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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 15-05-2024 / 07:05
EL PRESIDENTE SE ABRAZA A LA RECESIÓN PERMANENTE COMO ÚNICA POLÍTICA ANTI-INFLACIÓN

Cosa de locos: Milei festejó la inflación de abril que fue de 8,8%, 289,4% en el año y respaldó al ministro Caputo

Cosa de locos: Milei festejó la inflación de abril que fue de 8,8%,  289,4% en el año y respaldó al ministro Caputo
El peor festejo. Javier “el Loco” Milei lo hace con su primer índice de inflación de un dígito: 8,8%. Todavía por encima del 8,3% que demolió a Sergio Massa en octubre, acumula casi 100% desde que asumió y 289,4% en el año. El impacto resulta aún peor si se considera que para lograrlo el Gobierno libertario hundió los ingresos populares y forzó una caída de la actividad de niveles históricos. Milei, como Presidente, es un desastre.
El peor festejo. Javier "el Loco" Milei lo hace con su primer índice de inflación de un dígito: 8,8%. Todavía por encima del 8,3% que demolió a Sergio Massa en octubre, acumula casi 100% desde que asumió y 289,4% en el año. El impacto resulta aún peor si se considera que para lograrlo el Gobierno libertario hundió los ingresos populares y forzó una caída de la actividad de niveles históricos. Milei, como Presidente, es un desastre. 

Milei festeja el dato de inflación de abril como si fuese un gol y se abraza al endeudador serial Luis "Toto" Caputo con la esperanza de que consiga más dólares con deuda externa. La farsa de la desaceleración de precios que siguen al alza a ritmos históricos licuando a su paso salarios, jubilaciones e ingresos populares. En medio de una brutal recesión, con el dólar planchado, recortes de subsidios en puerta y mega endeudamiento. Y tres millones de nuevos pobres.

Con el IPC en un dígito pero el salario perdiendo y dólar y tarifas pisadas, la actividad se desplomó a dos dígitos altos y es la razón de la desaceleración. Eso fue un efecto buscado por el Gobierno anarco capitalista, que decidió planchar el Salario Mínimo, ajustar las jubilaciones y sueldos estatales y, a la vez, liberar todos los precios de la economía juntos.  
 
La venta de gaseosas cayó 30 por ciento, la de cerveza 40, electro un 50, aceites bajó un 54 por ciento, carne casi 20 puntos y pescado un 45. Dato de color: la malaria es tal que el tercer producto más vendido en el Hot Sale de Mercado Libre que arrancó el lunes fue el jabón para lavar la ropa.
 
Este 8,8% de abril apenas implicó volver a los niveles de octubre del año pasado (8,3%), y representa casi el doble el promedio de inflación mensual que existe desde diciembre de 2016 (4,8%), cuando se inició el nuevo relevamiento de IPC. El propio Milei que criticaba el "robo" del impuesto inflacionario ahora festeja la "licuadora" sobre salarios, jubilaciones y partidas sociales y celebra el superávit fiscal apoyado en un ajuste brutal.
 
La mentada "desaceleración" desde niveles estratosféricos tiene un componente de "inflación reprimida" mal que le pese a Milei. El dólar planchado y la suspensión transitoria de algunas subas de tarifas previstas buscaron llegar a este número de una cifra en abril para tener "algo" que mostrar. Milei y Caputo buscan tapar que entre los principales factores del dato hay otro más grave, la fuerte desaceleración de la industria, la construcción y el consumo a causa de los ingresos deprimidos.
 
No hay mucho para festejar. Primero, es todavía una inflación muy alta. Por ejemplo, a lo largo de todo el gobierno de Alberto Fernández, solo se superó ese número en agosto, septiembre y noviembre del año pasado. Nunca en el gobierno de Mauricio Macri y mucho menos en el de Cristina donde jamás se verificó un valor semejante. En fin, falta muchísimo para poder hablar de baja inflación.
 
La Opinión Popular
 

EL PRESIDENTE SE ABRAZA A LA RECESIÓN PERMANENTE COMO ÚNICA POLÍTICA ANTI-INFLACIÓN
 
Lo que los números fríos y Milei no dicen
 
La imagen, el contraste, es de impacto y grafica casi a la perfección el modelo de Javier Milei y lo que posiblemente ocurrirá hacia adelante: al mediodía de ayer, casi en el mismo instante, mientras el Presidente inauguraba el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada -el período democrático con mayor impacto negativo sobre la industria, desempleo de dígitos y, a la vez, el  proceso de mayor desinflación con la ficción del 1 a 1- un grupo muy importante de pymes le rogaban de manera desesperada al senador de UP, José Mayans, soluciones ante la intransigencia del gobierno de corregir el RIGI y ocuparse de una recesión impiadosa con todo el arco empresario.
 
Una crisis que se está llevando puestos el nivel de actividad, el empleo y que en breve redundará en cierre de empresas. Un rato después de eso, por la tarde, el INDEC dio a conocer el número de inflación y el Gobierno celebró una cifra que se explica, sobre todo, por el desplome en la economía.
 
El organismo oficial reportó un 8,8 por ciento en abril, baja considerable en relación al 11 por ciento del mes y muy cerca del 8,3 octubre del 2023, cuando a decir verdad la curva ya tenía tendencia ascendente y no descendente.
 
