13:44 | Domingo 27 de Septiembre de 2013 | Entre Ríos
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Paraná - 15-05-2024 / 09:05
CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN Y PERSECUCIÓN POLÍTICA LIBERTARIA PARA NO ENVIARLES ALIMENTOS
Belén Cislaghi: No existe ese miedo a que nos auditen, a que vean cómo laburamos y le ponemos el cuerpo día a día a la realidad
"Nos parece importantísimo que se pongan sobre la mesa todas las irregularidades que pueden existir, no solo en los programas como el Potenciar Trabajo, sino en general en las políticas públicas, porque es parte del rol que tiene que cumplir el Estado", afirmó Belén Cislaghi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), tras los allanamientos realizados en comedores comunitarios de los movimientos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich,
"Nos parece importantísimo que se pongan sobre la mesa todas las irregularidades que pueden existir, no solo en los programas como el Potenciar Trabajo, sino en general en las políticas públicas, porque es parte del rol que tiene que cumplir el Estado", afirmó Belén Cislaghi, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), tras los allanamientos realizados en comedores comunitarios de los movimientos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, a partir de una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación que encabeza Patricia Bullrich,
Cislaghi afirmó a esta Agencia: "Quienes nos organizamos de manera solidaria comunitaria en los distintos barrios de la Argentina no tenemos miedo; no existe ese miedo a que nos auditen, a que vean cómo laburamos, nos organizamos y le ponemos el cuerpo día a día a la realidad por la cual está atravesando nuestro pueblo".
Por una decisión política del gobierno nacional "sigue habiendo más de cuatro millones de argentinos y argentinas que no tienen para comer", por este motivo, indicó: "Nos parece importantísimo que se pongan sobre la mesa todas las irregularidades que pueden existir, no solo en los programas como el Potenciar Trabajo, sino en general en las políticas públicas, porque es parte del rol que tiene que cumplir el Estado".
Del mismo modo, enfatizó que desde las organizaciones sociales "también entendemos que hay una decisión que es que en vez de hablar de lo que pasa hoy, cuál es la realidad por la que está atravesando el pueblo argentino, estamos discutiendo denuncias. Hay una decisión de perseguir, disciplinar y demonizar a los sectores populares, a los que se organizan en los distintos barrios de la Argentina con distintas prácticas y decisiones políticas, como por ejemplo tiene que ver las bajas indiscriminadas en los salarios de más de 200 mil trabajadores que cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de la comunidad, que sostienen casas de atención y acompañamiento a los consumos problemáticos, que se organizan en los barrios populares para resolver el problema de hambre que hay hoy, que se organizan en bachilleratos populares para sostener la educación de muchos de los pibes e incluso de los trabajadores de la economía popular, que se organizan para producir alimentos, para brindarles servicios a la comunidad".
En relación a la discontinuidad en los días de pagos de los programas sociales, indicó que la decisión "no solo tiene que ver con un día hábil, sino con la realidad de que hay madres que hoy les están diciendo a sus pibes hoy no te voy a poder comprar la leche porque el Estado tomó la decisión de no pagar, de decir hoy no".
En este marco, Cislaghi analizó: "El salario fue un salto cualitativo frente a tantos años donde fueron concebidos como planes de asistencia; nosotros logramos la incorporación del subsidio como una herramienta laboral, no cobrar después de un mes de trabajo no solo es perverso, sino gravísimo, atenta contra la salud mental, promoviendo de lo que tampoco se habla, los suicidios".
Cuestionó que desde el gobierno nacional también "hay una decisión de paralizar las obras en los barrios populares, que no solo tiene que ver con inversión, sino con empezar a resolver la realidad de cientos de argentinos para que un pibe o una piba en un barrio popular no se quede pegado cuando abra la heladera".
"Auditen todo lo que quieran, pero entreguen la comida", enfatizó Belén Cislaghi desde la Utep.
En Entre Ríos se continúa sin recibirse las partidas desde Nación, "sigue habiendo una definición de no entregar los alimentos a ninguna de las organizaciones y, en términos provinciales nosotros veníamos impulsando a través de la Mesa Contra el Hambre la promulgación de la Ley de Emergencia Alimentaria para poder responder al pueblo entrerriano y a la realidad por la cual atraviesan cientos y cientos de familias, que es una realidad que se agudiza y profundiza: cada día en nuestros comedores y merenderos se acercan más familias a pedir un plato de comida".
