardados. No entro en las razones por las que están guardados pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión y rápidamente tienen que ser entregados", expresó Monseñor Ojea en un video que se viralizó rápidamente.
 
El mensaje de la iglesia fue difundido después de que Milei dijera, el viernes, que no es cierto que a la mayoría de los argentinos los ingresos no les alcanzan. "Si la gente no llegara a fin de mes ya se hubiera muerto", contestó un cínico presidente totalmente falto de empatía a un movilero que le preguntaba, justamente, por qué el gobierno no reparte esos alimentos. ¿Fue lo de Ojea una réplica a Milei? Eso está abierto a interpretaciones.
 
La decisión de no entregar alimentos a los comedores y merenderos es consecuencia de una estrategia política adoptada por el gobierno libertario, la de "empobrecer" y debilitar a los movimientos sociales, a los que ve como una amenaza. Esta política fue blanqueada por el asesor presidencial (y futuro ministro) Federico Sturzenegger, quien postula que en la Argentina, un gobierno liberal debe "empobrecer a los grupos de interés", si quiere "cambiar el statu quo". Es en base a esta idea que la postura libertaria se mantiene intransigente ante todos los reclamos de que mande alimentos a las organizaciones sociales.
 
Como reacción a este brutal recorte, los movimientos sociales vienen haciendo protestas callejeras. Llevan más de cuatro meses con marchas y jornadas de lucha semanales, pero no han conseguido que se inicie una instancia de negociación. Por el contrario, la respuesta a sus movilizaciones ha sido la represión (en uno de esos operativos un manifestante perdió la visión en un ojo, por un balazo de goma) y una tremenda campaña de deslegitimación, que incluye dos denuncias en los tribunales federales.
 
El señalamiento es que los dirigentes sociales extorsionan a los beneficiarios de las políticas de asistencia. Más allá del tema de si las denuncias están fundadas o constituyen una operación mediática, en los hechos en base a casos puntuales de abusos, el ministerio justifica el quite de la asistencia al conjunto. Es evidente que a Milei no le importa nada la vida de los pobres, y un derecho que es esencial y que es primario, como es el derecho al alimento. A los únicos que quiere es a su hermana Karina y a su jauría de perros.
 
La Opinión Popular
 

 "DIOS QUIERA QUE SE ABRAN RÁPIDAMENTE ESOS DEPÓSITOS"
 
La Iglesia le exigió al Gobierno que reparta los alimentos que mantiene retenidos

 
La Iglesia se planta y le exige al maligno Milei que reparta rápidamente los alimentos que mantiene retenidos 
 
El reclamo lo hizo el obispo Oscar Ojea, presidente de la Confederación Episcopal Argentina. Es por cinco mil toneladas de alimentos guardados en  depósitos de Desarrollo Social desde diciembre. El gobierno dice que son para casos de emergencias, pero el obispo replicó que el país está en "emergencia" alimentaria. La embestida contra las organizaciones, la escalada del hambre y una movilización en puerta.
 
El presidente del Episcopado, el obispo Oscar Ojea, le exigió al gobierno que reparta a los comedores comunitarios los alimentos que mantiene retenidos. "Nos hemos enterado sobre la existencia de dos depósitos en el Ministerio de Desarrollo Social que tienen cinco mil toneladas de alimentos guardados", dijo en un video difundido por las redes sociales. "No entro en las razones por las que están guardados, pero pienso que en un tiempo de emergencia alimentaria esto debe llamarnos a la reflexión". Ojea insistió en que el gobierno debe distribuirlos y agregó que tiene que hacerlo "rápidamente".
 
Lo que es claro es que el obispo le respondió a uno de sus funcionarios, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Adolescencia y segundo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el área de asistencia social. De la Torre sostuvo este fin de semana que los alimentos que permanecen sin distribuir desde diciembre están guardados "para situaciones de emergencia".
 
El obispo usó esa misma palabra en su mensaje: dijo que el país está en emergencia alimentaria.
 
 
Las explicaciones
  
El ministerio de Capital Humano que conduce Pettovello fue puesto al descubierto la semana pasada, cuando debió admitir que nunca distribuyó miles de kilos de leche en polvo, harina, aceite, yerba, puré de tomate y otros alimentos comprados por la gestión anterior, que mantiene en dos galpones, uno en Caba y el segundo en Tucumán.
 
El señalamiento a Pettovello no es sólo que no los haya repartido en momentos en que la población pasa una de las peores crisis alimentarias, parangonable a la del 2001 o a las hiperinflaciones que terminaron anticipadamente con el mandato de Raúl Alfonsín, sino además que esos alimentos tienen fecha de vencimiento.
 