Ese 8,8, que lógicamente el Gobierno pondera -es la primera vez que toca un dígito y la tedencia es a la baja-, es aún una inflación récord para lo que va de su gestión pero, sobre todo, para los niveles de contracción económica actuales: si se toman los últimos 4 meses, la inflación toca los 65 puntos, y llega al 100 por ciento si se incluye diciembre, con un IPC del 25 por ciento tras la devaluación que generó Milei. En los últimos 12 meses, la inflación acumuló 289,4 por ciento, muy por encima de la gestión de Alberto Fernández.
 
Hasta ahí los números fríos, que el Gobierno interpreta como producto de su plan económico y, sobre todo, del ajuste fiscal. Pero como la inflación no opera en el vacío, la explicación de la moderación de precios requiere contexto y análisis serio de los modos para alcanzarla.
 
El eje más fuerte para entender lo que pasa es que mientras el IPC camina a un dígito, la caída de la actividad se desploma a dos dígitos altos en todos los rubros. Eso fue un efecto buscado por el Gobierno, que decidió planchar el Salario Mínimo, ajustar las jubilaciones y sueldos estatales y, a la vez, liberar todos los precios de la economía juntos.
 
Por todo eso, hoy el regulador de los precios y lo que no permite ver la desinflación en el bolsillo es que nadie compra nada. Ese diagnóstico es el que tienen los empresarios, quienes mientras Milei festeja el IPC no saben cómo hacer para vender algo, no mucho, algo.
 
 
La inflación, en contexto
  
En abril, según cifras a las que accedió Página I12 de cada sector, el consumo masivo, la industria y la construcción caen muy fuerte a dos dígitos, siendo los sectores que representan casi 9 puntos del PBI. Algunos ejemplos puntuales de cómo la recesión condicionó el gasto y reguló los precios: la venta de gaseosas cayó 30 por ciento, la de cerveza 40, electro un 50, aceites bajó un 54 por ciento, carne casi 20 puntos y pescado un 45. Dato de color: la malaria es tal que el tercer producto más vendido en el Hot Sale de Mercado Libre que arrancó el lunes fue el jabón para lavar la ropa.
 
Tan fuerte es el precio que paga la actividad por el vicio apurado del ministro Luis Caputo de darle a Milei una inflación muy baja, que  no se condice esa morigeración de precios con un mayor empuje a las ventas: en abril, los super registraron un alza de entre 2 y 3 puntos en el precio de productos de la canasta básica, y las ventas cayeron entre 12 y 14 por ciento. Es evidente, no hay plata.
 
En este punto, el programa de Milei-Caputo empieza a tener contradicciones serias: si la baja en los precios está atada a la recesión, los salarios y jubilaciones pisadas, el dólar clavado y precios regulados pospuestos, ¿cómo habrá una recuperación en "V"? Y, de darse, ¿cómo evitaría Milei que los precios vuelvan a subir?
 
Un empresario alimenticio que habló con este diario apuntó, con bastante lógica, que "la política de desinflación de Milei es bastante populista y, quizás, la medida más cortoplacista y menos sustentable del programa". Es que, en general, los empresarios diagnostican que si bien el ajuste fiscal pega en salarios públicos, jubilaciones y quita de subsidios, el corazón del ajuste es la crisis de actividad por la liberación de precios.
 
Un dato que lo muestra más gráficamente: en abril, una familia tipo necesitó arriba de los 370 mil pesos para no ser indigente y más de 828 mil para no ser pobres. Hoy, un Salario Mínimo -que pone piso al sueldo de la informalidad- son 234 mil pesos y el salario promedio registrado es de 555 mil pesos. No hay plata.
 
 
Los problemas de desregular
  
Ahora bien, ¿por qué si Alimentos, que pondera muy alto en el IPC, quedó por debajo del índice general en abril, el consumo no se recupera? es la pregunta que el Gobierno no responde. La responden los empresarios: los supermercadistas y proveedores nucleados en la cámara Copal hacen una cuenta fácil.
 
La canasta de una familia incluye todos los bienes y servicios que el Gobierno liberó de manera conjunta. Si el paquete de fideos pasó de 5000 a 4500 pesos, el impacto no se ve, primero, porque esa baja viene de un precio ya muy alto y, sobre todo, porque prepagas, colegios privados, naftas, peajes y el tarifazo (aún incompleto) a la energía y el agua arrasaron los bolsillos.
 
Todos esos servicios, además, tienen una nominalidad muy alta, es decir, son todos costos mensuales muy elevados que no permiten ni el ahorro familiar ni la derivación de excedentes al consumo masivo. Ergo, los precios naturalmente bajan porque los fideos no se venden, literal.
 
Un último dato de contexto muy relevante y que los economistas empiezan a ver como un problema. Hace unos días, CEPAL, organismo que depende de Naciones Unidas, diagnosticó que Argentina será uno de los dos países de LATAM-Caribe que tendrán caídas en el PBI (-3,1%). El otro es Haití, el país más pobre de la región, que cae menos, 2,1. Con estos números de actividad, tomada por Milei como la clave para bajar la inflación, las consultoras ya piensan que el pronóstico es corto, y que el PBI podría caer entre 5 y 6 puntos este año. Demasiado caro poner los precios más baratos.
 
Por Leandro Renou
 
Fuente: Página 12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.
 
La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.
 
El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU).
 
Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.
 
Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?
 
Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la militarización de la política de defensa; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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