La semana pasada fueron recibidos Ricardo Bales desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, quien les transmitió que "durante esta semana íbamos a obtener una respuesta y aún al día de hoy no hemos recibido ninguna. Obviamente vamos a seguir organizándonos, poniendo esto en agenda, porque lo único que nosotros queremos es que se resuelva el problema de hambre que pasa nuestro pueblo y que los alimentos lleguen".
Fuente: De la Redacción de AIM
Cislaghi afirmó a esta Agencia: "Quienes nos organizamos de manera solidaria comunitaria en los distintos barrios de la Argentina no tenemos miedo; no existe ese miedo a que nos auditen, a que vean cómo laburamos, nos organizamos y le ponemos el cuerpo día a día a la realidad por la cual está atravesando nuestro pueblo".
Por una decisión política del gobierno nacional "sigue habiendo más de cuatro millones de argentinos y argentinas que no tienen para comer", por este motivo, indicó: "Nos parece importantísimo que se pongan sobre la mesa todas las irregularidades que pueden existir, no solo en los programas como el Potenciar Trabajo, sino en general en las políticas públicas, porque es parte del rol que tiene que cumplir el Estado".
Del mismo modo, enfatizó que desde las organizaciones sociales "también entendemos que hay una decisión que es que en vez de hablar de lo que pasa hoy, cuál es la realidad por la que está atravesando el pueblo argentino, estamos discutiendo denuncias. Hay una decisión de perseguir, disciplinar y demonizar a los sectores populares, a los que se organizan en los distintos barrios de la Argentina con distintas prácticas y decisiones políticas, como por ejemplo tiene que ver las bajas indiscriminadas en los salarios de más de 200 mil trabajadores que cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de la comunidad, que sostienen casas de atención y acompañamiento a los consumos problemáticos, que se organizan en los barrios populares para resolver el problema de hambre que hay hoy, que se organizan en bachilleratos populares para sostener la educación de muchos de los pibes e incluso de los trabajadores de la economía popular, que se organizan para producir alimentos, para brindarles servicios a la comunidad".
En relación a la discontinuidad en los días de pagos de los programas sociales, indicó que la decisión "no solo tiene que ver con un día hábil, sino con la realidad de que hay madres que hoy les están diciendo a sus pibes hoy no te voy a poder comprar la leche porque el Estado tomó la decisión de no pagar, de decir hoy no".
En este marco, Cislaghi analizó: "El salario fue un salto cualitativo frente a tantos años donde fueron concebidos como planes de asistencia; nosotros logramos la incorporación del subsidio como una herramienta laboral, no cobrar después de un mes de trabajo no solo es perverso, sino gravísimo, atenta contra la salud mental, promoviendo de lo que tampoco se habla, los suicidios".
Cuestionó que desde el gobierno nacional también "hay una decisión de paralizar las obras en los barrios populares, que no solo tiene que ver con inversión, sino con empezar a resolver la realidad de cientos de argentinos para que un pibe o una piba en un barrio popular no se quede pegado cuando abra la heladera".
"Auditen todo lo que quieran, pero entreguen la comida", enfatizó Belén Cislaghi desde la Utep.
En Entre Ríos se continúa sin recibirse las partidas desde Nación, "sigue habiendo una definición de no entregar los alimentos a ninguna de las organizaciones y, en términos provinciales nosotros veníamos impulsando a través de la Mesa Contra el Hambre la promulgación de la Ley de Emergencia Alimentaria para poder responder al pueblo entrerriano y a la realidad por la cual atraviesan cientos y cientos de familias, que es una realidad que se agudiza y profundiza: cada día en nuestros comedores y merenderos se acercan más familias a pedir un plato de comida".
La semana pasada fueron recibidos Ricardo Bales desde el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, quien les transmitió que "durante esta semana íbamos a obtener una respuesta y aún al día de hoy no hemos recibido ninguna. Obviamente vamos a seguir organizándonos, poniendo esto en agenda, porque lo único que nosotros queremos es que se resuelva el problema de hambre que pasa nuestro pueblo y que los alimentos lleguen".
Fuente: De la Redacción de AIM
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