Desde que el tema se conoció, el gobierno libertario se vio obligado a dar explicaciones. Su discurso fue cambiando. Inicialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo: "por supuesto que los alimentos se van a repartir, es una obviedad, van a llegar a la gente que le tiene que llegar". Luego Milei aseguró que los alimentos "sí se están repartiendo, pero hay gente que curra". Finalmente, De la Torre sostuvo que son alimentos para "situaciones de catástrofe". Se supone que sus declaraciones expresan la posición de la ministra.
 
¿A qué alude la afirmación de la iglesia sobre que el país está en emergencia alimentaria? Hace apenas una semana el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, Agustín Salvia, confirmó que los informes preliminares del observatorio muestran que la indigencia se agravó abruptamente y ya afecta al 18% de la población, el doble de lo registrado hace apenas un año.
 
Ese 18% está muy por encima de la media, que tiende a estar por debajo del 10%. Otro modo de medir la dimensión de lo que está ocurriendo es compararlo con lo sucedido durante los gobiernos de Macri y Cristina, "cuando estaba debajo del 6%", recordó el investigador.
 
Salvia también dijo que hubo un pico de la crisis en febrero y que luego hubo una recomposición de los ingresos. Con todo, cualquiera que salga a la calle puede constatar que desde enero, cada vez se ven más personas buscando comida en la basura.
 
La línea de indigencia de la que habló Salvia se calcula según el costo de una canasta alimentaria imprescindible (este es el término que utiliza el Indec). En abril, esa canasta compuesta solo por alimentos tuvo un costo de 121 mil pesos por adulto. Una familia de dos adultos y dos niños necesitó ingresos por 373 mil pesos para poder comer.
 
 
Sensibilidad
  
En su mensaje, Ojea señaló que a la iglesia le preocupa "que se vaya perdiendo sensibilidad frente a un derecho que es primario como es el derecho al alimento". El obispo habló de la "sensibilidad" frente a la falta de comida y planteó que se trata de un valor primordial.
 
"Hay una vieja tradición cristiana asumida por mi abuela materna; ella me decía que cuando tirara un poquito de pan besara el pan y pensara en ese pan que yo pude comer y que no iba a comer, porque había otro que realmente lo necesitaba".
 
"Dios quiera que rápidamente se abran esos depósitos para que los hermanos con tantísimas necesidades puedan disfrutar su alimento diario", insistió.
 
 
La disputa de fondo
 
Pettovello firmó convenios de asistencia alimentaria con Aciera, el sector más conservador de la iglesia evangelista, y los renovó con Cáritas en la iglesia católica. Pero aún recostándose en las iglesias, los datos de ejecución del presupuesto muestran que redujo en un 45 por ciento el gasto destinado a los comedores.
 
  
Cómo sigue el conflicto
  
Además de la Conferencia Episcopal, este domingo habló del tema de los comedores Juan Grabois, el dirigente social con más llegada al Papa Francisco. Grabois inició, junto con el Cels, una demanda judicial para que el gobierno restablezca el envío de alimentos a los comedores.
 
Ayer respondió el argumento gubernamental que sostiene que la mitad de los comedores no existen. El planteo es sostenido por la ministra Petovello en base a una auditoría.
 
"Es falso que auditaron los comedores que reciben alimentos del Estado: auditaron comedores que se inscribieron durante la pandemia", planteó Grabois. "En el expediente de la denuncia que hicimos, tuvieron que reconocer que solo el 17% de los comedores relevados recibían asistencia nacional. Es decir, relevaron cualquier cosa", aseguró.
 
Agregó que de los supuestos comedores fantasma, los movimientos encontraron "decenas de casos" en los que el ministerio "mintió impune y groseramente porque sus propios relevadores registraban que el comedor existía, pero no recibía alimentos desde enero. Por ende, obviamente, no podía funcionar".
 
Grabois también salió al cruce del argumento de que los alimentos "están guardados para catástrofes": "¿Acaso el temporal de Bahía Blanca del 16 de diciembre no fue catástrofe suficientemente para entregar los alimentos?", se preguntó. "¿O el temporal de Corrientes en marzo de este año? ¿El que hubo en Buenos Aires ese mismo mes?". Para el dirigente, sólo hay una explicación y es que "el gobierno nos está tomando el pelo".
 
La discusión pública sobre la asistencia alimentaria tendrá un nuevo capítulo en la calle, los próximos días, ya que las organizaciones sociales evalúan la posibilidad de que el depósito de alimentos en CABA sea el escenario de su próxima movilización.
 
Por Laura Vales
 
Fuente: Página 12
 

Agreganos como amigo a Facebook
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

NicoSal soluciones web

© Copyright 2009 LA OPINIÓN POPULAR – www.laopinionpopular.com.ar - Todos los derechos reservados.

E-mail: contacto@laopinionpopular.com.ar